FRACASA PACTO DE ORTEGA Y ENCINASLos candidatos a la presidencia nacional del PRD, Alejandro Encinas y Jesús Ortega, mantuvieron una reunión en busca de una salida a la crisis derivada de las múltiples denuncias de irregularidades registradas en el proceso, informa EL UNIVERSAL. Durante dos horas, ambos confrontaron posiciones y presentaron propuestas, sin llegar a un acuerdo. En entrevista, Encinas explicó que su planteamiento consistió en anular toda casilla que registre más de mil votos —el límite de sufragios en cada puesto electoral era de 700— “para no postergar el deterioro y el conflicto” hasta un mes, si el asunto llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El grupo de sicarios conocidos como Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, ha sido clasificado como factor de riesgo contra la seguridad del gobierno de Estados Unidos, indica EXCELSIOR. El informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas (NIDC, por sus siglas en inglés), al que Excélsior tuvo acceso, establece que “la operación y violencia de Los Zetas es similar a la de los grupos armados o células paramilitares.”
El proceso electoral al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “ha llegado a grados tales de desaseo y confrontación, que exhiben lo extremo de su degradación y reclaman de sus miembros acciones drásticas y decisivas”, expresó este viernes Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que consideró que “el Comité Técnico Electoral y la dirección formal del partido no tienen otro camino que declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16”, informa LA JORNADA.
A través de un documento publicado en su página web, el líder moral del partido del sol azteca opinó que la dirección formal del partido ha perdido la capacidad para preservar la legalidad estatutaria ante “el lodazal en que se ha sumido el proceso y la rispidez de la confrontación entre los grupos que se proclaman ganadores”. Ante tales circunstancias, Cárdenas Solórzano recomendó que el Consejo Nacional debe “designar a un presidente provisional y darle plenas facultades para el gobierno y la conducción del partido en el período de transición que debe abrirse desde este momento y hasta la elección de una nueva dirección” y agregó que el actual consejo debe disolverse junto con todos los demás órganos del partido.
OFENDE A JUÁREZ QUIEN IGNORA LA LEY: CALDERÓN
Día de coincidencias entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Día, también, para celebrar al mismo prócer, Benito Juárez, en el 202 aniversario de su natalicio, informa MILENIO. El Presidente llegó al Hemiciclo a Juárez, en la ciudad de México, a las 8:30 horas. Estuvo unos 15 minutos, en los cuales montó una guardia de honor, depositó una ofrenda floral y firmó el Libro de visitantes distinguidos: “Con profundo respeto y admiración al Benemérito de las Américas, y con firme lealtad a lo mejor de su enseñanza liberal, que es el respeto a la ley, a los derechos de los demás y el amor a la Patria”.
CULTURA MUSICA: EUROJAZZ EN EL CENART VIENE MOTLEY CRUE A MEXICO ROCK EN PRIMAVERA TEATRO: LA ROÑA SE PRESENTA LITERATURA: LOS NUEVOS TITULOS DE LA SERIE FLIPBOOKS
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Identifica Quito armas usadas por Colombia
Bombas de Tormenta del desierto contra las FARC
Afp, Dpa y Notimex
Bombas de Tormenta del desierto contra las FARC
Afp, Dpa y Notimex
Quito, 21 de marzo. El campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue atacado por el ejército colombiano el primero de marzo en Ecuador, fue destruido por bombas del mismo tipo de las que utilizó Estados Unidos en su primera guerra contra Irak en 1991, dio a conocer hoy la prensa local.
La base fue arrasada por 10 bombas GBU 12 Paveway II, de 500 libras, que provocaron cráteres de 2.40 metros de diámetro por 1.80 metros de profundidad, y dejaron una veintena de muertos, entre ellos el comandante rebelde Raúl Reyes.
Rastro hacia el Comando Sur
El diario El Comercio de Quito, que citó fuentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), indicó que ese tipo de bomba fue muy usada durante la operación Tormenta del desierto en Irak, y que ahora se lanzó en el ataque colombiano sobre el paraje Angostura, una zona selvática de la frontera norte de Ecuador.
De acuerdo con la FAE, por lo general ese arsenal no se lleva en naves Supertucano, un modelo de avión brasileño utilizado por Colombia, y descartó además que en el ataque se hayan empleado los aviones Kfir, que también forman parte de los escuadrones colombianos.
