Por eso el feminismo, como teoría crítica y como movimiento que lucha por sociedades igualitarias, sigue siendo necesario. Así, por ejemplo, el feminismo ha conseguido politizar el asesinato de mujeres a mano de sus parejas, de forma que la sociedad lo comprende como un problema propio en el que es preciso intervenir. Hay que recordar que hace apenas unas décadas esos delitos eran considerados “crímenes pasionales”, cuestiones privadas que no tenían dimensión política, por tanto no se contabilizaban, eran invisibles como parte de un problema estructural en sociedades profundamente desiguales y sexistas. No es infrecuente, para desvelar la apatía del Estado frente a este asunto, cotejar el terrorismo de ETA y las víctimas que produjo a lo largo de medio siglo con los asesinatos de mujeres (en apenas dos décadas) que ha ocasionado, y sigue provocando, el terrorismo patriarcal…Por no citar el monto de mujeres que necesitan protección policial… Sólo esos datos —aún teniendo en cuenta que suponen apenas la punta del iceberg— deberían hacer saltar todas las alarmas en nuestros gobernantes y ponerse a trabajar en serio para conseguir acuerdos y desterrar ese terrorismo. Y sin embargo encontramos escasa conciencia de las raíces del problema y por tanto falta de respuestas políticas de peso, transversales y eficaces. Algo no va bien.
Lo vemos también en la violencia de la prostitución (incluyendo la filmada): un poderoso y arcaico sistema de opresión entre hombres y mujeres —que legitima el abuso y la violación mandando un mensaje de impunidad a los hombres— queda demasiado a menudo reducido a una cuestión privada y mercantil, actualmente la famosa “libre elección”. Podemos asistir a tertulias, debates o charlas en las que se disecciona la violencia que supone el sistema prostitucional, se explica cómo condiciona la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, cómo la pobreza, la falta de recursos, la violencia sufrida en la infancia, etc., impiden hablar de “consentimiento” por parte de las víctimas; se describe ampliamente cómo la socialización sexista, la ubicuidad y la funcionalidad de la cultura patriarcal, la agresividad de la pornografía, el mandato del agrado, etc., inciden negativamente sobre la mitad de la sociedad… la cuestión que sale a relucir es el popular estribillo: “ellas quieren”, “ellas eligen”…
Es obvio que sobre posiciones de ese tipo sobrevuela la influencia del poderoso lobby proxeneta; una mafia que —para que la sociedad digiera y asuma la barbarie— presenta y vende desde hace tiempo la explotación sexual de mujeres y menores como “trabajo”, como “ocio”, como “libre elección” o, en el colmo del cinismo, como “empoderamiento” de las víctimas. El discurso proxeneta usa con bastante éxito un lenguaje insidioso (se definen “pro derechos”) y terminología del mercado para legitimar la falta de derechos, la inhumanidad que supone la esclavitud del siglo XXI.
En el mantenimiento de esa vergonzante impostura tienen responsabilidad, además de proxenetas y puteros, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, como la universidad, la mercadotecnia publicitaria, etc., que se hacen eco o justifican tales dislates: a saber, un pacto y un negocio entre hombres cuya mercancía objeto de abuso son las mujeres. Una barbarie, hay que recordarlo, que tiene lugar bajo el paraguas de Estados que han abandonado horizontes de ética y bienestar social, que bien de forma abierta—“regularizando” la violencia sexual— o bien no haciendo, dejando en la sombra de la alegalidad el ejercicio del poder de las mafias proxenetas, propician la desigualdad social y sexual. Como ocurre en nuestro país. Es evidente que algo no va bien.
Por todo ello, a día de hoy es preciso seguir desmontando esas y otras falacias —como los “vientres de alquiler”—, tan útiles al capital y al patriarcado, que atentan contra modelos justos de convivencia entre los seres humanos. Tal y como ocurre con la violencia en la pareja, la violencia sexual en la prostitución lejos de ser un asunto individual es una problema de calado social, político. Porque nos interpela a todas y todos al situarnos ante una realidad bárbara y cruel que nos afecta. De facto, hablamos de caras de una misma violencia, de manifestaciones de la misma dominación masculina. Porque las fronteras son difusas. Puteros y proxenetas pueden ser, y son de hecho, maridos, novios, amantes, padres, hermanos…En ellos subyace el desprecio por el sexo femenino al que no consideran su igual, al que usan como objeto. En realidad, el sistema masculino de dominación no conoce fronteras y viene de lejos, como ocurría en la sociedad romana en la que el pater familias podía prostituir a su mujer o vender a sus hijos e hijas. Por tanto, hay que llamar la atención sobre un continuum de violencia que se puede producir tanto en el marco de la familia como fuera de ella.
