(apro).- En 2013 y 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex)
asignó un contrato por mil 436 millones de pesos a Odebrecht, al tiempo
que se registró la transferencia de cinco presuntos sobornos por cinco
millones de dólares de la empresa brasileña a la dirigida en ese
entonces por Emilio Lozoya.
En un cotejo de documentos realizado por el reportero Raúl Olmos de
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la carpeta de
investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR)
-reservada hasta el año 2021-, se revela:
Al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para
el contrato de la modernización de la refinería de Tula, el departamento
de sobornos de la constructora brasileña transfirió desde el Meinl Bank
de Antigua un millón de dólares a una cuenta en el Neue Bank AG, en
Liechtenstein, a nombre de la empresa offshore Zecapan SA, que según los
delatores en Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, lo cual él ha
negado reiteradamente.
Según la investigación de MCCI, la brasileña Odebrecht presentó su
propuesta a Pemex el 2 de diciembre de 2013 y la transferencia del
soborno se realizó un día después.
Ocho días después, el 10 de diciembre, la dirección de Pemex
refinación avaló la excepción a la licitación pública, y ese mismo día
una empresa offshore de la oficina de sobornos transfirió 480 mil
dólares a la misma cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein.
El fallo a favor de Odebrecht lo emitió Pemex a los tres días.
En los meses siguientes fluyeron más sobornos, que coincidieron con
la formalización del contrato, de acuerdo con los documentos checados
por MCCI.
El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex, que
presidía Emilio Lozoya, aprobó los términos y condiciones del contrato y
al día siguiente la subdirección de proyectos del área de refinación, a
cargo de Jesús Lozano Peña, elaboró el dictamen de adjudicación directa
para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de
tierras y conformación de plataformas para el proyecto de
aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.
El contrato fue firmado finalmente el sábado 15 de febrero de 2014, y
en los siguientes días el operador de la oficina de sobornos,
identificado como “Gigolino” (identidad de Olivio Rodriguez Júnior)
ordenó tres transferencias a la cuenta de Zecapan SA en el Neue Bank de
Liechtenstein:
Un depósito por un millón 350 mil dólares fue ordenado el 21 de
febrero (a los seis días de la firma); otro el 11 de marzo por un millón
de dólares y uno más el 17 de marzo por un millón 170 mil dólares.
Según el cotejo de documentos, en noviembre de 2014 hubo otras
transferencias que coincidieron con dos ampliaciones consecutivas al
contrato en Tula por 879 millones de pesos.
Pemex reservó hasta el año 2021 cualquier documento relacionado con
la asignación directa del contrato de la refinería de Tula a Odebrecht,
con el argumento de que forma parte de las investigaciones que realiza
la PGR.
Los documentos reservados
MCCI obtuvo algunos de los documentos reservados, uno de ellos
corresponde al acta de una reunión del Consejo de Administración de
Pemex-Refinación, en las que se aprobaron las condiciones del contrato,
con el aval de funcionarios de la petrolera y de la Secretaría de
Energía.
Entre los asistentes a aquella reunión, realizada el 27 de enero de
2014 en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex, estaban Miguel Tame,
director de Refinación; Carlos Murrieta Cummings, director de
operaciones; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas;
Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico; Leonardo Cornejo
Serrano, coordinador de proyectos de modernización y Jesús Lozano Peña,
subdirector de proyectos, y quien firmó el contrato con Odebrecht.
También acudieron a la sesión dos cercanos colaboradores de Emilio
Lozoya: Froylán Gracia Galicia, su coordinador ejecutivo, y Carlos Roa
Rodríguez, su coordinador de asesores.
En la sesión del consejo se tomó el acuerdo CAPR-004/2014 para
asignar sin licitación el contrato para “el acondicionamiento del sitio,
movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de
aprovechamiento de residuales en la refinería”.
También los consejeros aprobaron incluir en el contrato una cláusula
anticorrupción, en la que el contratista se comprometía a que, durante
la ejecución de la obra, ni él, ni sus subcontratistas o empleados
ofrecerían o darían dinero o cualquier otra dádiva a servidores
públicos.
Sin embargo ya para entonces Odebrecht había pagado una primera tanda
de sobornos, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI.
Los consejeros argumentaron que la asignación directa evitaría incrementos en el costo de la obra.
“La estrategia de contratación que se propone, permitirá adjudicar
los trabajos a una propuesta que asegure el cumplimiento de los
requerimientos técnicos y de programación para el desarrollo de las
obras, evitando con ello pérdidas o costos adicionales importantes (…)
con lo que se justifica el procedimiento mediante excepción a la
licitación pública”, fue el argumento que quedó por escrito.
El Consejo de Administración acordó que el monto del contrato sería
por hasta 165 millones de dólares, equivalentes a 2 mil 225 millones de
pesos, al tipo de cambio de entonces, con un plazo de ejecución de 540
días naturales.
No obstante, el contrato se firmó por mil 436 millones de pesos,
aunque luego se elevó a dos mil 315 millones de pesos a través de dos
convenios modificatorios realizados en el transcurso de la obra.
La información de MCCI da cuenta que en la reunión del 27 de enero,
los consejeros acordaron que, para obtener la oferta más conveniente,
Pemex-Refinación haría una investigación de mercado para identificar
potenciales contratistas que contaran con atributos de trayectoria,
cumplimiento, capacidad y soporte financiero.
Una vez identificadas las potenciales empresas, se acordó que Pemex
les solicitaría su propuesta técnica y económica para analizarla y
decidir la mejor alternativa.
Sin embargo, ese procedimiento era una simulación, pues desde un mes
antes –el 13 de diciembre de 2013- Pemex había evaluado la propuesta de
Odebrecht y ese mismo día había elaborado el fallo que sirvió como base
para asignarle el contrato.
Es decir, el contrato ya estaba apalabrado. Prueba de ello es que al
día siguiente de la sesión del consejo, el 28 de enero de 2014, la
Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación elaboró el dictamen de
adjudicación directa a Odebrecht.
“El procedimiento de adjudicación directa es el único esquema de
contratación que permite el cumplimiento de las fechas clave” para las
obras asociadas al proyecto de aprovechamiento de residuales en Tula,
argumentó la petrolera estatal.
A la sesión del 27 de enero de 2014, tanto el director de la
petrolera, Emilio Lozoya, como el subsecretario de Hidrocarburos,
Enrique Ochoa Reza, no se presentaron a la reunión.
Lozoya tenía el cargo de presidente del Consejo, posición que tuvo
que ser ocupada en aquella reunión por su suplente, Víctor Díaz Solís,
en ese entonces director corporativo de Administración de Pemex, según
consta en la lista de asistencia, obtenida por MCCI.
Ochoa Reza, por su lado, era consejero propietario del Consejo, y su
lugar fue ocupado ese día por su suplente, Daniel Guerrero Rodríguez,
director de transformación industrial de hidrocarburos de la Secretaría
de Energía.
Tampoco se presentaron a la reunión otros dos consejeros
propietarios: Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación de
la Secretaría de Energía y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de
ingresos de la Secretaría de Hacienda.
De los 23 funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía que acudieron a la reunión, sólo cuatro permanecen en sus cargos.
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