Durante la próxima votación sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la oportunidad histórica de generar un espacio de justicia para millones de mexicanos –en especial para aquellos que han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos o de sus seres queridos a manos de agentes del Estado o con aquiescencia de éstos–; o, por el contrario, beneficiar a los cinco presuntos criminales (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) que saquearon al país y ordenaron o permitieron atrocidades como Acteal, El Charco, San Salvador Atenco, Ayotzinapa, San Fernando…
Por ello esperemos que el sentido del voto de 10 ministros –el onceavo, Luis María Aguilar, ya reveló su inclinación por defender a los probables delincuentes de cuello blanco y criminales de lesa humanidad– se base no sólo en la interpretación de la Constitución –siempre manipulable desde el punto de vista de los intereses que realmente representan esos ministros y no necesariamente objetiva y apegada a derecho–, sino, sobre todo, de la imperiosa necesidad de la sociedad de acceder a la justicia.
En el caso de Luis María Aguilar, pues queda claro qué intereses representa desde su máximo encargo judicial luego de que presentara un proyecto contrario al sentir de las mayorías, argumentando que “defiende” los derechos humanos de todos los mexicanos. Pero su proyecto es, a todas luces, una interpretación a modo para salvaguardar, primero, a quien lo convirtió en uno de los ministros mejor pagados del mundo (Calderón Hinojosa) y, después, a la camarilla a la que pertenece (encabezada por Salinas de Gortari y que incluye a Peña Nieto).
No es fácil que la Corte deje atrás su vergonzoso pasado, que incluye decenas de resoluciones contrarias al interés general, pero es un momento crucial en la historia del país y los ministros están obligados a reconocerlo y actuar en consecuencia.
Al analizar la constitucionalidad de la consulta, los ministros deberán tener en cuenta los profundos e irreparables daños que ha sufrido la nación a manos de esos cinco expresidentes, en especial en los temas de violaciones graves a los derechos humanos y el saqueo rapaz del presupuesto público.
Los crímenes más atroces de Ernesto Zedillo
Entre los crímenes más atroces que deberán ponderar los ministros de la Corte antes de decidir su voto están los acontecidos en el gobierno de Zedillo:
La masacre de Aguas Blancas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la mañana del 28 de junio de 1995 algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez [Guerrero] con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; 14 heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca” [https://bit.ly/2S1njLb].
Para el 25 de febrero de 1996, indica la información de la CNDH, se difundió en un programa de televisión un video sin editar de esa operación en Aguas Blancas, “probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición”.
El 28 de junio de 1995, la CNDH emitió la recomendación 104/95, que acreditó que se violaron los derechos humanos de 17 personas pertenecientes a la OCSS, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. Por lo que recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policiacos y de seguridad pública del estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes.
“A la fecha, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las órdenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente de la República, Ernesto Zedillo: se presume que lo encubrió.”
Masacre de Acteal
La organización indígena Las Abejas expone que la escalada del conflicto entre el gobierno federal de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional provocó la masacre de Acteal: “el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas Abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; siete hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; cuatro niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes”.
La organización agrega que “las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano.
“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune” [https://bit.ly/3kSmqRt ].
Las Abejas denuncian que el Ejecutivo federal ordenó que en Chiapas se desplegara una estrategia contrainsurgente o “guerra de baja intensidad”, que incluyó el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades para hacer el “trabajo sucio”: ataques simulados como conflictos intra o inter comunitarios. Con base en información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas , la organización señala que “a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el Norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de ‘laboratorio de operaciones’ […]. Es a partir de 1996, debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a Los Altos”.
La masacre de El Charco
“En la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano rodearon la escuela primaria ‘Caritino Maldonado’, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Según los sobrevivientes, el Ejército federal rodeó el lugar e irrumpió disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y cinco heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban cinco menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes”, refiere un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos [https://bit.ly/3cyNFO1].
La Limeddh refiere que “al lugar de los hechos se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos hasta después de 2 días; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos”.
Agrega que el 11 de junio de ese mismo año fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero, Javier Lomelí, “no encontró elementos para procesarlos”. E indica que, posteriormente, ese funcionario “fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordenó la liberación de las 20 personas, incluyendo a cuatro menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel Hernández Alba, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares solicitó nuevamente 17 órdenes de reaprehensión, mismas que giró la jueza del Segundo Distrito de lo Penal, Xóchitl Guido Guzmán”.
Los otros crímenes
Otras grandes deudas del priísta Zedillo con los mexicanos tienen que ver con hecho presuntamente corruptos, como convertir en deuda pública las deudas privadas (como el rescate de los bancos con el Fobaproa, o de las carreteras con el FARAC) y continuar con el saqueo de los bienes públicos, como la privatización de los Ferrocarriles Nacionales. En próximas entregas repasaremos los crímenes de Fox, Calderón y Peña.
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