Problema estructural, urge Fiscalía especializada
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí no investigó
con la debida diligencia los casos de feminicidio de las niñas de 9, 11,
15, 13 años de edad y de una mujer de 32 años, asesinadas entre 2010 y
2014 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, en el municipio de
Tamuín.
La CEDH determinó, en un informe especial, que se cometieron diversas
irregularidades y deficiencias durante la investigación: falta de
pruebas de ADN a los cuerpos de las víctimas, no tomar muestras del
carro donde ellas fueron trasladadas y no realizar una inspección y
recolección de pruebas del domicilio del agresor, además de que se
desestimaron los testimonios de los familiares.
Señala como responsables de estas irregularidades y deficiencias a
“diversos servidores públicos del estado”, desde el personal de la
policía hasta agentes del Ministerio Público (MP) municipal, de la
Procuraduría estatal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) del estado, esta última, por incumplir su obligación de brindar
apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas, explicó en
entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los
Derechos Humanos y Justicia Social (GADH ), Karla Micheel Salas Ramírez.
Este no es un hecho aislado, sino un problema estructural, señaló la
abogada especialista en casos de feminicidio, y por eso la CEDH mandata
al Gobierno estatal crear una Fiscalía especializada para casos de
feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, un protocolo policial
especializado, capacitado desde la perspectiva de género.
PROCESOS JUDICIALES
El feminicida confeso, Filiberto Hernández Martínez, se encuentra
preso, sin sentencia, desde 2014 en una prisión de máxima seguridad en
Gómez Palacio, Durango. Fue detenido por portar un arma de uso exclusivo
del ejército, y durante el proceso, confesó haber asesinado a las cinco
víctimas y haber enterrado los cuerpos en Cañaverales de Puntilla, San
Luis Potosí.
La identificación de su primera víctima, Rosa María Sánchez,
de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de
octubre de 2010, se logró en febrero de 2016, a partir de 7 huesos
encontrados en Cañaveral de Puntilla. Esto permitió que la investigación
por este caso continué y que el asesino pueda ser sentenciado.
Sin embargo, de los cinco casos de feminicidio, sólo tres están ya en
proceso: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai
Chávez Rivera, mientras los de Rosa María Sánchez González y Adriana
Martínez Campuzano aún están en investigación, recordó la abogada Salas
Ramírez, quien acompaña los casos.
El caso de Adriana Martínez, una niña de 13 años, está aún en la etapa
de investigación porque el feminicida había sido absuelto “por falta de
pruebas”, ante lo cual su familia, a través de sus abogados, interpuso
un amparo para volver a investigar el delito y lo ganaron en enero pasado.
El reporte especial de la CEDH se presentó el pasado lunes 13 de marzo
en un acto público donde estuvieron las familias de las víctimas y las
representantes legales del caso, entre ellas la abogada Karla Micheel
Salas, quien llevó también el caso conocido como Campo Algodonero, por
el cual el Estado mexicano recibió una condena de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009, como responsable de
tres casos de feminicidio.
Cabe recordar que en esa ocasión, la CoIDH incluyó en su condena, entre
otras cosas, la recomendación de incluir en las investigaciones la
perspectiva de género, investigar a funcionarios públicos acusados de
irregularidades y sancionarlos, reconstruir los protocolos de
investigación en casos de feminicidio y capacitar a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares, para “superar estereotipos” sobre las mujeres. El fallo tiene incidencia en todo el país.
Indicó Micheel Salas que el documento de la CEDH ya fue remetido al
Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí,
“por ser asunto que le corresponde al gobernador de la entidad, Juan
Manuel Carreras”, señaló.
LAS RECOMENDACIONES
En la investigación especial se hacen recomendaciones puntuales para
continuar con la plena investigación de los cinco casos, señaló Micheel
Salas Ramírez, ya que aún no se completa la recolección de las
evidencias, como el chequeo del domicilio del agresor y de la camioneta
donde trasladó a las víctimas. “Han pasado muchos años, señala, pero son
acciones que se deben de tomar en una investigación con la debida
diligencia.”
También se pide la reparación integral de daños a las familias de las
víctimas, por la inadecuada actuación de los servidores públicos. “La
CEDH posee un listado específico de quiénes intervinieron en diferentes
momentos”, y se solicita que sean sancionados, tanto administrativa como
penalmente, explicó la abogada.
FISCALIA Y PROTOCOLO EN FEMINICIDIO
Las recomendaciones también buscan enfrentar la problemática de
feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la entidad, pues el
caso de Tamuín “no es un hecho aislado, es un problema estructural” dijo
Micheel Salas.
Es por eso que la CEDH, agregó la abogada, ordena al Gobierno del
estado crear una fiscalía especializada para investigaciones por casos
de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres. Esta unidad
especializa deberá trabajar de manera coordinada con las instituciones
gubernamentales necesarias para su debido funcionamiento.
Además, indicó la abogada del Gadh, se pide a la Policía Ministerial
del estado crear y contar con un protocolo especializado para la
búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en San Luis Potosí, deberá ser
un grupo especializado el encargado de realizar las investigaciones y
deberán recibir capacitaciones en técnicas de investigación criminal
desde la perspectiva de género.
A estas acciones se debe agregar el fortalecimiento de los registros
para este tipo de crímenes -tanto de feminicidio como desapariciones-
pues “resultan fundamentales para el diseño de cualquier política
pública” señaló Salas Ramírez.
“Idealmente no tendrían que existir este tipo de documentos”, dijo,
pero esto refleja que San Luis Potosí “es un estado donde no se está
cumpliendo las obligaciones que mandata la ley y no está realizando su
trabajo con la debida diligencia”.
PROCEDIMIENTOS URGENTES
La abogada comentó que este trabajo ha sido posible gracias a la
insistencia de las familias para garantizar justicia para sus hijas,
pues las autoridades tenían prácticamente en el olvido la investigación
del caso, “Esta recomendación es una forma simbólica para las familias
para no dejar esta lucha, porque después de todos los años las familias
han vivido un proceso muy desgastante”, dijo.
Sin embargo aún quedan procesos urgentes que las autoridades tienen que
realizar, añadió la abogada, ya que Filiberto Hernández sigue sin
sentencia, pues falta realizar el dictamen pericial en materia de
tortura, el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de
tortura por parte de los policías durante su detención.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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