Los menores en México han vivido en total desprotección, desde la llamada guerra contra el narcotráfico: más de 6 mil 300 menores desaparecidos, 20 millones en condiciones de pobreza y 281 mil detenciones de niños migrantes
Más de 6 mil 300 niños y niñas han
desaparecido en México. El 73.9 por ciento del total de las
desapariciones ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El
desdén de la administración federal que recién concluyó, ante los
menores de edad del país, se resume en un dato: nunca se le asignó
presupuesto a un sistema de protección integral de la niñez que se creó
en 2014.
Por tercera ocasión, el Estado mexicano
reprueba el Examen Periódico Universal (EPU) en materia de protección a
la infancia y las juventudes. Las cifras evidencian el abandono
gubernamental para este sector de la población: más de 6 mil 300 menores
se encuentran desaparecidos; más de 20 millones en la pobreza, y se
realizaron 281 mil detenciones de niños migrantes no acompañados.
Organizaciones de la Sociedad Civil
(OCS) se han encargado de documentar y exponer ante la Organización de
las Naciones Unidas la grave crisis de violación a los derechos humanos
que afecta a esta población en el país, una población mayor a los 39
millones, a través del Informe Colaborativo Examen Periódico Universal, México 2018.
Mónica Yerena, de enlace institucional
de la organización Educando en los Derechos y la Solidaridad (Educadys),
en entrevista con Contralínea comenta que las recomendaciones
van enfocadas a la exigencia de que el Estado garantice un efectivo
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (Sipinna) –creado en 2014 con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, sistema al que no se le ha
asignado presupuesto público desde ese año.
Entre las recomendaciones hechas por las
organizaciones se encuentra la de “diseñar una política pública en
materia de protección que incorpore la perspectiva de derechos de la
niñez. Además, “a lo largo de los siguientes 4 años, incorporar la
perspectiva de derechos de las juventudes en el diseño e implementación
de las políticas públicas, particularmente, en materia laboral y de
acceso a la justicia en violaciones graves a los derechos humanos”.
Esta situación, también ha provocado que
países miembros de la ONU emitan 34 recomendaciones a la administración
saliente de Enrique Peña Nieto, como el Reino Unido que solicitó:
“Tomar medidas para garantizar que los niños estén completamente
protegidos contra los castigos corporales y otras formas de violencia o
explotación”. Argelia: “Asegurar una mejor protección de los niños y
adolescentes contra la violencia relacionada con el crimen organizado”.
Filipinas: “Reforzar las medidas para proteger y brindar asistencia a
las víctimas de la trata de personas”.
Carlos Ventura Callejas, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en entrevista con Contralínea
explica que en el EPU los Estados parte tienen la posibilidad de hacer
recomendaciones al Estado revisado sobre situaciones “preocupantes” y
emitir recomendaciones para mejorar la situación de los derechos
humanos. “Es un mecanismo de la sociedad civil organizada pero, en
general, es para que toda la población pueda usarlo como un mecanismo
internacional de exigibilidad de los derechos, y dar a conocer a la
comunidad internacional los retos que tenemos como país”.
Pobreza, desaparición y homicidios
De acuerdo a la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), 2015, en México habitan 39.2 millones de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17, que representan el 32.8 por ciento de la
población total en ese año (119 millones 530 mil 753 de personas).
En tanto, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018,
indica que la pobreza es uno de los problemas sociales más preocupantes.
“Una de las razones por las cuales la atención a la pobreza infantil es
prioritaria es porque existe un mayor número de probabilidad de que se
vuelva permanente y sus consecuencias negativas e irreversibles en la
niñez”. Según el organismo, más de 20.7 millones de menores viven en
hogares que experimentan algún nivel de pobreza.
La defensora de derechos Humanos Mónica
Yerena agrega que en México, ocho de cada 10 hogares indígenas se
encuentran en pobreza. “¿Cómo se posibilita que un país pueda garantizar
una vida y un desarrollo adecuado para la población?”, cuestiona.
Yerena indica que entre los puntos más
preocupantes expuestos es el vivido en los últimos 2 sexenios y que ha
incrementado las cifras en desapariciones: “esta lógica de enfrentar un
conflicto a través de la llamada guerra contra el narcotráfico”.
En el contexto de las recomendaciones a
México, en el marco del EPU, Argelia solicita al gobierno mexicano:
“garantizar el acceso efectivo de todos los niños a la educación, en
particular los niños migrantes e indígenas, y tomar medidas eficaces
para combatir su exclusión del sistema educativo”.
