PORTADAS EL UNIVERSAL: QUIEREN ALIARSE A MULTINACIONALES EXCÉLSIOR: ZETAS TOMAN UN POBLADO VERACRUZANO MILENIO: OFRECE ENCINAS VOTO POR VOTO; ACEPTA ORTEGA LA JORNADA: CERCADO, PEMEX LLEGA HOY A SU 70 ANIVERSARIO LA CRÓNICA: PRD: IMPUGNAN ENCUESTAS Y SE VAN AL VOTO POR VOTOPor unafuente.com
EL UNIVERSAL: QUIEREN ALIARSE A MULTINACIONALESLa Secretaría de Energía planteó a legisladores la necesidad de que Petróleos Mexicanos realice alianzas con empresas multinacionales para la exploración y explotación de petróleo y gas. Como resultado, dice el diagnóstico sobre el sector hidrocarburos, la producción de crudo se ubicaría hacia 2020 en niveles superiores a 4 millones de barriles diarios y la exportación en casi 3.2 millones de barriles; actualmente la producción es de 3.2 millones y las ventas al exterior se ubican en 1.6 millones. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: ZETAS TOMAN UN POBLADO VERACRUZANO“Somos Los Zetas”. Es el saludo que han venido usando comandos criminales armados ante sus víctimas en Ciudad Cardel —cabecera municipal de La Antigua, Veracruz, un municipio a 30 kilómetros del puerto jarocho—, a quienes han sustraído bajo amenazas de muerte y con violencia física y contra las propiedades, millones de pesos en los últimos 15 días. En Cardel, los autoproclamados Zetas mantienen aterrorizados, bajo permanente acoso, lo mismo a empresarios que a las instituciones locales legalmente constituidas. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: OFRECE ENCINAS VOTO POR VOTO; ACEPTA ORTEGAAlejandro Encinas llamó ayer a Jesús Ortega a que asuma que el resultado de la elección interna del PRD para elegir presidente del Comité Ejecutivo Nacional no le favoreció, e incluso el ex jefe de Gobierno dijo estar dispuesto a un recuento “por supuesto, voto por voto, casilla por casilla”. No hay nada que ocultar, pese a las malas prácticas ganamos, asegura. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: CERCADO, PEMEX LLEGA HOY A SU 70 ANIVERSARIOCobijado por el sindicato petrolero y el gobierno priísta de Tabasco, el presidente Felipe Calderón conmemorará este martes la expropiación petrolera en su 70 aniversario, en los municipios tabasqueños de Paraíso y Macuspana. Un mes después de haber hecho su más reciente pronunciamiento sobre la reforma energética y mientras se difunde la campaña mediática que promueve alianzas con empresas extranjeras para la exploración de crudo en aguas profundas, el michoacano aludirá el tema. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: PRD: IMPUGNAN ENCUESTAS Y SE VAN AL VOTO POR VOTOAyer, los equipos de Encinas y Ortega se enfrascaron en una batalla de acusaciones para descalificar los votos obtenidos mutuamente y en el caso de los chuchos para intentar convencer que no fueron derrotados sino que fueron objeto de una serie de acciones para infringirles un “madruguete” en la lucha por la presidencia del PRD. A través de Roberto López, vocero del PRD capitalino, el equipo de Encinas retó al equipo de Ortega a limpiar la elección voto por voto y casilla por casilla. más tarde Encinas pidió a sus oponentes respetar el resultado de las elecciones. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
BATALLA POR EL PRD ENCINAS COMO VIRTUAL GANADOR NUEVA IZQUIERDA EXIGE VOTO POR VOTO ACUSA ZAMBRANO QUE HUBO MÁS VOTOS QUE BOLETAS ELECTORALES
Por unafuente.com
El candidato de Izquierda Unida, Alejandro Encinas, es el virtual ganador en las elecciones para la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según las tendencias de los conteos rápidos de dos empresas. De acuerdo con los resultados dados a conocer por Arturo Núñez, representante de la Comisión Técnica Electoral, los conteos rápidos realizados por Consulta Mitofsky señalan que Encinas obtuvo el 49.4% y Jesús Ortega 44.6%, indica EL UNIVERSAL. En tanto que el conteo rápido del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) le da al abanderado de Izquierda Unida el 50.7% de los votos y a Ortega Martínez, candidato de Nueva Izquierda, el 42.3%.
Por unafuente.com
El candidato de Izquierda Unida, Alejandro Encinas, es el virtual ganador en las elecciones para la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según las tendencias de los conteos rápidos de dos empresas. De acuerdo con los resultados dados a conocer por Arturo Núñez, representante de la Comisión Técnica Electoral, los conteos rápidos realizados por Consulta Mitofsky señalan que Encinas obtuvo el 49.4% y Jesús Ortega 44.6%, indica EL UNIVERSAL. En tanto que el conteo rápido del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) le da al abanderado de Izquierda Unida el 50.7% de los votos y a Ortega Martínez, candidato de Nueva Izquierda, el 42.3%.
