EL UNIVERSAL: COMIENZA CACERÍA DE RIVALES DE PRDEl enfrentamiento entre las principales corrientes que se dio durante la elección interna del PRD desató ya una virtual cacería de rivales de Alejandro Encinas, quien aventaja a Jesús Ortega en los resultados preliminares. El debate más intenso se ha dado en la Cámara de Diputados, donde hay una polémica por la permanencia de Ruth Zavaleta y Javier González Garza, como presidenta de la Mesa Directiva y coordinador de la fracción perredista, respectivamente; ambos, cercanos a grupos adversos a Andrés Manuel López Obrador. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: ADVIERTE CALDERÓN RIESGO A SOBERANÍAAl descartar cualquier medida privatizadora en materia energética por parte de su gobierno, el presidente Felipe Calderón advirtió sin embargo que “la verdadera amenaza a la soberanía nacional” persiste por la grave, creciente y peligrosa dependencia del exterior en petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Calderón argumentó que la pregunta a responder no es si el crudo seguirá siendo de los mexicanos, sino cómo serán aprovechados los recursos petroleros en el futuro inmediato. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: EMPATA ORTEGAApesar de que los conteos rápidos otorgan una considerable ventaja a Alejandro Encinas frente a Jesús Ortega en la interna del PRD, en el Programa de Resultados Preliminares (PREP), que se cerró a las 20:30 horas, ambos candidatos están prácticamente empatados. Con 70.95 por ciento de las casillas computadas, Encinas aventajaba a Ortega con sólo 29 centésimas (42.62 y 42.33 por ciento, respectivamente). VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: PAROS Y CERCOS EN DEFENSA DEL PETRÓLEO: AMLOAndrés Manuel López Obrador anunció ayer la aplicación de un plan de resistencia civil pacífica que iniciará el próximo martes 25 si ese día se presenta una iniciativa de reforma energética. La movilización incluye imponer “cercos ciudadanos” encabezados por mujeres, en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, e incluso “un paro nacional patriótico”. El tabasqueño convocó a la ciudadanía “a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza de privatización de la industria petrolera e impedir la consumación de esta desastrosa felonía”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: CÁRDENAS PIDE DIÁLOGO PRA RESOLVER REFORMA ENERGÉTICACárdenas dijo que encontramos al país “en medio de una disputa soterrada sobre el rumbo que debe tomar la industria del petróleo, que involucra a actores principales de la vida política, que hasta el día de hoy se resisten a exponer con lealtad hacia la nación sus ideas al respecto”. Además exigió a los responsables de tomar las decisiones, presenten un diagnóstico del sector con una visión integral y expongan clara y ampliamente sus iniciativas y propuestas sobre los cambios que deban darse respecto a su situación actual, sacando el debate a la luz y dando la discusión sobre un tema de la trascendencia del petróleo, de cara a la opinión pública. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
Aprueban plan de AMLO en defensa del petróleo
■ Impondrán mujeres cercos en aeropuertos, carreteras, Pemex y Congreso
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
■ Impondrán mujeres cercos en aeropuertos, carreteras, Pemex y Congreso
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la aplicación de un plan de resistencia civil pacífica que iniciará el próximo martes 25 si ese día se presenta una iniciativa de reforma energética. La movilización incluye imponer “cercos ciudadanos” encabezados por mujeres, en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, e incluso “un paro nacional patriótico”.
El tabasqueño convocó a la ciudadanía “a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza de privatización de la industria petrolera e impedir la consumación de esta desastrosa felonía”.
Ante miles de personas congregadas en el Zócalo de la ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera, pidió “estar muy alertas” para que ese día, en asamblea informativa, se inicien las acciones que permitan evitar que los energéticos pasen al sector privado nacional y extranjero. “Privatización es corrupción”, definió.
El “presidente legítimo” aseveró que quien propicia los negocios turbios del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Pemex y es “el principal promotor de las relaciones con las empresas extranjeras vinculadas al sector energético es el señor Felipe Calderón”.
López Obrador, quien el 24 de febrero pasado reveló cómo Mouriño firmó contratos para el transporte de combustibles cuando era legislador y funcionario, resaltó que detrás de la pretensión de privatizar Pemex “está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios públicos; ésa es la historia de la derecha”.
Por esa razón, expuso, en lugar de buscar la entrega de la paraestatal a capitales privados, se requiere combatir la corrupción e iniciar una auditoría que permita aclarar, entre otros aspectos, la relación de Calderón con Mouriño; César Nava; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y el subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome.
En una tarde en la que se hizo evidente la ausencia de líderes y legisladores de la corriente Nueva Izquierda y resaltó la presencia de Alejandro Encinas, a quien Jesusa Rodríguez presentó como el “virtual presidente” del Partido de la Revolución Democrática, López Obrador, respaldado por las dirigencias de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista –PRD, Convergencia y del Trabajo–, sostuvo que sería gravísimo permitir la privatización del petróleo, porque el despojo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta.
“Además, dejaríamos de ser un país libre y soberano; se rompería el orden constitucional, se elevaría a rango supremo la corrupción; nos quedaríamos sin la posibilidad de transitar por un camino propio con un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar; sería una fuente constante de fricciones, desacuerdos y conflictos”, alertó.
Por eso, dijo, es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar el país, cuando sus militantes son los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes. “Nosotros no queremos la violencia, vamos a transformar a México por la vía pacífica, seguiremos actuando de manera responsable, pero con firmeza y patriotismo”, afirmó.
Explicó que se tomó la decisión de llevar a cabo un plan de resistencia civil pacífica en caso de que las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional decidan “cometer esta traición a la patria”.
Refirió que se avanzó en la organización de los comités estatales para la defensa del petróleo y precisó que la movilización iniciará cuando se presente la iniciativa, mientras en las cámaras del Congreso los coordinadores parlamentarios están “atentos y dispuestos a llevar acciones al interior de los recintos del Poder Legislativo”.
Explicó que como se tiene información en el sentido de que el proyecto será enviado a alguna de las dos cámaras el martes 25, se hace necesaria la convocatoria para una asamblea informativa ese día en el Zócalo para actuar de inmediato.
López Obrador resaltó que las acciones contra la privatización del petróleo se enmarcan en la resistencia civil pacífica, por lo que pidió a sus simpatizantes que contribuyam a evitar la provocación y la violencia.
“Lo que vamos a hacer pacíficamente es noble, responsable y eficaz. Caer en la trampa de la violencia sería contraproducente, sería ayudar a nuestros adversarios. ¡Cuidado con los provocadores infiltrados del gobierno usurpador! Ellos buscarán los pretextos para el uso de la fuerza y para su campaña de desprestigio en los medios de comunicación”, advirtió.
Responsabilidad y disciplina
Pidió a quienes se inscriban para integrarse a las brigadas actuar con responsabilidad y disciplina. Anticipó que estas acciones serán cuestionadas por los medios de comunicación, “que se nos vendrán encima con sus campañas. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes, dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México”.
Sin embargo, dijo, nadie debe preocuparse “por estas vulgares campañas”, porque quienes participen lo harán con convicción, guiados por valores y definió: “no importa que al final nos desgastemos políticamente si logramos mantener bajo el dominio de la nación nuestros recursos naturales”.
