ENTREVISTA¬ Ministros buscan generar inestabilidad para que se metan EU y OEA: Repper

 Por Daniela Barragán 

El abogado Andrés García Repper apuntó en entrevista con “Café y Noticias” que sí existe la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los ministros. “De hecho en este momento ya actualizaron por lo menos tres causales del juicio político, que no queramos llevar, que no quiera llevar la Presidenta estas situaciones a un límite en este momento, pues es muy natural y comprensible”

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalaron revisar la constitucionalidad de la Reforma Judicial están incurriendo en un acto de provocación para que la gente presione a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a disolver al máximo tribunal de justicia del país y así victimizarse ante la comunidad internacional, planteó Andrés García Repper, abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales.

“Es un acto de provocación, quieren probar que la gente se enoje, exijamos juicios políticos, exijamos una reforma que los disuelva, etcétera, para poder victimizarse ante la comunidad internacional y crear condiciones de inestabilidad porque en este momento ya lo están intentando, para que intervenga la OEA, Estados Unidos, Human Rights Watch, para que digan ‘México no espérate’ y nos quieren llevar a una crisis en la que ciertos agentes internacionales se pongan de su lado”, planteó Repper en entrevista con “Café y Noticias”, programa de SinEmbargo Al Aire.

Este jueves, la Suprema Corte determinó con el voto de 8 ministros que sí puede analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, luego de admitir la procedencia de una consulta elaborada por jueces y magistrados federales, quienes de acuerdo con Andrés García Repper no tienen las facultades para presentar una impugnación de este tipo.

“Están tejiendo sobre el aire, se están sacando de la manga reglas y procedimientos”, expresó el abogado especialista en procedimientos político-constitucionales. “No tenían los jueces posibilidad de exigir que se revisara: solamente (podía hacerlo) la tercera parte de la Cámara de Diputados, la tercera parte de la de Senadores, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Consejería Jurídica”.

El abogado García Repper insistió en ese sentido que ninguna de estas instancias facultadas para hacelro promovió el recurso ante la Corte. “Fueron ellos mismos, entonces ya se fueron por la libre, y podría ser en una semana (que resuelvan los ministros), pero no son tan nobles, no lo van a decir en una semana van a irse pateando el bote para llevar las cosas a un límite constitucional”.

—¿Usted considera que hay razón en asegurar que la Corte está dando o está en en días de dar un golpe de Estado? —se le preguntó.

—Más bien, para que exista el Golpe de Estado tiene que darse lo que se está detectando es que lo están intentando porque están abriendo la posibilidad de que sea la propia Corte la que dice ‘esta reforma que se hizo con base en la Constitución no vale’. Al decir esto, claro, no lo han dicho, están abriendo la posibilidad de hacerlo. Al decir esto se estarían poniendo por encima de los otros dos poderes, aparte de la voluntad popular y de la Constitución —explicó.

Andrés García Repper expuso que hay varios tipos de golpes de Estado: los técnicos, “que sería más o menos el ejemplo en el que estaríamos, porque a través de inventarse reglas supuestamente jurídicas se quieren sobreponerse por encima del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Constitución y de la voluntad popular”.

Ahondó que también hay golpes de Estado que son al interior de un solo poder “como lo vimos en Chile con (Augusto) Pinochet” cuando el propio Poder Ejecutivo, el Ejército en este caso, se revela y ataca al titular y ellos se imponen como la máxima autoridad. Y hay golpes de Estado mediático que son provocados por lo que se llama el blandigolpismo que es generar unas condiciones de desaliento, de zozobra, de falta de certeza y de certidumbre en general que provoque que la sociedad diga no estamos de acuerdo con el estado de cosas, queremos un nuevo gobierno, un poco lo que le hicieron a Pedro Castillo (en Perú), lo que le hicieron a Evo Morales (en Bolivia)”.

García Repper sostuvo que en el caso de la Suprema Corte de México se está frente a una intentona “ridícula”, pues se trata de “un pequeño grupo de personas, son ocho ministros y una veintena de abogados, empresarios, que se reúnen en torno a ellos con megáfono y con un poder que tienen para poder este estar digamos intentando a sembrar la duda sobre eso, pero no tienen facultades”.

“La Corte ya ahorita ya se separó de todas las vías legales, constitucionales y esto lo están haciendo inventándose una nueva ruta, inventándose reglas. No han descalificado la reforma, pero eso no quiere decir que no esté mal lo que están haciendo, ya el mero hecho de que se autoricen ellos mismos a entrar a revisar una reforma constitucional es considerarse por encima del Constituyente y el constituyente representa la voluntad popular y a ellos no los eligió el pueblo” abundó.

Cuestionado si los ministros están tomando decisiones con base en sus propios intereses, aclaró que la Corte no puede conocer de algo sobre lo cual ya se ha pronunciado. “Está establecido en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y en su Código de Ética. Jurídicamente se quieren pronunciar sobre algo sobre lo que ya opinaron y ya han hecho una y mil manifestaciones, entonces están incurriendo en un conflicto de interés, que viola justamente la equidad esencial que debe existir en cualquier” juicio.

“Un juicio es un triángulo en el cual el juez está en medio de las dos partes, pero no puede ser el juez una de las dos partes. Aquí son los ministros los que están en contra la de la legislación, entonces esto vipla la equidad fundamental y, además, al hacer esto están suponiéndose como un poder nacido no sé de dónde, o sea, cuál es el fundamento para que existan es una especie de naturalismo de poder divino, de ‘nosotros estamos por encima de todos ustedes’”.

—¿Hay riesgo de que se tambalee la reforma?

—Ellos como ya están fuera de toda ley, norma, tradición jurídica, presidentes o jurisprudencias, pues podemos esperar lo que sea. Ellos pueden en dos días, tres días, una semana decir esta reforma es inconstitucional y no es válida, pero eso que ya están haciendo, pues ya está fuera del orden jurídico.

“No tienen razón, están intentando crear nuevas facultades que no existen y el espíritu o la razón por la que existe la división de poderes es para que ningún poder viole las capacidades de otro y ellos argumentan que esto viola su autonomía porque han confundido una cosa. Ellos creen que autonomía significa endogamia para reproducirse como si el Poder Legislativo se nombrara a sí mismo o como si el Poder Ejecutivo nombrará al siguiente Presidente sin necesidad de que interviniera el pueblo. Son tan antidemocráticos y su formación están antidemocrática y tan vertical en el Poder Judicial que para ellos el tema de las elecciones y la democracia, de verdad y lo escuchas esto declaraciones no lo digo yo, no es importante, o sea la gente no sabe, el pueblo desconoce, nosotros somos los verdaderos guardianes de sus derechos, somos los guardianes de la Constitución”, lamentó.

Andrés García Repper indicó que en realidad se cumplió con todo el procedimental para aprobar la Reforma Judicial, “la liturgia constitucional de que entre por el Ejecutivo, pase por comisiones de Cámara de Diputados, lo votes, después se turne vía minuta al Senado, después el Senado lo turna a las comisiones, etcétera, se vaya como minuta a la legislaturas. Estamos cumpliendo con el procedimiento que establece la propia Constitución de reforma que es el (artículo) 135 y es el Constituyente permanente, que es el Legislativo más las legislaturas locales”.

El abogado García Repper apuntó que sí existe la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los ministros. “De hecho en este momento ya actualizaron por lo menos tres causales del juicio político, que no queramos llevar, que no quiera llevar la Presidenta estas situaciones a un límite en este momento, pues es muy natural y comprensible, pero de que ya actualizaron esas causales ya están actualizadas, ya se podría actuar en contra de ellos y destituirlos en este momento”.

