Exigen garantizar derecho a la salud
Senadoras,
candidatas a cargos de elección y feministas, demandaron a Enrique Peña
Nieto que ejerza su facultad de veto y devuelva a la Cámara de
Diputados y al Senado el decreto por el que se reformó el Artículo 10
Bis de la Ley General de Salud, que establece la objeción de conciencia
para el personal médico y de enfermería.
El grupo de feministas, es en su mayoría simpatizante de Alianza Por
México al frente, entre ellas las senadoras del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Angélica de la Peña; la senadora independiente
Martha Tagle; la candidata a senadora por el PRD, Mary Telma Guajardo
Villarreal y por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.
Las mujeres enviaron una carta al Ejecutivo federal para pedir que
vete la reforma al Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, aprobada
por el Senado el pasado jueves 22 de marzo que dice que “el personal
médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de salud,
podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la
prestación de servicios que establece esta Ley”.
Las feministas mencionaron que el 18 de febrero de 2016 el Poder
Ejecutivo emitió, por conducto de la Secretaría de Salud, una opinión al
dictamen donde aclaró que la objeción de conciencia ya está protegida
en los artículos 5, 6 y 24 de la Constitución Política que mencionan “el
derecho de cualquier persona de ejercer la profesión, la industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; y la libertad de
convicción éticas, de conciencia y de religión”.
De acuerdo con esa opinión, la ley protege el derecho de libertad de
conciencia pero este principio no se puede regular específicamente, toda
vez que se trata de un concepto subjetivo que únicamente el profesional
de la salud que lo ejerce, sabe y atiende, por lo que, menciona el
documento, pretender exceder su influencia queda fuera de una decisión
ética aceptable.
Las feministas, entre ellas académicas como Gloria Ramírez Hernández,
la ex magistrada electoral, María del Carmen Alanís Figueroa; y la
priista María Elena Chapa, dijeron que además la reforma está redactada
de manera muy general, lo que podría ocasionar por un lado, la
interferencia en la atención médica que requiere un paciente, por
motivos de índoles moral, y por otro, que el médico imponga al paciente
sus creencias o condicione sus servicios.
Cabe decir que la objeción de conciencia es un principio que se ha
usado para que médicos y enfermeras se nieguen a realizar prácticas
médicas que van en contra de sus creencias, como a practicar la
interrupción legal del embarazo o la voluntad anticipada, es decir, la
eutanasia; además de que servirá para fomentar la discriminación hacia
los pacientes, afirman algunas defensoras.
En su misiva, recordaron también que a partir de la reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos, vigente desde 2011, se
debe garantizar que todas las personas gocen de los Derechos Humanos, el
derecho a la salud y que el Sistema Nacional de Salud garantice que
existan médicos no objetores para prestar los servicios de salud.
Mencionaron que el Estado mexicano debe acelerar el paso bajo el
principio de progresividad, para garantizar el derecho a la salud pues
aún 15.5 por ciento de la población tiene carencia a este derecho (13.4
por ciento mujeres, 17.9 por ciento hombres, según datos del Coneval de
2016).
“La Objeción de Conciencia no es un Derecho Humano en sí mismo, sino
una manifestación del Derecho Humano a la libertad de conciencia, que
establece que toda persona puede creer y pensar libremente según sus
ideas y convicciones”, expusieron.
Las mujeres también hicieron un llamado para que se respete la
laicidad y la democracia, en particular cuando la objeción de conciencia
violenta el Estado laico, porque antepone una visión no laica y no
científica, al derecho fundamental de la salud; además de que este
concepto puede ser usado contra la interrupción legal del embarazo.
Las firmantes de la carta señalaron que esta reforma puede resultar
discriminatoria contra personas de la diversidad sexual o por condición
de etnia, edad, pobreza u otra, porque obstaculizará la prestación de
servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y
limitará además la investigación científica en diversos campos.
Señalaron que es necesario vetar esta reforma en este contexto de la
desigualdad en el acceso y calidad a los servicios de salud ya que para
las mujeres eta reforma implicará un obstáculo adicional para el acceso
a anticonceptivos, a la reproducción asistida, a los servicios de
aborto legal y seguro, a la investigación científica y favorecerá la
criminalización de quienes deciden abortar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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