En el templete, la secretaria de Energía del “gobierno legítimo” retó a la titular de Energía, Georgina Kessel, a un debate para demostrar que no es necesaria la privatización petrolera. “Si quiere, traiga a sus técnicos españoles y gringos, que nosotros estaremos junto a los técnicos mexicanos de Pemex”, expresó.
Después, en su discurso ante miles de personas que colmaron la Plaza de la Constitución desde el asta bandera, donde se instaló el templete, hasta las calles de Madero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez, López Obrador sostuvo que hay tres razones fundamentales para rechazar la llamada reforma energética: la defensa de la soberanía nacional; porque sería una violación infame a la Constitución y porque detrás de la privatización está “el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.
Por ejemplo, dijo, Juan Camilo Mouriño firmó contratos en beneficio de las empresas familiares. “Este improvisado funcionario en asuntos de gobierno, que no de negocios, ha confesado que, en efecto, suscribió los contratos en cuestión, aunque de manera cínica alega que fueron éticos y legales. Lo cierto es que armó una red de complicidades con personajes que ocupan puestos claves al interior de Pemex y en otras entidades del gobierno federal”, sostuvo.
El tabasqueño convocó a la ciudadanía “a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza de privatización de la industria petrolera e impedir la consumación de esta desastrosa felonía”.
Ante miles de personas congregadas en el Zócalo de la ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera, pidió “estar muy alertas” para que ese día, en asamblea informativa, se inicien las acciones que permitan evitar que los energéticos pasen al sector privado nacional y extranjero. “Privatización es corrupción”, definió.
El “presidente legítimo” aseveró que quien propicia los negocios turbios del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Pemex y es “el principal promotor de las relaciones con las empresas extranjeras vinculadas al sector energético es el señor Felipe Calderón”.
López Obrador, quien el 24 de febrero pasado reveló cómo Mouriño firmó contratos para el transporte de combustibles cuando era legislador y funcionario, resaltó que detrás de la pretensión de privatizar Pemex “está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios públicos; ésa es la historia de la derecha”.
Por esa razón, expuso, en lugar de buscar la entrega de la paraestatal a capitales privados, se requiere combatir la corrupción e iniciar una auditoría que permita aclarar, entre otros aspectos, la relación de Calderón con Mouriño; César Nava; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y el subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome.
En una tarde en la que se hizo evidente la ausencia de líderes y legisladores de la corriente Nueva Izquierda y resaltó la presencia de Alejandro Encinas, a quien Jesusa Rodríguez presentó como el “virtual presidente” del Partido de la Revolución Democrática, López Obrador, respaldado por las dirigencias de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista –PRD, Convergencia y del Trabajo–, sostuvo que sería gravísimo permitir la privatización del petróleo, porque el despojo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta.
“Además, dejaríamos de ser un país libre y soberano; se rompería el orden constitucional, se elevaría a rango supremo la corrupción; nos quedaríamos sin la posibilidad de transitar por un camino propio con un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar; sería una fuente constante de fricciones, desacuerdos y conflictos”, alertó.
Por eso, dijo, es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar el país, cuando sus militantes son los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes. “Nosotros no queremos la violencia, vamos a transformar a México por la vía pacífica, seguiremos actuando de manera responsable, pero con firmeza y patriotismo”, afirmó.
Explicó que se tomó la decisión de llevar a cabo un plan de resistencia civil pacífica en caso de que las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional decidan “cometer esta traición a la patria”.
Refirió que se avanzó en la organización de los comités estatales para la defensa del petróleo y precisó que la movilización iniciará cuando se presente la iniciativa, mientras en las cámaras del Congreso los coordinadores parlamentarios están “atentos y dispuestos a llevar acciones al interior de los recintos del Poder Legislativo”.
Explicó que como se tiene información en el sentido de que el proyecto será enviado a alguna de las dos cámaras el martes 25, se hace necesaria la convocatoria para una asamblea informativa ese día en el Zócalo para actuar de inmediato.
López Obrador resaltó que las acciones contra la privatización del petróleo se enmarcan en la resistencia civil pacífica, por lo que pidió a sus simpatizantes que contribuyam a evitar la provocación y la violencia.
“Lo que vamos a hacer pacíficamente es noble, responsable y eficaz. Caer en la trampa de la violencia sería contraproducente, sería ayudar a nuestros adversarios. ¡Cuidado con los provocadores infiltrados del gobierno usurpador! Ellos buscarán los pretextos para el uso de la fuerza y para su campaña de desprestigio en los medios de comunicación”, advirtió.
Responsabilidad y disciplina
Pidió a quienes se inscriban para integrarse a las brigadas actuar con responsabilidad y disciplina. Anticipó que estas acciones serán cuestionadas por los medios de comunicación, “que se nos vendrán encima con sus campañas. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes, dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México”.
Sin embargo, dijo, nadie debe preocuparse “por estas vulgares campañas”, porque quienes participen lo harán con convicción, guiados por valores y definió: “no importa que al final nos desgastemos políticamente si logramos mantener bajo el dominio de la nación nuestros recursos naturales”.
En el templete, la secretaria de Energía del “gobierno legítimo” retó a la titular de Energía, Georgina Kessel, a un debate para demostrar que no es necesaria la privatización petrolera. “Si quiere, traiga a sus técnicos españoles y gringos, que nosotros estaremos junto a los técnicos mexicanos de Pemex”, expresó.
Después, en su discurso ante miles de personas que colmaron la Plaza de la Constitución desde el asta bandera, donde se instaló el templete, hasta las calles de Madero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez, López Obrador sostuvo que hay tres razones fundamentales para rechazar la llamada reforma energética: la defensa de la soberanía nacional; porque sería una violación infame a la Constitución y porque detrás de la privatización está “el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.
Por ejemplo, dijo, Juan Camilo Mouriño firmó contratos en beneficio de las empresas familiares. “Este improvisado funcionario en asuntos de gobierno, que no de negocios, ha confesado que, en efecto, suscribió los contratos en cuestión, aunque de manera cínica alega que fueron éticos y legales. Lo cierto es que armó una red de complicidades con personajes que ocupan puestos claves al interior de Pemex y en otras entidades del gobierno federal”, sostuvo.
Editorial La Jornada
Privatización, desinformación y falso debate
Ayer, en el contexto de la conmemoración oficial de la expropiación petrolera, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, convocó a la oposición política a emprender un diálogo “abierto, objetivo y sereno” sobre las alternativas para “fortalecer nuestra industria petrolera”, y afirmó que “la pregunta que hoy debemos plantearnos no es si nuestro petróleo seguirá siendo nuestro o no”, sino “cómo vamos a aprovechar mejor nuestros recursos petroleros”, en alusión a la pretendida necesidad de explorar en aguas profundas.