“Cuáles son las consecuencias de un juicio político: uno, la absolución, o sea no eres culpable, no eres responsable; dos, te destituimos; o tres, te destituimos y te inhabilitamos para ejercer cargos públicos, independientemente de que en el estudio o en el juicio político se llegaran a advertir conductas que pudieran ser perseguidas por la vía penal, por ejemplo. No estamos hablando en este momento de ese tipo de conductas, pero no las descartamos que pudieran llegar a darse por parte ministros, magistrados o jueces”

Daniela Barragán

Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.

Juicio a expresidentes: Felipe Calderón, ¿por qué juzgarlo?

 capital21.cdmx.gob.mx

Javier Bonilla

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?, será la pregunta, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se hará al pueblo de México el próximo 1 de agosto, donde, de manera más clara, se decidirá si se inician procesos de investigación sobre posibles crímenes realizados durante su administración, a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

¿Por qué juzgar a Felipe Calderón?

En su conferencia matutina del 22 de junio, el presidente López Obrador enlistó las razones por las que, de ganar el SÍ, se debería juzgar a los expresidentes. Sobre Felipe Calderón, refirió:

“Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos”. 

Con una diferencia de apenas .62% Felipe Calderón, candidato por el PAN en 2006, llegó a la presidencia de México en medio de acusaciones de fraude que a la postre diversas publicaciones comprobarían, venciendo al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, 35.91% de los votos para el panista contra 35.29% para el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, de los partidos PRD, PT y Convergencia. 

Poco después de asumir el cargo, Felipe Calderón tomó una decisión que cambiaría la vida de millones de mexicanos y mexicanas: declararle la guerra al narcotráfico. Años después, vale la pena recordar antes de hacer el recuento estadístico de su sexenio en materia de seguridad, su secretario de seguridad durante todo el sexenio, Genaro García Luna, personaje a cargo de diseñar y planificar la guerra declarada por Calderón, sería detenido y encarcelado en Estados Unidos por los presuntos delitos de lavado de dinero y trafico de cocaína.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2006 a 2012 hubo 132 mil 65 homicidios, con una tasa inicial de 9.7 por cada 100 mil habitantes, al inicio de su sexenio, y que para 2010, a cuatro años de gobierno, ascendería a 17.9 por cada 100 mil habitantes, además de una espiral de violaciones a derechos humanos, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas que a la fecha es imposible calcular con exactitud. 

“El tamaño del problema en México es descomunal desde que se inició la guerra contra el narco”, refirió en septiembre de 2020 en entrevista con Carmen Aristegui, el ex presidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, Santiago Corcuera. 

Te puede interesar: Consulta sobre expresidentes no solo es legal, también es moral: AMLO

Grito de Independencia en Morelia: cuando todo estalló 

En 2018, durante las fiestas por la independencia de México celebradas en Morelia, Michoacán, estado de donde es oriundo Calderón, sicarios del cártel de La Familia Michoacana detonaron una granada en la Plaza Melchor Ocampo, sede del Palacio de Gobierno en la capital del estado, dejando ocho personas muertas y más de un centenar de heridas y heridos.

Ciudad Juárez, Chihuahua: Villas de Salvárcar

El 30 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 15 estudiantes de bachillerato que celebraban una fiesta de cumpleaños en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Todo indica que los jóvenes fueron confundidos con integrantes de una banda delincuencial. El propio Felipe Calderón declaró a la ligera que los estudiantes eran miembros de la delincuencia organizada, criminalizándolos sin pruebas que comprobaran sus dichos. 

Poco después, en una visita del entonces presidente a Chihuahua, una de las mamás de las víctimas lo increpó en plena conferencia de prensa asegurando que sus hijos, Marcos y José Luis Piña, de 16 y 19 años, eran estudiantes de excelencia y no unos delincuentes como aseguraba Calderón. 

Javier y Jorge: estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por militares

Javier Arredondo y Jorge Mercado fueron baleados por militares cuando salían del campus universitario, el 19 de marzo de 2010. Tras el asesinato de los jóvenes estudiantes, los militares robaron sus identificaciones y les sembraron armas en el sitio del crimen. El gobierno de Felipe Calderón acuso que ambos eran criminales e iban armados “hasta los dientes”.

Dicha versión oficial prevaleció a pesar de las investigaciones periodísticas que revelaban la mentira gubernamental, hasta que en 2019, el gobierno del presidente López Obrador ofreció disculpas públicas a los padres de ambos. 

Masacre de San Fernando, Tamaulipas

El 24 de agosto de 2010 fueron localizados 72 cuerpos de migrantes en un rancho abandonado de San Fernando, Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados y asesinadas, presuntamente por sicarios del cártel de Los Zetas. 

Según el informe judicial, los y las migrantes fueron secuestrados y llevados al rancho de San Fernando, donde los obligaron a trabajar para el crimen organizado o de lo contrario los asesinarían. Al negarse, les vendaron de ojos y manos y fueron ejecutados con disparos a la cabeza y la espalda. Uno de los únicos dos sobrevivientes fingió su muerte para después arrastrarse malherido hasta un retén del ejército en la carretera 101 del estado fronterizo, donde dio aviso del crimen perpetuado 24 horas antes. 

Casino Royale, Monterrey

Miembros de la delincuencia organizada rociaron con gasolina el Casino Royale, en Monterrey Nuevo Léon, el 25 de agosto de 2011, provocando la muerte de 52 personas que se encontraban en el interior. 

Según una base de datos del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, se presentaron más de 36 mil sucesos acreditadles del narcotráfico. 68 masacres en total a lo largo y ancho del país, pero principalmente en los estados del norte. 

Actualmente Felipe Calderón busca mantenerse activo en la vida pública de México. Primero intentó formar su propio partido, México Libre, junto con su esposa Margarita Zavala, hoy diputada federal electa por el distrito 10 de la Ciudad de México,  pero no reunió el apoyo popular suficiente para ello. 

Entre sus propuestas, aboga por eliminar las becas a estudiantes así como los apoyos a aquellos que no tienen empleo y terminaron sus estudios, mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para destinar esos recursos a replicar su estrategia de seguridad. Contrario a la estrategia actual, Calderón se ha dicho partidario de enfrentar al crimen organizado con armas, tal como hizo de 2006 a 2012, con resultados desastrosos para el país. 

“Métanle a seguridad lo que se merece. Los 150 mil millones de pesos que están tirando en los ‘ninis’ y los jóvenes estos, ‘Construyendo el Futuro’ (…) Esa lana debió de haberse ido para construir policías confiables y eficaces”, dijo el expresidente en una entrevista con Javier Risco  en agosto de 2019. 

En manos de la Suprema Corte, justicia para millones o gracia para cinco expresidentes

 NANCY FLORES / @NANCY_CONTRA

Durante la próxima votación sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la oportunidad histórica de generar un espacio de justicia para millones de mexicanos –en especial para aquellos que han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos o de sus seres queridos a manos de agentes del Estado o con aquiescencia de éstos–; o, por el contrario, beneficiar a los cinco presuntos criminales (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) que saquearon al país y ordenaron o permitieron atrocidades como Acteal, El Charco, San Salvador Atenco, Ayotzinapa, San Fernando…

Por ello esperemos que el sentido del voto de 10 ministros –el onceavo, Luis María Aguilar, ya reveló su inclinación por defender a los probables delincuentes de cuello blanco y criminales de lesa humanidad– se base no sólo en la interpretación de la Constitución –siempre manipulable desde el punto de vista de los intereses que realmente representan esos ministros y no necesariamente objetiva y apegada a derecho–, sino, sobre todo, de la imperiosa necesidad de la sociedad de acceder a la justicia.