El informe de la FAE también estableció que se encontraron cartuchos de proyectiles 0.50 en la base rebelde atacada, los cuales “fueron disparados por ametralladoras emplazadas en helicópteros, que brindaron la seguridad del personal que realizó la infiltración” en suelo ecuatoriano.
La víspera, las FARC afirmaron que la operación contrainsurgente fue dirigida por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos.
La base fue arrasada por 10 bombas GBU 12 Paveway II, de 500 libras, que provocaron cráteres de 2.40 metros de diámetro por 1.80 metros de profundidad, y dejaron una veintena de muertos, entre ellos el comandante rebelde Raúl Reyes.
Rastro hacia el Comando Sur
El diario El Comercio de Quito, que citó fuentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), indicó que ese tipo de bomba fue muy usada durante la operación Tormenta del desierto en Irak, y que ahora se lanzó en el ataque colombiano sobre el paraje Angostura, una zona selvática de la frontera norte de Ecuador.
De acuerdo con la FAE, por lo general ese arsenal no se lleva en naves Supertucano, un modelo de avión brasileño utilizado por Colombia, y descartó además que en el ataque se hayan empleado los aviones Kfir, que también forman parte de los escuadrones colombianos.
El informe de la FAE también estableció que se encontraron cartuchos de proyectiles 0.50 en la base rebelde atacada, los cuales “fueron disparados por ametralladoras emplazadas en helicópteros, que brindaron la seguridad del personal que realizó la infiltración” en suelo ecuatoriano.
La víspera, las FARC afirmaron que la operación contrainsurgente fue dirigida por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos.
Gustavo Iruegas
Los internacionalistas no piden permiso
Los internacionalistas no piden permiso
Verónica, Soren, Juan y Fernando murieron en el ataque aéreo del primero de marzo al campamento del comandante Raúl Reyes en la provincia ecuatoriana de Sucumbios. Lucía sobrevivió. Mexicanos los cinco.
Los cinco jóvenes estaban inscritos en la universidad; pero no, la universidad no los envió. Ni la República, ni sus padres. Tomaron una decisión propia y personalísima; aun si el propósito de su viaje fue hacer estudios e investigaciones sociales, el interés era personal. Se estaban acercando al más decantado ejercicio revolucionario, el internacionalista. Es posible que se tratara de sus primeros contactos. Pero no eran combatientes, no estaban en un campo de batalla ni tampoco en un país en guerra. No es extraño estar presente en un campamento guerrillero y no ser un combatiente. El de Régis Debray en el campamento del Che Guevara es un caso muy conocido. Se puede incluso ser parte de un grupo revolucionario sin ser combatiente, como lo han sido muchos sacerdotes.
No es ésta la ocasión de hablar de los internacionalistas consagrados en la historia. Es momento para recordar a los anónimos, a los que hicieron el sacrificio de su vida y los que, habiendo sobrevivido, la pusieron en el mismo riesgo en aras de la solidaridad internacional que los revolucionarios practican.
El 26 de julio de 1936, nueve cadetes del H. Colegio Militar aprovecharon la ceremonia de entrega de espadines a los cadetes de nuevo ingreso para salir a hacer trámites de pasaportes y otra documentación necesaria para viajar a España, donde se incorporarían a la defensa de la República Española. Los cadetes “… suponían que no sería mal visto por el gobierno de México que lucharan al lado de un país amigo que estaba peleando por los mismos principios que habían sido la causa de tanto derramamiento de sangre en la República [Mexicana]; máxime cuando veían claramente que el propio gobierno mexicano, desinteresada y abiertamente, ayudaba a la República Española. Allí estaba su constante lucha diplomática contra algunos países representados en Ginebra, para que se ayudara a España y se parase en seco la intervención fascista. Ello garantizaba plenamente cualquier movimiento a favor de la República” *. Las tribulaciones del grupo no fueron pocas. Cuando estaban en la estación de Buenavista abordando el tren que los llevaría a Veracruz se apareció un grupo de oficiales del Colegio Militar acompañados de la madre de uno de los cadetes. Cinco fueron regresados al plantel. Los otros cuatro lograron esconderse en el tren y continuar su viaje al puerto y abordar un barco… en el que fueron detenidos y regresados a México. Su castigo fue abrumador. Los nueve fueron expulsados “con cajas destempladas” del Colegio Miliar; entre sonidos de cornetas desafinadas y el redoblar de tambores flojos, todo frente a sus compañeros que les daban la espalda al verlos pasar. El escándalo en la prensa nacional fue mayúsculo. Cinco de ellos llegaron a España. Sólo uno, Roberto Vega González, sobrevivió a la guerra; alcanzó el grado de mayor del Ejército Republicano Español.
