José Antonio Rojas Nieto
Sigamos reflexionando sobre lo que pudiera ser el futuro de la reforma energética. Aprovechemos la presentación de un libro que hoy –frente a las interrogantes que plantea el futuro de la reforma energética– adquiere especial relevancia. Sí, Ronda cero, Ronda uno de Víctor Rodríguez Padilla, experto en cosas de energía y profesor de posgrado de la Facultad de Ingeniería de nuestra UNAM.
No voy a abundar sobre la calidad de los análisis a los que nos tiene acostumbrado el doctor Rodríguez Padilla en sus actividades y en tareas de asesor parlamentario, tampoco voy a detenerme en indicar el tamaño intelectual y político de las dos personas que presentan el texto de Víctor. Por un lado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien nos entrega un prólogo con su visión sobre la reforma energética aprobada en diciembre de 2013 con base en los cambios constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Y por otro, el doctor Gustavo Rodríguez Elizarrarás, con una introducción en la que realiza un breve pero nítido recuento histórico de las transformaciones de Pemex, del sexenio de López Portillo al actual, consideradas como resultado de cambios en las políticas energética global y petrolera en particular.
Para Cuauhtémoc Cárdenas, la reforma energética con esos cambios constitucionales, nueve leyes nuevas y reformas a once existentes, constituye un regresivo acto de autoridad que arrebató a la Nación el dominio y la propiedad originaria sobre los hidrocarburos, así como la exclusividad del Estado mexicano en áreas estratégicas. Dos sustantivas: petróleo y electricidad.
Antes se consideraban sectores estratégicos exclusivos para el Estado –entre otros– el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad, concebida como servicio público. En el actual 28 constitucional sólo se consideran estratégicos la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En lugar de petróleo y demás hidrocarburos, solamente exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos (por lo demás en los nuevos términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución). Y en lugar de electricidad, solamente la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En este marco, el ingeniero Cárdenas asegura que la reforma energética y las políticas de Estado asociadas, le han dado forma institucional al desmantelamiento consciente y deliberado de la industria petrolera nacional.
Asimismo, a la destrucción o transferencia de recursos, infraestructura de servicios, sistemas, conocimientos, competencias y activos públicos a empresas privadas nacionales y extranjeras bajo nuevos arreglos institucionales que toman forma de rondas, licitaciones, contratos, alianzas, asociaciones, desinversiones y diluciones de capital, que esconden diversas modalidades de privatización.
La fiebre privatizadora –agrega el ingeniero Cárdenas– se ha vuelto frenesí. Y es urgente detenerla y revertirla.
Por su parte, Gustavo Rodríguez, experto petrolero que fuera director de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), afirma que desde el sexenio de José López Portillo y hasta el actual, se fueron generando las pautas del regreso a una situación previa a la expropiación petrolera de 1938, realizada por el general Lázaro Cárdenas (de alguna forma –añado– también a una situación previa a la nacionalización de la industria eléctrica de 1960 del presidente Adolfo López Mateos). Con ello –agrega Rodríguez Elizarrarás– México pierde la soberanía energética. Una soberanía que –por cierto– nunca aprovechó como palanca real de desarrollo para el país.
Además, asegura que esta reforma se convierte hoy en un mecanismo que está entregando recursos, reservas y producción y renta petrolera. Y que eso –precisamente– muestra Víctor Rodríguez Padilla en su texto, en el cual describe detenidamente los cambios constitucionales, legales y reglamentarios en materia petrolera, indica las nuevas características de la propiedad y la explotación de los hidrocarburos y especifica las características de las concesiones, las asignaciones y lo contratos petroleros, también la nueva regulación y el papel de los reguladores. Y, finalmente, el nuevo régimen fiscal.
Realmente es muy completo su trabajo sobre lo que hoy ha sucedido en el sector petrolero. En ese marco, recordemos que los tradicionales derechos de extracción de hidrocarburos (excedente petrolero) han sido realmente significativos. De 1978 a 2011 no menos de 900 mil millones de dólares (actuales de 2017) y en este sexenio no menos de 200 mil. Son montos que agregan las rentas petroleras (diferencial y de propiedad) y los beneficios petroleros vinculados a las inversiones en exploración, desarrollo y explotación de campos.
No es ocioso recordar que, entre otras cosas, estos ingresos petroleros inhibieron durante años la necesaria reforma fiscal. Y propiciaron un rentismo compartido complacientemente por la alta burocracia estatal y el capital privado, lo cual documenta el doctor Rodríguez Padilla en su libro y asegura que el gobierno actual ha propiciado no sólo el despojo y la autodestrucción de Pemex, sino la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera a los nuevos inversionistas recibidos con tapete rojo a México.
¿Cuál puede ser nuestro futuro inmediato en este terreno? Será necesario reflexionarlo. Sus límites y sus posibilidades. Sin duda.
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