El llamado a dialogar en torno a Pemex sería plausible y hasta deseable de no ser porque tal perspectiva ha sido cancelada de antemano por el propio gobierno federal, a juzgar por la forma equívoca, confusa, desinformadora y tangencial en que ha pretendido presentar los dilemas del momento en la industria petrolera nacional. El grupo en el poder incluso pretende que se le crea que es urgente e inevitable empezar la explotación de los yacimientos submarinos profundos y que, para tal efecto, Pemex debe aliarse, asociarse o abrirse a la participación de corporaciones extranjeras, aunque se elude sistemáticamente enunciar los términos en los que el gobierno imagina tales alianzas. En el extremo de los eufemismos y del hablar para no decir, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, propuso flexibilizar las regulaciones vigentes para que la paraestal “pueda hacerse acompañar de otras empresas al desarrollar actividades propias de su giro, sin afectar la propiedad de la nación”, acaso sin parar mientes en que la propuesta y la condición son mutuamente excluyentes. El empecinamiento por encontrar la cuadratura de la participación de capitales privados al círculo del monopolio público de la industria petrolera, asentado sin ambigüedad posible en el texto constitucional, hace ver que lo que en realidad está en juego, a pesar de los discursos rebuscados, es la privatización, total o parcial, de Pemex y de los yacimientos.
En efecto, a pesar de la ausencia de una postura honesta, clara y transparente por parte del gobierno federal puede entreverse que, a contrapelo de lo que Calderón afirmó ayer, la decisión está tomada: entregar la riqueza del país a las corporaciones petroleras trasnacionales mediante la suscripción de alianzas para la exploración y la explotación de aguas profundas. La sospecha de esas intenciones ha quedado de manifiesto con la agresiva campaña mediática que pretende manipular a la opinión pública sobre la necesidad de actuar en ese sentido, y que absorberá, por cierto, la mayor parte de los 218 millones pesos que la paraestatal tenía presupuestados para gastos publicitarios durante el año en curso.
No se entiende el esfuerzo, el gasto y la insistencia si el único propósito era persuadir a los mexicanos de la necesidad de explorar y extraer petróleo en aguas profundas. En caso de que tuviera fundamento, tal actividad caería, por sí sola, en el ámbito de las decisiones técnicas, y ni siquiera sería presentada a la sociedad, como no fuera a posteriori, para reforzar las vanaglorias rituales que el régimen realiza de sí mismo.
La única manera de entender este comportamiento gubernamental turbio es que la administración calderonista ha tomado la decisión de entregar el recurso natural mexicano a las grandes corporaciones extranjeras efectuando, al mismo tiempo, maniobras de distracción dirigidas a la opinión pública, toda vez que el grupo en el poder es seguramente consciente del enorme costo político que tendría que pagar si enunciara con claridad y transparencia sus intenciones reales. Si se duda de la dimensión de tales costos, baste con ver el tamaño de la concentración realizada ayer en el Zócalo capitalino por los integrantes del movimiento opositor ciudadano que ahora ha hecho de la defensa del petróleo su bandera principal.
En suma, es enormemente nocivo para el país que el gobierno federal se empeñe en abordar un tema de interés público –como lo es el del petróleo– con base en la divulgación de medias verdades o de simples mentiras; debe, por tanto, exigírsele que haga explícitas sus intenciones, las someta a juicio de la población y asuma las consecuencias. De otra forma, más temprano que tarde la actual administración habrá de enfrentar un descrédito multiplicado y un déficit de legitimidad mucho mayor que el que ahora padece
Privatización, desinformación y falso debate
Ayer, en el contexto de la conmemoración oficial de la expropiación petrolera, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, convocó a la oposición política a emprender un diálogo “abierto, objetivo y sereno” sobre las alternativas para “fortalecer nuestra industria petrolera”, y afirmó que “la pregunta que hoy debemos plantearnos no es si nuestro petróleo seguirá siendo nuestro o no”, sino “cómo vamos a aprovechar mejor nuestros recursos petroleros”, en alusión a la pretendida necesidad de explorar en aguas profundas.
El llamado a dialogar en torno a Pemex sería plausible y hasta deseable de no ser porque tal perspectiva ha sido cancelada de antemano por el propio gobierno federal, a juzgar por la forma equívoca, confusa, desinformadora y tangencial en que ha pretendido presentar los dilemas del momento en la industria petrolera nacional. El grupo en el poder incluso pretende que se le crea que es urgente e inevitable empezar la explotación de los yacimientos submarinos profundos y que, para tal efecto, Pemex debe aliarse, asociarse o abrirse a la participación de corporaciones extranjeras, aunque se elude sistemáticamente enunciar los términos en los que el gobierno imagina tales alianzas. En el extremo de los eufemismos y del hablar para no decir, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, propuso flexibilizar las regulaciones vigentes para que la paraestal “pueda hacerse acompañar de otras empresas al desarrollar actividades propias de su giro, sin afectar la propiedad de la nación”, acaso sin parar mientes en que la propuesta y la condición son mutuamente excluyentes. El empecinamiento por encontrar la cuadratura de la participación de capitales privados al círculo del monopolio público de la industria petrolera, asentado sin ambigüedad posible en el texto constitucional, hace ver que lo que en realidad está en juego, a pesar de los discursos rebuscados, es la privatización, total o parcial, de Pemex y de los yacimientos.
En efecto, a pesar de la ausencia de una postura honesta, clara y transparente por parte del gobierno federal puede entreverse que, a contrapelo de lo que Calderón afirmó ayer, la decisión está tomada: entregar la riqueza del país a las corporaciones petroleras trasnacionales mediante la suscripción de alianzas para la exploración y la explotación de aguas profundas. La sospecha de esas intenciones ha quedado de manifiesto con la agresiva campaña mediática que pretende manipular a la opinión pública sobre la necesidad de actuar en ese sentido, y que absorberá, por cierto, la mayor parte de los 218 millones pesos que la paraestatal tenía presupuestados para gastos publicitarios durante el año en curso.
No se entiende el esfuerzo, el gasto y la insistencia si el único propósito era persuadir a los mexicanos de la necesidad de explorar y extraer petróleo en aguas profundas. En caso de que tuviera fundamento, tal actividad caería, por sí sola, en el ámbito de las decisiones técnicas, y ni siquiera sería presentada a la sociedad, como no fuera a posteriori, para reforzar las vanaglorias rituales que el régimen realiza de sí mismo.
La única manera de entender este comportamiento gubernamental turbio es que la administración calderonista ha tomado la decisión de entregar el recurso natural mexicano a las grandes corporaciones extranjeras efectuando, al mismo tiempo, maniobras de distracción dirigidas a la opinión pública, toda vez que el grupo en el poder es seguramente consciente del enorme costo político que tendría que pagar si enunciara con claridad y transparencia sus intenciones reales. Si se duda de la dimensión de tales costos, baste con ver el tamaño de la concentración realizada ayer en el Zócalo capitalino por los integrantes del movimiento opositor ciudadano que ahora ha hecho de la defensa del petróleo su bandera principal.
En suma, es enormemente nocivo para el país que el gobierno federal se empeñe en abordar un tema de interés público –como lo es el del petróleo– con base en la divulgación de medias verdades o de simples mentiras; debe, por tanto, exigírsele que haga explícitas sus intenciones, las someta a juicio de la población y asuma las consecuencias. De otra forma, más temprano que tarde la actual administración habrá de enfrentar un descrédito multiplicado y un déficit de legitimidad mucho mayor que el que ahora padece
Victoria de Venezuela ante la trasnacional ExxonMobil
■ El fallo “pone punto final a la abusiva estrategia de hostigamiento financiero y legal” de la petrolera estadunidense y “le da razón al Estado venezolano en la defensa de su soberanía sobre el manejo de los recursos naturales”, declara el ministro de Energía y Petróleo
Agencias
■ El fallo “pone punto final a la abusiva estrategia de hostigamiento financiero y legal” de la petrolera estadunidense y “le da razón al Estado venezolano en la defensa de su soberanía sobre el manejo de los recursos naturales”, declara el ministro de Energía y Petróleo
Agencias
Londres y Caracas, 18 de marzo. El gobierno de Venezuela se apuntó este martes una victoria definitiva sobre la multinacional estadunidense ExxonMobil, que había logrado en enero pasado una orden judicial para congelar activos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 12 mil millones de dólares. El fallo de un tribunal londinense, conocido hoy, supone el fin del intento de la multinacional de hacer valer leyes supranacionales en un litigio que mantiene con Caracas por la decisión del presidente Hugo Chávez de retomar para el Estado el control sobre el petróleo venezolano.
