Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, preocupado por la grave crisis de violencia que heredará el gobierno de Peña Nieto. Desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, feminicidios y desplazamiento forzado interno, entre los temas que más alarman. En entrevista, la comisionada Esmeralda Arosemena pide a los mexicanos no callar las violaciones y exigir una agenda en derechos humanos a los candidatos a la Presidencia
Tlaxiaco, Oaxaca. Bordeada por altas montañas cubiertas de pinos,
encinos y una ligera neblina matinal, la explanada del Barrio San Diego
pronto se vuelve multicolor. En el bullicio sobresalen los rojos
huipiles de las indígenas triquis que, junto a sus familias, fueron
desplazadas forzadamente de San Juan Copala desde 2009.
De huipil triqui también viste, encima de su elegante traje gris
oxford, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, representante en
México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien
viajó hasta aquí para constatar la gravedad de los casos de violaciones
contra comunidades oaxaqueñas, como Copala.
Durante su encuentro con víctimas de violencia, sobre todo paramilitar, Arosemena de Troitiño señala a Contralínea que la situación extrema que padece el país ya está reconocida por el propio Estado mexicano.
Y ejemplifica: “Cuando se habla de más de 30 mil personas
desaparecidas es un Estado, es un país que tiene una situación de
violencia que está reconocida. [El asunto es] qué hacer para que el
Estado busque las fórmulas [para superar esa situación].”
A la Comisión que ella representa le preocupa lo que identifica como
una “grave crisis de derechos humanos”. En su evaluación, la CIDH señala
que se trata de “una situación de extrema inseguridad y violencia;
[con] graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.
En el tema de las desapariciones, el gobierno de Enrique Peña
reconoce que han ocurrido 21 mil 26, entre enero de 2013 y enero de
2018: 678 del fuero federal y 20 mil 348 del fuero común. Éstas se suman
a las 13 mil 722 ocurridas en el sexenio del panista Felipe Calderón,
de 2007 a 2012, según el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, dos casos emblemáticos –que ya se discuten en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos– podrían derivar en una sanción para
México: la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014; y la
desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado (José
Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene
Alvarado Reyes).
Este último es considerado como el primer caso que llega a la Corte
que se enmarca en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Sucedió
el 29 de diciembre de 2009 en Buena Aventura, Chihuahua, e involucra
directamente a elementos del Ejército Mexicano, quienes hacían labores
de “combate” al crimen.
Pese a la gravedad de la crisis, la comisionada Arosemena de Troitiño
señala en entrevista que el pueblo mexicano no tiene respuestas, porque
“la clase política ha entrado en una posición de la lucha por el
poder”.
Para la abogada de nacionalidad panameña, el proceso electoral
mexicano se está caracterizando por ser “una lucha encarnada entre los
participantes para obtener el poder o para resolver la política pública
de un país, de la nación”.
Por ello, indica que “hoy México vive un gran momento: el momento en
que su ciudadanía evalúe lo que representan las ofertas en el panorama
electoral y terminar demandando el cumplimiento de los derechos de la
población”.
La comisionada dice que éste “es un país grande que demanda grandes
respuestas; que tiene grandes problemas y que los gobernantes, que se
pelean el poder, tienen que pelearse el poder no para sus prebendas y
enriquecimientos, sino para resolver la gran problemática que tiene
México precisamente en la defensa y protección de los derechos humanos y
de las respuestas sociales”.
Sobre la criminalización que sufren quienes exigen justicia, así como
organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas, la
comisionada Arosemena de Troitiño opina que esa violencia de actores
estatales e incluso no estatales “no puede callar la boca del
ciudadano”.
“El ciudadano –señala– tiene que llenarse de fortaleza, buscar el
apoyo, también el apoyo internacional, y en sus comunidades construir
esa fortaleza ciudadana” para demandar sus derechos y denunciar las
injusticias.
