Magdalena Gómez
La semana pasada, el Estado mexicano
una vez más dio muestra de autoritarismo. De manera nada casual, a un
día de que sus funcionarios asistieran a una sesión más de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundió su descalificación,
dos meses después, al reporte Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa,
elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU, con la
participación directa de su oficina en México mediante su
representante, Jan Jarab. El punto central del informe cuestionado es
que se encontraron:
fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.
El gobierno reprochó que la oficina de las Naciones Unidas se salió del acuerdo que rige sus actividades y afirmó que contiene
conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones.
A ello se le respondió, desde Ginebra, ratificando el contenido del
informe y su cuestionada metodología y señalando que conocieron en su
momento de la intención gubernamental de dar por terminada la operación
de su oficina en México. Reiteraron que seguirán cumpliendo con apego al
respeto a los derechos humanos. El repudio nacional e internacional a
la postura peñanietista, incluyendo al Mecanismo Especial de Seguimiento
de la CIDH sobre Ayotzinapa, llevó a que el subsecretario de Relaciones
Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, intentara minimizar las graves
acusaciones contra la oficina de la ONU, señalando que
simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe de la oficina, mantenemos todo el respeto para las Naciones Unidas.
Sólo recordemos que también en su momento, se descalificó al relator
especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, quien dijo que esa era
práctica generalizada en México, como se hizo con todos los
señalamientos críticos del Alto Comisionado de la ONU previos a la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Pese al escándalo del día anterior, durante la audiencia de oficio
por el caso Ayotzinapa, realizada el 8 de mayo, en el 168 periodo de
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias
de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados reiteraron que el
gobierno busca cerrar el caso, ante lo que ve como riesgo electoral para
la renovación de la Presidencia de la República. Señalaron cuatro
elementos:
El rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la
verdad histórica; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones, y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
Cuánto simbolismo encierra la actual postura sistemática del Estado
mexicano frente a las contundentes evidencias sobre su patrón de
impunidad. No hay novedad en la descalificación a víctimas y a
defensores de derechos humanos en el país, sí la hay en su abierto
enfrentamiento con los espacios internacionales de derechos humanos, que
coinciden y respaldan las denuncias nacionales. Ya se fueron los
tiempos en que se afirmaba que México era candil de la calle y oscuridad
de su casa. La política exterior era cuidada con cierto esmero y
respaldada con hechos, de ello dan prueba los esfuerzos mediadores en
Centroamérica, la recepción a los exiliados sudamericanos, incluso,
aunque en menor medida, la de los refugiados guatemaltecos. Sin duda,
estoy hablando de gobiernos priístas perpetuados y, sin embargo, el de
Peña Nieto lo es. La diferencia está en que hoy la descomposición del
Estado está tocando fondo: es explosiva la combinación de corrupción,
delincuencia organizada, desapariciones forzadas, crímenes, la
pauperización de amplios sectores de la población, la profundización de
políticas extractivistas y el despojo; en fin, cierre del ciclo
histórico que abrió el constituyente de 1917.
El modelo neoliberal no es compatible con la democracia, en todas sus
formas, no sólo la llamada representativa, con el respeto a los
derechos de los pueblos, vaya, con el derecho a la vida. Este último
está en juego en el caso Ayotzinapa, pero no sólo ello, detrás está la
cauda de procesos impunes, como el que cumple este año medio siglo y que
también involucró a estudiantes. Ayotzinapa es sólo la punta del
iceberg. Vincula desapariciones, delincuencia organizada, complicidades
y/o participación de policías locales y federales frente a un Ejército
que se mantiene al margen de la investigación.
De todo ello dio cuenta en sus informes el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes, por eso lo expulsó el peñanietismo. En julio
el mecanismo de seguimiento de la CIDH dará su informe. ¿A quién?
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