“He decidido que la orden judicial” de congelación mundial de fondos dictada el 24 de enero contra PDVSA a pedido de ExxonMobil “debe ser revocada”, determinó hoy el juez Paul Walker, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, instancia a la que había recurrido la firma estadunidense. La sentencia tiene efecto inmediato.
En Caracas, capital de Venezuela, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo, después de conocer la noticia, que el fallo del tribunal londinense “pone punto final a la abusiva estrategia de hostigamiento financiero y legal de la ExxonMobil contra PDVSA, y le da razón al Estado venezolano en la defensa del derecho soberano sobre el manejo de sus recursos naturales”.
El fallo del juez Walker “pone en su sitio a la ExxonMobil”, añadió el ministro Ramírez. “Todo el país debe saber que la decisión es 100 por ciento a favor de los alegatos de la nación, es decir, que hemos derrotado a la ExxonMobil”, declaró.
Revertir la privatización
La victoria obtenida por Venezuela en la corte londinense cierra uno de los capítulos en la estrategia adoptada por el país sudamericano a partir de 1999, cuando llegó al poder el presidente Hugo Chávez, para retomar el control sobre el petróleo venezolano, transferido parcialmente a empresas privadas, la mayoría trasnacionales, aun cuando formalmente esa participación estaba prohibida por la constitución venezolana.
El 8 de febrero pasado, en un mensaje en cadena nacional, el ministro Ramírez explicó a los venezolanos que el origen del litigio del Estado contra la ExxonMobil se remontaba a los años noventa. En ese periodo, abundó, se desarrolló en el país una política de entrega de la industria petrolera, “una política por intermedio de la cual se privatizó buena parte de las actividades que correspondían a nuestra industria Petróleos de Venezuela”.
A la par de esa privatización al margen de la Constitución, señaló el ministro en ese mensaje, comenzó un desmontaje de lo que era el régimen fiscal petrolero del Estado venezolano por la vía de la disminución de los ingresos petroleros, a través de los impuestos y de la regalía. “Esta política se conoció en su momento como la Apertura Petrolera. A partir de 1999, el gobierno del presidente Chávez inició una política de recuperación de la plena soberanía petrolera, recuperación del manejo de nuestro principal recurso”.
Desde 1999 el gobierno venezolano tomó acciones para recuperar una mayor parte de la renta petrolera (la diferencia entre el costo de extracción y el de venta del petróleo), tanto en el terreno fiscal, a partir de cobrar mayor regalía e impuestos a las empresas, como en lo relacionado directamente sobre la propiedad de los yacimientos.
En este último aspecto, el 27 de febrero de 2007 el gobierno emitió un decreto de nacionalización de los yacimientos de la faja petrolera del Orinoco, uno de los mayores reservorios del mundo, que había sido entregada por los anteriores gobiernos a trasnacionales. Eran los últimos proyectos que quedaban bajo el control de las firmas trasnacionales. Incluso, PDVSA tenía prohibido detentar la mayoría accionaría en este conjunto de proyectos. En el contexto de este decreto de nacionalización comenzó el proceso para migrar al esquema de empresas mixtas todos los proyectos que estaban vigentes en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Las trasnacionales involucradas
En este proceso de migración el gobierno venezolano logró acuerdos con más de diez petroleras trasnacionales, entre ellas: Total, de Francia; Statoil, de Noruega; Emi, de Italia; British Petroleum, del Reino Unido. Con las que ya operaban en la faja y no aceptaron el acuerdo de participación mixta, el gobierno obtuvo acuerdos para liquidar su participación. Sólo dos compañías, ambas estadunidenses, no aceptaron ningún tipo de pacto para reducir su participación o para finiquitarla, y decidieron acudir al arbitraje internacional: Conoco Phillips y ExxonMobil.
La posibilidad de un arbitraje internacional, que implica que un país, en este caso Venezuela, aceptara someterse a la decisión de un tribunal internacional, no fue aceptada en ningún momento por Caracas. ExxonMobil alegó que los gobiernos anteriores a Chávez habían aceptado que en los contratos figurara una cláusula de arbitraje internacional (como existe en los contratos de cooperación científico-técnica firmados por Petróleos Mexicanos con compañías extranjeras).
Antes de recurrir al arbitraje, ExxonMobil dijo que para salir de Venezuela reclamaba una indemnización de alrededor de 5 mil millones de dólares. PDVSA ofreció pagar 750 millones de dólares, que es el valor en libros de los activos que la estadunidense detenta en la faja del Orinoco. La diferencia entre estas dos cifras originó el litigio que fue resuelto ayer en Londres a favor de Caracas.
El siguiente paso
Según el abogado Gordon Pollock, de la firma británica Stephenson Harwood, que representó a PDVSA en el juicio que hoy terminó, ExxonMobil no apelará la sentencia del juez Walker. El grupo venezolano podrá reclamar a la estadunidense por daños y perjuicios, relacionados con el tiempo que estuvieron congelados los 12 mil millones de dólares y por los gastos del juicio. Se estima que estos costes representarán 800 mil dólares.
ExxonMobil declinó comentar si apelaría la decisión del juez londinense. La sentencia de hoy significa que ExxonMobil no podrá mantener congelados los fondos de PDVSA, aunque el monto del pago que el gobierno venezolano deberá hacer por la salida de la estadunidense de la faja del Orinoco todavía tendrá que ser dirimido por ambas partes en Estados Unidos.
“Vamos a regresar al arbitraje en Nueva York para buscar la compensación justa a las empresas que han visto afectados sus intereses. El cronograma de las acciones lo va a establecer el arbitraje. Ahora nos sentamos tranquilos donde hemos debido estar desde hace tiempo”, señaló el ministro Ramírez.
Con información de Afp, Reuters y Roberto González Amador
“He decidido que la orden judicial” de congelación mundial de fondos dictada el 24 de enero contra PDVSA a pedido de ExxonMobil “debe ser revocada”, determinó hoy el juez Paul Walker, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, instancia a la que había recurrido la firma estadunidense. La sentencia tiene efecto inmediato.
En Caracas, capital de Venezuela, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo, después de conocer la noticia, que el fallo del tribunal londinense “pone punto final a la abusiva estrategia de hostigamiento financiero y legal de la ExxonMobil contra PDVSA, y le da razón al Estado venezolano en la defensa del derecho soberano sobre el manejo de sus recursos naturales”.
El fallo del juez Walker “pone en su sitio a la ExxonMobil”, añadió el ministro Ramírez. “Todo el país debe saber que la decisión es 100 por ciento a favor de los alegatos de la nación, es decir, que hemos derrotado a la ExxonMobil”, declaró.
