Aurelio Fernández
El país está lleno
de presos por oponerse activamente a medidas inaceptables de los
gobiernos. Son cientos, aunque nadie ha hecho la cuenta para todo el
país. Huelga decir que difícilmente existe una razón de justicia para
privarlos de su libertad. Lamentablemente, no es un tema al que se
otorgue la atención que merece; los defensores constantes de esta causa
son grupos específicos, generalmente ligados a las familias y
organizaciones de las que forman parte. Las condiciones en las que están
en las prisiones son infames; lo son porque las cárceles en México son
infames de suyo, pero los gobernantes o poderosos que ordenaron su
detención dan instrucciones para que estos ciudadanos –la mayoría
luchadores sociales valientes y decididos a enfrentar el oprobio que
tienen enfrente– sufran las peores condiciones que ofrecen los
reclusorios. El doctor José Manuel Mireles padece una severa enfermedad y
lo tienen en condiciones absolutamente inadecuadas para atenderla, y
como él, seguramente cientos de presos de conciencia tienen que soportar
vivir en condiciones infrahumanas.
En Puebla se creó hace tres años el Comité para la Libertad de los
Presos Políticos y contra la Represión Social, que el jueves 9 de marzo
convocó una manifestación frente a la casa de gobierno, a la que
acudieron todas las organizaciones y familiares de los reos en la
entidad. Este comité ha recabado testimonios de los procesos legales de
los detenidos y su situación en las cárceles: por ejemplo, el
hacinamiento en la prisión de Cholula de hasta 20 convictos en celdas de
cuatro por cuatro metros, y debían dormir literalmente como en lata de
sardinas. Pero en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la
capital del estado, en celdas de dimensiones semejantes a las
mencionadas se meten hasta 50 reos, lo que les impide dormir acostados, y
eso lo hacen unas horas por las mañanas, cuando los sacan a patios o
pasillos. Todos deben soportar el interminable olor de inhalantes y
mariguana, elementos aturdidores que circulan ahí por sumas aceptables.
Rafael Moreno Valle, suponen quienes lo conocen, sabe
perfectamente a qué sufrimientos, mediante qué torturas son atormentados
los presos que él ordenó encarcelar por oponerse a sus apetitos de
poder. Supo, sabe u ordenó.
Además de los que están presos, tampoco están en libertad plena
quienes deben ir cada semana, cada 15 días, a firmar a los juzgados, que
se encuentran impedidos para salir de sus localidades, quienes deben
pagar abogados, papeleo y otros muchos gastos que afectan a familias
enteras; son 159 en Puebla.
También se encuentran en la lista del comité quienes tienen órdenes
de aprehensión sin ejecutar, que suman 186. De las decenas que han
pasado por las cárceles quedan aún, todos en San Miguel, siete presos,
cinco de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre: Rubén
Sarabia, Simitrio, su representante histórico; sus hijos Atl
Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna, así como Fernando Alonso y
José Muñoz Villegas.
Está el ambientalista Francisco Castillo Montemayor, por oponerse a
la destrucción y comercialización del parque natural Flor del Bosque, e
Israel Pacheco, quien estorbó las pretensiones de Moreno Valle de
controlar el sindicato del municipio de Puebla. Hay tres perseguidos con
medidas judiciales que son o fueron alcaldes y Moreno Valle los ve como
peligrosos opositores: Ernestina Fernández, de Tehuacán; José Juan
Espinosa, de San Pedro Cholula, y el ex alcalde de Puebla Eduardo
Rivera. La suma total es de 361.
Nunca ha sido especialmente movilizador el tema de los presos
sociales o políticos; no pasa de ser una consigna de lucha, pero eso no
es suficiente, es preciso actuar por lograr su libertad plena. Es el
peor oprobio para vivir en una sociedad que presume de democrática.
El escrito de un preso en La Habana en 1908, Abelardo Saavedra, hace una crítica similar a ésta y publica en su texto de ¡Tierra! una copla andaluza muy apropiada para el tema:
La libertá y la salú
son prendas de gran valía
ninguno las reconoce
hasta que las ve perdías.
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