Este es un artículo de opinión de Jeannette Urquilla, directora ejecutiva de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la socia salvadoreña de Donor Direct Action, un grupo internacional de mujeres.
El
Salvador, con bajos ingresos promedio y la mitad de su población con
menos de 25 años, tiene una alta inequidad social y de género, que se
expresa, entre otros hechos, en la draconiana penalización del aborto.
Crédito: UNFPA
-
Mayra Verónica Figueroa Marroquí, de 34 años, fue liberada a
principios de la última semana de marzo, después de cumplir su condena
por lo que ella argumentó fue un aborto espontáneo. Su sentencia se
redujo de 30 años a los 15 años que ya había pasado tras las rejas.
A los 19 años había trabajado anteriormente como ama de llaves en
2003 cuando fue violada y posteriormente sufrió un aborto espontáneo.
Había sido condenada por la prohibición del aborto de El Salvador, una
de las más extremas del mundo.
Figueroa Marroquin es la segunda mujer que este año ha sido liberada
de la cárcel en tales circunstancias. El mes pasado, Teodora del Carmen
Vásquez también fue liberada 11 años de su sentencia de 30 años por lo
que ella dijo que era una muerte fetal.
Del Carmen Vásquez estaba esperando en las puertas de la prisión para conocer a la otra mujer esta semana.
Desde 1998 bajo el Artículo 133 del Código Penal, el aborto ha sido
completamente ilegal en El Salvador en todas las circunstancias. Las
mujeres han sido sentenciadas hasta ocho años en casos más típicos, pero
si un juez decide que el aborto fue de hecho un “homicidio agravado”,
se transmite una sentencia mucho más alta, de hasta 50 años.
Y cuando se produce un aborto involuntario, una mujer suele correr un grave riesgo de ser acusada de esto.
Las mujeres embarazadas a menudo son abandonadas por los hospitales
públicos del país y con frecuencia corren un grave riesgo de ser
arrestadas después de un aborto espontáneo.
En la mayoría de los casos, estas mujeres también provienen de
entornos económicamente desfavorecidos, lo que les dificulta el pago de
la atención médica privada.
Esto significa que en lugar de recibir el tratamiento adecuado si
algo sale mal durante el embarazo, no hacen nada y esperan lo mejor, o
recurren a canales encubiertos no oficiales, poniéndose así en grave
peligro físico.
La Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, de la cual mi
organización, Ormusa, es parte informó anteriormente que, entre 2000 y
2014, 147 mujeres de El Salvador fueron acusadas de delitos relacionados
con el aborto.
En lo que va de 2018, la Asociación Ciudadana por la Despenalización
del Aborto, descubrió que todavía hay 24 mujeres en prisión que se ha
categorizado como abortos “homicidas”. Todas estas mujeres fueron
condenadas en escenarios similares a las dos que se dieron a conocer
este año y muchas ya enviaron muchos años tras las rejas.
No solo debemos asegurarnos de que estas mujeres sean liberadas, sino
también que la ley sobre el aborto se modifique urgentemente.
El Ministerio de Salud estima que casi 20.000 abortos tuvieron lugar
entre 2005 y 2008. Independientemente de si el aborto es legal o ilegal,
aún se lleva a cabo. La única diferencia es el nivel de seguridad de
las mujeres que se someten al procedimiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que 68.000 mujeres
mueren cada año debido a abortos ilegales e inseguros. Es probable que
se pueda prevenir un número significativo de estas muertes.
El Salvador es uno de los únicos cuatro países de América Latina que
prohíbe el aborto en todos los casos, incluso después de la violación y
cuando la salud de la madre está en riesgo. También es uno de los países
más peligrosos del mundo para ser mujer.
Tenemos la tasa más alta de feminicidios (femicidios) a nivel
mundial: 15,9 homicidios por cada 100.000 mujeres. Este no es un país
donde los derechos humanos básicos de las mujeres son muy apreciados.
Según el Observatorio de violencia de Ormusa, alrededor de 3.138
mujeres han sido asesinadas entre 2010 y 2017, con un promedio de 451
por año, es decir más de una mujer es asesinada a diario.
Todavía estamos esperando ver si se debatirá y aprobará la propuesta
de reforma al artículo 133 del Código Penal, en la cual se propone la
despenalización del aborto por cuatro causales: cuando el embarazo es
producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista una
malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; cuando el
embarazo es resultado de violación o estupro en el caso de una menor, y
cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer.
De la misma forma se espera que sean discutidas y aprobadas una ley
de Educación integral en sexualidad y una ley de salud sexual y
reproductiva.
A pesar de contar con muchos aliados como el Ministerio de salud y
parlamentarias actuales, aún se enfrenta la resistencia de muchos grupos
religiosos y políticos, significa que aún nos queda un largo camino por
recorrer.
Jeannette Urquilla es directora ejecutiva de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la socia salvadoreña de Donor Direct Action, un grupo internacional de mujeres.
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