Araceli Pérez Darias, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue a pelear al lado de los sandinistas. En 1979, junto al resto de la jefatura del Frente Interno, del cual formaba parte, cayó prisionera en la ciudad de León. Al igual que el resto de sus compañeros, fue asesinada de un tiro en el pecho. Alegando disposiciones sanitarias, el gobierno somocista se negó a permitir la exhumación y el traslado del cadáver a México. Temía que la recepción fuese motivo de un acto de solidaridad contrario a la dictadura.
En El Salvador lucharon unos 250 mexicanos, más de 40 murieron, unos en combate, otros fueron asesinados en prisión. Es de recordarse el jovencito que luchaba en Usulután y la noticia de su muerte llegó antes que la última carta que escribió a su madre. En ella acompañaba una fotografía de tamaño credencial en cuyo reverso se leía a manera de dedicatoria: “Mamá; te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho…” Ésa fue la foto que la desconsolada madre usó para pedir en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se procurase la repatriación del cadáver. Las historias son tantas cuantos han sido los mexicanos que se han incorporado a una lucha que otros considerarían ajena, movidos por el ideal del internacionalismo revolucionario. En Guatemala ocurrió otro tanto y en Colombia no puede ser menos. El internacionalismo no es nuevo.
Lo que es nuevo –pero no sorprendente– es que el gobierno de facto exprese en el comunicado de prensa número 59, emitido por la cancillería el 14 de marzo, que es su “preocupación que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”. Las FARC ya eran las que son cuando el gobierno de Colombia –que también tiene su historia– inició procesos de negociación con ellas y el gobierno de México admitió en su territorio, en 1992, a una delegación de las FARC y del ELN para negociar la paz. México actuó como facilitador y comisionó a personal de la cancillería para hacerlo. Diplomáticos en funciones sirvieron como garantes de la seguridad en el tránsito entre la selva y México y de regreso a la selva y un embajador mexicano fue moderador en la mesa de negociaciones. Se reunieron en Tlaxcala, en un centro de descanso del IMSS llamado La Trinidad. Cuando las delegaciones del gobierno y de los revolucionarios regresaron a Colombia, representantes del ELN y de las FARC permanecieron en México –con conocimiento y en contacto con las autoridades de Gobernación– por varios años. El 30 de noviembre del año 2000, reunidos los presidentes de Colombia, Venezuela y el todavía presidente electo de México Vicente Fox, se dio una acalorada discusión entre los cancilleres colombiano y venezolano durante la cual se mencionó la existencia en México de una oficina de las FARC. Vicente Fox, sorprendido, intervino para decir que él no lo sabía y que ordenaría su inmediata expulsión. El propio presidente Pastrana terció para explicar que la presencia en México de esa oficina era útil, porque era un punto de contacto y comunicación entre el gobierno y los insurrectos, y pidió que se le permitiera permanecer. Vicente Fox accedió “mientras fueran útiles para la negociación”. Fue hasta mayo de 2002, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo, en Monterrey, cuando las negociaciones en El Caguán ya habían fracasado, que el presidente Pastrana le pidió a Fox que se cerrara la oficina de las FARC en México. Así se hizo.
La preocupación del gobierno de facto obedece a su alineamiento ideológico y político con Estados Unidos, pero aduce que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como acciones terroristas. Eso es cierto, pero no es efectivo. La dificultad estriba en que ni las resoluciones ni los tratados han logrado definir el terrorismo de manera generalmente aceptable ni han podido elaborar una fórmula que permita determinar quién es terrorista y quién no. En la práctica, el término terrorista es sólo un calificativo para el adversario. Los textos de la OEA y de la ONU obedecen a la hegemonía de Estados Unidos y no a la lógica del derecho. El delito de terrorismo internacional no es más que un artilugio que pretende cancelar el derecho de los pueblos a la rebelión. Olvidan la cancillería, la OEA y la ONU que la revolución es un atributo de la soberanía popular que no requiere la aprobación de nadie más que la del propio pueblo que la practica.