Revertir la privatización
La victoria obtenida por Venezuela en la corte londinense cierra uno de los capítulos en la estrategia adoptada por el país sudamericano a partir de 1999, cuando llegó al poder el presidente Hugo Chávez, para retomar el control sobre el petróleo venezolano, transferido parcialmente a empresas privadas, la mayoría trasnacionales, aun cuando formalmente esa participación estaba prohibida por la constitución venezolana.
El 8 de febrero pasado, en un mensaje en cadena nacional, el ministro Ramírez explicó a los venezolanos que el origen del litigio del Estado contra la ExxonMobil se remontaba a los años noventa. En ese periodo, abundó, se desarrolló en el país una política de entrega de la industria petrolera, “una política por intermedio de la cual se privatizó buena parte de las actividades que correspondían a nuestra industria Petróleos de Venezuela”.
A la par de esa privatización al margen de la Constitución, señaló el ministro en ese mensaje, comenzó un desmontaje de lo que era el régimen fiscal petrolero del Estado venezolano por la vía de la disminución de los ingresos petroleros, a través de los impuestos y de la regalía. “Esta política se conoció en su momento como la Apertura Petrolera. A partir de 1999, el gobierno del presidente Chávez inició una política de recuperación de la plena soberanía petrolera, recuperación del manejo de nuestro principal recurso”.
Desde 1999 el gobierno venezolano tomó acciones para recuperar una mayor parte de la renta petrolera (la diferencia entre el costo de extracción y el de venta del petróleo), tanto en el terreno fiscal, a partir de cobrar mayor regalía e impuestos a las empresas, como en lo relacionado directamente sobre la propiedad de los yacimientos.
En este último aspecto, el 27 de febrero de 2007 el gobierno emitió un decreto de nacionalización de los yacimientos de la faja petrolera del Orinoco, uno de los mayores reservorios del mundo, que había sido entregada por los anteriores gobiernos a trasnacionales. Eran los últimos proyectos que quedaban bajo el control de las firmas trasnacionales. Incluso, PDVSA tenía prohibido detentar la mayoría accionaría en este conjunto de proyectos. En el contexto de este decreto de nacionalización comenzó el proceso para migrar al esquema de empresas mixtas todos los proyectos que estaban vigentes en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Las trasnacionales involucradas
En este proceso de migración el gobierno venezolano logró acuerdos con más de diez petroleras trasnacionales, entre ellas: Total, de Francia; Statoil, de Noruega; Emi, de Italia; British Petroleum, del Reino Unido. Con las que ya operaban en la faja y no aceptaron el acuerdo de participación mixta, el gobierno obtuvo acuerdos para liquidar su participación. Sólo dos compañías, ambas estadunidenses, no aceptaron ningún tipo de pacto para reducir su participación o para finiquitarla, y decidieron acudir al arbitraje internacional: Conoco Phillips y ExxonMobil.
La posibilidad de un arbitraje internacional, que implica que un país, en este caso Venezuela, aceptara someterse a la decisión de un tribunal internacional, no fue aceptada en ningún momento por Caracas. ExxonMobil alegó que los gobiernos anteriores a Chávez habían aceptado que en los contratos figurara una cláusula de arbitraje internacional (como existe en los contratos de cooperación científico-técnica firmados por Petróleos Mexicanos con compañías extranjeras).
Antes de recurrir al arbitraje, ExxonMobil dijo que para salir de Venezuela reclamaba una indemnización de alrededor de 5 mil millones de dólares. PDVSA ofreció pagar 750 millones de dólares, que es el valor en libros de los activos que la estadunidense detenta en la faja del Orinoco. La diferencia entre estas dos cifras originó el litigio que fue resuelto ayer en Londres a favor de Caracas.
El siguiente paso
Según el abogado Gordon Pollock, de la firma británica Stephenson Harwood, que representó a PDVSA en el juicio que hoy terminó, ExxonMobil no apelará la sentencia del juez Walker. El grupo venezolano podrá reclamar a la estadunidense por daños y perjuicios, relacionados con el tiempo que estuvieron congelados los 12 mil millones de dólares y por los gastos del juicio. Se estima que estos costes representarán 800 mil dólares.
ExxonMobil declinó comentar si apelaría la decisión del juez londinense. La sentencia de hoy significa que ExxonMobil no podrá mantener congelados los fondos de PDVSA, aunque el monto del pago que el gobierno venezolano deberá hacer por la salida de la estadunidense de la faja del Orinoco todavía tendrá que ser dirimido por ambas partes en Estados Unidos.
“Vamos a regresar al arbitraje en Nueva York para buscar la compensación justa a las empresas que han visto afectados sus intereses. El cronograma de las acciones lo va a establecer el arbitraje. Ahora nos sentamos tranquilos donde hemos debido estar desde hace tiempo”, señaló el ministro Ramírez.
Con información de Afp, Reuters y Roberto González Amador
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Sólo le queda la fuerza
■ Felipismo decadente y entrampado
■ Plantear privatización, un detonante
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Sólo le queda la fuerza
■ Felipismo decadente y entrampado
■ Plantear privatización, un detonante
La gerencia general del país está en una situación política y socialmente desventajosa para tratar de imponer la reforma energética que abriría el paso a capitales privados en Pemex. No se trata solamente del pecado electoral original que deslegitima a quien se ostenta como jefe formal del gobierno mexicano, sino inclusive el ejercicio político posterior (que en el caso de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, llevó a una aparente “legitimidad” de facto, aprobada por el panismo entonces encabezado por Diego Fernández de Cevallos). El funcionario Calderón se ha rodeado de un equipo que en varios casos está por debajo de la mediocridad y que tiene como estrellada estrella a un favorito de las intimidades al que colocó como jefe político en la Secretaría de Gobernación y como socio subsidiario en las negociaciones para privatizar el petróleo mexicano. Además, Felipe el Breve se ha peleado hasta con sus socios y patrocinadores electorales, a propósito, por dar un par de ejemplos, de impuestos empresariales y de negociaciones con medios electrónicos de comunicación.
En ese escenario de degradación, el felipismo está obligado a atender con seriedad y serenidad las definiciones públicas ayer confirmadas (ya se habían anunciado en la anterior concentración pública frente a la torre de Pemex) por el movimiento de Resistencia Civil Pacífica y partidos y personajes acompañantes. Frente a la frivolidad y la insensibilidad políticas del gerente Calderón y de su equipo de ventas se ha plantado una efervescencia cívica en proceso acelerado de organización que está decidida a luchar contra la pretensión (que en el purismo institucional pudiera ser formalmente válida, legalmente firme) de aprobar en los órganos legislativos modificaciones jurídicas que lesionen la soberanía nacional en materia de energéticos.
Lo que ayer hizo López Obrador en el Zócalo no fue un acto de fanfarronería. Intencionalmente recargado en pasajes históricos, sin histrionismo ni grandilocuencias, el único mexicano que es capaz de convocar y conducir un movimiento nacional masivo de protesta y oposición al poder reiteró su compromiso personal, ético e histórico, de desplegar a partir de la semana venidera un abanico de actos de resistencia civil que traspasarán los límites legales y colocarán a esos mexicanos rebeldes en condición de ser golpeados, detenidos, sujetos a proceso y eventualmente sentenciados a penas supuestamente ejemplarizantes.