Desapariciones, en aumento
Natalia lleva más de 2 semanas
desaparecida. Se ha emitido la Alerta Amber a nivel nacional. Ella es
una niña de 11 años que desapareció en la alcaldía de Gustavo A Madero,
en la Ciudad de México. Fue vista por última vez el 7 de noviembre de
2018, “sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se
considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez
que puede ser víctima de la comisión de un delito”, dice el reporte
AAMX1070, del mecanismo de búsqueda.
Al respecto, el Registro Nacional de
Personas Extraviadas o Desaparecidas registra 6 mil 330 menores de edad
desaparecidos en el país, de las cuales 3 mil 675 son niñas y
adolescentes. El informe colaborativo de las organizaciones, presentado
para el EPU indica que el 73.9 por ciento de las desapariciones de
infancia y adolescencia han ocurrido durante el mandato de Enrique Peña
Nieto, “pues desde el 1 de diciembre de 2012 han desaparecido 4 mil 677
menores de edad”.
En tanto, en materia de homicidios, la
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documenta que a la
violencia en México ha provocado que diariamente desaparezcan cuatro
niños y/o adolescentes mexicanos. En su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México, agrega que, otros tres son asesinatos ocurren diariamente.
“La epidemia de niñez desaparecida, el
crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras
desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente
gobierno”, menciona el documento (Contralínea 578).
Tenemos que remover obstáculos para
acceder a la justicia, la reparación, la atención de las víctimas y
combatir la impunidad, dice Ventura Callejas, quien añade que “el cómo”
es una de las grandes interrogantes que tienen las organizaciones, “dado
que está en ciernes imaginar o concretizar un mecanismo efectivo para
revertir la situación de crisis de derechos humanos. Se ha hablado de
iniciar un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo
cual nos está colocando en un escenario de mucho trabajo directo con las
víctimas.
“No hay una persona en México que
alcance a entender la dimensión de la crisis con solamente pensar en las
cifras que nos arrojan los registros, subregistros; se debe pensar en
todas las personas que no denuncian por miedo”, dice el defensor del
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En el contexto del EPU, Suiza recomendó a
México: “Tomar medidas para garantizar que los niños estén totalmente
protegidos contra el castigo corporal y otras formas de violencia o
explotación”.
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México
se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en
general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el
Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas
y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea
todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los
escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Sistema vacío
El informe colaborativo también emite
una serie de recomendaciones al Estado, respecto de la Ley creada para
la protección de los menores, y para que se lleve a cabo el
fortalecimiento Sipinna, a modo de que sean respetado este sector de la
población:
“Asignar presupuesto progresivo a las
diferentes estancias que conforman el Sipinna, niños y adolescentes, a
nivel estatal y federal…
“Cumplir con la distribución de
competencias asignadas en la Ley al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, a nivel municipal y estatal, referidas a
proteger los derechos de la niñez, cuando estos son restringidos o
vulnerados…
“Aumentar el conocimiento sobre la
perspectiva de derechos de la niñez entre los actores sociales y los
servidores públicos que conforman el Sipinna, en el nivel municipal,
estatal y federal…
“Incentivar la participación de la
sociedad civil y del Sipinna, a nivel federal, estatal y municipal, en
la definición, instrumentación y evaluación de las políticas públicas
destinadas a garantizar los derechos de la niñez, mediante la asignación
de presupuesto y la creación de mecanismos trasversales y permanentes”.
Retos para el próximo gobierno
Mónica Yerena comenta que ante la
llegada de una nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López
Obrador, en materia de derechos humanos uno de los primeros pasos que se
tienen que dar es reconocer el estado en el que nos encontramos.
Aceptar: “Nos encontramos en un contexto estructural de crisis profunda y
necesitamos pasos profundos. Reconocer el lugar en el que han estado
las personas que han enfrentado estas situaciones graves”.
Un segundo elemento que han compartido
entre organizaciones, en el marco de lo que ha sido el EPU, “es esta
falta de voluntad política, a pesar de tener un marco normativo, no
tenemos una realidad que sea acorde con él.
“Cada cambio de gobierno es una
oportunidad para repensar las estrategias, el enfoque, la forma en cómo
la política pública se instrumenta, pero si se reconoce que el problema
es un problema estructural de fondo, donde hay causas que no han sido
atendidas, es ahí donde podría estar la clave entre tener un cambio real
y no simplemente de nombres [de partidos políticos], colores y/o,
nomenclaturas”, añade la defensora de los derechos de la infancia.
Érika Ramírez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario