Grupo de Trabajo documenta deficiencias de Procuraduría
El
Grupo de Trabajo para la Alerta de Género en la Ciudad de México,
confirmó en su informe, lo que han sostenido las organizaciones
peticionarias: la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) tiende a
no clasificar e investigar con perspectiva de género los casos de
feminicidio, falta de capacitación de funcionarios, desconocimiento del
Protocolo y actuación tardía en caso de desapariciones y feminicidio.
De la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de
México al grupo de Trabajo para la elaboración de su informe, destaca
que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de enero de 2012 a
septiembre de 2017, se cometieron 292 casos de feminicidio y 421 casos
de homicidios dolosos contra mujeres.
Sin embargo, menos de la mitad de estos asesinatos fueron tipificados
como feminicidio pese a que la Ciudad cuenta, desde 2011 con la
tipificación de este delito en el Código Penal así como con el Protocolo
de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de Feminicidio, y la
Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres.
Y ello se explica, dice el Grupo de Trabajo, porque las normativas no
se aplican en la práctica, hay un desconocimiento generalizado en las
autoridades de la Procuraduría respecto al feminicidio y los protocolos
que existen para atenderlo.
Este informe de trabajo que tanta polémica generó debido al atraso en
su entrega, pese a que desde noviembre de 2017 estaba en manos de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), se hizo público ayer, posterior a la conferencia de
prensa dada por las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX,
quienes acusaron a esta instancia de Gobernación de retrasar los
informes y obstaculizar el avance de los DH de las mujeres.
Así, en este escenario, a seis meses de la solicitud de la AVG, la
presión de las organizaciones civiles encima, y cuando Miguel Ángel
Mancera está a un paso de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, la Conavim anunció que tras las entrega del informe las
autoridades de la Ciudad tienen 15 días para aceptar o rechazar las 20
recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.
PGJDF IGNORA FEMINICIDIO Y SUS PROTOCOLOS
El Grupo de Trabajo estuvo conformado por académicas. De la UNAM,
Aleida Hernández Cervantes; de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez; y
de El Colegio de México, Marta Walkyria Torres Falcón y Carlos Javier
Echarri Cánovas.
Del Instituto Nacional de las Mujeres, José Luis Peña Colín; de la
Conavim, Claudia Isela Alvarado Covarrubias; de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, Maribel Becerril Velázquez; y del Instituto de las
Mujeres de la Ciudad, Teresa Incháustegui Romero.
En la metodología el equipo de trabajo explicó que entrevistó a
varios funcionarios ministeriales y policiales quienes tenían un
conocimiento “superficial” del Protocolo de Investigación de
Feminicidio, ya que al pedirles detalles de cómo lo aplican en las
investigaciones, “se limitan a contestar generalidades y evasivas”.
El personal de la Agencia Especializada de Investigación para la
Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres, manifestó
que tiene dificultades para acreditar el feminicidio sobre todo cuando
el cuerpo no presenta lesiones infamantes, mutilaciones o signos de
violencia sexual.
Además de la falta de competencia del personal de la Agencia
Especializada para indagar el feminicidio, éstos no intervienen de forma
inmediata cuando se conoce el asesinato de una mujer, por lo que el
Grupo reiteró “la necesidad de que siempre esté presente al inicio de la
investigación, un representante de la Agencia Especializada a fin de
coordinar la investigación y de garantizar la aplicación del Protocolo”.
REVICTIMIZACIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL, UNA CONSTANTE
El equipo de especialistas también documentó, a través de entrevistas
a familiares de víctimas cómo se ha vuelto común que se pierdan
indicios y pruebas en el lugar de los hechos y la venta de fotografías
de las víctimas a medios, sin que haya consecuencias legales; no se
investiga con perspectiva de género; las coordinaciones territoriales
desconcentradas de la PGJDF inician las carpetas de investigación por
suicidio u homicidio doloso, y no cuentan con personal especializado en
feminicidio; además de la insensibilidad por parte del personal de la
Procuraduría en el trato de las víctimas indirectas.
Otra constante es la filtración de información sesgada para
desacreditar a las víctimas y justificar la violencia ejercida en su
contra; se obstaculiza a las familias el acceso a la carpeta de
investigación; los peritajes se elaboran “a modo” a fin de que cuadren en las hipótesis de suicidio u homicidio; los probables feminicidas son tratados como víctimas indirectas.
NO SE SABE QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS
A estos problemas se suma la sistematización de los casos de
feminicidio. El Grupo de Trabajo reveló en su informe que la PGJDF no
cuenta con información detallada de las víctimas.