Conocemos prácticas de hombres que difunden entre ellos imágenes de su vida íntima, sus novias, sus parejas, sus hermanas, sus hijas e hijos…Puteros que comparten con colegas, en grupo, la violencia sexual sea o no en el marco prostitucional … ¿Qué diferencias sustanciales hay entre un marido que ofrece a su esposa y pacta con otros hombres su violación y un proxeneta que trafica con mujeres? Recordemos que el juicio Pelicot sacó a la luz declaraciones de violadores que, a modo de atenuante, apuntaban que el marido “les dio permiso” para violar a su esposa… El imaginario de poder patriarcal y la realidad social y política que está detrás y alimenta la violencia y la agresión de los hombres en la pareja son los mismos que posibilitan y legitiman el privilegio que el sistema prostitucional ofrece a los puteros (Estados proxenetas)…Algo va muy mal…
Parece evidente que la mitad masculina es responsable de las diferentes caras de la violencia que reciben las mujeres (bien porque la ejerce de forma directa bien porque la acepta, se calla, no la denuncia) y, sin embargo, apenas recibe reproche social, no afecta a su estatus ciudadano, perjudica escasamente su profesión de profesor, carpintero, juez, artista, político… Y eso debería acabar, porque es difícil pensar que un sujeto que cree que el sexo femenino está a su servicio o que asume como natural la violencia contra las mujeres pueda ser una pareja o un padre respetuoso, desarrollar de forma no machista una profesión, llegar a asumir de forma no sexista la ciudadanía y los derechos de sus iguales, las mujeres… Es obvio que el terrorismo patriarcal afecta a la salud de la democracia.
Por consiguiente, de la misma forma que la sociedad en general —aunque sabemos que hay excepciones— comienza a ser consciente de la violencia sexual y machista que subyace a los feminicidios, es preciso que tome conciencia de que la prostitución forma parte de esa violencia y de la misma lógica de terrorismo patriarcal. No tiene sentido ni es justo que el acoso y la violencia sexual contra las mujeres sea considerada delito en unos espacios y en otros no. La mejora de la salud democrática implica acabar con los espacios —reales o virtuales— donde se viola impunemente, donde los derechos más básicos no llegan, donde pervive la ley del más fuerte. Y hemos de seguir exigiendo desde la sociedad a quienes nos representan que asuman ese reto.
En este sentido, hay que explicar cuantas veces sea preciso que sólo el abolicionismo del sistema prostitucional puede hablar de forma legítima de derechos, porque es coherente con el respeto a los Derechos Humanos y permite ampliar los estrechos límites de nuestras democracias. Esa posición histórica que ha defendido y defiende el feminismo implica, necesariamente y en primer lugar, que una ley que así se llame pueda disponer de medios para restituir todos sus derechos a las mujeres que deseen salir del sistema prostitucional, penalizar el proxenetismo en cualquiera de sus formas, desactivar la demanda de los puteros, educar a chicos y chicas en el respeto y la igualdad, de forma que se destierre el androcentrismo en el currículo, la idea de que las mujeres están para servir a los demás, el sexismo en los procesos de socialización … Y todo ello porque ambicionamos sociedades justas y pacíficas en las que hombres y mujeres sean sujetos de derechos, puedan desarrollarse como seres humanos y construir convivencias en igualdad. Por consiguiente, nuestro referente ético y político deberían ser países que ya han iniciado el camino abolicionista, como Suecia, Noruega, Francia…y tener en cuenta propuestas como la que se ha articulada en el seno de organizaciones feministas, la Ley Orgánica Abolicionista del sistema prostitucional, LOASP.
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