(apro).- El exrelator especial de las Naciones Unidas sobre
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan
Méndez, aconsejó reducir en México la presencia de elementos castrenses
en funciones de seguridad pública, en virtud de que la Ley de Seguridad
Interior, dijo, “va en la dirección de por lo menos limitar, si no
eliminar, los controles democráticos sobre la actuación de las fuerzas
armadas”.
Añadió: “Obviamente no conozco al detalle el texto de la
ley que se está proponiendo, y creo que hay varios proyectos distintos,
pero sí espero que en el debate parlamentario se mantenga por lo menos
el espíritu de que si las fuerzas armadas van a intervenir en seguridad
interior lo hagan bajo control de la autoridad pública, de las
instituciones de control y especialmente de las autoridades elegidas
democráticamente, porque el estado de derecho requiere que no haya
ningún estamento estatal que esté fuera de los controles democráticos”.
En
un comunicado, la Universidad Iberoamericana dio a conocer que previo a
una conferencia que dio en esa institución académica, Méndez recordó
que en el informe que hizo como relator de Naciones Unidas sobre la
tortura, después de su visita a México en 2014, destacó que “la
incidencia en la tortura se correspondía en el tiempo con la
incorporación de las fuerzas armadas a la seguridad interior”.
Y
con base en información anecdótica, pero muy creíble, se observó en ese
informe que los mismos patrones de tortura se aplicaban por parte de las
fuerzas armadas y las corporaciones policiales, agregó el abogado
argentino.
Destacó que a raíz de la lucha contra el crimen
organizado, en México se ha generalizado la tortura, “de una manera que
es muy difícil erradicarla”. Y si bien se han hecho esfuerzos por
controlarla, “hasta ahora no se demuestran del todo fructíferos”.
Abundó
que en México la tortura está prohibida y hay mecanismos de prevención,
pero no han sido eficaces, porque “el principal factor que reproduce
las condiciones para que haya tortura es la impunidad. Hay muy poca o
casi ninguna actividad de investigación, procesamiento y castigo de los
casos individuales de tortura”, misma que es una obligación
internacional asumida por el Estado mexicano.
“Hasta que no se rompa el ciclo de impunidad va a ser muy difícil prevenir la tortura para el futuro”, indicó Méndez.
Por
eso opinó que es muy importante alentar a las instituciones del Estado,
especialmente a la Judicatura, y también a la sociedad civil, para no
bajar los brazos e insistir en que se puede combatir y derrotar al
crimen organizado respetando los derechos humanos y la dignidad personal
de toda la gente.
De acuerdo con el asesor especial para la
prevención de Crímenes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional,
México no es el único lugar donde se presentan casos de tortura, de
hecho ésta es una práctica habitual en muchas naciones y regiones del
mundo.
“Lamentablemente más de la mitad de los países del mundo
practican la tortura, algunos más intensamente y algunos más
frecuentemente que otros. En América Latina es una maldición que no
hemos podido erradicar, ni siquiera en épocas democráticas, como
fundamentalmente casi todos nuestros países están viviendo ahora”, pero
esto no quiere decir que no haya habido progresos, parciales y
limitados, puntualizó.
Pese a esa situación, Méndez –sometido a
torturas y confinado en régimen de detención administrativa por la
dictadura militar argentina durante año y medio por sus actividades de
representación de presos políticos– considera que es posible erradicar
la tortura en las democracias latinoamericanas y en el mundo en general.
“No es fácil, pero es posible, y deberíamos redoblar los esfuerzos”,
dijo.
El exasesor jurídico de Human Rights Watch sostuvo que ahora
el problema fundamental es que las democracias más desarrolladas del
mundo, incluido Estados Unidos, bajo la amenaza del terrorismo han
optado por ser un pésimo ejemplo para el resto del mundo al “relativizar
la condena de la tortura, el usar la tortura y el no investigar ni
castigar los casos específicos de tortura que se conocen. Si el país más
poderoso del planeta da esos ejemplos, obviamente es mucho más difícil
conseguir que otros países respeten estas obligaciones”.
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