NUEVA IZQUIERDA EXIGE VOTO POR VOTO
La corriente del PRD Nueva Izquierda exigirá un recuento voto por voto en la elección realizada la víspera, en la cual se perfila como presunto triunfador Alejandro Encinas Rodríguez,
informa EXCÉLSIOR. La coordinadora de dicha corriente, Mary Telma Guajardo Villarreal, acusó de irresponsable y falto de ética al presidente de la Comité Técnica Electoral (CTE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Núñez Jiménez, por haber proclamado el triunfo de Encinas Rodríguez.ACUSA ZAMBRANO QUE HUBO MÁS VOTOS QUE BOLETAS ELECTORALESEl candidato de Nueva Izquierda a la dirigencia del PRD en el Distrito Federal, Jesús Zambrano, denunció que el presunto fraude electoral que se vivió durante los comicios internos del pasado domingo alcanzó niveles excepcionales, dice MILENIO. Durante una entrevista, Zambrano Grijalva denunció que hubo funcionarios del gobierno como el secretario general, José Angel Avila, que por acción u omisión ayudaron al triunfo de la candidata de Izquierda Unida, Alejandra Barrales.Editorial.La Jornada
No a la privatización
Hoy, a 70 años de la expropiación petrolera, realizada por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río con el apoyo contundente del pueblo de México, el estatuto nacional de los hidrocarburos y de la industria correspondiente enfrenta la más grave amenaza en estas siete décadas: en estos días se desarrolla el más sostenido intento de los intereses privatizadores que controlan el poder público por iniciar la transferencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) a manos de particulares.
Ciertamente, estos intentos no son nuevos; han formado parte de la agenda de las más recientes administraciones federales: en 1986, el gobierno de Miguel de la Madrid inició la reclasificación de los productos petroquímicos básicos –cuya producción estaba reservada al Estado– en secundarios, los cuales pueden ser fabricados por particulares. Carlos Salinas continúo con el debilitamiento de la industria petroquímica y durante su sexenio, con la promulgación de la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, se concretó la desintegración de la paraestatal en cuatro empresas subsidiarias de carácter descentralizado. Ernesto Zedillo creó los Proyectos de Inversión con impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), mediante los cuales Pemex ha adquirido una deuda excesiva con los capitales privados, y Vicente Fox impulsó la llamada “privatización silenciosa” con un esquema de contratos de servicios múltiples diseñado para favorecer a las empresas trasnacionales.
En la actualidad, en vista del repudio generalizado de la sociedad por la eventual desnacionalización de la paraestatal, el grupo gobernante ha adulterado la realidad y, con base en triquiñuelas publicitarias, disfraza el designio privatizador como un intento por sanear y fortalecer a Pemex, e incluso por consolidar el estatuto de propiedad nacional de los hidrocarburos. El tema ha sido presentado a la opinión pública en forma tramposa, y el diagnóstico que se ofrece sobre la realidad actual de la industria petrolera nacional está fundado en falsedades: se afirma que no hay recursos, cuando sí existen, sólo que en vez de invertirse para fortalecer a Pemex se han ido por el agujero de la corrupción, la frivolidad y el dispendio gubernamental; se subraya la importancia de generar “alianzas” con empresas experimentadas en la exploración de yacimientos en aguas profundas, cuando la paraestatal cuenta con recursos propios suficientes, y hasta sobrados para tal efecto, y ni siquiera queda claro si hoy por hoy es indispensable avanzar en ese tipo de explotación.
En su afán de convencer a la opinión pública de la necesidad de acceder a la tecnología de punta por medio de cesiones nunca explícitas, pero que afectarían el dominio nacional de los recursos nacionales y la soberanía misma, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha llegado incluso al chantaje, al afirmar que para dotar a Pemex de los recursos que necesita tendría que retirarlos de otros rubros, como el gasto social, la salud y la educación, como si no fuera posible obtenerlos reduciendo los elevadísimos sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminando gastos suntuosos de la administración pública federal y con un ejercicio fiscal eficiente, que grave a los grandes causantes en lugar de ensañarse con los pequeños contribuyentes. Adicionalmente, persiste una campaña sucia de desinformación para denostar a quienes se oponen a la entrega total o parcial de la industria petrolera nacional a las corporaciones trasnacionales.
