Para que el Ejército mexicano no quede impune
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 12 enero 09 (CIMAC).- He tenido que enfrentar la soledad, el abandono de mi esposo y estar lejos de mi familia; no ha sido nada fácil. Desde el día que me atacaron sexualmente los militares vivo con miedo y resentimiento: ellos siguen libres y yo sigo luchando para que las mujeres de la Montaña de Guerrero no se enfrenten más a que los soldados las violen y que eso se vea como algo cotidiano. Lucho también para que el Gobierno nos escuche.
Así se expresa Valentina, indígena Me´phaa (tlapaneca) de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, Guerrero, quien fue violada y torturada por militares el 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad.
Entrevistada por Cimacnoticias en Chilpancingo, en un lugar que prefiere no revelar a nadie, dice que su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del 2003, y el 12 de octubre de 2007 acudió a una audiencia pública en Washington, sede del organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual llegan los casos que han agotado las instancias nacionales de justicia.
Para Valentina, la audiencia fue una experiencia buena pero triste “porque una mujer como yo, indígena mexicana, tuve que ir hasta Washington para que se me haga justicia, porque el Gobierno de México no escucha y porque hay muchas mujeres que no denuncian por vergüenza o por miedo a sus maridos o su familia”.
Inés, otra mujer Me´phaa, fue también atacada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres. Su denuncia en México corrió la misma suerte que la de Valentina, por lo que su caso fue presentado también ante la CIDH en junio del 2004.
Inés, acompañada de los abogados Mario Patrón y Alejandro Ramos y de Obtilia Eugenio Manuel, su traductora, asistieron el mismo día que Valentina a la audiencia de la CIDH, donde se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por violaciones a sus derechos.
NO CALLAR, SINO LUCHAR
A partir de la audiencia, asegura Valentina, sentí que las cosas podían cambiar y puede haber justicia para las mujeres, sólo que tienen que entender que no deben callarse, sino luchar para que las cosas no se queden sin resolver.
El caso de Valentina, afirma Teresa de la Cruz, coordinadora del área de difusión del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, está en espera del Informe de Fondo que emita la CIDH, cuyo retraso ha obedecido a que el Estado mexicano envió en noviembre un informe a la Comisión pidiendo que no emita su Informe, porque asegura que está practicando algunas diligencias.
Sin embargo, explica, en diciembre pasado Tlachinollan, peticionario ante la CIDH afirmó que toda investigación que realiza el Estado mexicano es ineficaz, porque no se aclara la competencia, es decir, qué institución es responsable de hacer la presunta investigación.
El Estado mexicano dijo que la Procuraduría General de la República estaba practicando las diligencias, cuando en realidad era la Procuraduría estatal la encargada. “Y esto para nosotros no tiene validez, dice De la Cruz, porque la Procuraduría estatal sólo está investigando civiles, cuando fueron militares los que violaron a Valentina. Por eso en nuestro escrito de diciembre solicitamos que la CIDH ya emita el Informe de fondo.
MÁS TORTURA
Para Inés, además de las secuelas de la violación, continúa siendo víctima de otro tipo de tortura: su hermano Lorenzo, quien inició los trámites para denunciar la violación y era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008, presumiblemente por denunciar en foros internacionales el caso de Inés.
Fue también pieza clave en la organización de los 14 indígenas esterilizados por autoridades de la Secretaría de Salud, bajo la promesa de que les construirían una clínica. Más aún, dos de sus sobrinos, uno de ellos víctima de esterilización, se encuentran encarcelados con otros tres integrantes de la OPIM, bajo la acusación de haber asesinado a un informante del Ejército.
La Montaña de Guerrero es una de las zonas con mayor presencia militar y la violación sexual a mujeres se ha mantenido en la impunidad debido al fuero militar que permite a los soldados no sean juzgados, dice Tlachinollan en su texto Injusticia Legalizada.
La justificación oficial para que La Montaña se encuentre militarizada, dice, es la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el combate al narcotráfico. Sin embargo, explica Tlachinollan, la intervención de las fuerzas armadas se ha mantenido durante mucho tiempo como parte de la lucha contrainsurgente.
Afirma Tlachinollan que los casos de violaciones atraídos por la Procuraduría General de Justicia Militar o enviados por las autoridades civiles a las castrenses, implica que las víctimas no puedan acceder a la justicia, debido a que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes.