En el caso de Luis María Aguilar, pues queda claro qué intereses representa desde su máximo encargo judicial luego de que presentara un proyecto contrario al sentir de las mayorías, argumentando que “defiende” los derechos humanos de todos los mexicanos. Pero su proyecto es, a todas luces, una interpretación a modo para salvaguardar, primero, a quien lo convirtió en uno de los ministros mejor pagados del mundo (Calderón Hinojosa) y, después, a la camarilla a la que pertenece (encabezada por Salinas de Gortari y que incluye a Peña Nieto).

No es fácil que la Corte deje atrás su vergonzoso pasado, que incluye decenas de resoluciones contrarias al interés general, pero es un momento crucial en la historia del país y los ministros están obligados a reconocerlo y actuar en consecuencia.

Al analizar la constitucionalidad de la consulta, los ministros deberán tener en cuenta los profundos e irreparables daños que ha sufrido la nación a manos de esos cinco expresidentes, en especial en los temas de violaciones graves a los derechos humanos y el saqueo rapaz del presupuesto público.

Los crímenes más atroces de Ernesto Zedillo

Entre los crímenes más atroces que deberán ponderar los ministros de la Corte antes de decidir su voto están los acontecidos en el gobierno de Zedillo:

La masacre de Aguas Blancas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la mañana del 28 de junio de 1995 algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez [Guerrero] con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; 14 heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca” [https://bit.ly/2S1njLb].

Para el 25 de febrero de 1996, indica la información de la CNDH, se difundió en un programa de televisión un video sin editar de esa operación en Aguas Blancas, “probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición”.

El 28 de junio de 1995, la CNDH emitió la recomendación 104/95, que acreditó que se violaron los derechos humanos de 17 personas pertenecientes a la OCSS, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. Por lo que recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policiacos y de seguridad pública del estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes.

“A la fecha, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las órdenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente de la República, Ernesto Zedillo: se presume que lo encubrió.”

Masacre de Acteal

La organización indígena Las Abejas expone que la escalada del conflicto entre el gobierno federal de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional provocó la masacre de Acteal: “el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas Abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; siete hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; cuatro niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes”.

La organización agrega que “las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano.

“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune” [https://bit.ly/3kSmqRt ].

Las Abejas denuncian que el Ejecutivo federal ordenó que en Chiapas se desplegara una estrategia contrainsurgente o “guerra de baja intensidad”, que incluyó el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades para hacer el “trabajo sucio”: ataques simulados como conflictos intra o inter comunitarios. Con base en información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas , la organización señala que “a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el Norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de ‘laboratorio de operaciones’ […]. Es a partir de 1996, debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a Los Altos”.

La masacre de El Charco

“En la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano rodearon la escuela primaria ‘Caritino Maldonado’, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Según los sobrevivientes, el Ejército federal rodeó el lugar e irrumpió disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y cinco heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban cinco menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes”, refiere un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos [https://bit.ly/3cyNFO1].

La Limeddh refiere que “al lugar de los hechos se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos hasta después de 2 días; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos”.

Agrega que el 11 de junio de ese mismo año fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero, Javier Lomelí, “no encontró elementos para procesarlos”. E indica que, posteriormente, ese funcionario “fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordenó la liberación de las 20 personas, incluyendo a cuatro menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel Hernández Alba, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares solicitó nuevamente 17 órdenes de reaprehensión, mismas que giró la jueza del Segundo Distrito de lo Penal, Xóchitl Guido Guzmán”.

Los otros crímenes

Otras grandes deudas del priísta Zedillo con los mexicanos tienen que ver con hecho presuntamente corruptos, como convertir en deuda pública las deudas privadas (como el rescate de los bancos con el Fobaproa, o de las carreteras con el FARAC) y continuar con el saqueo de los bienes públicos, como la privatización de los Ferrocarriles Nacionales. En próximas entregas repasaremos los crímenes de Fox, Calderón y Peña.

Juicio a expresidentes: ¿Qué sigue para la consulta popular ahora en la SCJN?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará a dar trámite a la propuesta para realizar una consulta pública para enjuiciar a cinco expresidentes mexicanos por corrupción.

Pese a que esta es la cuarta vez que la Corte tiene en sus manos el análisis de la constitucionalidad de una consulta popular, el asunto ha generado polémica porque se busca preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en enjuiciar a los últimos cinco expresidentes mexicanos por la desigualdad económica, la privatización de bienes nacionales, el supuesto fraude electoral de 2006, la guerra contra el narcotráfico y el financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2012.

El asunto fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales quien, según la Ley Federal de Consulta Popular, tiene 20 días naturales para analizar y resolver si la propuesta de consulta planteada es constitucional o no.

El ministro revisará que la pregunta planteada a la ciudadanía cumpla con los requisitos establecidos en la ley, realizará las modificaciones que estime conducentes a la pregunta del presidente y notificará al Senado, que fue quien envió la propuesta, su resolución.

Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, ésta se realizará y su resolución es inatacable.

Si avala la consulta, la pregunta propuesta por el presidente no podrá ser modificada por el Congreso y deberá ser turnada a la comisión de Gobernación del Senado, por ser éste a quien le fue planteada, y a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

Dicho dictamen debe ser aprobado por la mayoría de cada cámara del congreso, de lo contrario la consulta no podrá realizarse y se archivará como asunto total y definitivamente concluido.

Si el congreso aprueba la petición, expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto, misma que deberá notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Crímenes del pasado, el dilema del proceso de paz AMLO

Autor: Jorge Retana Yarto**

El gobierno de López Obrador parece apostar por una ley de amnistía cuando se refiere a su proceso de paz. Sin embargo, en la experiencia internacional (los casos de Sudáfrica y Argentina), el perdón ocurrió después de un proceso de justicia restaurativa, con comisiones de la verdad y reparación a las víctimas. En México, nada de eso se ha planteado.

El dilema del “perdón” que se discute en México respecto de múltiples crímenes del pasado –especialmente de las administraciones presidenciales de los 6 últimos sexenios–, históricamente y en la experiencia internacional se puede sintetizar como el enfoque de Nelson Mandela vs el gobierno de Raúl Alfonsín, en Argentina. Ambos procesos estuvieron marcados por dos grandes debacles: el primero, por el régimen del Apartheid (segregación racial); el segundo, por la dictadura militar argentina.

En este análisis, sin embargo, nos referimos a la vía distinta que siguieron al momento de decidir qué hacer frente a las crisis nacionales marcadas por la violencia generalizada, las masacres, los crímenes de Estado, la corrupción sin límites. Se trata de rutas opuestas para llegar a un mismo objetivo.

La “ruta Mandela”

En el caso de Nelson Mandela, una vez que venció en las primeras elecciones democráticas de la historia de Sudáfrica (abril de 1994) al primer ministro Frederik W De Klerk (que desarrolló la apertura y el acuerdo político con la mayoría negra, legalizó el Consejo Nacional Africano –CNA– cuyo líder fue Mandela, liberó de la prisión a éste, convocó a elecciones libres y desmanteló lo fundamental de la legislación del sistema de segregación racial), tuvo frente a sí como prioridades atender los desafíos de reestructurar la economía redistribuyendo los beneficios sociales, facilitando la construcción de viviendas, la prestación de servicios sanitarios y promoviendo la generación de empleo y el desarrollo educativo. Otro reto fundamental al que tuvo que enfrentarse fue el relacionado con las numerosas denuncias de violación de los derechos humanos y otras atrocidades llevadas a cabo y cometidas por anteriores regímenes racistas.

