Forum 176. Abril de 2008.
De 4 a 325, los muertos del 2 de octubre
Pablo Cabañas Díaz
pcabanas@correo.unam.mx
* La primera estimación fue de la Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación que encabezaba Luis Echeverría Álvarez. La segunda, del británicoThe Guardian, mientras que la embajada de EUA en México los cuantificó entre 150 y 200.
En 1997, siete documentos del gobierno estadunidense sobre el movimiento estudiantil de 1968, fueron desclasificados a petición de la organización no gubernamental National Security Archive. Estos textos son de sumo valor para el análisis académico. A partir de estos documentos se explicita que la decisión de reprimir a los estudiantes el 2 de octubre fue tomada por dos generales que desobedecieron órdenes del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán.
Pablo Cabañas Díaz
pcabanas@correo.unam.mx
* La primera estimación fue de la Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación que encabezaba Luis Echeverría Álvarez. La segunda, del británicoThe Guardian, mientras que la embajada de EUA en México los cuantificó entre 150 y 200.
En 1997, siete documentos del gobierno estadunidense sobre el movimiento estudiantil de 1968, fueron desclasificados a petición de la organización no gubernamental National Security Archive. Estos textos son de sumo valor para el análisis académico. A partir de estos documentos se explicita que la decisión de reprimir a los estudiantes el 2 de octubre fue tomada por dos generales que desobedecieron órdenes del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán.
En septiembre de 1994, la revista Proceso dio a conocer tres “Reportes de información de inteligencia” del Departamento de Defensa de Estados Unidos, relacionados con la matanza de Tlatelolco, obtenidos luego de que el semanario presentó solicitudes de desclasificación. La parte relevante del informe hace explícito que informantes del Pentágono gozaban de una relación muy cercana con los altos mandos del Ejército Mexicano, lo cual les permitía solicitar y obtener información privilegiada.
La fecha precisa del reporte de información de inteligencia está tachada, pero el documento, de dos páginas, tiene un sello que dice: “24 de marzo de 1969”. La ficha de resumen indica: país, México. Tema: Oficiales generales, del desagrado del secretario de la Defensa. Este reporte se refiere a la remoción del jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la pérdida de importancia del jefe del Estado Mayor Presidencial.
El informe entra en materia: “1. (una línea censurada) “que el general brigadier Mario Ballesteros Prieto, ex jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el general de brigada Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, habían caído de la gracia del general de división Marcelino García Barragán, secretario mexicano de la Defensa. (tachón) dijo que la razón por la que el general Ballesteros fue relevado como jefe del Estado Mayor fue que él, junto con el general de brigada Gutiérrez, habían estado dando contraórdenes o fallando en la interpretación correcta de las órdenes del general García Barragán. Además, ambos generales habían hecho cambios de personal y designaciones sin la autorización del secretario de la Defensa. (Tachón) también dijo que el general Gutiérrez ya no ocuparía su lugar acostumbrado directamente detrás del Presidente en actos oficiales”.
Este reporte fortalece la tesis de que las órdenes dadas por el secretario de la Defensa, general García Barragán el 2 de octubre de 1968, durante los desórdenes estudiantiles fueron ignoradas.
El general García Barragán había dado instrucciones al general Ballesteros para mandar efectivos a rodear la Plaza de las Tres Culturas, con el fin de observar qué ocurría y prevenir que las manifestaciones estudiantiles se esparcieran por otros rumbos de la ciudad. (Tachón). Más adelante se menciona que García Barragán no pudo juzgar en aquel momento si el general Ballesteros había malinterpretado las órdenes o las había cambiado deliberadamente; sin embargo, hechos posteriores convencieron a García Barragán de que tanto el general Ballesteros como el general Gutiérrez estaban pasando por encima de su autoridad y que, de hecho, habían cambiado deliberadamente sus órdenes.
En el documento aparece un apartado denominado “Comentarios” en el que se menciona que “Es difícil evaluar la validez de las acusaciones que se hacen arriba. (Varias líneas censuradas). El general Gutiérrez normalmente se coloca detrás del Presidente en todos los actos públicos. Durante el desayuno del Día del Ejército, el 19 de febrero de 1969, un joven capitán del Ejército se paró directamente detrás del Presidente mientras Gutiérrez estaba sentado en una mesa. Además, el general Ballesteros ha sido transferido a Canadá como agregado militar en la embajada en aquel país”.
En 1999, apareció el libro Parte de guerra. Tlatelolco 1968, en el capítulo El tigre Marcelino, se menciona: “Los disparos contra la multitud fueron hechos por un grupo de 10 oficiales armados con metralletas, bajo la conducción del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, enviados a diferentes edificios que daban a la Plaza de las Tres Culturas, con la instrucción precisa de hacer fuego contra la multitud allí reunida, según él, por órdenes superiores”. Ésa es la versión, al menos, del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional durante aquellos acontecimientos. Así lo narra Julio Scherer García, a partir de documentos del archivo del militar.