Frente a esa insurrección cívica, la mercadotecnia y la desnacionalización instaladas en Los Pinos sólo tienen como recurso inmediato el uso de la fuerza. Aplicarla para reprimir a quienes instalen cercos ciudadanos u obstruyan vías de comunicación o instalaciones estratégicas será la primera tentación del grupito apropiado de Los Pinos que disfraza su soledad e incapacidad con excesos militares vigilantes e inclusive con la recurrencia, digna de diván, a indumentarias castrenses fuera de talla. Pero activar los mecanismos de represión sería una decisión nocturna de juerga que hundiría aún más al felipismo en el rechazo social creciente (a pesar de lo que digan los merolicos electrónicos y los filósofos de papel –moneda–) y sellaría la dependencia de los restos de poder civil respecto al militarismo que ha ido ocupando los lugares dejados por quienes gobiernan entre burbujas.
Sin legitimidad de origen, mediocre e ineficaz, rodeado de secretarios de gabinete desconocidos y políticamente clandestinos o descalificados; cedente, a priístas manliogámbicos y a militares “en guerra contra el narco”, del poco poder que le queda, el calderonismo debe leer con cuidado y valorar en su justa dimensión el plan de lucha anunciado ayer por la retadora Claudia Sheinbaum y aprobado por los asistentes a la sesión del Zócalo (por cierto, la secretaria de energía, la señora Kessel, carece de experiencia en política y en debates: está allí porque forma parte del grupo del ITAM que Calderón ha tomado como surtidor de cuadros administrativos). La historia de México, por lo demás, está llena de mujeres valiosas y valientes que han sabido impulsar las mejores batallas nacionales. Esta vez son muchísimas las que están dispuestas a ir a la vanguardia en una lucha que acabará convertida en una fila frontal, brazo a brazo, sin distinciones de género. La cita inmediata es el próximo martes, en el Zócalo, mientras en San Lázaro, Bucareli y Los Pinos juegan a mantener la apariencia de las instituciones y el estado de derecho. (¡Ah, maestro Paul Leduc, ¿quién inicia la violencia?, ¿hay un derecho a reaccionar contra la violencia institucional?, ¿todos somos ya el paciente en vías de tomarla a golpes contra el dentista que le sugiere tratamientos caros y le reclama desatenciones odontológicas o tardanzas en la revisión o falta de dinero?, ¿quién es hoy el Cobrador?) Pero, aún así, frente a la imposición entreguista disfrazada de proceso legislativo representante de la voluntad popular, estará la resistencia civil pacífica, sin provocaciones ni violencia.
(Ah, se olvidaba consignar aquí que el licenciado F.C. se trasladó ayer a un Paraíso tabasqueño cercado por guardias militares para insistir, sin atreverse a llamarla por su nombre, en su historieta de aguas profundas llenas de tesoros privatizables y que, en su paraíso familiar histórico, el papá biológico del ex gobernador de Michoacán (y político del actual) presionó, mediante un discurso de mínima distancia crítica hacia las fábulas calderonistas, y con una propuesta de “negociar con dignidad” frente a Estados Unidos, para que su paisano panista presuntamente presidente (P4) abra espacio en su gabinete a algún lazarillo intercambiable en negociaciones profundas).
Astillas
Luis Carlos Ugalde era mago y el ahora consejero presidente del IFE, V. Zurita, quiere seguir sus pasos, organizando una exhibición fugaz de documentación electoral de 2006, bajo vidrios blindados y mil condicionamientos. Nada por aquí, nada por allá, y enseguida la desaparición… Y, mientras el conteo del PRD evoca tragicómicamente las noches de julio de 2006, ¡hasta mañana, mientras siguen las agresiones a los emos!
En ese escenario de degradación, el felipismo está obligado a atender con seriedad y serenidad las definiciones públicas ayer confirmadas (ya se habían anunciado en la anterior concentración pública frente a la torre de Pemex) por el movimiento de Resistencia Civil Pacífica y partidos y personajes acompañantes. Frente a la frivolidad y la insensibilidad políticas del gerente Calderón y de su equipo de ventas se ha plantado una efervescencia cívica en proceso acelerado de organización que está decidida a luchar contra la pretensión (que en el purismo institucional pudiera ser formalmente válida, legalmente firme) de aprobar en los órganos legislativos modificaciones jurídicas que lesionen la soberanía nacional en materia de energéticos.
Lo que ayer hizo López Obrador en el Zócalo no fue un acto de fanfarronería. Intencionalmente recargado en pasajes históricos, sin histrionismo ni grandilocuencias, el único mexicano que es capaz de convocar y conducir un movimiento nacional masivo de protesta y oposición al poder reiteró su compromiso personal, ético e histórico, de desplegar a partir de la semana venidera un abanico de actos de resistencia civil que traspasarán los límites legales y colocarán a esos mexicanos rebeldes en condición de ser golpeados, detenidos, sujetos a proceso y eventualmente sentenciados a penas supuestamente ejemplarizantes.
Frente a esa insurrección cívica, la mercadotecnia y la desnacionalización instaladas en Los Pinos sólo tienen como recurso inmediato el uso de la fuerza. Aplicarla para reprimir a quienes instalen cercos ciudadanos u obstruyan vías de comunicación o instalaciones estratégicas será la primera tentación del grupito apropiado de Los Pinos que disfraza su soledad e incapacidad con excesos militares vigilantes e inclusive con la recurrencia, digna de diván, a indumentarias castrenses fuera de talla. Pero activar los mecanismos de represión sería una decisión nocturna de juerga que hundiría aún más al felipismo en el rechazo social creciente (a pesar de lo que digan los merolicos electrónicos y los filósofos de papel –moneda–) y sellaría la dependencia de los restos de poder civil respecto al militarismo que ha ido ocupando los lugares dejados por quienes gobiernan entre burbujas.
Sin legitimidad de origen, mediocre e ineficaz, rodeado de secretarios de gabinete desconocidos y políticamente clandestinos o descalificados; cedente, a priístas manliogámbicos y a militares “en guerra contra el narco”, del poco poder que le queda, el calderonismo debe leer con cuidado y valorar en su justa dimensión el plan de lucha anunciado ayer por la retadora Claudia Sheinbaum y aprobado por los asistentes a la sesión del Zócalo (por cierto, la secretaria de energía, la señora Kessel, carece de experiencia en política y en debates: está allí porque forma parte del grupo del ITAM que Calderón ha tomado como surtidor de cuadros administrativos). La historia de México, por lo demás, está llena de mujeres valiosas y valientes que han sabido impulsar las mejores batallas nacionales. Esta vez son muchísimas las que están dispuestas a ir a la vanguardia en una lucha que acabará convertida en una fila frontal, brazo a brazo, sin distinciones de género. La cita inmediata es el próximo martes, en el Zócalo, mientras en San Lázaro, Bucareli y Los Pinos juegan a mantener la apariencia de las instituciones y el estado de derecho. (¡Ah, maestro Paul Leduc, ¿quién inicia la violencia?, ¿hay un derecho a reaccionar contra la violencia institucional?, ¿todos somos ya el paciente en vías de tomarla a golpes contra el dentista que le sugiere tratamientos caros y le reclama desatenciones odontológicas o tardanzas en la revisión o falta de dinero?, ¿quién es hoy el Cobrador?) Pero, aún así, frente a la imposición entreguista disfrazada de proceso legislativo representante de la voluntad popular, estará la resistencia civil pacífica, sin provocaciones ni violencia.