En un intento por esclarecer todos estos acontecimientos pasados sin polarizar aún más a la sociedad sudafricana, el gobierno aprobó en julio de 1995 la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ésta se integró por 17 miembros y presidida por el arzobispo Desmond Tutu, y promovió la unidad y la reconciliación nacional. Su objetivo fue examinar los 33 años del régimen segregacionista y las atrocidades por él cometidas, bajo el principio de la justicia restaurativa. La Comisión funcionó durante varios años con su tarea de realización de investigaciones, audiencias, castigo o perdón y adiciones a la Ley de Amnistía.

La Comisión (que realizó una investigación de crímenes no judicial, de la cual se han creado más de 30 en el mundo) se fundamentó previamente en la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, aprobada en 1995. El propio arzobispo Tutu estableció como lema de ésta: “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. Principio político fundamental. El espacio temporal de investigación de los crímenes ocurridos comprendió desde 1960 a 1994. La Ley y la Comisión se aprobaron en 1995.

Pero aquí tenemos lo más interesante: muchas de estas víctimas ofrecieron sus relatos en audiencias públicas. Los autores de los hechos violentos podían también confesar sus crímenes, y eran sus propias víctimas las que decidían si concederles la impunidad, dirían algunos, el perdón, dirían otros, o no. El tribunal formado ex profeso nunca funcionó como autoridad judicial, sino como intermediario de verdad entre víctimas y agresores.

Existen valoraciones muy diversas acerca del resultado de la Comisión. Sus detractores consideran que proporcionó impunidad a criminales confesos. Sus defensores argumentan que permitió el esclarecimiento de desapariciones y otros delitos que hubieran quedado en la oscuridad, y también facilitó que las víctimas recibieran indemnizaciones y reconocimiento por su sufrimiento; además, promovió la amnistía para los perpetradores bajo los principios antes señalados.

Una Ley de Amnistía nunca es funcional en sí misma, aunque tenga su propio valor como factor de reconciliación y de recomposición de la convivencia social: es un recurso del poder político para impulsar una vía de reestructuración de la vida nacional. También es un instrumento jurídico auxiliar que parte de una concepción general. Por eso, quien busca analizarla aisladamente, no comprende un proceso de pacificación, construcción de la paz y justicia transicional o restaurativa para la reconciliación nacional. Sesga y distorsiona el análisis.

Observadores sudafricanos e internacionales consideran que este proceso de búsqueda de la verdad para la reconciliación –relacionado con el concepto tradicional que los sudafricanos llaman Ubuntu, que es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre éstas– facilitó la transición política sudafricana. El Ubuntu fue la lealtad al proceso de transición y al de investigación para la justicia restaurativa y la reconciliación.

En cualquier caso, es indudable que se ha convertido en un modelo para posteriores organismos que han usado el nombre de Comisión para la Verdad y la Reconciliación (en distintos países que tratan de superar violencia, dictaduras militares o guerras civiles al cambiar la apuesta: sin derrotar adversarios por la vía armada, o sin exterminarlos).

Con ello se resignificó el rol de la verdad histórica y la construcción de una  memoria colectiva, lo que exigió desde su inicio una ardua y sostenida tarea de registro formal de las graves violaciones a los derechos humanos. Esa tarea se complementaría con las actividades públicas de la Comisión de la Verdad, tales como la celebración de las audiencias públicas y, especialmente, con la construcción de un archivo del pasado, en el que se registraron los crímenes constatados en la historia reciente del país, decisivo en términos de la memoria y para procesar la ulterior reconciliación.

Definitivamente, ir a un proceso político de perdón y olvido sin conocimiento constatado y memoria no es una buena idea, porque vacía de contenido la reconciliación y ésta se convierte en un fin en sí mismo, no en resultado de un proceso histórico de conocimiento de la verdad, justicia y paz. Esto lo debemos tener muy claro en México para no restar base social y abrir brechas de vulnerabilidad de los adversarios, en un proceso tan complejo que requiere claridad táctica y estratégica, y un cálculo pormenorizado para cada paso siguiente.

La “ruta Alfonsín”

El gobierno del abogado Raúl Alfonsín (1983-1989), defensor de los derechos humanos en la etapa de la dictadura militar argentina y miembro del Partido Unión Cívico Radical (UCR), debió enfrentar una doble tarea histórica desde una perspectiva ideológica cercana al centro-derecha:

A) Liderar, conducir y concretar la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares (llamados también “regímenes de excepción”), que en su acción represiva hacia las organizaciones de oposición llegaron a ejercitar el “terrorismo de Estado” y la guerra como medio para dirimir una disputa histórica con la Gran Bretaña por las Islas Farkland para los ingleses, Islas Malvinas, para los argentinos. En esta tarea tuvo como principal objetivo, reinaugurar la democracia y reivindicar los derechos humanos.

B) Atacar el problema de la violencia generalizada, protagonizada por los propios gobiernos militares, organizaciones de la izquierda armada, grupos paramilitares de extrema derecha (como la “Triple A”, Alianza Anticomunista Argentina) y opositores en general a la dictadura militar. Para tal efecto, a 5 días de ocupar el poder, el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó los decretos 157/83 y 158/83. Por medio del primero se creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), la cual ordenaba enjuiciar a dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo de tendencia trotskista)y Movimiento Peronista Montoneros (MPM). Por medio del segundo, se ordenaba procesar a las tres juntas militares, los crímenes cometidos por ellas. A los militares se les llevó a juicio en abril de 1985, lo cual significó un acto de enorme congruencia y valentía política.

Esta doble disposición legal y política fue denominada “la teoría de los dos demonios”, debido a que limitaba a la cúpula de dos grandes agrupamientos sociales armados contendientes la responsabilidad de la violencia política y explicaba la violencia de Estado como consecuencia de la violencia guerrillera, una grave limitación de concepción política originada en la ideología que la animaba. En cierta forma legitimaba así la doctrina de la seguridad nacional (la lucha de exterminio contra el “enemigo interno” de ideología comunista) que sustentaron las dictaduras militares de Suramérica durante la Guerra Fría, de la cual los militares argentinos fueron sus mejores exponentes.

En esa contienda, la violación-defensa de los derechos humanos era provocada por ambos polos sociales armados en igualdad de responsabilidades. El periodo investigado comprendió desde marzo de 1976 hasta 1983 (desde el golpe militar contra la presidenta Estela Martínez de Perón, hasta la promulgación de los decretos 157 y 158 de 1983).

El trabajo de recopilación de información duró 9 meses, y se reunieron en el propio escenario de los hechos las pruebas suficientes (luego fueron compiladas en un libro que cubrió el informe final de la CONADEP llamado Nunca más) para llevar a juicio a los miembros de la Junta Militar, lo que se produjo en abril de 1985.

Esa documentación, con los legajos correspondientes a personas desaparecidas (se documentaron 8 mil 961 casos y se consideró dicha relación “una lista abierta”), víctimas de ejecuciones sumarias y extrajudiciales y sobrevivientes, fue remitida a la justicia competente que, superados los obstáculos presentados por la justicia militar que debía instruir los sumarios y juzgar en primera instancia, efectuó el Juicio a las Juntas Militares y al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Casi al término de su mandato (5 de diciembre de 1986), el propio Raúl Alfonsín anunció un proyecto legal que emplazaba abruptamente a la presentación de denuncias ciudadanas por vulneración de los derechos humanos durante la dictadura militar. Fijaba un plazo de 30 días, tras el cual caducaría el derecho a reclamar justicia.