El grupo que gobierna recurre una vez más –es su signo– a abordar los grandes asuntos nacionales por la puerta trasera, con la ilusión vana de ahorrarse costos políticos: en lugar de actuar de frente y poner sobre la mesa un proyecto de reformas constitucionales, que sin duda sería rechazado por la mayor parte del país, se emprende una campaña propagandística orientada a torcer el sentir de la población, a desinformar y a manipular, con el propósito de crear condiciones mínimas de opinión previas a la privatización que pretende consumarse y que significaría, ni más ni menos, un retroceso de 70 años en la historia nacional. Como un camino alterno a la adulteración de la Carta Magna, los privatizadores podrían intentar modificaciones a la ley secundaria, como las que hicieron posible la participación de corporaciones extranjeras (Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola y Electricidad de Francia) en la industria eléctrica nacional.
Así como hace 70 años el país respaldó sin reservas la expropiación decretada por el presidente Cárdenas, hoy en día la sociedad tiene la tarea de movilizarse para cerrar el paso a los designios privatizadores y a cualquier intento de entrega de la industria petrolera a particulares. Lo que está en juego es nada menos que las posibilidades de desarrollo nacional, la soberanía nacional y la viabilidad misma del país.
No a la privatización
Hoy, a 70 años de la expropiación petrolera, realizada por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río con el apoyo contundente del pueblo de México, el estatuto nacional de los hidrocarburos y de la industria correspondiente enfrenta la más grave amenaza en estas siete décadas: en estos días se desarrolla el más sostenido intento de los intereses privatizadores que controlan el poder público por iniciar la transferencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) a manos de particulares.
Ciertamente, estos intentos no son nuevos; han formado parte de la agenda de las más recientes administraciones federales: en 1986, el gobierno de Miguel de la Madrid inició la reclasificación de los productos petroquímicos básicos –cuya producción estaba reservada al Estado– en secundarios, los cuales pueden ser fabricados por particulares. Carlos Salinas continúo con el debilitamiento de la industria petroquímica y durante su sexenio, con la promulgación de la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, se concretó la desintegración de la paraestatal en cuatro empresas subsidiarias de carácter descentralizado. Ernesto Zedillo creó los Proyectos de Inversión con impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), mediante los cuales Pemex ha adquirido una deuda excesiva con los capitales privados, y Vicente Fox impulsó la llamada “privatización silenciosa” con un esquema de contratos de servicios múltiples diseñado para favorecer a las empresas trasnacionales.
En la actualidad, en vista del repudio generalizado de la sociedad por la eventual desnacionalización de la paraestatal, el grupo gobernante ha adulterado la realidad y, con base en triquiñuelas publicitarias, disfraza el designio privatizador como un intento por sanear y fortalecer a Pemex, e incluso por consolidar el estatuto de propiedad nacional de los hidrocarburos. El tema ha sido presentado a la opinión pública en forma tramposa, y el diagnóstico que se ofrece sobre la realidad actual de la industria petrolera nacional está fundado en falsedades: se afirma que no hay recursos, cuando sí existen, sólo que en vez de invertirse para fortalecer a Pemex se han ido por el agujero de la corrupción, la frivolidad y el dispendio gubernamental; se subraya la importancia de generar “alianzas” con empresas experimentadas en la exploración de yacimientos en aguas profundas, cuando la paraestatal cuenta con recursos propios suficientes, y hasta sobrados para tal efecto, y ni siquiera queda claro si hoy por hoy es indispensable avanzar en ese tipo de explotación.
En su afán de convencer a la opinión pública de la necesidad de acceder a la tecnología de punta por medio de cesiones nunca explícitas, pero que afectarían el dominio nacional de los recursos nacionales y la soberanía misma, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha llegado incluso al chantaje, al afirmar que para dotar a Pemex de los recursos que necesita tendría que retirarlos de otros rubros, como el gasto social, la salud y la educación, como si no fuera posible obtenerlos reduciendo los elevadísimos sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminando gastos suntuosos de la administración pública federal y con un ejercicio fiscal eficiente, que grave a los grandes causantes en lugar de ensañarse con los pequeños contribuyentes. Adicionalmente, persiste una campaña sucia de desinformación para denostar a quienes se oponen a la entrega total o parcial de la industria petrolera nacional a las corporaciones trasnacionales.
El grupo que gobierna recurre una vez más –es su signo– a abordar los grandes asuntos nacionales por la puerta trasera, con la ilusión vana de ahorrarse costos políticos: en lugar de actuar de frente y poner sobre la mesa un proyecto de reformas constitucionales, que sin duda sería rechazado por la mayor parte del país, se emprende una campaña propagandística orientada a torcer el sentir de la población, a desinformar y a manipular, con el propósito de crear condiciones mínimas de opinión previas a la privatización que pretende consumarse y que significaría, ni más ni menos, un retroceso de 70 años en la historia nacional. Como un camino alterno a la adulteración de la Carta Magna, los privatizadores podrían intentar modificaciones a la ley secundaria, como las que hicieron posible la participación de corporaciones extranjeras (Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola y Electricidad de Francia) en la industria eléctrica nacional.