Y pone como ejemplo el trabajo del abogado Maurilio Santiago,
director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas,
AC, por quien fue convocada esta reunión en Tlaxiaco con la CIDH, luego
de que la inacción del Estado mexicano respecto de las medidas
cautelares dictadas a favor del líder triqui Antonio Jacinto López
derivaran en su asesinato, en octubre de 2011.
De Maurilio Santiago, dice la abogada, hay que retomar su ímpetu para
gritar las violaciones a los derechos humanos hasta que sean escuchadas
por las autoridades.
Violencia, lo que más preocupa
La alarma en la CIDH por la situación que heredará el saliente
gobierno de Enrique Peña se origina, sobre todo, porque ha identificado
que entre los principales factores que dan lugar a la violencia en
México están “actores estatales”.
Al respecto, el organismo indica en su evaluación que “diversas
autoridades, como las policías (federal, estatales y municipales),
miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos han
sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos
que permanecen en la impunidad. Se denuncian prácticas como
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura por
funcionarios federales, estatales y fuerzas armadas, entre otras”.
Los otros factores que observa son: crimen organizado; uso de la
fuerza por actores no estatales; pobreza y exclusión social; tráfico de
personas, drogas y armas; e impunidad.
Ante este contexto ya estudiado por la CIDH y las denuncias que la
propia comisionada ha escuchado durante su visita a Tlaxiaco, Arosemena
señala: “El primer mensaje que daría es que los pueblos se organicen,
que la ciudadanía demande derechos y que esté precisamente vigilante del
cumplimiento de las obligaciones que los Estados y las autoridades
tienen para responder”.
Agrega que ése “es el primer mensaje porque muchas veces el Estado
cae, entra en una actitud de inercia, de ver cómo van las cosas.
Entonces la fuerza ciudadana para mí es el motor para la exigibilidad de
derechos, para esa inacción y para demandar respuestas”.
Entre 2013 y lo que va de 2018, el organismo internacional que
representa ha dictado 33 medidas cautelares al Estado mexicano, tanto
individuales como colectivas. Dicho mecanismo –previsto en el artículo
25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– se
aplica en situaciones de gravedad y urgencia, “que presenten un riesgo
de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso
pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”.
No obstante, la visita de Arosemena de Troitiño a Oaxaca se enmarca
en la inacción generalizada del gobierno –en sus tres niveles y poderes–
respecto de esas medidas cautelares.
El encuentro –denominado Foro para la Creación de un Protocolo
Nacional y una Iniciativa de Ley Estatal para la Implementación de
Medidas Cautelares Otorgadas por Organismos Defensores de Derechos
Humanos Internacionales y Nacionales– se convocó como parte de la
“solución amistosa” para el caso Antonio Jacinto P-1014-06, que asesora
el abogado Maurilio Santiago.
Sobre el incumplimiento de las medidas y el actuar de los mecanismos
de protección que ha instrumentado el gobierno, la comisionada reconoce
que “se quedan cortos”.
Agrega que la pregunta es: “Cómo podemos hacer que los mecanismos de
protección funcionen. Bueno, está la participación de la Comisión
Interamericana que sirve de coadyuvante con la sociedad civil y con el
propio Estado para buscar esas líneas de reforzamiento. El foro de hoy
nos sirve como experiencia para evaluar cuáles son las falencias”.
La comisionada Arosemena de Troitiño –licenciada en filosofía, letras
y educación, así como en derecho y ciencias políticas– reitera la
importancia de alzar la voz ante las violaciones a los derechos humanos:
“hacer la denuncia, hacer las demandas obliga al Estado a dar las
respuestas”.
—¿A la Comisión le preocupa que estas medidas cautelares no estén protegiendo a las víctimas?
—El gran reto es precisamente que no podamos darle efectividad a la
medida cautelar. Nuestro compromiso es para que la medida tenga una
efectividad, porque si no la tiene para nosotros sí es preocupante y
tenemos que buscar fórmulas.
Casos que más alarman al organismo
La evaluación de la CIDH sobre la crisis de derechos humanos por la
que pasa México señala como “situaciones específicas” de alta gravedad,
además de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.