El proyecto fue bautizado como Ley de Punto Final –Ley 23.492– y era realmente una ley de amnistía que establecía el hecho de que “se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de octubre de 1983”. Un sector de opinión amplio consideró que sancionaba la impunidad de los militares penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas de varios miles de opositores.

La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados; meses después fue complementada con la Ley de Obediencia Debida (23.521), también dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba jurídica alguna en contrario) respecto de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo cual no serían ya punibles. Siguió un periodo intenso de discusión política, movilizaciones sociales, etcétera, pero finalmente la ley predominó.

La contraposición

Sin desconocer las grandes diferencias entre los procesos de verdad, justicia y reconciliación entre Sudáfrica y Argentina, especialmente la causalidad de la violencia generalizada, los crímenes de lesa humanidad, la naturaleza de la disputa por el poder, y la ausencia del macro factor del crimen trasnacional organizado, la disyuntiva que se presenta es cómo castigar los crímenes de Estado en su acepción más amplia: las violaciones masivas a los derechos humanos, sobre lo cual, en un país y otro se opta por investigar, construir una verdad desde la sociedad agraviada, castigar y luego perdonar (en el caso sudafricano conforme a los testimonios presentados por las víctimas en audiencias públicas, en Argentina con una “comisión de ciudadanos notables” y luego el perdón (la amnistía) como decisión de Estado, el llamado “punto final”.

En México, nuevamente en forma errónea, se ha empezado a hablar de una eventual figura legal relacionada con la decisión política del “Punto Final”, pero el paralelismo es totalmente equivocado, salvo en cuanto a que se trataría de una “amnistía como decisión de Estado”.

Pero en este caso sería inaplicable como similitud, porque tanto en Sudáfrica como en Argentina se procesó la verdad, la justicia a las víctimas y luego se procedió  al instrumento legal para la reconciliación.

Aquí, sin embargo, se habla de un “punto final” sin que haya habido “punto inicial”, de partida, es decir, ni comisión de la verdad para los actos de criminalidad contra las finanzas del Estado y en contra de la legalidad constitucional (corrupción y represión masiva, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales). No aplica el concepto ni el paralelismo, ni la similitud, porque se extrapolan conceptualizaciones sin que haya sustancia de por medio, lo cual conlleva desconocimiento de los procesos a los que se alude de alguna manera habidos en otras partes del mundo.

Tendríamos que empezar por el estudio a fondo de los mismos y luego contrastarlos con la realidad nacional, con nuestras necesidades de un proceso de naturaleza similar, pero desde nuestras realidades, sin extrapolaciones vacías.

Ni el perdón sudafricano ni el punto final argentino aplican en México porque son resultado de un proceso de justicia restaurativa, no el principio de un proceso que no ha iniciado. En pocas palabras no podemos querer empezar por el final.

Jorge Retana Yarto*

*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

[ANÁLISIS SOCIAL]

Temblorina ante la cárcel de expresidentes y muchos más saqueadores de riquezas en México

Pedro Echeverría V.

1. El presidente López Obrador no le tiene miedo a los asesinos porque, como dice: “el pueblo lo protege”; pero sí se cuida de la lengua viperina de cientos de periodistas, articulistas, comentaristas, “intelectuales” que lo rodean buscando apabullarlo con sus comentarios calumniosos. Yo desde el internet puedo ver y escuchar a decenas de estos tipos (agrupados alrededor de los periódicos Milenio y el Universal) del más bajo nivel porque carecen de ideas de análisis; por otro lado “intelectuales” que se agrupan con el comentarista Zuckermann o con el grupo de periodistas de Televisa. Existen además otros equipos bien pagados por los empresarios televisivos.

2. Por ello los jóvenes conocidos como de las “redes sociales” -que llevan años haciendo campañas alrededor de López Obrador sin recibir ningún pago (Campechaneando, los Chapucero, el Quesadillas, el Juca, Sin censura)- bautizaron a todos los periodistas y dueños de medios, como “Chayoteros” muy bien pagados por el gobierno y los empresarios. Estos jóvenes de las redes buscan representar un nuevo periodismo, sobre todo en estos tiempos en que el gobierno de López Obrador ha prometido quitar a esos medios los multimillonarios subsidios y a los periodistas y articulistas los “chayotes” que recibían en cheques o en enormes regalos.

3. Dice el presidente López Obrador que no quisiera meterse con los (MIL) grandes corruptos del pasado encarcelándolos, para no “entretenerse”; que sólo debe impedir la corrupción del presente y del futuro. Nadie lo va a entretener; sólo debe ordenar que los cinco famosos expresidentes –sobre quienes pesan mil un acusaciones- se les coloquen tras las rejas mientras se acumulan más acusaciones. Si eso no lo ordena AMLO dejará gangrenado todo el cuerpo territorial y no podrá crecer una yerba sana. Cualquier paso que dé sobre sobre tierra movediza tenderá a desplomarse sobre un piso lleno de estiércol, estará condenado a no librarse de la gusanera.

4. El presidente repite que en los caballos vale más paso que dure y no trote que canse. Lo que sucede es que en la tardanza está el peligro. Los que tenemos para comer todos los días podemos esperar meses, años y décadas; pero puta, las familias que mueren de hambre a diario por falta de alimentación o las que son asesinadas por robarse un pan para comer, no pueden esperar más semanas si lo han hecho durante décadas y generaciones. Si los lópezobradoristas no aprovechan esta coyuntura de apoyo que está a la alta, y esperamos que los empresarios, los medios de información, la derecha conservadora, se recuperen, entonces seremos traidores.

5. ¡Qué gran riqueza de informes y argumentos se ven y escuchan en las “conferencias diarias mañaneras” de AMLO! Desafortunadamente dicen, los que a diario están atentos, que nada sucede para extirpar a los culpables de negocios multimillonarios para que no vuelva a repetirse. Deberían estar tras las rejas unos 500 distinguidos políticos y empresarios (esos de cuello blanco), pero no; hay 19 mil presos de origen pobre y miserable sin atender, mismos que por decreto deberían ser liberados. Decía en otro artículo: Si AMLO mete a la cárcel a los expresidentes miles de ratas van a salir de su agujero buscando como locos donde guarecerse y suplicando “perdón”.

6. Nosotros durante muchas décadas fuimos (incluso hoy) oposición radical de izquierda contra los explotadores y opresores; contra los multimillonarios que acumulaban riquezas producto del trabajo. Hoy la llamada oposición es absolutamente diferente: crítica y se opone a López Obrador por algunas reformas que hace contra el neoliberalismo de los explotadores. Nosotros somos anticapitalistas; la llamada oposición de hoy integrada por el PRI, PAN, MC, PRD, quiere que continúe la bárbara corrupción para que sigan recibiendo grandes tajadas de dinero y realizando los grandes negocios a que estaban acostumbrados. No son oposición son HP. (21/II/19)

http://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com

A consulta, acción penal contra ex presidentes por corrupción: AMLO

Basta de simulación ante la impunidad, plantea

Los mandatarios en turno tenían que haber estado informados sobre robos a Pemex, señala

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en Palacio Nacional.

