Cambio de Michoacán
El pasado 23 de
noviembre, sorpresivamente, la Secretaría de Hacienda anunció la
eliminación del subsidio fiscal al Impuesto Especial sobre Productos y
Servicios, IEPS, a las gasolinas Magna y Premium, liberando más aún los
precios de esos insumos indispensables para el transporte de personas y
mercancías. Según una nota de El Financiero (26 nov. 2018), el
retiro de ese estímulo a los combustibles impactará con una mayor
volatilidad en los precios que representará, en el caso de la Magna, con
un incremento de 4.59 pesos por litro al cierre del 2018, y en el de la
Premium en 3.88 pesos por litro. Como ya se sabe, los incrementos en
estos productos no son considerados inflacionarios por la Secretaría de
Hacienda, ni ante ellos muestra el temor, pánico, que tiene al
incremento de los salarios reales.
¿Por qué eliminar ese estímulo
fiscal o subsidio justo a una semana de que Enrique Peña Nieto deje la
Presidencia? Son recursos fiscales que éste ya no administrará; que en
todo caso mejorarán los ingresos del próximo gobierno a cargo de Andrés
Manuel López Obrador; pero también un factor realmente generador de
inflación, de presiones sobre el costo del transporte y de descontento
entre la población en general.
Otro más: también a pocos días
del cambio en la presidencia de la República, el gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles anuncia unilateralmente que traslada a la Federación
la responsabilidad total de la educación básica y normal hasta ahora a
cargo de ese Estado. Simplemente se deshace, por incapacidad financiera,
del pago de la nómina del magisterio adscrito a Michoacán y revierte el
proceso de descentralización educativa iniciado hace alrededor de
veinte años. No lo hizo en los pasados tres años, a pesar de la
excelente relación de la que siempre se jactó tener con el gobierno de
Peña Nieto; lo viene a hacer ahora, cuando está a punto López Obrador de
asumir el máximo cargo de gobierno en el país.
Por su parte,
los doce gobernadores del Partido Acción Nacional levantaron la voz y se
expresaron a través de una carta dirigida al Presidente electo en la
que se oponen a la designación de los llamados superdelegados, los
nuevos funcionarios de la Federación que administrarán en cada Estado de
la República los recursos federales, y también a la anunciada
estrategia de seguridad que, afirman, los excluye y los deja como
convidados de piedra.
También en esta coyuntura de transición,
la Bolsa Mexicana de Valores registró una drástica caída de 4.2 por
ciento el lunes 26 de noviembre, mientras el dólar se apreciaba rozando
los 21 pesos por unidad. Las empresas del mercado accionario más
afectadas fueron Banorte, las cadenas de tiendas Liverpool y Soriana y
el Banco del Bajío; es decir, no sólo los bancos registraron pérdidas.
La baja del peso se atribuyó —además de la tendencia mundial al
fortalecimiento del dólar y la expectativa de un alza en las tasas de
interés por la Reserva Federal estadounidense— al cierre y
militarización de la frontera por nuestro gran aliado y amigo Donald
Trump, a cuyo yerno y consejero Jared Kuchner consideran el presidente
Peña y su canciller Luis Videgaray que hay que galardonar con la Orden
del Águila Azteca por sus servicios a la nación mexicana. Sin embargo,
no faltaron comentaristas que atribuyeron el descenso bursátil a la
iniciativa anunciada por el Partido del Trabajo en la Cámara de
Diputados para desaparecer las afores y transferir al Estado el manejo
de los fondos de pensiones.
La Bolsa y el peso mexicano no
tardaron en iniciar una rápida recuperación este miércoles; pero sus
tropiezos quisieron cargarse, como hace unas semanas con el atrevimiento
de Ricardo Monreal en el Senado de proponer la regulación de las
comisiones bancarias, a las iniciativas del bloque parlamentario
Morena-PT y al mismo López Obrador.
