Pedro Miguel
En los primeros cinco días del nuevo gobierno el país ha cambiado mucho más de lo que sus negadores (
ya verán: será lo mismo de siempre) estarían dispuestos a conceder. En realidad, los cambios empezaron desde antes, acaso desde el 3 de julio. Ya no hay más insultantes pensiones y subvenciones de que gozaban los ex presidentes y se acabó con el detestable Cisen y se puso fin a la guardia pretoriana llamada Estado Mayor Presidencial y se terminó el guarurismo en el ámbito del Ejecutivo federal. Desde el primer día del nuevo gobierno se abrió al pueblo la ex residencia presidencial de Los Pinos, una acción que va mucho más allá de la demolición simbólica del reducto por excelencia de la Presidencia despótica y llega hasta la entrega a la sociedad de un espacio físico y concreto que fue por décadas la expresión de un poder hierático, misterioso y temible, y que en el tramo neoliberal acabó convertido en bastión de la vulgaridad ostentosa.
La ceremonia en San Lázaro fue, entre muchas otras cosas, la primera
sanción en contra de un ex mandatario. Habría podido ser cualquier otro,
pero a Enrique Peña Nieto le cupo en desgracia acudir en representación
de esa caterva de individuos que han ejercido la jefatura del Estado
sin merecerla y que la han puesto al servicio de sus amigos, socios y
parientes, sin preocuparse en lo más mínimo por la suerte de los
gobernados, y le tocó recibir en cadena nacional el escarnio y la
reconvención por todo el daño que su partido, el PRIAN, causó
al país. Si en algún momento de su toma de posesión López Obrador
encarnó los sentimientos de la nación, fue cuando reprochó a su
antecesor –y por su conducto, a los ex presidentes anteriores– el que
hubieran entronizado
la más inmunda corrupción política y privaday el que convirtieran la corrupción
en la principal función del poder político.
El tercer vértice del triángulo simbólico fue el Zócalo capitalino,
donde, por primera vez en la historia, el Presidente recibió la
investidura de los pueblos indígenas en un contexto de relevancia
nacional e institucional. El hecho de que algunos ex mandatarios hayan
recibido en el pasado bastones de mando en recorridos como candidatos o
ya en funciones, o el que la ceremonia del sábado pasado no obedezca a
un patrón étnico determinado, no le quita un ápice a la importancia del
ritual como signo y promesa de inclusión plena y como símbolo de respeto
a los pueblos originarios.
Si alguien dudaba del propósito presidencial de trasladarse como
cualquier otro ciudadano, al día siguiente el nuevo mandatario tomó un
vuelo comercial para viajar a Veracruz, donde acompañó al gobernador
Cuitláhuac García, quien –otro signo de la Cuarta Transformación– hizo
de la atención a los familiares de desaparecidos su primera instrucción
de gobierno.
El lunes pasado López Obrador decretó la creación de la Comisión de
la Verdad para esclarecer la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de
septiembre de 2014, en lo que constituye la primera expresión de
voluntad política de la Presidencia para esclarecer lo ocurrido aquella
noche trágica, dar con el paradero de los 43 desaparecidos y poner fin a
la simulación de justicia. Ese mismo día el palacete volante que servía
de avión presidencial fue enviado a California, donde será puesto en
venta.
En materia del combate a la delincuencia, el miércoles pasado la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la procuraduría
federal la primera denuncia por lavado de dinero en contra de
integrantes de la delincuencia organizada, y el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que ya han sido
desplegados 50 mil efectivos de la que será la Guardia Nacional (35 mil
policías militares, 8 mil policías navales y 7 mil policías federales)
para atender regiones particularmente azotadas por la delincuencia,
especialmente en Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Puebla.
El estreno de la Cuarta Transformación en la capital de la República,
con la asunción de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, estuvo
marcado por dos hechos de inmediata satisfacción para la ciudadanía: la
desaparición del cuerpo de granaderos –una demanda que se remonta a
1968– y la abolición de las corruptas y tramposas fotomultas y su
sustitución por un mecanismo de control más transparente y propositivo,
no basado en sanciones económicas sino en una disminución de puntaje
para vehículos y conductores y en trabajo comunitario como sanción.
Ayer se aprobó la reforma constitucional que permite convertir en
delitos graves la corrupción, el robo y tráfico de combustibles y los
delitos electorales. Y muchas cosas se quedan fuera del recuento.
De septiembre a la fecha el país ha cambiado mucho más de lo que los negadores (
ya verán: va a ser lo mismo de siempre) estarían dispuestos a conceder; bueno, en realidad, algunos de ellos no están dispuestos a reconocer ningún aspecto positivo de Morena en el poder y no hay razón para sufrir por ello.
Twitter: @navegaciones
No hay comentarios.:
Publicar un comentario