En cuanto a los jóvenes internacionalistas mexicanos víctimas del ataque al campamento en Sucumbios hay que decir que los muertos no temen a las investigaciones ni a las causas judiciales. Sería el colmo del cinismo que el gobierno de Colombia pidiera la extradición de Lucía y altamente improbable que el gobierno de Ecuador la entregara. Si en México el gobierno de facto intentara una bellaquería contra ella, agregaría un agravio más a la ira popular que con tanto ahínco ha cultivado. Lo único que corresponde es asegurar el pronto regreso de Lucía a México, a su familia y a su escuela. A los espurios no hay que pedirles ni comprensión ni clemencia. Pero se les exige respeto. Respeto a la conciencia personal, al compromiso social y a la actitud solidaria de nuestros jóvenes internacionalistas.
Ésta es una tesis de política exterior del gobierno legítimo de México.
* Roberto Vega González, Cadetes mexicanos en la guerra de España, Compañía General de Ediciones, México, 1954.
Los cinco jóvenes estaban inscritos en la universidad; pero no, la universidad no los envió. Ni la República, ni sus padres. Tomaron una decisión propia y personalísima; aun si el propósito de su viaje fue hacer estudios e investigaciones sociales, el interés era personal. Se estaban acercando al más decantado ejercicio revolucionario, el internacionalista. Es posible que se tratara de sus primeros contactos. Pero no eran combatientes, no estaban en un campo de batalla ni tampoco en un país en guerra. No es extraño estar presente en un campamento guerrillero y no ser un combatiente. El de Régis Debray en el campamento del Che Guevara es un caso muy conocido. Se puede incluso ser parte de un grupo revolucionario sin ser combatiente, como lo han sido muchos sacerdotes.
No es ésta la ocasión de hablar de los internacionalistas consagrados en la historia. Es momento para recordar a los anónimos, a los que hicieron el sacrificio de su vida y los que, habiendo sobrevivido, la pusieron en el mismo riesgo en aras de la solidaridad internacional que los revolucionarios practican.
El 26 de julio de 1936, nueve cadetes del H. Colegio Militar aprovecharon la ceremonia de entrega de espadines a los cadetes de nuevo ingreso para salir a hacer trámites de pasaportes y otra documentación necesaria para viajar a España, donde se incorporarían a la defensa de la República Española. Los cadetes “… suponían que no sería mal visto por el gobierno de México que lucharan al lado de un país amigo que estaba peleando por los mismos principios que habían sido la causa de tanto derramamiento de sangre en la República [Mexicana]; máxime cuando veían claramente que el propio gobierno mexicano, desinteresada y abiertamente, ayudaba a la República Española. Allí estaba su constante lucha diplomática contra algunos países representados en Ginebra, para que se ayudara a España y se parase en seco la intervención fascista. Ello garantizaba plenamente cualquier movimiento a favor de la República” *. Las tribulaciones del grupo no fueron pocas. Cuando estaban en la estación de Buenavista abordando el tren que los llevaría a Veracruz se apareció un grupo de oficiales del Colegio Militar acompañados de la madre de uno de los cadetes. Cinco fueron regresados al plantel. Los otros cuatro lograron esconderse en el tren y continuar su viaje al puerto y abordar un barco… en el que fueron detenidos y regresados a México. Su castigo fue abrumador. Los nueve fueron expulsados “con cajas destempladas” del Colegio Miliar; entre sonidos de cornetas desafinadas y el redoblar de tambores flojos, todo frente a sus compañeros que les daban la espalda al verlos pasar. El escándalo en la prensa nacional fue mayúsculo. Cinco de ellos llegaron a España. Sólo uno, Roberto Vega González, sobrevivió a la guerra; alcanzó el grado de mayor del Ejército Republicano Español.
