John M. Ackerman
El próximo 4 de junio, los mexiquenses
tendrán una oportunidad de oro para enviar una contundente señal de
repudio simultáneamente al podrido Grupo Atlacomulco que malgobierna el
país y a sus cómplices del PAN representados por su fallida ex candidata
presidencial. El primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, y
la responsable de los oscuros manejos financieros de Juntos Podemos,
Josefina Vázquez Mota, son dos expresiones de un mismo sistema de
oprobio.
Si México fuera un país democrático, la enorme indignación ciudadana contra el PRIAN se
reflejaría de manera natural en las urnas y el sistema sufriría una
contundente derrota en el estado de México. Ello desencadenaría un sano
proceso de alternancia auténtica en el estado más poblado de la
República, lo cual también abriría una ventana de esperanza hacia las
elecciones presidenciales de 2018.
Lamentablemente, en los años recientes se han fortalecido y
modernizadolos mecanismos para la defraudación de la voluntad popular. Una de las prácticas más efectivas ha sido la masiva compra y coacción del voto. El estado de México ha sido uno de los sitios predilectos para la consolidación de esta estrategia de fraude electoral.
Indicador claro de que ya se prepara un fraude descomunal para las
elecciones mexiquenses son los reportes sobre la desbordada actividad
pública de la hija de Eruviel Ávila. Isis Ávila, quien también funge de
titular del DIF del estado de México, está protagonizando ocho actos
masivos al mes para entregar apoyos de la Secretaría de Desarrollo
Social del estado. En esas actividades, la hija del gobernador presume
los supuestos logros del gobierno de su padre en ámbitos ajenos al
desarrollo social, como seguridad pública e infraestructura. Han
asistido a estos eventos funcionarios federales, como Rosario Robles,
Aurelio Nuño, Luis Miranda y hasta el mismo Enrique Peña Nieto. En
algunas de las reuniones se entregan tarjetas llamadas La Efectiva, con montos de entre 2 mil 750 y 3 mil pesos a cambio de la credencial de elector.
No todos lo saben, pero la compra y coacción del voto es un delito
federal. La Ley General en Materia de Delitos Electorales impone un
castigo de seis meses a tres años de cárcel a cualquier persona que
recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar,
solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación,
amenace con suspender los beneficios de los programas socialespor motivos electorales,
organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoralo
solicite u ordene evidencia del sentido del voto.
Si la compra del voto es un delito, la venta del voto es ser
cómplice de un crimen y equivalente a un acto de traición a la patria.
Vender el voto es como vender el alma. Si bien se logran algunos
beneficios de corto plazo, también se sacrifica la posibilidad de
alcanzar el bienestar personal y familiar en el futuro.
Vender el voto es un acto de egoísmo supremo, de valemadrismo
absoluto en que los ciudadanos repiten en su fuero interno el mismo
entreguismo y servilismo de Peña Nieto cuando vende el país a las
petroleras internacionales y privatiza toda la nación. Quien vende el
voto se iguala a los políticos corruptos e incluso a los
narcotraficantes que también venden su alma, para los cuales profesa
tanto odio.
En las próximas elecciones los mexiquenses tienen la responsabilidad
histórica de rebelarse contra estas prácticas para dar una enorme
lección de dignidad y resistencia a la República entera. Si se levanta
el estado de México, se levantará todo México. Si los mexiquenses son
capaces de romper las cadenas de la corrupción y la pobreza, todo México
seguirá su ejemplo.
Antes, la consigna de los candidatos de la oposición era que los
votantes deberían aceptar todas las dádivas del régimen, pero votar en
conciencia una vez protegidos por el secreto de la casilla electoral.
Pero hoy técnicas como la
catafixia electoral, en que el votante deposita una boleta previamente marcada en favor de un candidato y devuelve una boleta en blanco al mapache electoral para ser utilizada por el siguiente votante, o el uso de fotografías tomadas con teléfonos celulares para acreditar el sentido del voto, han violado de manera irreparable la confidencialidad del sufragio.
Frente a la inacción cómplice de las autoridades electorales para
frenar esas prácticas (el presidente del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova, incluso ha llegado a declarar que
con toda franqueza [la compra y coacción del voto] no lo vamos a resolver por la vía electoral), la única alternativa es el ejercicio generalizado de la dignidad ciudadana por medio de una masiva rebelión ciudadana en las urnas.
En un gran acto de desobediencia civil, los mexiquenses tendrían que
simplemente rechazar las dádivas de PRI, PAN, PRD y el mal gobierno para
votar en conciencia. Así quizás sacrificarían un pequeño beneficio
inmediato, pero
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