"Intento deliberado de la federación por arrebatarle a este personaje (el ex secretario general del PRI) que parece saber demasiado", considera Sergio Aguayo en la Mesa Política de #AristeguiEnVivo.
En la Mesa Política de este lunes en #AristeguiEnVivo se
abordó el más reciente choque entre el gobierno de Javier Corral y el de
Enrique Peña Nieto; la posible cancelación de la reforma educativa; la
publicación de la #LeyChayote; y los amparos contra la Ley de Seguridad
Interior.
La politóloga Denise Dresser señaló que la “situación se está volviendo muy tensa”, luego de que el pasado viernes fuerzas federales intentaran llevarse de Chihuahua
a los tres detenidos por los desvíos de César Duarte y la triangulación
hacia el PRI: Alejandro Gutiérrez, Gerardo Villegas y Antonio Tarín.
“El gobernador y su equipo tocaron un nervio que recorre la espina
dorsal del régimen priista: la corrupción que involucra a muchos
funcionarios de alto nivel, responsables del desvío de fondos”, expuso.
“En la medida que tocan un nervio, el priismo recalcitrante reacciona
con las únicas armas que conoce: el uso autoritario y arbitrario del
poder”, consideró. Estas acusaciones podrían llegar al nivel más alto,
como con el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex líder del
PRI, Manlio Fabio Beltrones, en el momento en que sucedieron los
desvíos millonarios desde la administración de César Duarte en
Chihuahua.
Ahora “están tratando de cerrar filas y esas cloacas abiertas”;
“ojalá descubramos realmente lo que hay detrás de todo esto… ese nervio
seguramente va hasta la puerta de los Pinos”, concluyó sobre el tema.
Por su parte, Lorenzo Meyer comentó que “Alejandro Gutiérrez (ex secretario general del PRI) es peligrosísimo para el gobierno federal y lo quieren tener con ellos”.
Por ello, como lo comentó en un anterior programa, podrían usar hasta al Ejército para que esté bajo el control federal.
Al respecto, Sergio Aguayo observó una “enorme soledad de Javier
Corral en esta batalla”, en la que “está teniendo enormes dificultades
para que la agenda local se haga nacional porque no estamos hablando
solamente del caso de un ex funcionario sino del intento deliberado de
la federación por arrebatarle a este personaje que parece saber demasiado”.
A Aguayo le llama la atención “el silencio de su candidato, Ricardo
Anaya”, quien actúa con “indiferencia” de lo que está pasando en aquel
estado.
Respecto a la reforma educativa, Dresser indicó que hay “cúpulas sindicales corruptas”
que buscan la derogación, pese a que “tiene muchas cosas rescatables,
como quitar esos privilegios indefendibles de vender o comprar una
plaza”.
Sin embargo, reconoció que la SEP “no supo explicarle a los maestros de qué se trataba; fue percibida como punitiva;
colocó toda la carga de la culpa sobre los hombros de los maestros”,
además de que “no quiso y no pudo invertir en infraestructura física”.
Y es que es “difícil evaluar a los maestros en estas condiciones”,
mientras que a raíz de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador,
“la reforma está en una especie de vacío explicativo e incertidumbre
política, no queda claro si sobrevivirá, será derogada de tajo o se
buscará rescatar lo que hay de aplaudible en ella y modificarla para que
incorpore a los maestros”.
Meyer y Dresser también comentaron el dato revelado por el diario Reforma, sobre que la SEP a cargo de Aurelio Nuño gastó mil 963 millones de pesos en comunicación social.
Ambos coincidieron en que eso fue posible por la discrecionalidad en
este gasto, que la Corte ordenó al Congreso regular, pero al final
resultó la denominada #LeyChayote.
“Nadie podría justificar en términos legales, éticos, esta ley… lo
vemos todos los días, abrimos ciertos diarios, ciertos periódicos y
algunas radios en donde es obvio que la cantidad de anuncios de
propaganda del gobierno va directamente correlacionada con una cobertura
favorable a puntos que en ese momento le interesan al gobierno, es el
pago vía la propaganda de las secretarías”, anotó.
Explicó que “muchos medios están en bancarrota” y este gasto del
gobierno “les resuelve sus problemas”, pero estos optan por darle “una
distorsión a la noticia en favor del gobierno”.
“Este es un indicador más de que ya no es posible reformarlo desde
dentro, que cualquier intento del gobierno sobre que hay un nuevo PRI,
queda destruido con esto”, sostuvo.
Al momento en que “ya se va la actual administración” publica esta
ley (el pasado viernes) y “deja como herencia lo peor de la naturaleza
del PRI”, “nos dejan un chayotote”.
El historiador lamentó que “se premia a los medios que la reciben,
sabiendo que van a distorsionar la noticia” y constituye una “perversión del periodismo, casi como la prostitución”.
Dresser condenó también la publicación de la ley chayote, pues el “PRI va a dejar un legado tóxico”, con esta legislación que podrá ser utilizada por cualquiera que llegue a la Presidencia, ya que entra en vigor en 2019.
Con esta legislación, se podrán seguir comprando conciencias y
primeras planas; además de que seguirán existiendo medios que se
convierten en voceros del gobierno, anticipó.
“Se intentó acabar con eso, la ley que acaban de publicar no resuelve
los problemas que consternaron a Artículo 19 y producen ese periodismo
patito, que no es contrapeso, que no constituye una forma de escrutinio y
análisis que necesitamos en una democracia como la nuestra”, aseveró la
doctora.
Respecto a los amparos conseguidos contra la ley de seguridad
interior, Dresser subrayó el temor más grande: “la perpetuación del
escenario en el cual nos encontramos ahora, con el uso del Ejército para
llevar a cabo actividades para las cuales no fueron entrenadas las
Fuerzas Armadas”.
“La LSI le ha dado cobertura institucional a lo que era una práctica ilegal”, acotó.
A su vez, Meyer agregó que “queda la interrogante de qué hacemos con
un crimen organizado que tiene tal capacidad de fuego y de corrupción”.
Esta legislación publicada por el presidente Enrique Peña Nieto, que aún
debe ser revisada por la Suprema Corte, es “la otra herencia tóxica”.
En la mesa también abordaron el caso de la demanda de MVS contra la periodista Carmen Aristegui, quien confirmó que sí existen los memorándums referidos por la revista Proceso, con los cuales se pretende influir en el fallo del Tribunal:
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