Escrito por La Redacción
Foto: Pexels Autoría: Alexander Nadrilyanski
Ciudad de México.-En el marco de la celebración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a las autoridades penitenciarias federales, estatales y militar, a las de salud, del Instituto Nacional de las Mujeres y de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, así como de las Comisiones de Atención a Víctimas y sus análogas en los estados, a garantizar a las mujeres en reclusión el acceso efectivo y oportuno a métodos anti fecundativos, de emergencia, y en su caso, a la interrupción de su embarazo a partir del marco normativo que cada entidad del país les admite como causales de exclusión para acceder al aborto legal y seguro.
La CNDH llama a observar especialmente los casos de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, de violencia sexual en pareja, del retiro secreto de preservativos por parte de sus parejas sexuales, conocido como stealthing, y en el contexto de actos de tortura durante su detención, traslado, presentación o permanencia ante una instancia o autoridad, centro penitenciario o durante su estancia en dichos establecimientos.
En ese mismo sentido, la Comisión Nacional aprovecha la ocasión para emitir el pronunciamiento Sobre la Garantía de Acceso a Métodos Anti Fecundativos Regulares, de Emergencia y a la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo a las Mujeres Privadas de su Libertad, prioritariamente a las víctimas de violencia sexual en nuestro país.
De esta forma, la CNDH se suma al importante reconocimiento de la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en relación con su derecho a decidir, recordando que este día es una fecha oportuna para visibilizar que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen una de las principales causas de mortalidad de las mujeres en el mundo. De acuerdo con las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), diariamente mueren 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, como la eclampsia y preeclampsia, las hemorragias, las infecciones y los abortos inseguros, y se calcula que anualmente se practican 25 millones de interrupciones de embarazos inseguros.
En nuestro país, de acuerdo también con las cifras más recientes con que se cuenta, las de la organización sin fines de lucro, Telefem, en 2021 hubo unas 6 mil 700 muertes de mujeres relacionadas con abortos inseguros en el país, y durante la primera etapa de la pandemia se estima que los embarazos no planeados se elevaron 30 por ciento.
Cabe recordar, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado respecto de poner fin a la criminalización del aborto y asegurar que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, incluidas a la salud sexual y reproductiva, de manera segura, de conformidad con sus derechos humanos. En tanto que, negar a las mujeres el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación a sus derechos, la cual se agrava en mujeres en situaciones vulnerables, que no pueden acceder a abortos seguros.
Es así que la CNDH realiza este exhorto en seguimiento a sus acciones emprendidas a lo largo del último año, y las cuales quedan expuestas en el Pronunciamiento para la Adopción de Medidas Urgentes a favor de las mujeres privadas de la libertad por la comisión de delitos relacionados con la interrupción de su embarazo a la luz de la sentencia emitida por la SCJN, y al reciente Informe Diagnóstico sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad desde un enfoque interseccional, el cual está disponible en la página institucional.
Para este Organismo Público, este Día Internacional debe servir para impulsar a la par de la despenalización total del aborto en nuestro país, la integridad, la salud y la vida de las mujeres, muy en particular de las mujeres en reclusión y de mujeres adolescentes en internamiento, que soliciten métodos anticonceptivos, de emergencia o de interrupción tras haber enfrentado algún escenario de violencia sexual, o que estando en contextos admitidos por las legislaciones penales locales les permita acceder a la interrupción de su embarazo, pues la CNDH ha documentado casos de obstaculización, negativa o limitación de acceso a dichos servicios estando en prisión, lo que se ha traducido en embarazos no deseados.
Por tal motivo, se considera fundamental combatir y eliminar los prejuicios y estigmas que, basados en el género, en la preferencia sexual o identidad de género de las personas, han provocado contextos de violencia institucional al interior de los centros penitenciarios o especializados de internamiento donde se albergan mujeres.
Si bien nuestro país sigue avanzado en el reconocimiento de la despenalización del aborto, para la CNDH quedan pendientes que aún admitidos en las normas penales como excluyentes de este, siguen generando vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, al no ser observados. De ahí la trascendencia de impulsar todas aquellas acciones que permitan que las mujeres accedan a servicios de interrupción e insumos médicos, anti fecundativos y de emergencia seguros, continuos y suficientes, así como a mecanismos legales de acompañamiento, tratándose de víctimas de violencia sexual y de tortura sexual.
Ante cualquier escenario, para esta Comisión Nacional es fundamental colocar en el centro la mayor protección de los derechos de la persona humana, y en el caso de las mujeres, mediante la plena garantía del respeto de sus derechos a decidir, a su autonomía, al libre desarrollo de su personalidad, así como del ejercicio pleno desus derechos a la salud, a la salud sexual y reproductiva y al acceso a información oficial, clara, suficiente y actualizada en la materia, a fin de asegurar al máximo su calidad de vida.
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