¿Se vale todo con la información?

Por Juan Becerra Acosta

Uno de los principales retos del siglo XXI es el de tener una sociedad bien informada y, ante el enorme abanico de opciones a través del cual es posible recibir información, éste reto, por más paradójico que pudiera parecer, se complica al punto de que la tergiversación, el análisis sesgado de los hechos, las mentiras y la difamación tienen tal impacto que ocupan la mayor parte de la discusión pública cuando lo que tendría que estar en el análisis es el debate entre hechos reales y la distintas posturas que alrededor suyo existan. Dentro de este análisis, el periodismo y su ejercicio deben ocupar un lugar preponderante, la ética de quien informa, de quien publica, y el compromiso de dar a conocer la verdad, siempre deben ir hacia el interés colectivo y, primordialmente, el bien público. La vehemencia por ganar la nota, algo a lo que ningún comunicador está –por naturaleza- exento, no debe llevar a que la libertad de expresión esté al margen de los derechos fundamentales de las personas.

Ejemplo de lo anterior es lo que sucede con la intimidad de las personas, su vida privada, la del Presidente de la República y su familia, o un legislador, la de un gobernador, actor, o la de cualquier otra persona, no es material para publicarse, a menos de que tenga efectos nocivos en la sociedad. De igual manera, el duelo y el derecho al dolor deben de ser respetados, el no hacerlo implica un abuso a la libertad de expresión.

Sin duda el interés general prima sobre el particular, el periodista debe tener muy claras las consecuencias que derivarán de sus publicaciones, por ello, sin dejar de investigar, se debe plantear cuáles son los tiempos adecuados para darlas a conocer pues, por ejemplo, resulta por demás delicado el que se haga pública información relacionada con una investigación judicial en curso si ello puede entorpecer el curso de la justicia, como acaba de suceder hace un par de días con la filtración del informe sin testar con la que se dio a conocer a la opinión pública, y a detalle, la manera en la que presuntamente habrían sido asesinados los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa.

Lo anterior no es asunto menor, si bien la labor del periodista es dar a conocer a la sociedad la información que es de su interés para que a través de ella ejerza su derecho a estar bien informada, y en base a ello tome sus decisiones, dar a conocer datos que falten al dolor de los familiares de los jóvenes desaparecidos, y que puedan complicar el proceso judicial, atenta contra la dignidad y los derechos de las víctimas y sus familias -quienes ya conocían el contenido del informe-, y puede conducir a la impunidad e injusticia.

Es muy distinto filtrar evidencia de crímenes de lesa humanidad desconocidos por la opinión pública, por lo tanto no investigados, como hizo Julián Assange, que publicar, como sucedió este fin de semana, información sensible sobre la investigación en curso de un crimen de lesa humanidad, y con ello comprometer la investigación misma. La libertad de expresión no está por encima de los derechos fundamentales, reconocerlo y conducirse de acuerdo a ello es parte fundamental de la labor de un periodista. Ganar la nota pisoteando derechos nos lleva , a todos, a perder.