Así como hace 70 años el país respaldó sin reservas la expropiación decretada por el presidente Cárdenas, hoy en día la sociedad tiene la tarea de movilizarse para cerrar el paso a los designios privatizadores y a cualquier intento de entrega de la industria petrolera a particulares. Lo que está en juego es nada menos que las posibilidades de desarrollo nacional, la soberanía nacional y la viabilidad misma del país.
Denuncia Ecuador campaña mediática del gobierno colombiano en su contra
■ El periódico identifica al funcionario ecuatoriano en una plática con Raúl Reyes; Patricio Etchegaray, líder del Partido Comunista argentino, confirma que es él quien aparece en la imagen
Dpa, Afp y Reuters
■ El periódico identifica al funcionario ecuatoriano en una plática con Raúl Reyes; Patricio Etchegaray, líder del Partido Comunista argentino, confirma que es él quien aparece en la imagen
Dpa, Afp y Reuters
Quito, 17 de marzo. El gobierno de Ecuador denunció hoy que la administración del derechista Álvaro Uribe, de Colombia, sostiene una “campaña mediática maliciosa y de desinformación”, que este lunes fue puesta en evidencia cuando el diario conservador El Tiempo de Bogotá trató de asociar al ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al identificarlo en una fotografía con el líder guerrillero Raúl Reyes, muerto el primero de marzo en un bombardeo de las fuerzas militares colombianas.
La persona fotografiada en un campamento insurgente con Reyes es en realidad el secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, quien confirmó a la corresponsal de La Jornada en Buenos Aires, Stella Calloni, que hace tres años sostuvo, efectivamente, una larga entrevista con Reyes en una zona bajo control rebelde dentro de Colombia.
Tras la difusión de la noticia, que circuló en momentos en que Ecuador exigía en la Organización de Estados Americanos (OEA) una “condena” a la agresión militar colombiana sobre su territorio, Larrea dijo que la acción propagandística del gobierno colombiano es un nuevo intento por desprestigiar al gobierno ecuatoriano.
La administración de Uribe busca “distraer la atención sobre la violación a la soberanía de Ecuador”, dijo a su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Según El Tiempo, la fotografía es uno de los archivos contenidos en una de las computadoras portátiles supuestamente halladas por tropas colombianas durante la incursión en el campamento guerrillero ubicado en un paraje de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, a dos kilómetros de la frontera con Colombia.
Las computadoras, “fábricas de noticias”
Desde que dio a conocer los resultados de la operación militar en el norte de Ecuador, las autoridades colombianas informaron de la existencia de los equipos de cómputo, que se han convertido en “fábrica de noticias”, toda vez que de ellas se han extraído diversos archivos que El Tiempo ha publicado desde hace dos semanas, incluidos los documentos que intentan exhibir los supuestos nexos de funcionarios de Ecuador y Venezuela con las FARC.
Otro de los archivos almacenados en las computadoras sirvieron, según los gobiernos de Colombia y Costa Rica, para localizar el pasado sábado una vivienda en San José donde estaban escondidos 480 mil dólares, que supuestamente servirían para financiar actividades de las FARC fuera de Colombia.
El Tiempo es copropiedad de la familia Santos en sociedad con el grupo editorial Planeta de España. Dos miembros de esa familia ocupan actualmente puestos en el gobierno colombiano: Francisco Santos Calderón, vicepresidente de la República, y Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Defensa desde julio de 2006. Eduardo Santos Montejo, ex dueño del periódico y director hasta 1976, fue presidente de Colombia (1938-1942).
“Es una maniobra burda que pretende golpear al más grosero estilo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y busca perjudicar al gobierno de un país que fue agredido”, dijo Etchegaray al comentar la publicación de la fotografía.
Etchegaray, que en 1998 publicó en La Jornada (www.jornada.unam.mx/1998/09/17/las.html) una entrevista con el comandante de las FARC, Manuel Marulanda (Tirofijo), dijo que no le sorprendería que más fotografías aparezcan en los próximos días, dado que gente de todo el mundo ha viajado a Colombia para hablar con los dirigentes insurgentes colombianos.
Por la tarde, El Tiempo rectificó la información y aseguró que la identidad de las personas mostradas en la fotografía fue proporcionada por la policía colombiana.
