Acuden a la Ciudad de México porque en Veracruz es ilegal
De
abril de 2017 a febrero de este 2018, al menos 423 mujeres veracruzanas
acudieron a la Ciudad de México a realizarse una interrupción del
embarazo, debido a que en la entidad se prohíbe realizar este
procedimiento.
La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) en Veracruz, Alma Celia San Martín, dijo que la legislación en la
entidad contraviene los tratados internacionales e impide que las
mujeres accedan a un adecuado ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos.
Señaló que a nivel nacional, en el mismo periodo se han practicado
190 mil 581 abortos en la Ciudad de México y que la mayor cantidad se
han realizado a las capitalinas, con 134 mil 359 procedimientos pero
dijo que también acuden mujeres de otros estados como Puebla. En total
mil 140 poblanas accedieron al aborto.
A la Ciudad de México también llegan mujeres de Guerrero, con 251;
Hidalgo con 373, Michoacán con 426 y Morelos con 691, entre otros
estados.
San Martín advirtió que las mujeres con menor poder adquisitivo son
las que enfrentan la imposibilidad de acudir a la capital del país a
practicarse un aborto, lo cual pone en riesgo su vida y sus derechos.
“El rezago económico y social en el que viven las mujeres indígenas
impacta de manera negativa en el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos”.
La defensora de los derechos de las mujeres dijo que según el Sistema
Nacional en Salud, de 2008 a 2015 los servicios estatales de salud
realizaron 771 mil 137 abortos en el país; esto es, 95 mil 142 por año.
Las entidades federativas que contemplan un mayor registro de muertes
maternas por aborto son el Estado de México, Ciudad de México,
Veracruz, Chiapas y Jalisco.
INCUMPLIMIENTO DE ALERTA
El estado de Veracruz ha incumplido con las recomendaciones derivadas
de la Alerta de Violencia de Género (AVG) tanto por feminicidio como
por agravio comparado, es decir, por no garantizar los derechos sexuales
y reproductivos. Así lo alertó el coordinador de la organización
Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Márquez.
El abogado agregó que esto ha generado que haya la mayor violencia
contra las mujeres que se ha registrado en los últimos dos años del
gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
“Pensábamos que con Javier Duarte había pasado lo peor en este
estado, pero vemos que a pesar del cambio, de un nuevo gobierno, en
estos dos años la situación de violencia contra las mujeres se ha
agravado y el Estado está actuando de forma omisa”.
En conferencia de prensa, dijo que las autoridades del estado son
omisas en el cumplimiento de las recomendaciones para garantizar los
derechos reproductivos de las mujeres veracruzanas, pues ni el Poder
Ejecutivo ni el Legislativo han reformado el Código Penal en el estado
para lograr que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo
(ILE).
“Veracruz es el único estado con dos declaratorias de Alerta de
Género decretadas porque a pesar de los seis meses que se les conceden a
los estados para cumplir con las recomendaciones, no lo han hecho”.
Domínguez Márquez precisó que el pasado 28 de septiembre de 2017 los
diputados del Congreso local aprobaron la no procedencia de la
iniciativa de reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal
del estado, con ello, consideró, actuaron de manera inconstitucional,
pues se trataba de una reforma que era parte de las recomendaciones de
la AVG por agravio comparado.
Por ello, recordó que el 13 octubre de 2017 diversas organizaciones promovieron un amparo ante la justicia federal,
y tras la declaratoria de la segunda alerta de violencia de género, el
grupo de trabajo determinó que los legisladores habían actuado
inconstitucionalmente.
En ese sentido, informó que el 8 de mayo en el Juzgado Décimo Octavo
de Distrito se realizó la audiencia constitucional y que en los próximos
días el Poder Judicial resolverá este amparo.
“Consideramos que será resuelto a favor nuestro porque los argumentos
que nosotros señalamos fueron confirmados por el Grupo de Trabajo que
analizó el cumplimento de recomendaciones del Estado veracruzano
respecto a la declaratoria y lo que concluyó fue que los diputados
actuaron ilegalmente, inconstitucionalmente, al determinar que no era
necesario una reforma constitucional en materia penal que garantizara el
acceso a las mujeres a servicios especializados de salud”.
El abogado dijo que de lograrse este amparo, obligaría al Poder
Legislativo del estado a analizar nuevamente la propuesta de reforma.
“Es una situación histórica porque las organizaciones de la sociedad
civil nos hemos visto obligadas a judicializar nuevamente una
declaratoria de Alerta de Género porque el actuar de estado de Veracruz,
particularmente del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes y del Legislativo,
han sido omisos”.
Añadió que si las autoridades no van a cumplir con sus obligaciones,
las organizaciones se lo van a exigir por cualquier vía que sea posible,
incluso mediante la judicialización.
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Perla Sandoval
Cimacnoticias | Xalapa, Ver..-
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