En entrevista para Cimac radio, Andrea Larios (quien forma parte de la organización Fundar) explicó que el PEFE 2023 también incluye una disminución presupuestal en las siguientes áreas respecto a este 2022:
- Salud materna y reproductiva, con un recorte del 4.3 por ciento.
- Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, que tendrá un recorte del 4.5 por ciento.
Por el contrario, apunta que hay aumentos apenas perceptibles en las siguientes políticas:
- Programa de apoyo a refugios, cuyo aumento es del 0.6 por ciento.
- Programa para promover la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, con un aumento del 0.5 por ciento.
Como la economista Carmen Ponce Meléndez platicó a Cimacnoticias anteriormente, la mayoría del presupuesto está dirigido a los programas sociales prioritarios para la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el programa de becas Benito Juárez y la pensión para adultos mayores. Tal como muestran las cifras ofrecidas por Larios, los programas de prevención de la violencia de género están muy abajo en la lista de prioridades encabezada por dichos programas.
Y es que estas políticas públicas no tienen como eje la prevención de violencia sino la erradicación de ciertas desigualdades sociales, las cuales, sin embargo, tampoco son abordadas con perspectiva de género de acuerdo con Andrea Larios y Carmen Ponce.
Programas feminizados, no feministas
El presupuesto asignado para problemas de género está signado en el PEFE en el famoso anexo 13. Este anexo está incluido en el presupuesto federal anual desde 2008 y, de acuerdo con Andrea Larios, se rige bajo tres ejes: la prevención de la violencia de género, la procuración de igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de las diferentes formas de discriminación contra la mujer.
Los programas sociales que ocupan la mayor parte del presupuesto en el PEFE 2023 estarían enfocados específicamente en procurar la igualdad —sobre todo, la igualdad económica— entre hombres y mujeres, así como en erradicar ciertos tipos de discriminación. No obstante, de acuerdo con el análisis de Carmen Ponce, aún con este enfoque, las políticas de asistencia del gobierno obradorista tienen un alcance limitado.
Como ejemplo, la especialista en economía cita el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde, afirma, el 70 por ciento de los beneficiarios son mujeres. Esto lo convierte en un programa feminizado que, sin embargo —apunta Ponce Meléndez— no está diseñado a partir de una perspectiva de género.
Dicha perspectiva tendría que enfocarse en aspectos como la brecha salarial, las pocas oportunidades de las mujeres para continuar sus estudios cuando sus familias viven en situación de pobreza y la forma desigual en la que el desempleo golpea a hombres y mujeres, sobre todo después de la pandemia de Covid-19.
En este sentido, y tomando en cuenta lo explicado por Andrea Larios, lo presupuestado en materia de igualdad de género para 2023 no tiene un impacto real en los objetivos planteados para el anexo 13. Pero esto no es algo reciente: el aumento de las diferentes formas de violencia contra la mujer en México en los últimos años pone en duda la efectividad de lo invertido en este anexo desde su creación en 2008.
La organización Fundar, de donde Andrea Larios forma parte, espera poder participar en la discusión sobre la corrección y aprobación del PEFE 2023. Mientras tanto, todo parece apuntar a que se seguirá invirtiendo en programas sociales para “parchar las desigualdades” —en palabras de Ponce Meléndez— y no en acciones para prevenirlas y erradicarlas de raíz.
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