Meses después las expectativas empezaron a derrumbarse, entre otras razones por la demora en la aprobación de las llamadas reformas estructurales y la permanencia de la inseguridad. El 27 de agosto, apenas nueve meses después de la toma de posesión, Proceso informó en su portal que Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, destacó en una conferencia que de mantenerse la tendencia de 13 mil 775 homicidios dolosos entre diciembre de 2012 y julio de 2013 –como publicó el semanario bajacaliforniano Zeta–, Peña Nieto “culminaría su gestión con 124 mil 975 muertos, lo que representa un incremento de 49.3% respecto de la herencia de Calderón…” (Proceso 1922).
El pronóstico de López Portillo se quedó corto: al último día de octubre de este 2018 la cifra alcanzaba los 144 mil 568 homicidios dolosos; es decir, casi 20 mil muertos más de los que señaló y casi 24 mil más de los 120 mil 935 del sexenio de Felipe Calderón. Como fue muy evidente, tras un ligero declive en las cifras en los primeros dos años, el repunte se disparó hasta establecer máximos históricos en 2017, con 31 mil 174 y una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, y seguramente superarlo en este 2018.
Las expectativas tampoco se cumplieron en el ámbito de la creación de empleos, pues si bien –como presumió el mismo presidente Peña Nieto, apenas el miércoles 14– en el presente sexenio se generaron más de 4 millones, cifra sin precedentes, fueron de mala calidad. 
Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que 41% de la población recibía en el cuarto trimestre de 2017 un ingreso laboral inferior al costo de una canasta alimentaria. Otra evidencia de esto es que del tercer al cuarto trimestre del año pasado el número de empleos de más de dos salarios mínimos disminuyó en 859 mil 914. En contrapartida, el de menos de dos salarios mínimos se incrementó en 1 millón 103 mil 683 personas; es decir, decrecen las plazas mejor pagadas y crecen las de menores remuneraciones.
Los publicitados impactos positivos de la reforma energética tampoco se cumplieron, aunque en este caso el pueblo ya los había descontado. Para respaldarla, la propaganda oficial hablaba de disminución en los precios de los energéticos y de un incremento en el crecimiento económico como consecuencia de la inversión que generaría. 
El 1 de agosto de 2014, ocho meses después de la aprobación de la reforma, una encuesta del periódico Reforma señaló que 40% de los entrevistados la calificaban como mala y muy mala contra 34% que la consideraba como buena y muy buena; pero todavía más significativo es que 61% consideraba que los precios de los combustibles aumentarían por la misma reforma y únicamente 22% pensaba que disminuirían (Proceso 1971). 
No se equivocaron: de diciembre de 2012 a la fecha la gasolina Magna aumentó 85% y la Premium, 89%; en el mismo periodo la inflación fue de apenas 25.91%; es decir, los precios de las gasolinas subieron tres veces y medio más que los precios en general.
Las llamadas reformas estructurales de Peña tampoco lograron disparar el crecimiento económico, pues durante su sexenio el promedio anual de aumento del Producto Interno Bruto fue de apenas 2.1%, que sólo supera el 0.3% de Miguel de la Madrid y es muy similar al 2.2% que lograron Vicente Fox y Felipe Calderón, de acuerdo con la información publicada en El Financiero en abril del año pasado.
El recuento de expectativas fallidas y promesas no cumplidas es largo y cobró un muy alto precio tanto al presidente como a los partidos que respaldaron su programa y firmaron su Pacto hace seis años. 
La encuesta de Latinobarómetro, que aplica anualmente en 18 países latinoamericanos, muestra claramente la evolución de la aprobación presidencial de 2013 a la fecha: en la primera medición el gobierno de Peña Nieto obtuvo 46% de respuestas aprobatorias, lo que lo colocaba en el octavo lugar de la tabla; el porcentaje decreció a 35 en 2015; a 25 en 2016; a 20 en 2017, y sólo 18% a mediados de este año, lo que lo colocó en el décimo séptimo lugar, únicamente por encima del gobierno brasileño y muy por debajo del 53% de aprobación que obtuvo el gobierno de Costa Rica, que ocupó el primer sitio.
Pero la desaprobación de la forma de gobernar de Peña Nieto también se manifestó en las urnas el pasado 1 de julio, pues los tres partidos que firmaron el Pacto el 2 de diciembre de 2012 perdieron en conjunto más de 38 puntos porcentuales de sus preferencias electorales. 
El PRI, que en las elecciones de diputados de julio de 2012 obtuvo 33.6% de los votos, lo que lo colocó como la primera minoría, se derrumbó y obtuvo 17.51% en los comicios pasados, colocándose como la tercera fuerza; el PAN, que hace seis años logró 27.3% y se colocó como segunda fuerza, si bien conservó su posición, sólo obtuvo 18.97 de los votos, mientras el PRD redujo su fuerza electoral a casi una cuarta parte de la que logró hace seis años, al pasar de 19.4% a 5.57% y cayó de la tercera a la cuarta fuerza.
En contrapartida, Morena, cuya primera participación electoral fue en 2015, cosechó prácticamente el porcentaje de votos que perdieron esas tres fuerzas, pues logró 39.43% de los sufragios emitidos.
Peña Nieto y su Pacto por México colapsaron en seis años; transitaron del “Momento Mexicano” –y ocupar la portada de la revista estadunidense Time del 24 de febrero de 2014 con el título “Salvando a México”– a la masiva desaprobación popular de su gobierno, la contundente derrota electoral del pasado 1 de julio y la herencia de corrupción, inseguridad y violación de derechos humanos.
Este análisis se publicó el 25 de noviembre de 2018 en la edición 2195 de la revista Proceso.