EL INFORME QUE VIENE La CIDH emitió el pasado 7 de noviembre un informe al Gobierno de México por el caso de Inés, pero aunque confidencial, este tipo de documentos casi siempre se orientan a la recomendación de la reparación del daño de las víctimas, la investigación del hecho y la sanción a los responsables, dice De la Cruz.
Ahora, informa, están en espera de que el Estado Mexicano responda a las recomendaciones. Y si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado Tlachinollan.
“Seguiré luchando para que los militares paguen, estoy triste porque 7 años después aún no hay justicia y estoy sola y lejos de mi familia. Voy a luchar hasta que encuentre la justicia y cuando ésta llegue voy a regresar a mi pueblo a sembrar jamaica junto a mi familia”, concluye Valentina.
09/STP/GG
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 12 enero 09 (CIMAC).- He tenido que enfrentar la soledad, el abandono de mi esposo y estar lejos de mi familia; no ha sido nada fácil. Desde el día que me atacaron sexualmente los militares vivo con miedo y resentimiento: ellos siguen libres y yo sigo luchando para que las mujeres de la Montaña de Guerrero no se enfrenten más a que los soldados las violen y que eso se vea como algo cotidiano. Lucho también para que el Gobierno nos escuche.
Así se expresa Valentina, indígena Me´phaa (tlapaneca) de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, Guerrero, quien fue violada y torturada por militares el 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad.
Entrevistada por Cimacnoticias en Chilpancingo, en un lugar que prefiere no revelar a nadie, dice que su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del 2003, y el 12 de octubre de 2007 acudió a una audiencia pública en Washington, sede del organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual llegan los casos que han agotado las instancias nacionales de justicia.
Para Valentina, la audiencia fue una experiencia buena pero triste “porque una mujer como yo, indígena mexicana, tuve que ir hasta Washington para que se me haga justicia, porque el Gobierno de México no escucha y porque hay muchas mujeres que no denuncian por vergüenza o por miedo a sus maridos o su familia”.
Inés, otra mujer Me´phaa, fue también atacada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres. Su denuncia en México corrió la misma suerte que la de Valentina, por lo que su caso fue presentado también ante la CIDH en junio del 2004.
Inés, acompañada de los abogados Mario Patrón y Alejandro Ramos y de Obtilia Eugenio Manuel, su traductora, asistieron el mismo día que Valentina a la audiencia de la CIDH, donde se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por violaciones a sus derechos.
NO CALLAR, SINO LUCHAR
A partir de la audiencia, asegura Valentina, sentí que las cosas podían cambiar y puede haber justicia para las mujeres, sólo que tienen que entender que no deben callarse, sino luchar para que las cosas no se queden sin resolver.
El caso de Valentina, afirma Teresa de la Cruz, coordinadora del área de difusión del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, está en espera del Informe de Fondo que emita la CIDH, cuyo retraso ha obedecido a que el Estado mexicano envió en noviembre un informe a la Comisión pidiendo que no emita su Informe, porque asegura que está practicando algunas diligencias.
Sin embargo, explica, en diciembre pasado Tlachinollan, peticionario ante la CIDH afirmó que toda investigación que realiza el Estado mexicano es ineficaz, porque no se aclara la competencia, es decir, qué institución es responsable de hacer la presunta investigación.
El Estado mexicano dijo que la Procuraduría General de la República estaba practicando las diligencias, cuando en realidad era la Procuraduría estatal la encargada. “Y esto para nosotros no tiene validez, dice De la Cruz, porque la Procuraduría estatal sólo está investigando civiles, cuando fueron militares los que violaron a Valentina. Por eso en nuestro escrito de diciembre solicitamos que la CIDH ya emita el Informe de fondo.
MÁS TORTURA
Para Inés, además de las secuelas de la violación, continúa siendo víctima de otro tipo de tortura: su hermano Lorenzo, quien inició los trámites para denunciar la violación y era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008, presumiblemente por denunciar en foros internacionales el caso de Inés.
Fue también pieza clave en la organización de los 14 indígenas esterilizados por autoridades de la Secretaría de Salud, bajo la promesa de que les construirían una clínica. Más aún, dos de sus sobrinos, uno de ellos víctima de esterilización, se encuentran encarcelados con otros tres integrantes de la OPIM, bajo la acusación de haber asesinado a un informante del Ejército.
La Montaña de Guerrero es una de las zonas con mayor presencia militar y la violación sexual a mujeres se ha mantenido en la impunidad debido al fuero militar que permite a los soldados no sean juzgados, dice Tlachinollan en su texto Injusticia Legalizada.