En el combate a la corrupción y la impunidad no habrá omisiones, se castigará a quien incurra en esas faltas durante el presente gobierno, y en cuanto a los ex presidentes la decisión se someterá a la ciudadanía mediante consulta popular, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al bromear, en la celebración del Día de los Inocentes, sorprendió a los reporteros que acuden a sus conferencias de prensa matutinas porque –dijo– desde ahora se celebraría una cada semana, los miércoles, y ante el murmullo de desaprobación, agregó divertido, que se trataba de una jugarreta.

En el simbólico Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, espacio que ha sido escenario de un sinnúmero de hechos históricos, el mandatario expuso que su administración impulsa una nueva etapa, una ruptura con la vieja política; se trata, éste, de un nuevo régimen; basta de simulación e hipocresía en el combate a la corrupción y la impunidad. Soy partidario del punto final y de que veamos hacia adelante. Iniciemos una etapa nueva.

La noticia en torno al robo, equivalente a 60 mil millones de pesos anuales, de hidrocarburos, continuó presente en el discurso presidencial. Al señalar que las investigaciones de las actividades de los ex directores de Pemex se mantendrán, acusó con detalle que en los probables ilícitos de algunos de esos funcionarios, los presidentes de la República en turno tenían que haber estado informados, y acusó la connivencia de los medios de ­comunicación:

“En el caso de los ex presidentes, hasta les puedo repetir la pregunta, empezando por arriba. Es que, si no, sigue la simulación, con todo respeto; o sea, es nota nada más y se callan cuando se trata de los machuchones.

“¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía. Para qué echar la culpa nada más al de obras públicas.

“Hay quienes dicen: ‘El señor ­presidente, el señor gobernador, se ve que tiene buenas intenciones. Se ve que es una persona recta, que quiere ayudar, pero sus funcionarios no le ayudan, no le apoyan’. ¡Falso! Si el gobierno funciona mal es porque no está bien de arriba para abajo.

“Entonces, ya basta con eso. Vamos a cambiar a esos niveles. Cómo un presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un secretario, de lo que está haciendo un director general.

Y qué, ¿vamos a seguirles el juego de estar sólo exhibiendo, supuestamente castigando, combatiendo la corrupción con chivos expiatorios, que es lo que se ha hecho en todo el periodo neoliberal? Siempre y de manera pronunciada en el periodo neoliberal, puros chivos expiatorios y se han dedicado a saquear. Desde arriba la corrupción en nuestro país era parte del sistema. El gobierno funcionaba a partir de la corrupción. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Era su función principal facilitar el saqueo.

Dijo que espera la reforma al artículo 35 de la Constitución, para aplicar la consulta popular y preguntar a los ciudadanos si desean que se inicien procedimientos legales por corrupción contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Vamos a ver qué opina la gente, qué nos dicen cuando tengamos la reforma al artículo 35, y la pregunta es: ‘¿Quieres que se abran expedientes contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por corrupción cometida durante el periodo neoliberal, que originaron la crisis de México?’ o ‘¿Estás de acuerdo, como sostiene el actual Presidente, que se ponga punto final y que iniciemos una etapa nueva sin corrupción y sin impunidad?, ¿sí o no?’ Algo así.

Voy a defender el punto de que veamos hacia adelante. Voy a defender el punto y a dar mis argumentos de por qué no debemos empantanarnos en esas denuncias. Además, tengo autoridad moral, porque cuando fui opositor presenté denuncias contra todos ellos, como dicen los abogados, en tiempo y forma; claro que se fueron al archivo, a la congeladora, pero las presenté.

Foto : Luis Castillo

Roberto Garduño 

Periódico La Jornada

¿Y si juzgamos a los expresidentes? López Obrador ya deshoja la margarita

vice.com

VICE NOTICIAS|por Linaloe R. Flores|

Los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fotos: Cuartoscuro.com / Fotocomposición por Vice.

Artículo publicado por VICE México.

Primero en campaña y luego en entrevistas previas a su toma de posesión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció consultar a los ciudadanos si deben ser juzgados los expresidentes que propiciaron catástrofes económicas o tragedias sociales. El sondeo preguntaría sobre Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Con datos oficiales y hemerográficos, fuentes testimoniales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), VICE reconstruye los episodios que marcaron a México bajo las administraciones de esos cinco expresidentes que ocuparon el poder en los últimos 30 años. En ese lapso, como un acuerdo histórico, la impunidad fue uno de los hilos conductores de la política mexicana, sin importar los colores partidistas en el gobierno.

Sólo un dato histórico: en 1982 se integró el juicio político en la Constitución, pero hasta ahora ha tenido como único receptor a Jorge Díaz Serrano, quien en 1983 fue despojado del fuero por el entonces presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) y la mayoría priista en el Congreso de la Unión, para procesarlo por desvío de fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entidad que dirigió de 1976 a 1981.

A veces, el pasado no encuentra olvido y se vuelve carga, o trauma. Aquí una pequeña mirada a ciertos pasajes de México que dejaron en la memoria preguntas como ¿por qué? o ¿quién o quiénes? sin que jamás llegaran las respuestas. Ahora hay una oportunidad histórica para saber y juzgar.

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Juegos de guerra: el misterioso búnker que Felipe Calderón montó en el sótano de Los Pinos.

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I

El error de diciembre

Posible juicio: Carlos Salinas y Ernesto Zedillo

Nadie discrepa que 1994 fue el año de los horrores: ese año ocurrieron un levantamiento armado en Chiapas, dos asesinatos de políticos y una debacle financiera que le dio al traste a los sueños de los estudiantes, hundió a los pequeños y medianos empresarios, llevó a muchas familias a conocer lo que es el hambre y ocasionó varios suicidios, sin que hasta ahora se conozca el número.

A mediados de su gobierno, Salinas de Gortari abrió las puertas para que las tesorerías de las principales empresas estadounidenses ingresaran a los mercados mexicanos a través de tesobonos. Son títulos de crédito que pueden ser negociados. Los de esa época primero estuvieron denominados en pesos, garantizados por el gobierno mexicano, y después se habrían de convertir en dólares. Eran una bomba de tiempo para México, pero un negocio redondo para los inversionistas. Eran, como se dijo después, algunos de los alfileres con los que estaba sostenida la economía mexicana.

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), un acuerdo comercial que Salinas había promovido como la puerta de México al primer mundo. Fue la misma fecha en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra al Estado mexicano. ¿Y cuál primer mundo? La insurgencia puso en el debate público la desigualdad entre regiones y el sometimiento histórico de los indígenas. Había en el país una gran revuelta social, pero en realidad, con las reservas no ocurrieron cambios notables.

Pero el 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana y, entonces, las reservas extranjeras de México, que eran de 28 mil 300 millones de dólares, cayeron a 17 mil 300 millones para finales de abril. Luego, en diciembre, se fueron otros 4 mil millones. El monto de las obligaciones con los tesobonos era de 32 mil millones de dólares. Era urgente hacer algo.

Una versión de los hechos señala que la madrugada del 19 de diciembre, ya con Zedillo en el poder, se reunieron en secreto, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representantes de los sectores obrero (ahí estaba Fidel Velázquez Sánchez, dirigente de la CTM), patronal (ahí estaba Luis Germán Cárcoba, presidente del Consejo Coordinador Empresarial) y gubernamental (ahí estaban Herminio Blanco, secretario de Comercio, y Santiago Oñate, secretario del Trabajo, además de Miguel Mancera Aguayo, director del Banco de México). A todos los convocó con urgencia el entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche.

En esas horas oscuras, ese comité decidió devaluar el peso y México pagó con un precio muy caro su trasnochada determinación. En los meses sucesivos, se perdieron miles de millones de dólares y el país sólo pudo hacer frente a la crisis financiera gracias al paquete de rescate de más de 50 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos centrales a través del Banco de Pagos Internacionales.

