Carlos Fazio
De concretarse, finalmente, tras la grave crisis política-institucional en el país anfitrión, la octava Cumbre de las Américas, prevista para los días 13 y 14 de abril en Lima, Perú, tendrá como eje temático la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Convocada por la Organización de Estados Americanos, la cita presidencial hemisférica −que nació en 1994 en Miami como plataforma del Área de Libre Comercio de las Américas, iniciativa neoliberal del entonces presidente estadunidense, Bill Clinton− sigue la agenda geopolítica de Washington. En ese sentido, el eje democracia/corrupción no es para nada inocente.
La cumbre ha sido planificada en función de dos objetivos caros a la diplomacia de guerra de la administración Trump: hostigar a los países que a juicio del imperio no cumplen con los cánones de la democracia representativa (Cuba y Venezuela, que practican la democracia representativa y participativa o directa), y sobre la base de convertir a la corrupción en una amenaza trasnacional, establecer mecanismos de colaboración bilaterales y multilaterales que, como ha venido ocurriendo con la Carta Democrática de la OEA, se aplicarán de manera discrecional y selectiva para acorralar a gobiernos considerados enemigos de Washington, a través de campañas de intoxicación y linchamiento mediáticos de los conglomerados hegemónicos (CNN, Televisa, O Globo, El País, etcétera).
La cumbre transcurrirá bajo la sombra de James Monroe. Significará un nuevo choque entre quienes respaldan la visión panamericanista de Washington (América para los americanos), reflotada por el defenestrado ex secretario de Estado Rex Tillerson, y los países al sur del río Bravo que han emprendido su propio camino de unidad e independencia. Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, encabezan la lista de gobiernos cipayos y entreguistas del área. Mediante su yerno, Jared Kushner, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ha utilizado a Videgaray como pieza clave del llamado Grupo de Lima, que reúne a un puñado de países que sin derecho ni mandato alguno pretende hablar por la región y sirve de instrumento para la agresión y el aislamiento de Venezuela y Cuba.
De acuerdo con el documento de trabajo de la cumbre, se entiende por gobernabilidad democrática la capacidad de los gobiernos de asegurar políticas públicas en beneficio de la población y no de otros intereses (ganancias vía el cohecho o sobornos de las élites y empresas privadas). Añade que en un gobierno del pueblo (democracia según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), los ciudadanos deben participar en el diseño de tales políticas y fiscalizar de manera efectiva la gestión gubernamental. Otros conceptos relacionados con la gobernabilidad democrática son la vigencia del estado de derecho y la transparencia en los proyectos estatales (licitaciones, concesiones, asociaciones público-privadas y otras inversiones). También pondera como elementos básicos la existencia de una fuerza policial y un sistema judicial que permitan combatir la impunidad. Y dado que el cohecho y el soborno suelen darse en transacciones entre los sectores público y privado, las medidas de prevención y transparencia deben aplicarse también al sector privado mediante guías de comportamiento ético. (sic)
Perú es un caso emblemático de corrupción: vía sobornos millonarios, la constructora brasileña Odebrecht obtuvo licitaciones públicas, lo que acaba de tirar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, vinculado también con la compra de votos; tiene tras las rejas a Ollanta Humala y persigue a los ex mandatarios Alan García y Alejandro Toledo, fugado en Estados Unidos y con orden de arresto y solicitud de extradición. ¡Vaya póker de ases!
Pero México no canta mal las rancheras. Sólo que aquí imperan el cinismo y la impunidad. Peña Nieto, quien frivolizó los escándalos de corrupción y define a ésta como un mal cultural de México, también está envuelto en la trama Odebrecht. En sendos juicios en Brasil y EU, directivos de la empresa brasileña afirmaron haber hecho transferencias por 10 millones de dólares a cuentas vinculadas al ex jefe de la campaña electoral de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, luego director de Pemex. Al único fiscal que investigó el caso, Santiago Nieto, intentaron sobornarlo para callarlo y según denunció a The Wall Street Journal, luego de correrlo del cargo lo amenazaron a él y su familia.
Los casos de corrupción que involucran a Peña Nieto y funcionarios del Estado con corporaciones privadas (Grupo Higa, las españolas OHL y Aldesa, la portuguesa Mota-Engil y la francesa Alstom, entre otras) van desde la famosa Casa Blanca de la pareja presidencial en las Lomas de Chapultepec, construida y financiada por fuera del sistema financiero por el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú –utilizado con el mismo fin por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray−, hasta el más reciente escándalo del rescate de la constructora ICA, de Bernardo Quintana, con recursos de Pensionissste (el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado).
Según Reuters, en 2015, la junta que autorizó una inyección de 21.5 millones de dólares a ICA (convirtiendo a Pensionissste en su mayor accionista cuando la constructora se dirigía a la insolvencia) estaba integrada, entre otros, por Luis Videgaray (Hacienda), Alfonso Navarrete Prida (Trabajo, hoy en Gobernación) y los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles y José Antonio Meade (también ex secretario de Hacienda y actual candidato del PRI a la Presidencia). Desde Hacienda, Meade desvió fondos a Sedesol, donde Robles quedó atrapada en la llamada estafa maestra (más de 190 millones de dólares triangulados a empresas fantasmas a través de universidades y organismos autónomos del Estado).
A ello se sumarían contratos leoninos salpicados de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, de una administración que, además, con el programa Pegasus, espía a sus ciudadanos. ¡Uf! ¿Democracia y estado de derecho en México?
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