La persona fotografiada en un campamento insurgente con Reyes es en realidad el secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, quien confirmó a la corresponsal de La Jornada en Buenos Aires, Stella Calloni, que hace tres años sostuvo, efectivamente, una larga entrevista con Reyes en una zona bajo control rebelde dentro de Colombia.
Tras la difusión de la noticia, que circuló en momentos en que Ecuador exigía en la Organización de Estados Americanos (OEA) una “condena” a la agresión militar colombiana sobre su territorio, Larrea dijo que la acción propagandística del gobierno colombiano es un nuevo intento por desprestigiar al gobierno ecuatoriano.
La administración de Uribe busca “distraer la atención sobre la violación a la soberanía de Ecuador”, dijo a su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Según El Tiempo, la fotografía es uno de los archivos contenidos en una de las computadoras portátiles supuestamente halladas por tropas colombianas durante la incursión en el campamento guerrillero ubicado en un paraje de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, a dos kilómetros de la frontera con Colombia.
Las computadoras, “fábricas de noticias”
Desde que dio a conocer los resultados de la operación militar en el norte de Ecuador, las autoridades colombianas informaron de la existencia de los equipos de cómputo, que se han convertido en “fábrica de noticias”, toda vez que de ellas se han extraído diversos archivos que El Tiempo ha publicado desde hace dos semanas, incluidos los documentos que intentan exhibir los supuestos nexos de funcionarios de Ecuador y Venezuela con las FARC.
Otro de los archivos almacenados en las computadoras sirvieron, según los gobiernos de Colombia y Costa Rica, para localizar el pasado sábado una vivienda en San José donde estaban escondidos 480 mil dólares, que supuestamente servirían para financiar actividades de las FARC fuera de Colombia.
El Tiempo es copropiedad de la familia Santos en sociedad con el grupo editorial Planeta de España. Dos miembros de esa familia ocupan actualmente puestos en el gobierno colombiano: Francisco Santos Calderón, vicepresidente de la República, y Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Defensa desde julio de 2006. Eduardo Santos Montejo, ex dueño del periódico y director hasta 1976, fue presidente de Colombia (1938-1942).
“Es una maniobra burda que pretende golpear al más grosero estilo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y busca perjudicar al gobierno de un país que fue agredido”, dijo Etchegaray al comentar la publicación de la fotografía.
Etchegaray, que en 1998 publicó en La Jornada (www.jornada.unam.mx/1998/09/17/las.html) una entrevista con el comandante de las FARC, Manuel Marulanda (Tirofijo), dijo que no le sorprendería que más fotografías aparezcan en los próximos días, dado que gente de todo el mundo ha viajado a Colombia para hablar con los dirigentes insurgentes colombianos.
Por la tarde, El Tiempo rectificó la información y aseguró que la identidad de las personas mostradas en la fotografía fue proporcionada por la policía colombiana.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Metamorfosis
■ ¿Haiga sido como haiga sido?
■ Números y conteos envenenados
■ Riesgo de aferrarse al fraude ajeno
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Metamorfosis
■ ¿Haiga sido como haiga sido?
■ Números y conteos envenenados
■ Riesgo de aferrarse al fraude ajeno
Cuando el Partido de la Revolución Democrática se despertó esa noche de elecciones intranquilas, se encontró transformado en su cama en un gigantesco insecto kafkiano. Un catálogo exhaustivo de prácticas electorales fraudulentas había sido convertido en telón de fondo para el montaje de un nuevo episodio de suspenso en el que a última hora había asomado como presunto triunfador el contendiente que a lo largo del día había parecido sufrir los peores embates adulteradores, y el personaje que a lo largo de la temporada ejercía el papel de villano mudó de caracterización y se asomó como supuesto despojado, víctima de males demoscópicos y mapacheriles similares a los de 2006. Chucho convertido en Jesús sacrificado que incluso ha de recurrir al voto por voto y casilla por casilla mientras la dupla alejandrina se acomoda con rapidez y gusto en los sitiales envenenados de los ganadores oficiales, haiga sido como haiga sido.
Gregorio Samsa ve de pronto que lo que en el curso del día era un cochinero electoral en la noche se transmuta en resultado electoral discutible, pero legitimado; posible de ser llevado al extremo del litigio, pero, por tanto, aceptada la materia del juicio. Hubo irregularidades suficientes para anular esos comicios internos y para que los presuntos ganadores y perdedores aceptaran que ningún resultado política y éticamente válido podrá desprenderse de ellos, pero triunfa la ambición de lo inmediato y en ese trote se empatan los colaboracionistas tramposos y la opción renovadora, reformista. La doctrina vencedora es la del pragmatismo vial: cada quien se queda con su golpe y ya veremos lo que los ajustadores decidan o la manera en que se arreglen los del seguro de accidentes vehiculares.