Han pasado 24 años de la tragedia y ni Salinas ni Zedillo han aceptado responsabilidad. En el libro La responsabilidad del error de diciembre, Salinas sostiene que las 72 horas transcurridas entre el 19 y 21 de diciembre fueron cruciales y los hombres del poder no tenían una posición clara. Zedillo ha sostenido que la administración salinista dejó la economía con grandes distorsiones (como esa esperanza de ingresar al primer mundo) y prendida de alfileres.

(Fuentes: asistentes anónimos a la reunión en que el peso fue devaluado)

II

Fobaproa

Posible juicio: Ernesto Zedillo

Después de la crisis de diciembre de 1994, el presidente Zedillo anunció la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que el gobierno se proponía rescatar el ahorro de los mexicanos en los bancos. En 1995, el mandatario argumentó que la quiebra de los bancos haría imposible el acceso a los créditos y los ahorradores no podrían disponer de sus depósitos. El objetivo era evitar el colapso de la infraestructura productiva.

Tres años después, el discurso había cambiado. Y la dirección del rescate, también. Mediante la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Fobaproa fue convertido en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ( IPAB) y, entonces, las pérdidas económicas de los bancos privados se convirtieron en deuda pública.

Esta decisión gubernamental ocasionó pasivos de hasta 552 mil millones de dólares por concepto de cartera vencida que el gobierno canjeó por pagarés ante el Banco de México. El monto equivalía a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna. ¿Por qué? En 1998, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el de Acción Nacional (PAN) revelaron que en el Fobaproa se encontraron unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecieron sin garantías y 600 se llevaron más del 55 por ciento del fondo.

Es decir, el Fobaproa no ayudó a los ahorradores; sino que impulsó fortunas rápidas, formadas por la cesión de empresas públicas a intereses privados.

Ernesto Zedillo concluyó el sexenio sin dar una explicación sobre las historias de corrupción enmarañadas en el Fobaproa-IPAB. A la fecha, la deuda del Fobaproa-IPAB es de más de 1 billón de pesos (actualizado a agosto de este año), una sexta parte del Presupuesto de Egresos sugerido por el presidente para 2019, que es de 5.8 billones de pesos.

(Fuentes: ASF, PRD y PAN)

III

“Guerra contra el narcotráfico”

Posible juicio: Felipe Calderón

Tenía 10 días como presidente de México cuando el presidente Calderón ordenó el Operativo Conjunto Michoacán, que con el transcurso de los meses se extendió a Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Así se inició un periodo de México que algunos especialistas en seguridad nacional coinciden en llamar “Guerra contra el narcotráfico”.

El presidente informó que se debilitaría el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Eso no ocurrió. En cambio, las cifras de homicidio doloso (con violencia) subieron año con año, siendo 2011 su peor registro, con 22 mil 409, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P (con violencia)l Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional ia. Me da un total de lones de hortaje de Russia Today que tambieública (SESNSP). Al tiempo, al primer mandatario se le acumularon denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército. Otros miles de mexicanos se esfumaron de sus hogares, los centros de trabajo, las calles, la vida. Como truculento acto de magia, estaban ahí y en dos segundos, ya no.

Si sólo se habla de muertos, Felipe Calderón concluyó su sexenio con 103 mil ejecutados, según el SESNSP. Pero las cosas no pararon en ese número equivalente al saldo del reciente conflicto en Afganistán, según la ONU. El priísta Enrique Peña Nieto continuó con la misma estrategia. En octubre de 2018, cuando estaba a punto de entregar el mandato, las cifras oficiales contaban 125 mil muertes violentas, un aumento de 22 mil con respecto al gobierno anterior.

(Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

IV

Las concesiones mineras

Posible juicio: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

En 1992, el presidente Salinas modificó el artículo 27 constitucional para convertir al ejido de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias era la Ley Minera, que fue modificada para que la exploración, explotación y transformación de los minerales pudiera quedar en manos de particulares.

Desde entonces, los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto concesionaron una extensión equivalente a la mitad del territorio a mineras extranjeras y nacionales. Esto ocasionó daños irreversibles en comunidades rurales, sobre todo en los pueblos indígenas.

Lo anterior se desprende de datos oficiales contenidos el Estudio de la minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación y la expedición de títulos de concesión minera de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

Zedillo dio nueve mil 990 títulos de concesión, lo que significó poco más de un millón de hectáreas concedidas. Al iniciarse los gobiernos de la alternancia política con Vicente Fox, fueron concedidas más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil 774 títulos. 2005 fue el mejor año para la industria que se expandía en México, pues dos mil 904 títulos fueron autorizados, lo que implicó la concesión de poco más de seis millones de hectáreas.

Los datos más antiguos de la Dirección General de Minas son de 2006, el último año que gobernó Fox. A partir de ahí, permiten ver que Calderón dio 12 mil 274 títulos de concesión.

Durante el sexenio de Peña Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, la Secretaría de Economía otorgó tres mil 190 concesiones mineras a empresas o prestanombres con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca, revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM).

En el peñismo, 2013 fue el año con más concesiones: mil 52, y esto coincide con el máximo histórico alcanzado en Inversión Extranjera Minera por 5 mil 565 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).

(Fuentes: SIAM en la Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación)

V

El país más corrupto de América Latina

Posible juicio: Enrique Peña Nieto

De la lista de 266 compromisos que Peña Nieto firmó ante Notario Público durante la campaña en 2012, el primero fue la creación de una comisión nacional anticorrupción. Luego, cuando ganó la elección, escribió en el diario Reforma un ensayo sobre el combate a ese cáncer que tituló “El comienzo del cambio”. Además de la conformación del órgano especializado, propuso la fortificación de la Transparencia en los tres niveles de gobierno.

Ese era el Peña Nieto de 2012. Pero en 2018 concluyó su gobierno mientras México se colocó en el primer sitio del Barómetro Global de la corrupción como el país más corrupto de América Latina. Los escándalos de corrupción se acumularon y el gobierno tenía 12 millones 406 mil expedientes bajo reserva ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el mayor número desde 2004.

Los planes de Peña Nieto se difuminaron. La comisión anticorrupción estaba planeada para sustituir a la Secretaría de la Función Pública. Sería un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En noviembre de 2012, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó las iniciativas que darían pie a su conformación, pero no fue hasta el 13 de diciembre de 2013 que el Senado de la República aprobó la enmienda. Ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y ahí se atoró para jamás destrabarse.

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Herencia de fuego: AMLO recibe un sistema de salud en “terapia intensiva”.

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Debido a ello, durante los primeros 26 meses de gobierno peñista, la SFP se mantuvo sin secretario. En ese tramo del sexenio, el primer mandatario no mostraba estar preocupado por el tema. En su Segundo Informe, en septiembre de 2014, apenas mencionó la palabra “corrupción” una vez y la noche del 19 de agosto, en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, se aventó una de sus frases más memorable: “Sobre la corrupción hay un tema cultural, lamentablemente”.

Pero llegó noviembre del mismo año y una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias reveló que Peña Nieto poseía una mansión en la colonia Lomas de Chapultepec, obtenida mediante un crédito con una tasa de interés más baja que en el mercado, otorgado por un contratista millonario de su propio gobierno, Juan Armando Hinojosa Cantú. Se le quedó el mote de “Casa Blanca”. Los escándalos vinieron en cascada. El presidente también tenía otra casa otorgada por la familia San Román. Además, como fichas de dominó, cayeron los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte y Quintana Roo, Roberto Borge.