La justificación oficial para que La Montaña se encuentre militarizada, dice, es la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el combate al narcotráfico. Sin embargo, explica Tlachinollan, la intervención de las fuerzas armadas se ha mantenido durante mucho tiempo como parte de la lucha contrainsurgente.
Afirma Tlachinollan que los casos de violaciones atraídos por la Procuraduría General de Justicia Militar o enviados por las autoridades civiles a las castrenses, implica que las víctimas no puedan acceder a la justicia, debido a que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes.
EL INFORME QUE VIENE La CIDH emitió el pasado 7 de noviembre un informe al Gobierno de México por el caso de Inés, pero aunque confidencial, este tipo de documentos casi siempre se orientan a la recomendación de la reparación del daño de las víctimas, la investigación del hecho y la sanción a los responsables, dice De la Cruz.
Ahora, informa, están en espera de que el Estado Mexicano responda a las recomendaciones. Y si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado Tlachinollan.
“Seguiré luchando para que los militares paguen, estoy triste porque 7 años después aún no hay justicia y estoy sola y lejos de mi familia. Voy a luchar hasta que encuentre la justicia y cuando ésta llegue voy a regresar a mi pueblo a sembrar jamaica junto a mi familia”, concluye Valentina.
09/STP/GG
Falta también el Sistema Nacional que rija sus acciones
Diez entidades aún sin Ley para una Vida Libre de Violencia
Diez entidades aún sin Ley para una Vida Libre de Violencia
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 12 enero 09 (CIMAC).- Hasta hoy, sólo 23 de las 32 entidades de la Federación han aprobado su respectiva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y únicamente tres cuentan con el Reglamento de dicha Ley, además de que la norma todavía no opera en su totalidad en el país, debido a la falta del Sistema Nacional que será el que rija las acciones para operar a nivel federal.
Las entidades que cuentan con su propia Ley, como mandata el Artículo Octavo Transitorio de la citada Ley General, son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
Sin embargo el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, uno de los ejes medulares de la Ley General, sigue sin estar listo.
De acuerdo a la Ley General en su Artículo 35, el Sistema Nacional estará integrado por las y los titulares de las Secretarías de Gobernación quien lo presidirá; Desarrollo Social, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud.
El Inmujeres ocupará la Secretaría Ejecutiva de este sistema, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), también formarán parte de este Sistema Nacional.
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, consideran la invitación a mujeres de la sociedad civil y/o académicas universitarias a sus Sistemas.
En opinión de la ex legisladora Angélica de la Peña Gómez, creadora --junto con la antropóloga y ex legisladora Marcela Lagarde y de los Ríos-- de la Ley General e integrantes de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, que hay inconsistencias en los conceptos de las leyes locales, pues se observa la disparidad entre éstas con la Ley General.
Por eso, explica, la coordinación en los tres órdenes de gobierno enfrentarán dificultades para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional, entre otras cuestiones, por la falta de mecanismos como el Banco Nacional de Datos y el Diagnóstico.
Los insumos de estos dos instrumentos son necesarios para la etiquetación de los presupuestos y recursos financieros para el apoyo a las acciones y políticas gubernamentales para prevenir, atender y erradicar la violencia de género y la construcción del Sistema en el ámbito municipal, afirma De la Peña Gómez, en un análisis de las legislaciones en las entidades federativas, publicado en la revista Equivalencia Parlamentaria, y en el que alerta de “graves vacíos” en las legislaciones estatales.
Las Leyes que no crean el Diagnóstico sobre casos de violencia contra mujeres y niñas son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, San Luis Potosí y Yucatán.
“Es necesario que los Congresos locales tomen en consideración la posibilidad de reformar sus ordenamientos para adecuarlos al concepto fundamental de la Ley General y las entidades que faltan por legislar, lo hagan pertinentemente”, subraya la ex legisladora.
GRAVES VACÍOS EN LEGISLACIONES LOCALES
En distintas ocasiones, feministas, como la ex legisladora Angélica de la Peña, e integrantes de organizaciones civiles han alertado sobre las inconsistencias en las legislaciones estatales que han aprobado sus propias Leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pues en su mayoría han omitido la violencia feminicida y no incluyen la Alerta de violencia de género.
La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, señala que entre las características generales de las leyes aprobadas en los estados de la República, antes mencionados, se encuentra su diversidad, en la forma y en los contenidos.
