La falta de acceso a toallas sanitarias, tampones y pastillas para combatir el síndrome premenstrual aumenta las probabilidades de ausentismo y deserción escolar, infecciones y precarización económica. Por ello un movimiento cada vez más global exige políticas públicas que reviertan la desigualdad que genera la gestión de la menstruación.
Rosalinda González Martínez, de 42 años, es madre de familia de dos
jóvenes adolescentes de 13 y 17 años en una comunidad rural de Veracruz.
Cada mes gasta alrededor de 300 pesos en toallas sanitarias para ella y
sus dos hijas, dinero que significa el 10 por ciento del total de los
ingresos a su hogar.
“Pues sí es un gasto importante, ese dinerito podríamos usarlo para
completar la despensa, hay otras veces que cuando les viene la regla les
viene con dolor y hay que gastar además en pastillas, ya muchas veces
mejor busco hierbitas para hacerles algún té”, comenta al explicar que
de los 3 mil pesos que su marido gana al mes, 300 los utilizan para
toallas sanitarias o algún medicamento para los cólicos que regularmente
acompañan a la menstruación.
En marzo de 2016, la senadora por el PRD, Angelica de la Peña, presentó un punto de acuerdo donde se contemplaba exentar de impuestos a los gastos que las mujeres realizan
en toallas sanitarias, tampones y medicamentos, y exhortaba al Sistema
Nacional de Salud a realizar campañas informativas sobre la higiene
menstrual. Pero no pasó de ahí.
Una mujer que comienza su ciclo menstrual a los 13 años y llega a la
menopausia a los 50 años utilizará alrededor de 13 mil 320 toallas
femeninas o tampones durante su vida fértil, lo que representa un costo
aproximado de 26 mil 400 pesos si en promedio cada unidad tuviera un
precio de 2 pesos. Estos productos para gestionar la menstruación son de primera necesidad,
por lo que no tener acceso a ellos “aumenta las probabilidades de
ausentismo, deserción escolar, infecciones y precarización económica”,
de acuerdo con organizaciones feministas, y se convierte en un tema de
desigualdad que debe ser atendido por el Estado.
Por ello la legisladora perredista consideraba en su punto de acuerdo
que estigmatizar y estereotipar la menstruación como algo “íntimo” de
la mujer ha llevado a que este tema no sea de interés en la agenda
política pública.
Un movimiento cada vez más global exige políticas públicas que
reviertan la desigualdad que genera para las mujeres el gestionar la
menstruación, como por ejemplo leyes que obliguen a los programas
sanitarios a examinar las necesidades femeninas en relación con la falta
de recursos económicos para adquirir toallas sanitarias o tampones.
Como se demanda en otros países
del mundo, De la Peña proponía que el SAT realizara un análisis sobre
el pago del IVA en estos productos, para exentar a las mujeres de ese
impuesto. Se han propuesto también campañas informativas a la población
sobre productos alternativos más económicos y amigables con el medio
ambiente, como la copa menstrual.
Este producto, que ha sido promovido en los últimos dos años, es más
económico en relación con el gasto que realizan las mujeres en toallas o
tampones desechables, pues tiene un costo aproximado de 400 pesos con
una duración de 12 años. Sin embargo en México la Cofepris emitió en
2016 una Alerta Sanitaria en contra de este producto, pero no por
razones de salud, sino administrativas. La copa menstrual no cuenta con
registro sanitario, a pesar de que no ha presentado ningún efecto
negativo en su utilización.
Alicia Medea, integrante del colectivo Akelarre, una Asociación de
mujeres que luchan por el empoderamiento feminista, consideró en
entrevista que la falta de información por parte del Sistema Nacional de
Salud acerca de productos alternativos como la copa menstrual, ha
creado tabúes en la sociedad que deben ser combativos. La copa menstrual
no es antihigiénico ni provoca reacciones alérgicas, asegura.
“Las toallas sanitarias y tampones son un negocio porque las mujeres
necesitan de estos productos. Entonces si empiezan a saber que hay estas
opciones como la copa, perderían muchísimo estas empresas; no es
conveniente y ahí tienen que ver el tema económico y obviamente la
Cofepris”, comenta Alicia.
Hasta ahora sólo en el Estado de México se ha implementado una política pública para atender una parte de esta demanda.
Empleadas y empleados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y
Fiscal de esa entidad cuentan desde julio de 2017 con un día de
descanso extra al mes para recuperarse en casa de “complicaciones de
tipo fisiológico”, específicamente dolor menstrual intenso, así como los
malestares asociados con la “adultez madura”, es decir, con el periodo
de vida comprendido entre los 40 y los 60 años.
Estas dolencias suelen entenderse erróneamente como “una excusa para
ausentarse de las labores”, cuando son una “realidad que requiere
atención y un cambio de visión profundo”, orientada hacia la protección
del derecho de la salud tanto de hombres como de mujeres”.
Sin embargo esta información no ha llegado a la comunidad donde vive
Rosalinda, donde no conocen otras alternativas más económicas que la
toalla femenina. La Secretaria de Salud en ningún momento ha tocado el
tema de la menstruación como política pública.
“Pues qué le vamos a hacer, antes contaban que usaban trapos y los
lavaban, pero pues eso ahora se nos hace cochino. Cómo vamos a tender
los trapos con alguna mancha”, agrega Rosalinda tras rechazar el uso de
otras opciones.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
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