(Ah, se olvidaba consignar aquí que el licenciado F.C. se trasladó ayer a un Paraíso tabasqueño cercado por guardias militares para insistir, sin atreverse a llamarla por su nombre, en su historieta de aguas profundas llenas de tesoros privatizables y que, en su paraíso familiar histórico, el papá biológico del ex gobernador de Michoacán (y político del actual) presionó, mediante un discurso de mínima distancia crítica hacia las fábulas calderonistas, y con una propuesta de “negociar con dignidad” frente a Estados Unidos, para que su paisano panista presuntamente presidente (P4) abra espacio en su gabinete a algún lazarillo intercambiable en negociaciones profundas).
Astillas
Luis Carlos Ugalde era mago y el ahora consejero presidente del IFE, V. Zurita, quiere seguir sus pasos, organizando una exhibición fugaz de documentación electoral de 2006, bajo vidrios blindados y mil condicionamientos. Nada por aquí, nada por allá, y enseguida la desaparición… Y, mientras el conteo del PRD evoca tragicómicamente las noches de julio de 2006, ¡hasta mañana, mientras siguen las agresiones a los emos!
Luis Linares Zapata
Las urgencias de Calderón
Con fuertes presiones sobre su débil administración para abrir el sector energético a la inversión privada, Calderón ve cómo se le achica el tiempo para cumplir con los compromisos adquiridos. Inversionistas nativos, pero sobre todo de fuera del país, están sumamente impacientes por recibir la contraprestación por sus masivos apoyos. Apoyos que le permitieron encaramarse (haiga sido como haiga sido) en el Poder Ejecutivo federal.
La intrínseca alianza del michoacano con los titulares momentáneos del PRI tardío, infundió a los patrones de ambos, renovadas esperanzas de cobrar, con los consiguientes réditos leoninos, sus abultadas facturas. Sin embargo, el indetenible desgaste del encargado (Mouriño) de negociar la llamada reforma energética se ha trastocado, por su inconsistencia política, nula ética y firmadas ilegalidades, en un fardo de autoritario acarreo.
Pero todavía hay numerosos obstáculos que brincar en la ruta hacia la intentona de privatizar el amplio y crucial sector de la energía. El principal lo presenta la cerrada oposición de la izquierda que ha decidido echar mano de toda su capacidad de movilización social para conservar, en propias manos, la riqueza que aún le queda a los mexicanos. Izquierda que, pasadas sus elecciones internas, manda un mensaje de reciedumbre y fortifica sus intenciones para empujar, sin modosidades fingidas, su propio proyecto.
Otro corre en paralelo con parte sustantiva de la base y aun la elite priísta que no aceptará, con la pronosticada facilidad que formulan sus actuales pastores burocráticos, el cambio a sus estatutos partidarios. Pero, en especial, porque algunos con refinada sensibilidad y patriotismo presienten el castigo que el electorado les hará efectivo en las venideras contiendas federales.
En ruta hacia cerrar el segundo año de su gris periodo, Calderón sufre merma adicional de su escaso capital político, ya muy tocado por su ilegítimo origen. La arriesgada y hasta insensata apuesta para encumbrar al inexperto e incapaz Mouriño hasta la crucial Secretaría de Gobernación le ha descarapelado el ya de por sí escaso margen de maniobra disponible. Tiene, por tanto, que actuar sobre una marcha que no tiene bases firmes ni llegadas seguras para enviar, al Congreso, su iniciativa energética que tanto ha esperado por mejores momentos que no aparecen concretarse.
La secretaría del ramo apenas ha incursionado con algunos lineamientos de lo que dicha reforma puede contener. Y lo poco que se entrevé, no apunta hacia un trasteo adecuado, aún entre sus compañeros de viaje: los dirigentes del priísmo tardío que no tardarán en incrementar el precio por sus servicios. La secretaria ha dado tibios y confusos pasos para aclarar las reales intenciones de su embozado jefe. Las razones que aduce para atraer la inversión privada (casi en exclusiva externa) son tan endebles como siempre: incapacidad tecnológica, organizativa y financiera por parte de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las aguas profundas son el piso que, según este diagnóstico a modo, obliga a las alianzas, una manera tonta de ocultar lo que harían, como de paso, con toda la exploración, extracción, transporte, distribución o refinación de los hidrocarburos. La reserva prospectiva de crudo en las aguas profundas se calcula en 30 mil millones de barriles equivalentes. Esto, en términos monetarios y a los precios actuales de la mezcla mexicana (80 dólares en promedio), alcanzaría la estratosférica cifra de 2.4 billones de dólares a valor presente (2.4 trillones estadunidenses), riqueza que se aprecia, para cualquier negociante, lo suficientemente atractiva como para obtener de ella una tajada sustantiva.
Es por ello que quieren bursatilizar parte del capital de Pemex. Otra táctica similar sería convertir la actual deuda (Pidiregas o Bonos de deuda) en capital. Ambas modalidades serían la manera más directa de apropiarse de buena parte de la renta petrolera, tal como hicieron con Petrobras de Brasil. Ahí, el capital externo ahora será copropietario de una sustantiva parte de esos 80 mmdb que se han descubierto de reservas de crudo en aguas profundas.
Pero la Secretaría de Energía va todavía más allá al describir sus intenciones futuras. Pretende que, para 2020, Pemex esté extrayendo 4 millones de barriles diarios. Tres de ellos, cuando menos, dedicados a la exportación (de crudo). Un propósito que no se entiende en las circunstancias de petróleo caro. Los precios del crudo y, más aún, de los más de 3 mil derivados serán, con firme seguridad, crecientes. Razón por la cual hay urgencia de integrar el sector energético completo y darle así coherencia a una estrategia de desarrollo fincado en lo interno.
Pero Calderón ya no tiene alternativa. Se ha ido cerrando caminos y reincide en las obsesiones de siempre: recurrir al exterior para malbaratar los propios tesoros. Tiene que enviar su apalabrada reforma, aunque sea solamente una manera tope e irresponsable de entregar tales recursos y extranjerizar, aún más, la economía. Entregar malas cuentas en el renglón energético a sus mentores lo pondrán contra la pared frente a los grupos de presión que lo sostienen. La presión mundial y, en especial la de los vecinos del norte, busca asegurar fuentes de abastecimiento seguras ante los enormes costos que les presenta un Medio Oriente que requiere mecanismos de seguridad inmensos para resguardar los activos petroleros. Quieren, además y con urgencia, colocar, en campos rentables, los masivos flujos de efectivo que han salido de un mercado de valores que no responde y enturbia el horizonte de expectativas al capital.
En días venideros, el Congreso recibirá la ansiada reforma. Entonces se verá lo premonitorio que resultaron los preparativos que hizo la izquierda para movilizar a sus bases y preparar a la opinión pública. La disputa por la atención ciudadana no ha terminado. El oficialismo ha recurrido a una campaña mediática tramposa para adormecer a parte del pueblo. Los aliados que tiene el oficialismo en los medios de comunicación han sido incapaces de argumentar, de manera convincente en favor de la apertura energética. Tampoco han acercado, entre otras capas de dirigentes nacionales, los recursos requeridos para pasar una legislación lesiva a los intereses de los que son los reales accionistas de Pemex o la CFE.