Araceli Pérez Darias, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue a pelear al lado de los sandinistas. En 1979, junto al resto de la jefatura del Frente Interno, del cual formaba parte, cayó prisionera en la ciudad de León. Al igual que el resto de sus compañeros, fue asesinada de un tiro en el pecho. Alegando disposiciones sanitarias, el gobierno somocista se negó a permitir la exhumación y el traslado del cadáver a México. Temía que la recepción fuese motivo de un acto de solidaridad contrario a la dictadura.
En El Salvador lucharon unos 250 mexicanos, más de 40 murieron, unos en combate, otros fueron asesinados en prisión. Es de recordarse el jovencito que luchaba en Usulután y la noticia de su muerte llegó antes que la última carta que escribió a su madre. En ella acompañaba una fotografía de tamaño credencial en cuyo reverso se leía a manera de dedicatoria: “Mamá; te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho…” Ésa fue la foto que la desconsolada madre usó para pedir en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se procurase la repatriación del cadáver. Las historias son tantas cuantos han sido los mexicanos que se han incorporado a una lucha que otros considerarían ajena, movidos por el ideal del internacionalismo revolucionario. En Guatemala ocurrió otro tanto y en Colombia no puede ser menos. El internacionalismo no es nuevo.
Lo que es nuevo –pero no sorprendente– es que el gobierno de facto exprese en el comunicado de prensa número 59, emitido por la cancillería el 14 de marzo, que es su “preocupación que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”. Las FARC ya eran las que son cuando el gobierno de Colombia –que también tiene su historia– inició procesos de negociación con ellas y el gobierno de México admitió en su territorio, en 1992, a una delegación de las FARC y del ELN para negociar la paz. México actuó como facilitador y comisionó a personal de la cancillería para hacerlo. Diplomáticos en funciones sirvieron como garantes de la seguridad en el tránsito entre la selva y México y de regreso a la selva y un embajador mexicano fue moderador en la mesa de negociaciones. Se reunieron en Tlaxcala, en un centro de descanso del IMSS llamado La Trinidad. Cuando las delegaciones del gobierno y de los revolucionarios regresaron a Colombia, representantes del ELN y de las FARC permanecieron en México –con conocimiento y en contacto con las autoridades de Gobernación– por varios años. El 30 de noviembre del año 2000, reunidos los presidentes de Colombia, Venezuela y el todavía presidente electo de México Vicente Fox, se dio una acalorada discusión entre los cancilleres colombiano y venezolano durante la cual se mencionó la existencia en México de una oficina de las FARC. Vicente Fox, sorprendido, intervino para decir que él no lo sabía y que ordenaría su inmediata expulsión. El propio presidente Pastrana terció para explicar que la presencia en México de esa oficina era útil, porque era un punto de contacto y comunicación entre el gobierno y los insurrectos, y pidió que se le permitiera permanecer. Vicente Fox accedió “mientras fueran útiles para la negociación”. Fue hasta mayo de 2002, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo, en Monterrey, cuando las negociaciones en El Caguán ya habían fracasado, que el presidente Pastrana le pidió a Fox que se cerrara la oficina de las FARC en México. Así se hizo.
La preocupación del gobierno de facto obedece a su alineamiento ideológico y político con Estados Unidos, pero aduce que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como acciones terroristas. Eso es cierto, pero no es efectivo. La dificultad estriba en que ni las resoluciones ni los tratados han logrado definir el terrorismo de manera generalmente aceptable ni han podido elaborar una fórmula que permita determinar quién es terrorista y quién no. En la práctica, el término terrorista es sólo un calificativo para el adversario. Los textos de la OEA y de la ONU obedecen a la hegemonía de Estados Unidos y no a la lógica del derecho. El delito de terrorismo internacional no es más que un artilugio que pretende cancelar el derecho de los pueblos a la rebelión. Olvidan la cancillería, la OEA y la ONU que la revolución es un atributo de la soberanía popular que no requiere la aprobación de nadie más que la del propio pueblo que la practica.
En cuanto a los jóvenes internacionalistas mexicanos víctimas del ataque al campamento en Sucumbios hay que decir que los muertos no temen a las investigaciones ni a las causas judiciales. Sería el colmo del cinismo que el gobierno de Colombia pidiera la extradición de Lucía y altamente improbable que el gobierno de Ecuador la entregara. Si en México el gobierno de facto intentara una bellaquería contra ella, agregaría un agravio más a la ira popular que con tanto ahínco ha cultivado. Lo único que corresponde es asegurar el pronto regreso de Lucía a México, a su familia y a su escuela. A los espurios no hay que pedirles ni comprensión ni clemencia. Pero se les exige respeto. Respeto a la conciencia personal, al compromiso social y a la actitud solidaria de nuestros jóvenes internacionalistas.
