Lev M. Velázquez Barriga*
La semana anterior, los
candidatos presidenciales de las tres grandes coaliciones electorales
tuvieron la oportunidad de ahondar en sus propuestas educativas; dos
decidieron hacerlo frente a los organismos empresariales articulados por
Mexicanos Primero en el foro 10 por la educación, y uno solo encarando a
las diversas expresiones del magisterio; es decir, a la comunidad de
aprendizajes que vive cotidianamente en carne y hueso las condiciones
del sistema nacional de educación. Los temas que se desprenden son
varios, pero voy a recuperar tres que considero los principales agravios
de la reforma educativa: evaluación contra los derechos de los
maestros, modelo educativo para la explotación laboral y privatización
escolar.
Ninguno de los tres abanderados negó la importancia de las
evaluaciones, ni la atención a la formación de los educadores, aunque
para tal efecto sólo Andrés Manuel López Obrador dijo que fortalecería
las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional; a diferencia
de los otros, se manifestó por una evaluación que no vulnere los
derechos de los docentes, incluso por la cancelación de la reforma
educativa, lo cual no significa la abrogación total, pero sí detener sus
efectos laborales y administrativos, que han tenido como consecuencia
docentes cesados y presos políticos.
La agenda pedagógica de los organismos multinacionales con el inglés,
las tecnologías digitales y el desarrollo socioemocional como las tres
habilidades para potenciar el trabajo en el capitalismo de siglo XXI,
que transita de la producción fabril a la producción automatizada y
digital, permea en las propuestas difundidas por los tres candidatos,
como si el más urgente problema que la educación debe atender de la
sociedad fuera educar en las necesidades laborales de las empresas. En
tal caso, Meade y Anaya no dejaron ver ninguna posibilidad de ruptura
con esa ruta hacia las nuevas formas de explotación humana; Obrador, por
su parte, abre una puerta a la inclusión de las propuestas alternativas
de educación que han sido creación auténtica de los maestros
democráticos y que, en sentido opuesto a los grupos de poder, colocan en
el centro tres planos indispensables de la formación: el desarrollo
humano, la democratización del país y el buen vivir.
Por lo que respecta a la dimensión privatizadora de la escuela, los
candidatos de las coaliciones Todos por México y Por México al Frente se
mostraron en favor de los modelos de endeudamiento y privatización por
medio de los certificados de infraestructura educativa nacional (CIEN);
Anaya fue más allá al proponer favorecer a las escuelas privadas con
estímulos fiscales. Por su parte, el abanderado de Juntos Haremos
Historia proclama en su decálogo a la educación como un derecho y no un
privilegio, por tanto, la necesidad de fortalecer su carácter público,
gratuito, de calidad, además de la suspensión de las cuotas que pagan
los padres de familia.
Quiero resaltar una peligrosa coincidencia. Los tres
candidatos se muestran en favor de la descentralización educativa y la
autonomía presupuestaria; ambos elementos constituyen el último escaño
para desresponsabilizar al Estado del financiamiento de la educación que
antes había pasado por traspolar responsabilidades de la Federación a
las entidades, de ahí a los municipios y ahora directamente al centro
escolar. La administración escolar descentralizada es una propuesta de
la OCDE para focalizar los recursos públicos, esto es lo que la reforma
mexicana llamó
escuela al centro, que tiene como objetivo reducir la capacidad de atención excluyendo a las escuelas indígenas, rurales, comunitarias y periféricas de las ciudades.
La autonomía presupuestaria, es decir, la entrega de recursos
económicos para el ejercicio directo en la escuelas, es el primer paso
hacia los centros educativos concesionados, subvencionados o
concertados, según sea el nombre que aparezca en las reformas educativas
neoliberales en el mundo. Un grupo de negociantes de la educación,
activos en México como consultores desde hace años en nombre de la
sociedad civil en las instituciones educativas y los consejos de
participación social, terminaría siendo el administrador de la escuela
semiprivada con financiamiento estatal.
Caso aparte merece la propuesta de José Antonio Meade para ampliar
las escuelas de tiempo completo de 25 mil a 100 mil. El engañoso
propósito debe ser leído en otro sentido, pasar de 230 mil existentes a
sólo 100 mil; la tendencia actual de las escuelas de tiempo completo
apunta a reducir al máximo el universo de centros escolares, agilizando
la compactación de grupos, la movilidad obligatoria de los docentes,
descobijando escuelas de organización incompleta y la desaparición de
los dobles turnos. El modelo curricular que las rige no cambia, tal
pareciera que se trata de entretener, pero no de aprender. Los docentes y
directivos gestionan actividades de aprendizaje extraoficial, en muchos
de los casos con personal subcontratado o a cargo de los bolsillos de
los padres de familia, apuntalando así la precariedad laboral y la
privatización educativa.
Finalmente, ninguno de los espacios donde los candidatos tuvieron la
oportunidad para recuperar propuestas venidas desde los actores de la
educación fue el más democrático. Diez por la educación estuvo
secuestrado por la sociedad civil pro empresarial y el encuentro de
Guelatao, que prometía ser un congreso pedagógico, terminó siendo mitin
de campaña.
*Doctor en pedagogía
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