Lev M. Velázquez Barriga*
El pasado 12 de noviembre fueron
citados los padres de familia y los alumnos de la escuela primaria
Simón Bolívar, de Morelia, Michoacán; los maestros les habían informado a
los estudiantes de 6° grado que recibirían una tableta digital para uso
escolar. A la ceremonia de entrega asistió nada menos que el gobernador
Silvano Aureoles Conejo, acompañado de varios funcionarios. Como acto
simbólico, y para los reflectores de la prensa, hizo entrega de un
aparato al director de la escuela; sin embargo, apenas se fueron los
invitados especiales externos y con ellos se fue también el codiciado
paquete de tabletas digitales que habían sido parte de la locación
ceremonial, pero que no llegaron a manos de los alumnos.
Esto es apenas un botón de muestra de la magnitud de la corrupción
que se vive en Michoacán, de la crisis agudizada en gran parte por la
frivolidad de un gobernador que no tiene escrúpulos para renovarse el
clóset con trajes sastre que le cuestan al erario público 300 mil pesos
cada uno. No hay crisis, asegura Silvano Aureoles y en seguida anuncia
que no existen los recursos suficientes para pagar la nómina educativa
de diciembre. Así, en la Universidad Michoacana los trabajadores
académicos y de apoyo no han recibido su salario desde octubre, lo mismo
sucede en otras instituciones tecnológicas de educación superior,
mientras que en la básica los profesores amanecieron el pasado jueves
con la amarga noticia de que no se habían emitido los cheques
corespondientes a la primera quincena de noviembre, un agravio más a la
legalidad y el derecho del trabajador.
El presidente de la comisión de educación en la cámara de diputados
local que presentó un exhorto al gobierno federal y estatal para
resolver con urgencia los problemas económicos del estado, estima que el
déficit financiero en los sectores de educación básica, media y
superior, ya superó los 6 mil millones de pesos, tan sólo mil millones
corresponden a la Universidad Michoacana y están poniendo en riesgo el
futuro de la máxima casa de estudios de la entidad; los sindicatos
educativos por su parte dicen que podría llegar hasta los 8 mil 200
millones de pesos, según las estimaciones preliminares de sus propias
demandas y las de su sector.
El desfalco del gobernador Aureoles alcanza hasta la autonomía
financiera de los sindicatos, su administración retiene de manera
obligatoria las cuotas sindicales a 31 mil trabajadores de la educación
básica que de forma mayoritaria pertenecen a la Coordinadora Nacional de
los Trabajadores de la Educación y al único Comité Ejecutivo Estatal
que existe, el de la Sección XVIII, pero que no administra los recursos
de sus propios agremiados.
Lo mismo sucede con los fondos de pensiones, los descuentos de las
aportaciones económicas de los trabajadores son en automático, pero no
llegan completos a la institución que corresponde; hoy se habla de un
hoyo de cientos de millones de pesos que se acrecienta de manera tan
peligrosa que en el corto plazo seguramente habrá de provocar el colapso
del sistema de jubilaciones.
Pese a que el gobernador es el artífice central de la corrupción en
Michoacán, se ha convertido en un acérrimo promotor de los Consejos de
Participación Social, desde inicios de este ciclo escolar instruyó a su
secretario de Educación para que en todas las escuelas y municipios
terminaran de completarse estos consejos, se trata de que la sociedad
sea vigilante de los programas educativos, de que los recursos sean bien
aplicados y de que los maestros no se ausenten; incluso, incita de
manera constante a que los padres de familia denuncien a los profesores
faltistas porque se van a las marchas; en otras palabras, la rendición
de cuentas no recae sobre el actuar de las autoridades y gobernantes,
los de arriba están exonerados de culpa, el Estado no es objeto de
transparencia.
El objetivo primordial de la participación social es la vigilancia
entre los ciudadanos, la autorregulación de la dominación, la
administración de la precariedad educativa entre los padres de familia,
la confrontación social de los de abajo, la rendición de cuentas entre
los desposeídos, no hay empoderamiento horizontal, sino control
vertical; no existe autonomía, sino heteronomía que tiene como fuente de
poder a una élite corrompida.
Los de arriba no se tocan entre sí, Mexicanos Primero no tiene una
demanda por corrupción y desvío de recursos contra el gobierno local, no
hay una campaña por todos los medios a su alcance para exigir el
saneamiento de las finanzas públicas en el sector educativo, como ha
hecho incontables veces contra los maestros disidentes; al contrario, se
congratula porque con los Consejos de Participación Social se fortalece
la
gobernanza, la cual no significa el funcionamiento orgánico y dinámico de la democracia participativa, sino la inclusión de la nueva derecha corporativa a tomar decisiones en el desmantelamiento de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.
*Doctor en pedagogía crítica
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