Respecto de Tlatlaya, Estado de México, indica: el 30 de junio de
2014, 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico resultaron
muertas en una bodega de la comunidad Cuadrilla Nueva, tras un
enfrentamiento con integrantes del Ejército Mexicano. Algunas de estas
personas habrían sido detenidas y posteriormente ejecutadas
extrajudicialmente por los soldados. A este respecto, y a pesar de lo
que se conoció posteriormente acerca de estos hechos, la Secretaría de
la Defensa Nacional señaló inicialmente que los miembros del Ejército se
vieron obligados a abrir fuego porque fueron atacados.
Sobre Apatzingán, Michoacán, refiere la CIDH que los hechos de
violencia ocurrieron en dos momentos el 6 de enero de 2015, entre
civiles e integrantes de la Policía Federal. Y retoma una investigación
periodística que reconstruye los hechos con base en 39 testimonios
grabados, fotografías y videos, que apunta a la presunta ejecución
extrajudicial por parte de agentes federales de al menos 16 personas
civiles desarmadas, en su mayoría menores de 20 años, quienes se
encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal por
haber sido presuntamente despedidos por el excomisionado federal de la
Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sin indemnización ni
remuneración.
Y de Tanhuato detalla que el 22 de mayo 2015, tras un enfrentamiento
entre las fuerzas federales y un supuesto grupo criminal, fallecieron 43
personas (42 civiles y un policía federal) en el Rancho del Sol, en los
límites entre los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. Según la versión
estatal, se trató de un enfrentamiento; sin embargo, según información
en los medios de comunicación, hay controversia respecto a los hechos.
Agrega: “Por ejemplo, fotografías y testimonios de personas del lugar
indicarían actos de posible tortura, ejecuciones extrajudiciales,
manipulación de la escena del crimen y siembra de armas. Se habría
constatado que más del 70 por ciento de las víctimas habrían sido
encontradas con un tiro de gracia en la nuca; también, una de
las víctimas no habría muerto por un impacto de bala, sino que habría
sido matada a golpes. Asimismo, los cuerpos habrían sido movidos y las
armas con las que habrían sido encontrados tendrían cargadores que no
eran del mismo modelo, por lo que no hubieran podido ser accionadas en
combate”.
En estos casos no sólo destaca la participación directa o indirecta
de agentes del Estado, sino la versión oficial. “En los tres casos
mencionados, la primera versión de las autoridades –sin que hubiese una
investigación de por medio– fue que las muertes de civiles eran
resultados de enfrentamientos. Sin embargo, los testimonios y los
indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y
miembros de las Fuerzas Armadas en hechos que constituirían casos de
ejecución extrajudicial, alteración de la escena del crimen a fin de
presentar la situación como si se tratara de un enfrentamiento, e
irregularidades en las investigaciones”, determina la CIDH.
Los temas urgentes
El trabajo de la CIDH sobre México también alerta sobre otros temas
que deben ser urgentemente atendidos, en especial los de tortura;
desplazamiento forzado interno; colusión entre agentes del Estado y el
crimen organizado; uso de las Fuerzas Armadas; e impunidad.
Además, violencia de género contra la mujer; violencia contra pueblos
indígenas y defensores del medio ambiente; contra mujeres trans y
comunidad LGTB; contra niños, adolescentes y jóvenes; contra migrantes;
contra personas privadas de su libertad; y contra defensores de los
derechos humanos y periodistas.
Sobre este último punto, en lo que va del gobierno de Enrique Peña,
al menos 43 periodistas han sido asesinados en el país. Al respecto, la
abogada Arosemena de Troitiño califica como “muy dura” esta realidad y
la condena.
“La Comisión se pronuncia señalándole al Estado la importancia que
tiene que los mecanismos de protección efectivamente funcionen, porque
si no [lo hacen] sentimos una frustración, pero no podemos decaer. Decía
el maestro [Maurilio Santiago] que hay que gritar en la demanda del
derecho, nunca quitar o dar la espalda al problema. Eso es lo que hay
que hacer.”
Nancy Flores/enviada
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