El lance evoca necesariamente pasajes de lo sucedido en 2006. En aquella ocasión se desgastó emocionalmente a los seguidores de la opción tenida popularmente como ganadora, moviendo los resultados preliminares de tal forma que los observadores de esa evolución creían estar presenciando la consolidación de tendencias en favor de su candidato tabasqueño, mientras los programadores cibernéticos preparaban el desenlace atípico que daría la “victoria” a quien había estado a la zaga durante largo tramo. No deja de ser irónico que ahora el PRD haya entrado en este tobogán electoral merced a datos suministrados por empresas encuestadoras, tal como en 2006 sucedió con aquellos “saltos de popularidad” que según eso habían convertido súbitamente a un panista desangelado en la revelación demoscópica. Dos de los directivos de empresas encuestadoras que fabricaron la falsa percepción del “crecimiento” de Felipe Calderón ahora trabajan en su gobierno, uno como director del Cisen y otro como coordinador de Imagen Pública de la Presidencia formal de la República.
El vuelco en la lucha por el control del PRD pretende colocar al segmento que mantiene congruencia en la lucha contra el fraude electoral en una plataforma en la que por ambición pretenda quedarse con el resultado de un proceso que en caso de no haberle favorecido estaría denunciando. Al picar el anzuelo de que se dé por vencedor (sin matices, condiciones ni objeciones profundas) en razón de encuestas de opinión, de las que debería desconfiar, y con base en resultados que surgieron de una de las peores jornadas electorales internas de partido alguno, el presidente de la Alejandría negra y amarilla acabaría legitimando el proceso enchuchadamente pervertido y, si el conteo formal de los votos diese un giro hacia Ortega, entonces se habría perdido la autoridad política y moral para descalificar lo que se había aceptado cuando era favorable. También sería desastroso que quienes han luchado contra el fraude electoral de 2006 acabaran aferrándose a una presunta victoria sustentada en un fraude interno fabricado por los mismos que ahora se colocan como víctimas contestatarias.
Hoy más que nunca son necesarias la claridad, la legitimidad y la congruencia en el ejercicio del liderazgo del PRD, pues Alejandro Encinas representa la única oportunidad de intentar la dificilísima tarea de reformar un partido terriblemente dañado. Encinas necesita una fuerza sin fisuras ni cuestionamientos para enfrentar las pretensiones del calderonismo y de sus aliados poderosos que buscan marginar a la izquierda electoral o convertirla en pieza mercantil o instrumento de convalidaciones. Alejandra Barrales, por su parte, con una base social evidente y fuertemente en su favor (en el de Encinas, en el de López Obrador) tiene como problema de legitimidad no el de los números concretos electorales, sino el de la definición de su relación con el gobierno capitalino y la eventual dependencia de un factor de poder, el de Ebrard, que tiene más de futurismo que de compromiso estricto con la izquierda.
En momentos de definición histórica como los que hoy se viven, con una derecha empecinada en avanzar en el proyecto de privatización de la riqueza petrolera, favorece a las fuerzas nacionalistas el hecho de que la coalición de intereses extrapartidistas que apoyaba a los chuchos no hubiese logrado imponer de inmediato una victoria artificial, pero formal (aunque fuese por 0.56 por ciento). El movimiento que encabeza López Obrador tendrá menos obstáculos explícitos sin los troyanos caballos de Los Pinos, pero estos habrán dejado una semilla envenenada si hacen que Encinas y Barrales parezcan menos dotados de legitimidad, producto de forcejeos aritméticos o de arreglos cupulares de última hora.
Astillas
Los amables lectores de esta columna vaquera han de recordar que una de las dificultades del jaripeo que aquí se practica de lunes a viernes proviene de su inmediatez, ya que, a diferencia de otros espectáculos bravíos similares, en éste se abordan instantáneamente toros, cuacos y vaquillas informativos conforme van saliendo de sus encierros, sin la ventaja que dan la reflexión, el complemento y el contexto del día siguiente e, incluso, para darle más presión al asunto, con un horario de entrega que no puede esperar a ruedas de prensa o noticias que se producen ya entrada la noche…¡hasta mañana!
Gregorio Samsa ve de pronto que lo que en el curso del día era un cochinero electoral en la noche se transmuta en resultado electoral discutible, pero legitimado; posible de ser llevado al extremo del litigio, pero, por tanto, aceptada la materia del juicio. Hubo irregularidades suficientes para anular esos comicios internos y para que los presuntos ganadores y perdedores aceptaran que ningún resultado política y éticamente válido podrá desprenderse de ellos, pero triunfa la ambición de lo inmediato y en ese trote se empatan los colaboracionistas tramposos y la opción renovadora, reformista. La doctrina vencedora es la del pragmatismo vial: cada quien se queda con su golpe y ya veremos lo que los ajustadores decidan o la manera en que se arreglen los del seguro de accidentes vehiculares.
