Por: Lucía Lagunes Huerta*
¿Por qué tanta resistencia a ser coherente?, por ejemplo a cumplir con
lo que dice la Constitución en sus artículos 1º y 4º, sólo por
mencionar dos, de los 136 que contempla nuestra Carta Magna.
¿Por qué insisten algunos legisladores en colocar sus prejuicios morales y religiosos en una instancia creada para legislar a favor de la población y de sus Derechos Humanos, una instancia que es parte del Estado Laico que es México?
Cuando en el mundo las mujeres fortalecen sus lazos para seguir avanzando, el conservadurismo sale a la luz y se muestra tal cual es: peligroso y retrógrada. Muchos de los legisladores que hoy se oponen a legislar la Norma Oficial Mexicana Violencia familiar, sexual y contra mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) son los mismos que suelen apelar al Estado de Derecho, el mismo que ahora violan.
El pasado 9 de marzo, desde su tribuna, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, flanqueada por la diputada Candelaria García, de su mismo grupo parlamentario, al ver que dentro de la lista de puntos a abordar en San Lázaro se habían bajado los tres temas legislativos propuestos por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, puso los puntos sobre las íes y responsabilizó a los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho, y del PAN, Marko Cortés Mendoza, de bajar los tres dictámenes sobre la Norma 046, por acuerdo entre ellos.
Tal vez ninguno de los dos coordinadores parlamentarios sepa que esta Norma- que se prevé se discuta hoy- la adoptó el Estado Mexicano ni más ni menos después de que la sociedad civil ganó un litigio internacional, luego de que la niña Paulina, en Mexicali, Baja California, fuera violada y producto de esa violencia presentó un embarazo, mismo que se le impidió interrumpir -como era su derecho por la causal de violación vigente en aquel estado- en el hospital, aun cuando el Ministerio Público había autorizado la interrupción del embarazo por violación.
El acuerdo entre el Estado Mexicano y la víctima era impedir que existieran otras niñas y mujeres como Paulina que fueran hostigadas por las sectas religiosas para impedir que la ley las protegiera.
Este mismo partido, Acción Nacional, es el que presentó un punto de acuerdo para disminuir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres al considerar que ésta es un acto de violencia económica por parte de los empleadores. Suena bien y quedan bien ante tanta pobreza, pero ocultan la discusión que no quieren avanzar: que las mujeres que sufren violación reciban la anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo que es producto de una agresión sexual.
¿Cuántas personas han nacido de una violación? Yo conozco a dos, quienes tras largos procesos terapéuticos hoy lo pueden decir y seguir adelante con sus vidas. Personas fortalecidas, seres humanos maravillosos que buscan que ninguna mujer más, como sus madres, tenga que vivir un embarazo que no quisieron, hijas que no quieren otros nacimientos de la violencia brutal misógina de los hombres.
Pero los casos no son dos, son millones: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoce que de 2010 a 2015 se cometieron 2.9 millones de delitos sexuales, casi 600 mil al año. ¿Cuántas de ellas no recibieron la atención que marca la ley, cuántas tuvieron que buscar sus propias opciones? De eso estamos hablando.
Y este es el fondo del asunto: que tratan de impedir que se fortalezca una Norma, un mandato de 2009, que es vigente, y que los funcionarios públicos tienen la obligación de hacerla cumplir, tal cual ordena la Constitución.
Es momento ya de hacer costumbre cumplir la ley, señores legisladores, y no a conveniencia. El Estado de Derecho se construye cumpliendo, no engañando. Es momento ya de tener coherencia legislativa.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
Imagen de Cristina Acuña Roeder
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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