Los hechos referidos dan
cuenta de que, finalmente, la transición del gobierno peñista al de
López Obrador terminó por no ser tan tersa y aterciopelada como se había
considerado y festejado. Desde la propia administración del priista,
desde el PAN con su nuevo presidente Marko Cortés, desde el gobierno de
Michoacán y desde el sector financiero aparecieron en los últimos días
presiones diversas que plantean desafíos al próximo gobierno
lopezobradorista. Los gobernantes panistas creo que tienen razón en
hacer reclamos por un plan de Paz y Seguridad que no contempla a los
Estados, sus gobernadores, fiscales y policías y se centra sólo en la
anunciada Guardia Nacional militarizada; pero no hay motivo para la
inconformidad en el hecho de que funcionarios federales designados por
el Presidente administren los recursos que corresponden a la Federación.
En todo caso habrá que esperar a ver la eficacia de esa nueva pauta
administrativa, ciertamente centralizadora.
Al gobernante
michoacano le ha dado respuesta pública el futuro superdelegado en la
entidad, quien apuntó que antes de transferir la educación básica y
normal a su cargo a la administración federal, deberá rendir cuentas del
gasto educativo mediante auditoriías tanto a la SEE como al fondo de
Pensiones Civiles del Estado, donde se encuentran las cotizaciones de
los maestros y trabajadores de Educación en el Estado. Veremos en qué
para este asunto y si López Obrador sabe batear el picheo del de
Carácuaro.
Frente a las recurrentes caídas de la Bolsa y las
presiones devaluatorias contra el peso, el presidente electo y su futuro
secretario de Hacienda Carlos Urzúa han tenido que salir a hacer
declaraciones públicas para dar seguridad y garantías al capital
especulativo que opera en nuestro país. Tales garantías no pueden ser
otras que el ofrecimiento de no modificar el marco regulatorio del
sistema financiero y mantener los elevados niveles de ganancia que los
mercados de dinero y de valores arrojan a quienes participan en ellos o
los administran. Pero aquí han entrado en contradicción con las
fracciones de Morena en el Senado y del PT en la Cámara de Diputados,
que enarbolan demandas de amplio consenso social pero que afectan al
capital bancario, dueño de medio país y el principal factor de presión
desde hace varias décadas sobre los gobiernos que ha tenido el país. Si
las reformas legislativas propuestas se pusieran a consulta, es seguro
que obtendrían una elevada tasa de aprobación, pero hasta ahora, el
presidente electo parece no querer tocar a ese sector del capital —ni a
ningún otro— y permitir que sigan las ganancias especulativas y abusos
contra los cuentahabientes y usuarios de la banca en general.
López obrador ha optado, ante los ataques de las cadenas televisoras,
por negociar con los capos de la televisión e incorporarlos como
“asesores” en un equipo peculiar integrado sólo por magnates con los
que, anunció, discutirá la política económica a seguir por su gobierno.
Dejó atrás la política de “ida y vuelta” en materia de libertar de
expresión que anunció frente a las criticas de Proceso unas
semanas antes, y su capacidad política e institucional para revirar
tales campañas, por usar una expresión de su deporte favorito.
Pero no deja de extrañar que, hasta ahora, ni Morena y sus legisladores
ni el equipo de transición hayan hecho declaración alguna en relación
con el alza de las gasolinas. ¿Es acaso que necesitan esos recursos
fiscales para ajustar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
2019, dados los compromisos de campaña y poselectorales asumidos hasta
ahora por López Obrador en programas sociales y proyectos
“prioritarios”? ¿Es un pacto con el gobierno saliente? ¿Es parte del
pacto negociado de estabilidad a cambio de “perdón” presidencial de
López Obrador a su antecesor y a sus colaboradores, del que habla el
perredista Carlos Navarrete?
No todo en este proceso si generis
de transición sexenal está claro. Los retrocesos en materia de
seguridad pública, fuerzas armadas, pactos con la oligarquía —antes
“Mafia del Poder”— y precios de las gasolinas parecen indicar que, a
pesar de la gran legitimidad que le dan 30 millones de votos y un
porcentaje de respaldo ciudadano sin precedentes desde que inició la mal
llamada transición democrática, podríamos estar ante el
escenario de un gobierno acotado por los factores reales de poder a los
que ya antes he hecho referencia. Creo que nos corresponde a los
ciudadanos evitarlo e impulsar las iniciativas más avanzadas por las que
el pasado 1 de julio se votó.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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