El lance evoca necesariamente pasajes de lo sucedido en 2006. En aquella ocasión se desgastó emocionalmente a los seguidores de la opción tenida popularmente como ganadora, moviendo los resultados preliminares de tal forma que los observadores de esa evolución creían estar presenciando la consolidación de tendencias en favor de su candidato tabasqueño, mientras los programadores cibernéticos preparaban el desenlace atípico que daría la “victoria” a quien había estado a la zaga durante largo tramo. No deja de ser irónico que ahora el PRD haya entrado en este tobogán electoral merced a datos suministrados por empresas encuestadoras, tal como en 2006 sucedió con aquellos “saltos de popularidad” que según eso habían convertido súbitamente a un panista desangelado en la revelación demoscópica. Dos de los directivos de empresas encuestadoras que fabricaron la falsa percepción del “crecimiento” de Felipe Calderón ahora trabajan en su gobierno, uno como director del Cisen y otro como coordinador de Imagen Pública de la Presidencia formal de la República.
El vuelco en la lucha por el control del PRD pretende colocar al segmento que mantiene congruencia en la lucha contra el fraude electoral en una plataforma en la que por ambición pretenda quedarse con el resultado de un proceso que en caso de no haberle favorecido estaría denunciando. Al picar el anzuelo de que se dé por vencedor (sin matices, condiciones ni objeciones profundas) en razón de encuestas de opinión, de las que debería desconfiar, y con base en resultados que surgieron de una de las peores jornadas electorales internas de partido alguno, el presidente de la Alejandría negra y amarilla acabaría legitimando el proceso enchuchadamente pervertido y, si el conteo formal de los votos diese un giro hacia Ortega, entonces se habría perdido la autoridad política y moral para descalificar lo que se había aceptado cuando era favorable. También sería desastroso que quienes han luchado contra el fraude electoral de 2006 acabaran aferrándose a una presunta victoria sustentada en un fraude interno fabricado por los mismos que ahora se colocan como víctimas contestatarias.
Hoy más que nunca son necesarias la claridad, la legitimidad y la congruencia en el ejercicio del liderazgo del PRD, pues Alejandro Encinas representa la única oportunidad de intentar la dificilísima tarea de reformar un partido terriblemente dañado. Encinas necesita una fuerza sin fisuras ni cuestionamientos para enfrentar las pretensiones del calderonismo y de sus aliados poderosos que buscan marginar a la izquierda electoral o convertirla en pieza mercantil o instrumento de convalidaciones. Alejandra Barrales, por su parte, con una base social evidente y fuertemente en su favor (en el de Encinas, en el de López Obrador) tiene como problema de legitimidad no el de los números concretos electorales, sino el de la definición de su relación con el gobierno capitalino y la eventual dependencia de un factor de poder, el de Ebrard, que tiene más de futurismo que de compromiso estricto con la izquierda.
En momentos de definición histórica como los que hoy se viven, con una derecha empecinada en avanzar en el proyecto de privatización de la riqueza petrolera, favorece a las fuerzas nacionalistas el hecho de que la coalición de intereses extrapartidistas que apoyaba a los chuchos no hubiese logrado imponer de inmediato una victoria artificial, pero formal (aunque fuese por 0.56 por ciento). El movimiento que encabeza López Obrador tendrá menos obstáculos explícitos sin los troyanos caballos de Los Pinos, pero estos habrán dejado una semilla envenenada si hacen que Encinas y Barrales parezcan menos dotados de legitimidad, producto de forcejeos aritméticos o de arreglos cupulares de última hora.
Astillas
Los amables lectores de esta columna vaquera han de recordar que una de las dificultades del jaripeo que aquí se practica de lunes a viernes proviene de su inmediatez, ya que, a diferencia de otros espectáculos bravíos similares, en éste se abordan instantáneamente toros, cuacos y vaquillas informativos conforme van saliendo de sus encierros, sin la ventaja que dan la reflexión, el complemento y el contexto del día siguiente e, incluso, para darle más presión al asunto, con un horario de entrega que no puede esperar a ruedas de prensa o noticias que se producen ya entrada la noche…¡hasta mañana!