En el libro de Scherer García y Carlos Monsiváis no hay respuesta a algunas dudas: ¿Ballesteros Prieto y Gutiérrez Oropeza actuaron deliberadamente para generar el fuego cruzado? ¿La orden final fue pactada en Palacio Nacional ese miércoles 2 de octubre al mediodía?
El análisis sobre una orden pactada se ha omitido –hasta ahora– en virtud de que Gustavo Díaz Ordaz asumió en su V Informe de Gobierno, leído el 1 de septiembre de 1969, que él era el único responsable de lo acontecido. En octubre de 1998, más documentos desclasificados del gobierno estadunidense fueron publicados en Proceso. En esos escritos se plantea que el movimiento estudiantil de 1968 fue “altamente vergonzoso y una seria preocupación para el gobierno (mexicano), pero nunca una amenaza a su estabilidad”. Sin embargo, las autoridades mexicanas respondieron “rápidamente, con toda la fuerza que creyeron necesaria, tan pronto como estuvieron convencidas de que la situación se salía de control”. Se indica que la responsabilidad de lidiar con el movimiento recayó en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luis Echeverría Álvarez.
A estos textos se suma la información elaborada en 1968 por el Departamento de Estado. Los informes califican el alcance del movimiento como incapaz de amenazar la estabilidad del gobierno, indican que las demandas no eran excesivas y que la mayoría de los líderes deseaba resolver los agravios mediante negociaciones. En el informe publicado se menciona un dato central: “El Presidente está harto de las manifestaciones y los insultos y ha decidido usar la fuerza para aplacar futuros desórdenes”, dice el documento del Departamento de Estado, fechado el 29 de agosto de 1968.
Según este documento, el gobierno estadunidense tenía claro, dos meses antes de la matanza del 2 de octubre, que Díaz Ordaz tomaría las medidas de coerción necesarias para impedir que el movimiento estudiantil entorpeciera la celebración de los Juegos Olímpicos. Esas convicciones fueron comunicadas directamente al secretario de Estado Dean Rusk en al menos seis memorandos secretos, enviados por sus subalternos de las oficinas de Inteligencia e Investigación y de Asuntos Interamericanos, del 6 de agosto al 1 de octubre. Un documento firmado por el director de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, Thomas L. Hughes, con fecha 6 de agosto de 1968, señala: “El espectáculo de soldados golpeando a estudiantes en el rostro con culatas de rifles y sacándolos a rastras de una escuela pública en el centro de la ciudad de México no tiene precedente en años recientes, y ciertamente no ayuda a mantener la imagen de México como el país más estable y progresista de América Latina”.
En otro memorando, escrito el 16 de agosto, el mismo funcionario parece no tener dudas: “(Díaz Ordaz) mantendrá la capacidad y la voluntad de enfrentar con dureza y efectividad cualquier nuevo desorden”. El 20 de septiembre, dos días después de la ocupación de Ciudad Universitaria por el Ejército, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Covey T. Oliver, escribió a su jefe: “El gobierno mexicano, al ocupar la Universidad Nacional, se ha comprometido con la coerción como método para poner fin a los desórdenes estudiantiles (...) El prestigio del régimen de Díaz Ordaz ha sido dañado, tanto a causa de su vacilación inicial en lidiar con los estudiantes como por su violación de la autonomía universitaria”.
El 26 de septiembre, seis días antes de la matanza de Tlatelolco, Oliver envió un nuevo memorando a Rusk. “El ritmo de los incidentes violentos en la ciudad de México parece haber bajado (...) lo cual indica que la táctica del gobierno de México de usar la fuerza está teniendo éxito”. Escribió el funcionario: “Todo parece indicar que el gobierno de México está completamente decidido a restaurar el orden a como dé lugar”. Los 46 documentos abren una ventana al análisis interno que hacían funcionarios estadunidenses sobre la agitación estudiantil en México; un análisis que era frecuentemente crítico de la manera en que el gobierno mexicano lidiaba con las protestas y que contrastaba con los pronunciamientos públicos que Washington hacía al respecto.
Esto último queda claro en un memorando que el subsecretario Oliver envió a su jefe, al día siguiente de la matanza de Tlatelolco. “La seria violencia de anoche en la ciudad de México (...) fue un duro revés para el presidente Díaz Ordaz y su gobierno, tanto por la fuerza excesiva que se usó como por el hecho de que enfatiza el fracaso del gobierno de México de eliminar la violencia, después de once semanas”. Agregó: “La matanza replantea la pregunta de si los Juegos Olímpicos pueden llevarse al cabo”. Pero añadió: “Creemos que es importante evitar cualquier indicación de que carecemos de confianza en la habilidad del gobierno de México de controlar la situación”.