Apenas se sabe que de estas 292 mujeres asesinadas por razón de
género de 2012 a septiembre de 2017, 44 por ciento tenía entre 18 a 30
años de edad; 40 por ciento entre 31 a 60 años. 8.6 por ciento eran
menores de 17 años y 6.2 por ciento tenía más de 60 años. Del uno por
ciento restante se desconoce su edad.
La Procuraduría fue incapaz de aportar mayores datos sobre el estado
civil de las víctimas, su ocupación, lugar origen, nivel de estudios,
condición socioeconómica, lugar y causa de muerte de la víctima y por si
fuera poco dijo que “carece de información sistematizada respecto de si
existía alguna relación entre la víctima y el victimario”, una de las
características que definen al feminicidio.
Destaca que 21 por ciento de los casos de feminicidio se concentraron
en la delegación Iztapalapa (62 casos) y descienden casi a la mitad en
las delegaciones Gustavo A. Madero con 32 casos, Cuauhtémoc son 27
casos, Tlalpan 25 y Coyoacán 22 casos.
La situación no es menor en el resto de las delegaciones, en Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco,
suman 124 casos de feminicidio.
CAPEA: “LA DESAPARICIÓN DE MUJERES NO ES UN DELITO”
Las deficiencias en la Procuraduría para feminicidio, son similares
en los casos de desapariciones, constató el Grupo de Trabajo. El
personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes
(Capea) contestó al Grupo de Trabajo que no consideran “la desaparición
de una mujer como un delito”, por lo que no tiene registro de los casos,
ni tampoco de cuántas mujeres reportadas como desaparecidas han sido
localizadas.
Capea reportó que solo inician “carpetas de investigación especiales”
e informaron que abren entre 12 a 15 investigaciones diarias, la
mayoría se trata de desapariciones de menores de 17 años. No obstante,
el personal de este Centro no relaciona estas desapariciones con algún
ilícito (feminicidio o trata) solo refirieron a las expertas que es
parte de la “violencia familiar”.
Los familiares de víctimas de mujeres desaparecidas también
expresaron ante el Grupo de Trabajo los malos tratos a los que se
enfrentan con el personal en Capea (dependencias de la PGJDF) quien
califica la desaparición de mujeres como “extravíos” o “ausencias
voluntarias”; minimiza la información que proporcionan los familiares;
dejan pasar más de 24 horas para iniciar la investigación de los casos;
además de que la instancia no cuenta con mecanismos de búsqueda claros.
Sin ahondar más en esta información, el Grupo de Trabajo refirió que
en promedio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Trata de Personas recibe mensualmente entre cinco a 10
denuncias por el delito de trata de personas con fines de explotación
sexual, cuyas víctimas oscilan entre los ocho a 30 años de edad.
A este tipo de violencias extremas se agrega la que viven las
capitalinas cotidianamente. Datos de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, destacó en la Ciudad
de México 61.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad han
sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida (calles,
parques, entre otros) y 37 por ciento lo fue en los últimos 12 meses.
En tanto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en
Salud (Sinais) muestran una tendencia creciente de los egresos
hospitalarios de mujeres relacionados directamente con la violencia:
mientras en 2004 se registraron 14 mil 303 casos, para 2014 la cifra
subió a 20 mil 669.
LAS RECOMENDACIONES
Ante este contexto de violencia generalizada contra las capitalinas
el Grupo de Trabajo presentó 20 conclusiones y recomendaciones al
Gobierno de la Ciudad de México.
Entre estas destacan establecer protocolos de supervisión estricta en
hoteles o moteles de la Ciudad de México, ya que en estos lugares se ha
tenido conocimiento de casos de violencia extrema, incluyendo casos de
feminicidio y trata de personas.
Revisar los procedimientos de investigación en criminalística y
forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité
Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación del
Feminicidio, además de revisar los expedientes de muertes violentas de
mujeres para verificar si se aplicó este instrumento.
Que las Agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF
generen un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los
servicios de salud que tienen el primer contacto con mujeres y niñas
víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que
permite el aborto en casos de violación, y que se genere un Protocolo
para que se dé aviso al Ministerio Público de estos casos.
Evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo
especializado para la búsqueda de mujeres; y entregar informes públicos
sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin
vida) y no localizadas.
Fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de
violencia familiar, sobre todo en el Centro de Apoyo a la Violencia
Familiar (Cavi) y los Centros de Justicia para las Mujeres. Además de
garantizar la protección de la infancia que viven en estos entornos de
violencia y son víctimas indirectas.
El gobierno capitalino deberá responder en el plazo indicado a estas
20 recomendaciones. Es importa señalar que estas no sustituyen a las seis medidas provisionales emitidas por Conavim anteriormente y por las cuales el gobierno creó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atenderlas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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