Sala
de sesiones de la Asamblea General en la inauguración de la 61 sesión
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).
Crédito: Rick Bajornas/UN Photo.
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Las crecientes restricciones de viajes en Estados Unidos y otros países
impidieron que algunas personas participaran en las sesiones de este
año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
Las limitaciones exceden la prohibición impuesta por el gobierno del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de
algunos países de mayoría musulmana, una iniciativa otra vez bloqueada
por un juez federal el miércoles 15.
El decreto no fue restablecido, pero las organizaciones de mujeres
sienten que es cada vez más difícil organizarse en el ámbito
internacional. Algunas delegadas se sorprendieron al darse cuenta de que
no les concedieron visa para ingresar a Estados Unidos para una reunión
de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
"Muchas
organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran
rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa
cuando presentamos las credenciales de la ONU": Sanam Amin.
A otras le preocupaba el trato cada vez más estricto que existe en
los aeropuertos estadounidenses, mientras otras más directamente no
pudieron viajar por prohibiciones de sus propios países.
La sesión anual de la comisión es una de las más dinámicas y diversas
que hay en la sede de la ONU de Nueva York, con cientos de ministros y
miles de delegados de la sociedad civil de todo el mundo.
Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo
participan del 13 al 24 de este mes en el 61 período de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés)
Sanam Amin, del Foro de Asia Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo
(APWLD), dijo a IPS que dos integrantes de su delegación, originarias
de Bangladesh y Nepal, los que “no figuraban en la primera ni en la
segunda versión de la prohibición (de viaje de Trump)” no pudieron
conseguir visa.
“Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países
encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos
negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU”, relató
Amin.
Ella mantuvo “contactos con ONU Mujeres en Bangladesh, en Bangkok y
en Nueva York” durante semanas por este asunto para tratar de encontrar
una solución. La APWLD es una organización no gubernamental acreditada
ante el Consejo Económica y Social de la ONU.
“Las que no consiguieron visas iban a hablar o a participar en
actividades y reuniones al margen de la sesión de la comisión con
organizaciones sociales y delegaciones oficiales”, se lamentó.
Entre las personas que no pudieron conseguir visa hay una joven
activista de El Salvador, quien finalmente participó el miércoles 15 en
una de las actividades paralelas por vídeoconferencia. En cambio, las
defensoras de los derechos de la mujer Mozn Hassan y Azza Soliman, de
Egipto, no pudieron participar porque su propio gobierno no las dejó
salir de su país.
La dificultad para los representantes de la sociedad civil de obtener
visas para participar en reuniones de la ONU en Estados Unidos es
anterior al actual gobierno de Trump, del Partido Republicano. Al
respecto, el Departamento de Estado (cancillería) dijo a IPS que no
podía realizar comentarios sobre casos particulares.
Sin embargo, si bien existen muchas razones para negar la visa,
varias organizaciones sienten que este año se hace más difícil viajar.
“Es increíblemente despreciable que las defensoras de los derechos de
las mujeres sientan que la revisión del decreto y la retórica general
de odio del gobierno de Trump las haga sentir inseguras de venir a esta
CSW y eso es lo que escuchamos”, se lamentó Jessica Stern, directora
ejecutiva de OutRight Action International.
“Escuchamos a muchas activistas preocupadas por cómo las iban a
tratar en los aeropuertos y en las fronteras de Estados Unidos. También
escuchamos a activistas LGBTI que venían a esta reunión preocupadas por
su seguridad”, añadió.
Stern y Amin se mostraron inquietas por las consecuencias y el
significado de la prohibición de viaje, a pesar de que la justicia la
dejó en suspenso, porque aun la versión revisada del decreto procura
impedir el ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y
Yemen.
“El texto incluso menciona a la violencia contra las mujeres,
en la sección uno, en seis países, como motivo para ‘no admitir a
quienes participan en actos de intolerancia y odio’”, precisó Amin.
“De hecho, impedirá a la sociedad civil de esos mismos países participar en encuentros como la CSW”, denunció.
“Y sus gobiernos se verán envalentonados para tomar posiciones más
retrógradas con respecto a los derechos humanos de las mujeres, y
Estados Unidos, con su ley mordaza global, entre otras políticas contra
las mujeres, ocupa un lugar junto a esos mismos países a los que apunta
con su prohibición”, explicó Amin.
Además, el tema del CSW de este año, el empoderamiento económico de las mujeres, no debe politizarse, añadió Stern.
“Debe ser un asunto no partidario que convoque a todos los gobiernos
porque todos tienen interés en erradicar la pobreza y en el desarrollo
económico nacional; y sabemos que las mujeres son mayoría entre los
pobres, así que su empoderamiento económico empodera a las familias, a
las comunidades y a las naciones”, remarcó.
También subrayó la importancia de la reunión como foro global para
que las personas dedicadas a trabajar por la justicia de género en todo
el mundo hablen con representantes de los gobiernos.
En la CSW, “miles de defensoras de los derechos de las mujeres y de
la justicia de género hablan con los gobiernos del mundo para contarles
las dificultades que encuentran con sus propios gobiernos y las
responsabilidades que esperan que asuma el sistema internacional”,
precisó Stern.
Las organizaciones que apoyan la campaña Sin fronteras para la
Justicia de Género son MADRE, Just Associates (JASS), Center for Women’s
Global Leadership, AWID, Fondo de Acción Urgente, Mujeres en la Red de
Migración y OutRight Action International.
Traducido por Verónica Firme
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