El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la
integración de la subcomisión de examen previo, instancia encargada de
revisar las solicitudes de juicio político contra funcionarios públicos.
La 63 Legislatura dejó sin revisar más de 250 expedientes de
solicitudes de juicio político debido a que archivó los casos para no
analizarlos. No revisar los expedientes es práctica común en la Cámara
de Diputados y de esa forma las acusaciones prescriben.
La 61 Legislatura (2012-2015) acumuló 364 expedientes y los trasladó a
la 62 Legislatura (2015-2018), que tampoco entró al fondo de cada caso.
En su reunión del primero de marzo de 2017, la subcomisión de examen previo desechó 109 expedientes porque habían prescrito.
Luego, el 22 de marzo, desechó 58 expedientes; 49 de éstos por
considerar que no estaban relacionados con funcionarios públicos que
pueden ser sujetos de juicio político, y nueve por fallecimiento de los
acusados.
En total, dejó sin atender 197 expedientes a marzo del año pasado. No
obstante, continuó la presentación de solicitudes de juicio político y
el cálculo de la cámara es que se han acumulado 250.
La subcomisión está integrada por 13 legisladores, entre éstos las
presidentas de las comisiones de Gobernación y de Justicia, diputadas
Rocío Barrera Badillo (Morena) y María del Pilar Ortega (PAN),
respectivamente.
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
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