A este ominoso recuento se suma el hecho de que después de 40 años una de las principales cuestiones sin resolver, en el caso de Tlatelolco, es el número exacto de muertos. Para los presentes en la plaza y alrededor del lugar era difícil ver cuantas personas resultaron heridas o muertas, porque los soldados quitaron la vista mientras avanzaban sobre la plaza (La Prensa, 3-II-68).
Los números oficiales están entre 26 y 43. La cantidad más baja, de cuatro, fue dada por la Dirección Federal de Seguridad (DFS,Reforma, 2-X-96). La DFS debería haber tenido la mejor posición de información, pero podría haber tenido motivos para mantener el número lo más bajo posible. El Servicio Médico Forense del Distrito Federal señaló que hubo 27 muertos. El general Hernández Toledo sostenía en 1978 que no hubo ningún muerto (Proceso, 2-X-78).
La embajada estadunidense estimó que el número de muertos estaba entre 150 y 200.
Para el periodista británico John Rodda, en 1968 el número de muertos fue 325, y se basó en información que obtuvo de los médicos de los distintos hospitales de la ciudad de México (“The Killer Olimpics”, The Guardian, 18- VIII-72).
Luis Echeverría ha negado, repetidas veces, haber sido protagonista de los disturbios estudiantiles. En 1998 le dijo a una reportera de El Universal que él había jugado sólo un papel menor, bajo mandato de Díaz Ordaz, quien más tarde lo nombraría candidato presidencial por el PRI. La investigadora Kate Doyle cita que la periodista Irma Rosa Martínez le preguntó a Echeverría si su participación en los hechos del 68 afectó sus posibilidades de ser nominado para presidente.
—Pues me favoreció a mí porque yo no intervine en nada. Eso fue, lo manejó todo el presidente, todo, lo político y lo militar, con el secretario de la Defensa. Yo hice una vez declaraciones para el diálogo público y hasta ahí. No me perjudicó en nada.
—Pero a usted como secretario de Gobernación ¿no le habían encargado encarar esta parte del problema, la negociación?
—No, no, no. Todo lo manejó el presidente. Todo, todo. No hubo negociación. Cuando había borlote los dejaba y luego mandaba al Ejército.
Pero hoy sabemos que Echeverría creó y lideró un grupo de trabajo clave, conformado por importantes funcionarios del gobierno, que tuvieron a su cargo el diseño de una respuesta a las protestas estudiantiles, inmediatamente después de que comenzaron el 26 de julio.
En Washington, el Buró de Investigaciones e Inteligencia del Departamento de Estado (INR) identificó al comité como el organismo principal que dirigía los esfuerzos del gobierno para cortarles el paso a los estudiantes, fuera por la fuerza o a través de la coerción.
Después de la primera confrontación entre policías y estudiantes, el INR escribió el 6 de agosto:
“El comité decidió permitir la efervescencia de los estudiantes durante un tiempo, esperando que la situación no se volviera violenta. Sin embargo, se alertó y se puso en posición a las tropas. Al parecer, el gobierno consideraba crucial el periodo alrededor del día 29, y cuando actuó, usó toda su fuerza en un esfuerzo para convencer a los violentos estudiantes de que no tolerarían que se rompiera el orden público (…)”
Al mismo tiempo que se aplicaba esa fuerza, el gobierno trabajó calladamente con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y con algunos líderes estudiantiles. El comité estratégico, actuando bajo las instrucciones del presidente, advirtió al rector para que alentara las manifestaciones en el campo universitario, para evitar que llegaran a desembocar en violencia generalizada.
El régimen de Díaz Ordaz, en los primeros meses del movimiento no estaba seguro sobre cuál carta jugar: la mano dura o la mano conciliatoria. El 31 de julio, la CIA informó que tanto el director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, como el secretario general de la UNAM, Fernando Solana, habían confirmado en privado que “ni el gobierno mexicano ni los directivos de la universidad tienen ningún plan para lidiar con el actual problema de las agitaciones y las protestas Estudiantiles”. Tres meses después en el encabezado de Excélsior del 3 de octubre 1968 se lee: “Recio Combate al Dispersar el Ejército un Mitin de Huelguistas. 20 Muertos, 75 Heridos, 400 Presos’’. El jefe de la operación, José Hernández Toledo recibió un balazo en el tórax y fue presentado como prueba de la agresión estudiantil. “Creo que si se quería derramamiento de sangre ya es más que suficiente con la que yo ya he derramado’’, declaró el señor general.
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