Ésta es una tesis de política exterior del gobierno legítimo de México.
* Roberto Vega González, Cadetes mexicanos en la guerra de España, Compañía General de Ediciones, México, 1954.
Gustavo Leal F.*
Seguro Popular: surtiendo metas para Calderón
Desde el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador se han cuestionado las cifras triunfalistas que publicita el calderonismo sobre el “Seguro Popular” y su modalidad cambray: el “seguro” petit, sólo para los recién nacidos.
Se dice, por ejemplo, que mientras Felipe Calderón presume haber afiliado (durante 2007) 2.2 millones de “nuevas” familias (500 mil más de las programadas), el Informe sobre el Avance de Metas por Programa de la SHCP reportó que (a octubre de 2007) se habían inscrito al programa foxista apenas 812 mil familias. Ello querría decir que en ¡dos meses! la continuidad calderonista afilió al programa foxista (sin siquiera evaluarlo y extendiéndolo en la pura inercia) ¡1.4 millones de familias!
¿Quién miente? ¿Calderón, Hacienda, o ambos?
En cualquier caso, desde Fox, está claro que el cumplimiento de metas triunfalistas es sólo eso: metas huecas de afiliación. Porque el muy poco “popular” engendro que ahora Calderón perpetúa en la más oscura de las inercias afilia, pero no cura. Tampoco previene ni rehabilita. Era un surtidor de metas inventado para el país “maravilloso” que sólo veía Fox y que, hoy día, Calderón y Daniel Karam –el economista habilitado como comisionado de Protección Social en Salud– siguen empleando como surtidor de la fantástica “igualdad de oportunidades” que propalan sus inconsultos planes y programas continuistas.
Y es que ese singular “seguro” no está diseñado para curar. Lo está para “alinear precios en el sector”; para “brindar protección financiera” o financiar “con justicia”, como tanto gustaba pregonar el foxismo.
Pero, ¿a qué paciente le importa cómo se financió el programa que debería atenderlo, cuando padece la enfermedad que lo sitúa en el sufrimiento y el dolor?
Sin embargo, el doctor Córdova, secretario de Salud, estima que sobre la “reforma” calderonista del ISSSTE “no se han dado a conocer sus múltiples beneficios”. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿los casi 102 mil trabajadores eventuales del sector salud, donde más de 91 mil se encuentran “adscritos” al Seguro Popular y que serán “regularizados” por esa “reforma” aunque el proceso “podría concluir hasta la próxima administración”?
En su gran mayoría, ellos fueron contratados por los servicios estatales con salarios miserables (4 o 5 mil pesos mensuales para los médicos y 2 mil para las enfermeras) y careciendo de cualquier prestación. Hasta Raúl Contreras, director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, advierte que la retabulación “no será discrecional” y que falta aún “negociar” con las entidades los recursos necesarios para la “regularización” laboral. Porque “vamos a revisar uno por uno los casos”. Para ello se crearon 32 comisiones estatales, integradas por tres funcionarios y tres representantes sindicales, quienes elaboraron las listas de los que alcanzarán la “regularización”.
Como señaló Ricardo Pontigo desde el SNTISSSTE: a partir de enero de 2008 “se profundizarán los problemas de atención en el ISSSTE porque se incorporarán más de un millón de nuevos derechohabientes resultantes de la basificación de 300 mil trabajadores eventuales”. Pero a pesar de las costosas campañas mediáticas de Calderón y Yunes, en el instituto faltan cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos, entre otros. Se seguirán acumulando las cirugías pendientes y la atención será aún más deficiente. Se requiere contratar entre 5 y 7 mil profesionales más, particularmente en la rama médica. Y aunque el presupuesto 2008 aprobado por los legisladores no disponga un solo centavo más para enfrentar la demanda que acompañará al nuevo millón de afiliados.
¿Ese es sólo uno de los “múltiples beneficios” que vislumbra el doctor Córdova?
