El Ejército, a la Corte Interamericana

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El Ejército, a la Corte Interamericana

jorge carrasco araizaga
México, D.F., (apro).-

Ante la indiferencia que por décadas ha mostrado el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de abrir la posibilidad de que se haga justicia en el caso de la “guerra sucia” en México.En una audiencia que tuvo lugar el pasado jueves 13 en sus oficinas de Washington, el organismo interamericano decidió enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su análisis de admisión el expediente de Rosendo Radilla Pacheco.Se trata de un campesino de Atoyac de Álvarez, Guerrero, desaparecido desde el 25 de agosto de 1974 a manos del Ejército Mexicano, durante la prolongada campaña militar desplegada para combatir a la guerrilla en la década de los setente.Emblemático de lo ocurrido en aquel estado, el caso Radilla fue admitido por la CIDH en 2005 ante el cúmulo de pruebas que demostraron no sólo la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, sino la negación de justicia a las víctimas y sus familiares.

La desaparición de Radilla, que de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos se trata de un delito continuado, puede también sentar precedente para hacer justicia luego de que el Estado mexicano ni siquiera ha mostrado voluntad para esclarecer lo ocurrido en los años sesenta y setenta, no sólo en Guerrero, sino en diferentes partes del país.Con el fallecido general Francisco Quirós Hermosillo como único responsable señalado por las autoridades mexicanas, el caso muestra también otro de los grandes retrasos de México: el predominio de la jurisdicción militar sobre la justicia ordinaria en casos de delitos en que estén involucrados militares.

El caso llegó a la Corte no sólo por los esfuerzos de Tita Radilla, la hija del campesino desaparecido y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas a Derechos Humanos en México.Radilla ha contado desde el 2001 con el trabajo de María Sirvent y Mario Solórzano, abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.A fines de mayo o principios de junio próximos, la Corte determinará si admite el caso. Pero en esa decisión hay una peculiaridad: su presidente es el jurista Sergio García Ramírez, quien durante años sirvió al régimen responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que son la materia del juicio.Esa condición haría que García Ramírez se exculpara de participar.Los abogados que patrocinan el caso tienen una esperanza: que la Corte Interamericana –cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica– considere los antecedentes de México en la materia a nivel interamericano.El Estado mexicano ha incumplido todos y cada uno de los 14 informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por distintas violaciones a los derechos humanos.

Si bien los crímenes de lesa humanidad registrados en México en esos años no se comparan en número con los ocurridos en Centro y Sudamérica, el Estado mexicano es el que más indiferente se ha mostrado al tema.La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, sumida en burocracia y presunta corrupción, cumplió con el propósito de diluir las investigaciones. La prueba: los hechos que oficialmente investigó siguen, en su gran mayoría, en la impunidad. Lo único que queda para las víctimas es la sensibilidad de la Corte Interamericana. (14 de marzo de 2008)

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