Contra viento y marea Calderón habrá de enfrentar, en solitario, el veredicto de una historia que se le dibuja cada vez más hostil.
Las urgencias de Calderón
Con fuertes presiones sobre su débil administración para abrir el sector energético a la inversión privada, Calderón ve cómo se le achica el tiempo para cumplir con los compromisos adquiridos. Inversionistas nativos, pero sobre todo de fuera del país, están sumamente impacientes por recibir la contraprestación por sus masivos apoyos. Apoyos que le permitieron encaramarse (haiga sido como haiga sido) en el Poder Ejecutivo federal.
La intrínseca alianza del michoacano con los titulares momentáneos del PRI tardío, infundió a los patrones de ambos, renovadas esperanzas de cobrar, con los consiguientes réditos leoninos, sus abultadas facturas. Sin embargo, el indetenible desgaste del encargado (Mouriño) de negociar la llamada reforma energética se ha trastocado, por su inconsistencia política, nula ética y firmadas ilegalidades, en un fardo de autoritario acarreo.
Pero todavía hay numerosos obstáculos que brincar en la ruta hacia la intentona de privatizar el amplio y crucial sector de la energía. El principal lo presenta la cerrada oposición de la izquierda que ha decidido echar mano de toda su capacidad de movilización social para conservar, en propias manos, la riqueza que aún le queda a los mexicanos. Izquierda que, pasadas sus elecciones internas, manda un mensaje de reciedumbre y fortifica sus intenciones para empujar, sin modosidades fingidas, su propio proyecto.
Otro corre en paralelo con parte sustantiva de la base y aun la elite priísta que no aceptará, con la pronosticada facilidad que formulan sus actuales pastores burocráticos, el cambio a sus estatutos partidarios. Pero, en especial, porque algunos con refinada sensibilidad y patriotismo presienten el castigo que el electorado les hará efectivo en las venideras contiendas federales.
En ruta hacia cerrar el segundo año de su gris periodo, Calderón sufre merma adicional de su escaso capital político, ya muy tocado por su ilegítimo origen. La arriesgada y hasta insensata apuesta para encumbrar al inexperto e incapaz Mouriño hasta la crucial Secretaría de Gobernación le ha descarapelado el ya de por sí escaso margen de maniobra disponible. Tiene, por tanto, que actuar sobre una marcha que no tiene bases firmes ni llegadas seguras para enviar, al Congreso, su iniciativa energética que tanto ha esperado por mejores momentos que no aparecen concretarse.
La secretaría del ramo apenas ha incursionado con algunos lineamientos de lo que dicha reforma puede contener. Y lo poco que se entrevé, no apunta hacia un trasteo adecuado, aún entre sus compañeros de viaje: los dirigentes del priísmo tardío que no tardarán en incrementar el precio por sus servicios. La secretaria ha dado tibios y confusos pasos para aclarar las reales intenciones de su embozado jefe. Las razones que aduce para atraer la inversión privada (casi en exclusiva externa) son tan endebles como siempre: incapacidad tecnológica, organizativa y financiera por parte de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las aguas profundas son el piso que, según este diagnóstico a modo, obliga a las alianzas, una manera tonta de ocultar lo que harían, como de paso, con toda la exploración, extracción, transporte, distribución o refinación de los hidrocarburos. La reserva prospectiva de crudo en las aguas profundas se calcula en 30 mil millones de barriles equivalentes. Esto, en términos monetarios y a los precios actuales de la mezcla mexicana (80 dólares en promedio), alcanzaría la estratosférica cifra de 2.4 billones de dólares a valor presente (2.4 trillones estadunidenses), riqueza que se aprecia, para cualquier negociante, lo suficientemente atractiva como para obtener de ella una tajada sustantiva.
Es por ello que quieren bursatilizar parte del capital de Pemex. Otra táctica similar sería convertir la actual deuda (Pidiregas o Bonos de deuda) en capital. Ambas modalidades serían la manera más directa de apropiarse de buena parte de la renta petrolera, tal como hicieron con Petrobras de Brasil. Ahí, el capital externo ahora será copropietario de una sustantiva parte de esos 80 mmdb que se han descubierto de reservas de crudo en aguas profundas.
Pero la Secretaría de Energía va todavía más allá al describir sus intenciones futuras. Pretende que, para 2020, Pemex esté extrayendo 4 millones de barriles diarios. Tres de ellos, cuando menos, dedicados a la exportación (de crudo). Un propósito que no se entiende en las circunstancias de petróleo caro. Los precios del crudo y, más aún, de los más de 3 mil derivados serán, con firme seguridad, crecientes. Razón por la cual hay urgencia de integrar el sector energético completo y darle así coherencia a una estrategia de desarrollo fincado en lo interno.
Pero Calderón ya no tiene alternativa. Se ha ido cerrando caminos y reincide en las obsesiones de siempre: recurrir al exterior para malbaratar los propios tesoros. Tiene que enviar su apalabrada reforma, aunque sea solamente una manera tope e irresponsable de entregar tales recursos y extranjerizar, aún más, la economía. Entregar malas cuentas en el renglón energético a sus mentores lo pondrán contra la pared frente a los grupos de presión que lo sostienen. La presión mundial y, en especial la de los vecinos del norte, busca asegurar fuentes de abastecimiento seguras ante los enormes costos que les presenta un Medio Oriente que requiere mecanismos de seguridad inmensos para resguardar los activos petroleros. Quieren, además y con urgencia, colocar, en campos rentables, los masivos flujos de efectivo que han salido de un mercado de valores que no responde y enturbia el horizonte de expectativas al capital.
En días venideros, el Congreso recibirá la ansiada reforma. Entonces se verá lo premonitorio que resultaron los preparativos que hizo la izquierda para movilizar a sus bases y preparar a la opinión pública. La disputa por la atención ciudadana no ha terminado. El oficialismo ha recurrido a una campaña mediática tramposa para adormecer a parte del pueblo. Los aliados que tiene el oficialismo en los medios de comunicación han sido incapaces de argumentar, de manera convincente en favor de la apertura energética. Tampoco han acercado, entre otras capas de dirigentes nacionales, los recursos requeridos para pasar una legislación lesiva a los intereses de los que son los reales accionistas de Pemex o la CFE.
Contra viento y marea Calderón habrá de enfrentar, en solitario, el veredicto de una historia que se le dibuja cada vez más hostil.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR
- PANORAMA DEL MEDIODIA - 2008-03-19
GUATEMALA-ASESINATO
Mario Caal Bolón fue asesinado durante la incursión de la Policía Nacional Civil de Guatemala en aldeas de Livingston, región Izabal.
MÉXICO-PETRÓLEO
El Distrito Federal de México vivió una jornada de movilización para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera.
Audios disponibles:
Andrés Manuel López Obrador - 01 min. 40 seg. (782 KB)
ARGENTINA-PAPELERAS
En Semana Santa sólo permanecerá abierto el paso fronterizo que une la localidad argentina de Concordia con la uruguaya de Salto. Los otros dos puentes estarán cortados en rechazo a la papelera Botnia.
Audios disponibles:
ambientalista de Colón, Entre Ríos, Argentina - 20 seg. (161 KB)
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - FIN DEL DESPACHO
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