Porque las cifras del Seguro Popular y su modalidad cambray crecen por minuto. En enero, Calderón comunicó que el primero “atiende” a 7 millones 300 mil familias, mientras que el segundo “rebasó la meta: asegura a 800 mil niños”. Poco después, el doctor Córdova presentó a la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria un proyecto de acuerdo para que las familias de los niños nacidos en este sexenio sean incorporadas “en su totalidad” al “popular” engendro y se les exente del pago de la cuota económica. ¿Y las de los del anterior sexenio? Córdova cierra ahora la pinza pero al revés. Como si no fuera suficiente, durante los primeros días de febrero, aseguró que durante 2008 se afiliarían “dos millones de familias más”.
Por su parte, Daniel Karam presumió que el impopular seguro “atiende” en los 32 estados a “25 millones de afiliados” y que otro de sus “objetivos” es reducir la mortalidad materno-infantil a través de las fantásticas Caravanas de la Salud.
La “meta” es cubrir 40 millones y durante los cuatro años de su operación ha otorgado 71 millones de consultas, registrado 870 mil egresos hospitalarios y 370 mil partos, además de haber atendido a 7 mil mujeres con tumor maligno en el cuello de la matriz y 4 mil 632 recién nacidos requirieron la atención de cuidados intensivos neonatales. ¡Todo se vale en calderolandia!
Un gobierno eficiente no surte meras “metas” de afiliación a paquetes básicos rudimentariamente “preventivos”, obviando la más robusta demanda ciudadana: servicios médicos oportunos y resolutivos. Esos mismos que Calderón quiere, ahora, financiar con las bolsas públicas en los establecimientos privados.
En salud y seguridad social, el calderonismo es pura continuidad foxista a peor: un surtidor automático de metas huecas de afiliación.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Seguro Popular: surtiendo metas para Calderón
Desde el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador se han cuestionado las cifras triunfalistas que publicita el calderonismo sobre el “Seguro Popular” y su modalidad cambray: el “seguro” petit, sólo para los recién nacidos.
Se dice, por ejemplo, que mientras Felipe Calderón presume haber afiliado (durante 2007) 2.2 millones de “nuevas” familias (500 mil más de las programadas), el Informe sobre el Avance de Metas por Programa de la SHCP reportó que (a octubre de 2007) se habían inscrito al programa foxista apenas 812 mil familias. Ello querría decir que en ¡dos meses! la continuidad calderonista afilió al programa foxista (sin siquiera evaluarlo y extendiéndolo en la pura inercia) ¡1.4 millones de familias!
¿Quién miente? ¿Calderón, Hacienda, o ambos?
En cualquier caso, desde Fox, está claro que el cumplimiento de metas triunfalistas es sólo eso: metas huecas de afiliación. Porque el muy poco “popular” engendro que ahora Calderón perpetúa en la más oscura de las inercias afilia, pero no cura. Tampoco previene ni rehabilita. Era un surtidor de metas inventado para el país “maravilloso” que sólo veía Fox y que, hoy día, Calderón y Daniel Karam –el economista habilitado como comisionado de Protección Social en Salud– siguen empleando como surtidor de la fantástica “igualdad de oportunidades” que propalan sus inconsultos planes y programas continuistas.
Y es que ese singular “seguro” no está diseñado para curar. Lo está para “alinear precios en el sector”; para “brindar protección financiera” o financiar “con justicia”, como tanto gustaba pregonar el foxismo.
Pero, ¿a qué paciente le importa cómo se financió el programa que debería atenderlo, cuando padece la enfermedad que lo sitúa en el sufrimiento y el dolor?
Sin embargo, el doctor Córdova, secretario de Salud, estima que sobre la “reforma” calderonista del ISSSTE “no se han dado a conocer sus múltiples beneficios”. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿los casi 102 mil trabajadores eventuales del sector salud, donde más de 91 mil se encuentran “adscritos” al Seguro Popular y que serán “regularizados” por esa “reforma” aunque el proceso “podría concluir hasta la próxima administración”?
