Maru Campos viola la ley y Ricardo Monreal la protege
Puntos y Contrapuntos
"La Gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, tendría que ser destituida y sancionada, en los términos establecidos en el Artículo 110 de la Constitución".
Es muy delicado que Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los diputados federales de Morena y de la mayoría parlamentaria que integra junto con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, considere que el respeto y el cumplimiento de las leyes puedan ser sometidos a negociaciones políticas o de buena voluntad, al proteger a la Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien violó disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional, además de que habría incurrido, al mismo tiempo, en el delito de traición a la patria, como lo establece el Código Penal Federal.
En su desmesurado afán de quedar bien con todos y asumirse como gran conciliador político, el pasado jueves 23 de abril del 2026, luego que senadores y diputados de su partido pidieron juicio político contra la Gobernadora de Chihuahua, por violar la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y cometer el presunto delito de traición a la patria, Monreal Ávila dijo que él se inclinaba más por el diálogo, por la conciliación. El político zacatecano explicó que no debería hacerse leña del árbol caído y que no debería afectarse la relación entre los mandatarios estatales y el Gobierno federal.
Con respecto a la injerencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la perversa CIA, en un operativo contra el narcotráfico en territorio mexicano el domingo 19 de abril del 2026, admitió Monreal Ávila que “sí es un elemento que puede distorsionar nuestra relación con cualquier país que tiene agentes actuando en el territorio, porque la ley y la Constitución lo prohíben; pero también se puede buscar un entendimiento para que no ocurra más y para que se explique en qué plano o con qué propósito se dio esta colaboración sin el consentimiento del Gobierno federal […] Si hubo alguna alteración, desatención o incumplimiento de una norma jurídica, hay que llevarla a cabo de manera prudente”.
Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo dijo el jueves 23 de abril del 2026 que la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua violó la Constitución y, que por el delito de traición a la patria, el Senado de la República debería instaurarle juicio político a la Gobernadora de Chihuahua, para destituirla e inhabilitarla para cargos en el servicio público.
Explicó el legislador petista: “No podemos normalizar que gobiernos extranjeros intervengan en territorio mexicano al margen de las instituciones federales [...] La soberanía no se entrega ni se negocia […] Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta directa a la soberanía nacional. Si permitimos que gobiernos estatales entreguen facultades estratégicas a potencias extranjeras, entonces estaríamos renunciando al Estado mexicano”.
María Eugenia Campos fue citada a comparecer ante el Senado de la República el martes 28 de abril del 2026 para explicar su conducta permisiva con la ilegalidad, con respecto a la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional, pero no acudió, argumentando que había una investigación en marcha sobre el caso y que no era conveniente revelar información confidencial.
El desaire podría ser de graves consecuencias para la Gobernadora puesto que los senadores son los representantes de las 32 entidades federativas del país en el Pacto Federal y tienen facultades para revisar la política exterior del Gobierno federal y los tratados internacionales vigentes, entre ellos la cooperación con otros países, uno de los cuales habría violado la mandataria de Chihuahua.
En su conferencia mañanera del lunes 27 de abril del 2026 la mandataria Claudia Sheinbaum aclaró que a la Presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía, resguardar la soberanía nacional y el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes que de ella se deriven.
Explicó que se envió un reclamo al gobierno de Estados Unidos y a su Embajador en México exigiendo respeto a la soberanía del país. Y sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua aclaró que “no tenía conocimiento el Gobierno federal de la participación de estas personas, y esperemos que sea un caso de excepción; que, a partir de este momento, en efecto —como se venía haciendo—, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”.
Las Consecuencias
El Código Penal Federal define en su Artículo 123 que se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria, y encuadra ese delito en las conductas de quienes realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. La Gobernadora de Chihuahua es responsable de hechos que encuadran en la tipificación del delito de traición a la patria.
Mientras que el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional señala que “los Agentes Extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate”.
Por otra parte, con respecto a la conducta que deben asumir otras instancias de Gobierno con respecto a la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, el Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional es muy preciso: “Los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de las mismas”.
Y además, el mismo artículo advierte con claridad: “Las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. La violación de estas disposiciones será causa de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con las leyes respectivas”.
La Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván tendría que ser destituida de su cargo y sancionada, en los términos establecidos en el Artículo 110 de la Constitución General de la República, en el cual se advierte que los mandatarios estatales pueden ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Carta Magna y a las leyes federales que de ella emanen. El juicio Político tendría que iniciarlo la Cámara de Diputados y resolverlo, como jurado de sentencia, la Cámara de Senadores.
La Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos explica en su Artículo Octavo que “si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años”.
Inclusive, no podría descartarse que ante el quebrantamiento de los principios del régimen federal, cometido por la Gobernadora de Chihuahua, el Senado de la República pudiera crear una comisión para investigar la injerencia de los agentes de la CIA en esa entidad norteña, y declarar que hubiesen desaparecido todos los poderes constitucionales en esa entidad, para nombrar un mandatario provisional, en tanto se cumple el requisito de elegir a un nuevo gobernador constitucional en las elecciones de junio del 2027.
Las violaciones a la soberanía de México son investigadas por la Fiscalía General de la República y si finalmente atribuyera responsabilidades a la actual Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, sólo habría que esperar a que terminara su periodo de gobierno, el 7 de septiembre del 2027, para que se quedara sin fuero, sin inmunidad constitucional, y solicitar la orden de aprehensión para ponerla a disposición de un Juez.
La presión
Los mexicanos siempre debemos tener presente que la perversidad del imperio no tiene límites. Por eso algunos asuntos habría que observarlos con cautela y prudencia. Providencialmente, para quitarle atención al caso de la Gobernadora Maru Campos y ejercer presión sobre el Gobierno de México, este miércoles 29 de abril del 2026, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el Gobernador morenista de Sinaloa Rubén Rocha Moya; el Senador del mismo partido, Enrique Inzunza Cázares; el Alcalde morenista de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y siete funcionarios más, a quienes se señala de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en la mañanera de este jueves 30 de abril del 2026 que será firme en la búsqueda de la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía: “Si la Fiscalía General de la República [FGR] recibe pruebas contundentes, irrefutables, respecto a la legislación mexicana; o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”. Y sobre esa base, el Gobierno de México tendría que considerar la detención de los presuntos delincuentes para su extradición a los Estados Unidos.
Además, advirtió la mandataria mexicana: “Lo he dicho siempre, de forma clara, y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones, por parte del Departamento de Justicia, es político”.
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