Así, en 2016, con un cúmulo de escándalos en sus espaldas y presionado por organizaciones civiles, el gobierno de Peña Nieto inició una nueva etapa en la historia de la lucha en contra de la corrupción con la promulgación de las leyes para fundamentar el Sistema Nacional Anticorrupción, que sepultó a la comisión que había planteado al principio. Pero se trataba de un edificio legal tan alto que ni los activistas que lo impulsaron, ni los mismos protagonistas, ni el propio presidente creyeron que fuera a estar listo antes de las elecciones presidenciales de julio de 2018.

El plazo para que empezara a operar el sistema vencía el 18 de julio; de modo que arrancó con esqueleto, pero sin pies, ni extremidades, ni cabeza. Faltó el nombramiento de la pieza estelar: el fiscal anticorrupción. En consecuencia, Peña Nieto entregó su administración sin instancias para combatir la corrupción.

(Fuentes: datos hemerográficos, ONG Yo contra la Corrupción)

Linaloe R. Flores en Twitter: @Linaloe_RF

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Avalan subcomisión para solicitudes de juicio político

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la integración de la subcomisión de examen previo, instancia encargada de revisar las solicitudes de juicio político contra funcionarios públicos.

La 63 Legislatura dejó sin revisar más de 250 expedientes de solicitudes de juicio político debido a que archivó los casos para no analizarlos. No revisar los expedientes es práctica común en la Cámara de Diputados y de esa forma las acusaciones prescriben.

La 61 Legislatura (2012-2015) acumuló 364 expedientes y los trasladó a la 62 Legislatura (2015-2018), que tampoco entró al fondo de cada caso.

En su reunión del primero de marzo de 2017, la subcomisión de examen previo desechó 109 expedientes porque habían prescrito.

Luego, el 22 de marzo, desechó 58 expedientes; 49 de éstos por considerar que no estaban relacionados con funcionarios públicos que pueden ser sujetos de juicio político, y nueve por fallecimiento de los acusados.

En total, dejó sin atender 197 expedientes a marzo del año pasado. No obstante, continuó la presentación de solicitudes de juicio político y el cálculo de la cámara es que se han acumulado 250.

La subcomisión está integrada por 13 legisladores, entre éstos las presidentas de las comisiones de Gobernación y de Justicia, diputadas Rocío Barrera Badillo (Morena) y María del Pilar Ortega (PAN), respectivamente.

Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Videgaray, “en la línea del juicio político”: Reyes Orona

Redacción Revolución

La salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda, fue una “operación bumerán”. Además, colocó deuda sin avisar al Congreso, lo que lo coloca “en la línea del juicio político, pues conculcó la Constitución, así como las leyes de Responsabilidad Hacendaria y de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, aseguró para Proceso el ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona.

“Así como recibió una economía con cifras fantásticas y fantasiosas, Videgaray le entrega a José Antonio Meade un país con cifras fantásticas y fantasiosas”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que también el equipo de la Secretaría, es en parte responsable de la crisis por la que atraviesa el país mismo que “le fue impuesto por el propio Meade”.

Por otro lado, sobre la más que criticada visita de Donald Trump, explicó “Cuando Videgaray ve la remota posibilidad de que gane Trump en los comicios de noviembre y ante la revisión anual de la renegociación de líneas bilaterales que hace la Reserva Federal de Estados Unidos en enero para analizar si hiciste bien las cosas, su dictamen ayuda a que los bancos extranjeros te reestructuren o prorroguen las tasas de interés”.

“Cuando ve que la deuda pública está a punto de hacer crisis, es cuando dice: ‘Hay que tender lazos con Trump por si llegara a ganar’…, con los desastrosos resultados que ya todos conocemos.”, refirió para el citado medio.

Insistió que Videgary renunció porque “sabía que frente al escándalo de Trump el paquete financiero no iba a pasar en el Congreso. Eso explica también las renuncias de Núñez al SAT y la de Fernando Aportela como subsecretario de Hacienda”.

Además, señaló que “el problema de la deuda pública que se tiene proyectada para 2017 —50.2 % del Producto Interno Bruto— “empezó a crecer de manera exorbitante cuando la recaudación se les vino al suelo… Para no decir que no hay recaudación y que tienen un problema muy severo, comienzan a inventar mecanismos de endeudamiento que se encuentran muy por encima de lo razonable”.

En 2013, dijo después de 10 años, “el gobierno rebasó el techo de financiamiento interno fijado por el Congreso”. Y reparó “eso no había ocurrido desde Porfirio Díaz. Ahora no sólo lo rebasaron, sino que, a toro pasado, a finales de 2013 tuvieron el descaro de pedirle al Congreso que se los avalara”.

Consideró también que si el ahora exfuncionario mentía sobre los ingresos de lo recaudado y esto fue sistemático, “el extitular de la Secretaría de Hacienda debe ser sometido a juicio político, lo que podría inhabilitarlo”.

Piden respeto a Derechos Humanos de alcaldesa Felicitas Muñiz, sujeta a juicio político

   En Guerrero

Habitantes del municipio de Mártir de Cuilapan arribaron al Congreso del estado de Guerrero para solicitar que el juicio político al que fue sujeta la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez se resuelva en apego a un marco constitucional de Derechos Humanos.

Ayer por la tarde ciudadanos, hombres y mujeres de las 17 poblaciones de ese municipio, con cabecera en Apango, entre las que se encuentra Analco, Ahuxotitlan, San Marcos, Zotoltitlan y San Juan Totolcintla exigieron que el juicio solicitado en mayo pasado por la oposición sea con respeto al Estado de derecho.

La alcaldesa, militante de Movimiento Ciudadano, fue demandada por ocho ediles que la acusan de mal manejo de recursos y por lo cual piden su destitución. Sin embargo simpatizantes aseguran que ella es víctima de violencia política y que su destitución será para colocar a un hombre en su lugar.

Luego de que el 7 de agosto un grupo de personas prendieron fuego a la camioneta de la alcaldesa, pobladores acudieron al Congreso local para exigir que se aplique el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres que elaboraron las autoridades electorales para atender este tipo de casos.

En la manifestación, los pobladores también pidieron la intervención del Gobierno del estado para que ponga atención en el conflicto que ha generado actos de violencia dentro de las comunidades como bloqueo y cierre de carreteras.

Anahí Nava Muñiz, representante del contingente de apoyo a la presidenta municipal, responsabilizó al síndico municipal, Benito Sánchez Ayala de encabezar actos vandálicos, es decir, saqueos, y amenazas a los trabajadores del ayuntamiento.

Explicó que son acciones que suceden desde hace tres meses y que últimamente se han recrudecido. Nava Muñiz, reiteró que el ex alcalde Crisóforo Nava Barrios –quien estuvo preso por el delito despojo– así como la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edelmira del Moral Miranda, son responsables de lo anterior, mencionado así como de suspensión de obras públicas y de abuso de poder.

Unos quinientos pobladores que portaban cartulinas con consignas de apoyo a Felícitas Muñiz Gómez estuvieron a las afueras del Palacio Legislativo para luego reunirse en una mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo, la diputada, Angélica Alcaraz Sosa, y el diputado, Ricardo Mejía Berdeja.

En la reunión los pobladores comprometieron al Poder Legislativo a revisar todas pruebas y que se analicen con forme a derecho para que se pueda aplicar la ley.

Felícitas Muñiz Gómez | Foto retomada del sitio sintesisdeguerrero.com.mx

Por: Scarlett Arias

Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.-