Un juez federal determina que no suprime ninguno de sus derechos y prestaciones, Segundo revés judicial para burócratas que impugnan la nueva Ley del ISSSTE
■ Confirma la inconstitucionalidad de sólo dos artículos, 20 y 25, del ordenamiento
Alfredo Méndez
■ Confirma la inconstitucionalidad de sólo dos artículos, 20 y 25, del ordenamiento
Alfredo Méndez
El juez federal José Manuel Villeda avaló, por segunda ocasión, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al considerar que no afecta ni suprime ninguno de los derechos y prestaciones de los burócratas, y únicamente confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 25 del ordenamiento.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y representante legal de cientos de burócratas inconformes con la ley, informó a La Jornada que el pasado viernes fue notificado de la determinación del juez especial a cargo de la mayor parte de los amparos contra la norma, quien rechazó la mayoría de los argumentos que se han presentado en más de 167 mil demandas.
“El juzgador no consideró la opinión coincidente de peritos, incluyendo el oficial designado por el juez Villeda, de que esta ley desaparece derechos y disminuye prestaciones, como jubilación, pensión dinámica, indemnización global, el concepto integral de salario básico, e incrementa la cantidad de años de cotización y edad en que los trabajadores pueden retirarse, en perjuicio de éstos”, puntualizó el litigante.
Eduardo Miranda precisó que el juez, al resolver los amparos 01/2007 y 101/2007, determinó que el ordenamiento cuestionado “no afecta substantivamente el sistema de pensiones del ISSSTE, toda vez que no se vulnera ninguna garantía constitucional”, aunque el juzgador reconoce que el citado ordenamiento “afecta la economía de los trabajadores al servicio del Estado”.
La resolución de este fin de semana fue en el mismo sentido de la que emitió en enero pasado bajo el expediente de amparo 57100/2007, en la cual consideró que “lo dispuesto en las normas que se combaten no modifican o afectan derechos adquiridos o supuestos jurídicos y las consecuencias de éstos, que nacieron bajo la ley vigente hasta el 31 de marzo de 2007”.
Entonces, igual que ahora, Villeda afirmó que no se violó la garantía de no aplicación retroactiva de la ley al modificar el sistema de jubilaciones, pues los trabajadores sólo tenían una expectativa de retirarse bajo ciertas condiciones, pero no tenían un derecho adquirido, porque aún no cotizaban todos los años necesarios.
La resolución no es definitiva y será impugnada en los próximos 10 días hábiles mediante un recurso de revisión que seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió el jurista.
De esta forma, los criterios definitivos sobre el tema los fijará la SCJN. Los burócratas tienen hasta el 30 de junio para elegir si se quedan en el régimen anterior o migran al llamado Pensionissste, opción en la cual recibirían un bono en su cuenta de retiro.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y representante legal de cientos de burócratas inconformes con la ley, informó a La Jornada que el pasado viernes fue notificado de la determinación del juez especial a cargo de la mayor parte de los amparos contra la norma, quien rechazó la mayoría de los argumentos que se han presentado en más de 167 mil demandas.
“El juzgador no consideró la opinión coincidente de peritos, incluyendo el oficial designado por el juez Villeda, de que esta ley desaparece derechos y disminuye prestaciones, como jubilación, pensión dinámica, indemnización global, el concepto integral de salario básico, e incrementa la cantidad de años de cotización y edad en que los trabajadores pueden retirarse, en perjuicio de éstos”, puntualizó el litigante.
Eduardo Miranda precisó que el juez, al resolver los amparos 01/2007 y 101/2007, determinó que el ordenamiento cuestionado “no afecta substantivamente el sistema de pensiones del ISSSTE, toda vez que no se vulnera ninguna garantía constitucional”, aunque el juzgador reconoce que el citado ordenamiento “afecta la economía de los trabajadores al servicio del Estado”.
La resolución de este fin de semana fue en el mismo sentido de la que emitió en enero pasado bajo el expediente de amparo 57100/2007, en la cual consideró que “lo dispuesto en las normas que se combaten no modifican o afectan derechos adquiridos o supuestos jurídicos y las consecuencias de éstos, que nacieron bajo la ley vigente hasta el 31 de marzo de 2007”.
Entonces, igual que ahora, Villeda afirmó que no se violó la garantía de no aplicación retroactiva de la ley al modificar el sistema de jubilaciones, pues los trabajadores sólo tenían una expectativa de retirarse bajo ciertas condiciones, pero no tenían un derecho adquirido, porque aún no cotizaban todos los años necesarios.
La resolución no es definitiva y será impugnada en los próximos 10 días hábiles mediante un recurso de revisión que seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió el jurista.
De esta forma, los criterios definitivos sobre el tema los fijará la SCJN. Los burócratas tienen hasta el 30 de junio para elegir si se quedan en el régimen anterior o migran al llamado Pensionissste, opción en la cual recibirían un bono en su cuenta de retiro.
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