En su gran mayoría, ellos fueron contratados por los servicios estatales con salarios miserables (4 o 5 mil pesos mensuales para los médicos y 2 mil para las enfermeras) y careciendo de cualquier prestación. Hasta Raúl Contreras, director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, advierte que la retabulación “no será discrecional” y que falta aún “negociar” con las entidades los recursos necesarios para la “regularización” laboral. Porque “vamos a revisar uno por uno los casos”. Para ello se crearon 32 comisiones estatales, integradas por tres funcionarios y tres representantes sindicales, quienes elaboraron las listas de los que alcanzarán la “regularización”.
Como señaló Ricardo Pontigo desde el SNTISSSTE: a partir de enero de 2008 “se profundizarán los problemas de atención en el ISSSTE porque se incorporarán más de un millón de nuevos derechohabientes resultantes de la basificación de 300 mil trabajadores eventuales”. Pero a pesar de las costosas campañas mediáticas de Calderón y Yunes, en el instituto faltan cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos, entre otros. Se seguirán acumulando las cirugías pendientes y la atención será aún más deficiente. Se requiere contratar entre 5 y 7 mil profesionales más, particularmente en la rama médica. Y aunque el presupuesto 2008 aprobado por los legisladores no disponga un solo centavo más para enfrentar la demanda que acompañará al nuevo millón de afiliados.
¿Ese es sólo uno de los “múltiples beneficios” que vislumbra el doctor Córdova?
Porque las cifras del Seguro Popular y su modalidad cambray crecen por minuto. En enero, Calderón comunicó que el primero “atiende” a 7 millones 300 mil familias, mientras que el segundo “rebasó la meta: asegura a 800 mil niños”. Poco después, el doctor Córdova presentó a la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria un proyecto de acuerdo para que las familias de los niños nacidos en este sexenio sean incorporadas “en su totalidad” al “popular” engendro y se les exente del pago de la cuota económica. ¿Y las de los del anterior sexenio? Córdova cierra ahora la pinza pero al revés. Como si no fuera suficiente, durante los primeros días de febrero, aseguró que durante 2008 se afiliarían “dos millones de familias más”.
Por su parte, Daniel Karam presumió que el impopular seguro “atiende” en los 32 estados a “25 millones de afiliados” y que otro de sus “objetivos” es reducir la mortalidad materno-infantil a través de las fantásticas Caravanas de la Salud.
La “meta” es cubrir 40 millones y durante los cuatro años de su operación ha otorgado 71 millones de consultas, registrado 870 mil egresos hospitalarios y 370 mil partos, además de haber atendido a 7 mil mujeres con tumor maligno en el cuello de la matriz y 4 mil 632 recién nacidos requirieron la atención de cuidados intensivos neonatales. ¡Todo se vale en calderolandia!
Un gobierno eficiente no surte meras “metas” de afiliación a paquetes básicos rudimentariamente “preventivos”, obviando la más robusta demanda ciudadana: servicios médicos oportunos y resolutivos. Esos mismos que Calderón quiere, ahora, financiar con las bolsas públicas en los establecimientos privados.
En salud y seguridad social, el calderonismo es pura continuidad foxista a peor: un surtidor automático de metas huecas de afiliación.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR
- PANORAMA DEL MEDIODIA -
2008-03-20
AMARC
Este viernes 21 de marzo podrán unirse a la emisión internacional de 24 horas de las radios comunitarias contra la discriminación, Voces Sin Fronteras, organizada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.
ECUADOR-ASESINATO
La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos con sede en Quito, pidió que se investigue el asesinato de un líder campesino ecuatoriano a manos de militares colombianos en Colombia.
EEUU-INVASIÓN
Activistas se movilizaron en varias ciudades de EEUU contra lo que consideran una “guerra injusta e ilegal” en el quinto aniversario de la invasión a Irak. Cientos de personas fueron arrestadas en Washington DC, San Francisco, Chicago y Nueva York.
Audios disponibles:
Testimonio de Kristofer Goldsmith, ex Sargento del Ejército de los Estados Unidos. (En inglés) - 22 min. 08 seg. (3,79 Mb)
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ARGENTINA-EXTRADICIÓN
Organizaciones pidieron la libertad de 6 paraguayos en Argentina
Los seis campesinos de Paraguay son acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país, Raúl Cubas, ocurrido en 2004. Su Defensa asegura que son perseguidos políticos por ser opositores al Gobierno.
(+) Carta de los 6 campesinos paraguayos presos en Argentina
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR -
FIN DEL DESPACHO
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