La
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente
(ENAPEA) es una política pública considerada de alta prioridad que fue
presentada en el mes de febrero de 2015 por el Ejecutivo federal
mexicano.
Su objetivo principal es la reducción del 50 por ciento del número de
embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y la erradicación del
embarazo en niñas de 10 a 14 años al 2030.
El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) ha dado
seguimiento desde el año 2016 a la instalación de los Grupos Estatales
para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) de Chiapas,
Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. Hemos documentado los
procesos de los grupos estatales para la construcción de un plan de
trabajo o estrategia estatal y cuáles han sido sus principales
dificultades, aprendizajes y buenas prácticas.
Los propios ejes de la ENAPEA: interinstitucionalidad,
intersectoralidad, transversalidad y, sobre todo, la convergencia de
recursos ―ante la ausencia total de un presupuesto específico― han
significado retos importantes en las entidades para las instituciones
ante una escasa cultura de colaboración entre ellas.
Frente a la transición gubernamental, y ante una necesaria revisión
de esta política pública, ha habido pronunciamientos y llamados por
parte de la sociedad civil, a favor de la continuidad de la ENAPEA por
la relevancia del problema que atiende y por lo urgente que es tener
avances en esa materia. Sin embargo, también hay una demanda de revisar y
mejorar la implementación de esta política en los estados,
principalmente por la sociedad civil participante en los GEPEA.
A partir de los hallazgos que tenemos en el OMM, desde el monitoreo
de 2016 y de la participación y acompañamiento que realizamos en 2017 y
2018 a los GEPEA de Chiapas y Oaxaca, consideramos que la ENAPEA debe
tener continuidad pero atendiendo la experiencia y aprendizajes de los
grupos estatales, quienes han asumido los retos de la operatividad de
una política que sólo resulta consistente y adecuada en el papel.
En Chiapas, por ejemplo, la participación de las instituciones
mandatadas por la ENAPEA es inexistente. Es decir, no participan en el
GEPEA ni la contraparte estatal del Instituto Nacional de las Mujeres,
denominada Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
(SEDEM), ni la contraparte estatal del Consejo Nacional de Población,
denominada Consejo Estatal de Población (COESPO) de Chiapas, cuyo
titular es quien también encabeza el Instituto de Población y Ciudades
Rurales. Ambas instancias tienen el mandato de desempeñarse, una como
Secretaria Ejecutiva (SEDEM) y la segunda como Secretaria Operativa
(COESPO Chiapas).
Los avances de los GEPEA son desiguales, mientras que Chiapas aún no
cuenta con su plan de trabajo, coexisten GEPEA como el de Oaxaca que
avanza de manera participativa y coordinada, que ha sorteado, sin
desarticularse, los cambios de gobierno estatal y la alternancia de
partidos. Por lo tanto, a tres años del arranque de la ENAPEA, con
grupos estatales sin plan de trabajo, sin metas ni indicadores, no hay
condiciones para poder evaluar sus resultados a nivel estatal.
Desde el OMM recomendamos impulsar los GEPEA en estados donde se
requiere una adecuación de los programas e intervenciones para las y los
adolescentes del medio indígena. La ENAPEA tiene pocos enunciados al
respecto y deja la tarea de construcción de estrategias diferenciadas
para segmentos de población específicos a los grupos estatales. El
segmento de población indígena adolescente no es menor, como nos
muestran los datos demográficos más recientes de la Encuesta Intercensal
2015.
La pirámide de población indígena, con datos de la citada encuesta,
nos indica que es mayoritariamente joven: 58.3 por ciento es menor de 30
años, cinco puntos porcentuales por encima de la población no indígena.
Este escenario se repite en Chiapas, donde la edad promedio de la
población total es de 23 años y 36.1 por ciento de los 5 millones 217
mil 908 habitantes se autoadscribe como indígena. De ese 36.1 por ciento
población contabilizada como indígena, 48.6 por ciento se encuentra
entre los 10 y los 19 años, es decir, cerca de la mitad de la población
indígena de Chiapas está en el rango que la OMS caracteriza como
adolescencia
Para la prevención de embarazos en adolescentes indígenas, ya sea en
el área rural, en sus asentamientos históricos o en contextos urbanos o
semiurbanos de migración, proponemos una serie de criterios de
pertinencia cultural que pueden orientar las estrategias y acciones que
se emprendan con este fin.
• Contar con acciones diferenciadas para población
adolescente unida y no unida, así como para población adolescente
escolarizada y no escolarizada. Estas variables implican una diferencia
tanto en la información que reciben las y los adolescentes como en el
medio en el que se les hace llegar. La experiencia en campo nos dice que
la población no unida y no escolarizada es la que menos recibe
consejería anticonceptiva en las regiones indígenas.
• Identificar las lenguas y sus variantes, así como las
características sociolingüísticas de la población objetivo para adecuar
lingüísticamente las intervenciones.
• Identificar, investigar y analizar las desigualdades de
género y otras barreras que encontramos en los contextos indígenas. Es
necesario y deseable que quienes implementan las acciones y estrategias
destinadas a la prevención de embarazo en adolescentes que se
desarrollan en contextos indígenas tengan un adecuado conocimiento de
las barreras y limitantes que pueden encontrarse y establecer por
anticipado las posibles maneras de mitigarlas o reducirlas.
*Ana María Gómez Serna es investigadora asociada al Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM).
**Hilda Eugenia Argüello Avendaño es Secretaria técnica del OMM.
OMM es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de
organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
CimacFoto: César Martínez López
Por: Ana María Gómez Serna* e Hilda Eugenia Argüello Avendaño*
Cimacnoticias | Ciudad de México
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