Y en que el diseño de algunas iniciativas presentadas y turnadas a las comisiones para su discusión han seguido algún patrón que tiene un origen partidario o retoma conceptos o artículos de otras iniciativas o decretos aprobados.
Incluso, señala la Red, en algunas de estas leyes se abordan preceptos propuestos en la ley tipo que diseñó la misma con este objetivo. En la generalidad también se retoman normas textuales inscritas en la Ley General, en algunos casos las contextualizan al ámbito local y en el marco de la Ley, en otros sólo las transcriben.
De igual manera, hay leyes, las menos, que están diseñadas en sentido opuesto respecto de la Ley General. Les faltó concebir a la Ley General como la ley marco para el diseño de las leyes locales y su armonización con tratados como la Convención de Belem Do Pará.
En tanto que otras leyes como las de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, no enuncian la modalidad de violencia feminicida, y las de Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, no establecen la Alerta de Violencia de Género a nivel local, falta de modalidades por las que la investigadoras y Organizaciones de la Sociedad Civil(OSC) tiene especial preocupación.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de febrero de 2007. Es un marco jurídico/legislativo que tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
En cumplimiento de su Artículo Octavo Transitorio, se deben crear 32 instrumentos jurídicos en cada una de las entidades federativas y se deben promover las reformas necesarias localmente para cumplir el objeto de la Ley
09/GT/GG
Designan defensor a Luis Nassar
Oaxaca: “gente pudiente” apoya a pederastas del Instituto San Felipe
Por Nadia Altamirano Díaz/corresponsal
Oaxaca, Oax., 12 enero 09 (CIMAC).- El abogado penalista José Luis Nassar Daw asumió ante el Juzgado Tercero Penal de la ciudad de Oaxaca la defensa de la profesora Magdalena García Soto, recluida en el penal de Santa María Ixcotel por ser cómplice de Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, quienes se encuentran prófugos después de que fueron denunciados por violar a un niño en el interior del Instituto San Felipe, escuela particular que sigue operando.
“Me he dado cuenta que por intentar meter a dos violadores a la cárcel se deja venir una desbandada de sujetos con influencias y dinero que contratan cuerpos jurídicos dignos de defender a delincuentes de altos vuelos”, dijo Leticia Valdés Martell, quien en mayo del 2007 presentó una denuncia penal por la violación sexual que a los cuatro años de edad sufrió su hijo en el Instituto San Felipe.
Leticia, para quien el proceso penal ha sido “difícil, desgastante y muy doloroso”, aseguró que los servicios de los abogados que defienden a los pederastas que abusaron de su hijo no fueron contratados por la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, sino por el apoyo de gente pudiente, tanto política y económicamente, que impide que se haga justicia.
“NO ME VAN A DETENER”
Aún así, dijo que no va a detener su lucha “porque es justa y no voy a dar tregua, aunque intenten intimidarme con este tipo de abogados que contratan porque trafican con influencias a nivel federal. Busco justicia, quiero justicia y no voy a descansar hasta conseguirla. No me importa que traigan al propio diablo a defender a la profesora que está presa y a los pederastas, voy a pelear contra él”.
Como lo ha dicho desde septiembre del 2007, cuando dio a conocer su caso a los medios de comunicación por las anomalías en el proceso penal, Leticia Valdés insiste en que el influyentismo y una consigna del Gobierno del estado impide que los violadores de su hijo vayan a la cárcel, “no están protegiendo los derechos de mi menor hijo, están totalmente de lado de los pederastas”.
Entrevistada en las afueras del Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Oaxaca, cuestionó cómo una maestra de un preescolar es defendida por cuerpos jurídicos que cobran cantidades millonarias, como el bufete de Nassar Daw, encargado de la defensa de Raúl Salinas de Gortari en su proceso de enriquecimiento ilícito e hijo del ex director Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nassar Haro, procesado por la desaparición de personas durante la llamada “guerra sucia”.
José Luis Nassar Daw se suma a la defensa que el abogado Humberto Castillejos realiza de la profesora de segundo de preescolar del Instituto San Felipe, Magdalena García, acusada de entregar al hijo de Leticia Valdés al maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora de la escuela privada, Yolanda León Ramírez.
“¿Cuánto más va a durar el apoyo que el gobierno estatal le está brindando al Instituto San Felipe?”, se preguntó Valdés Martell luego de que se suspendiera la audiencia porque Anabel Román Cruz –supervisora de preescolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca-- no se presentó a declarar como parte del desahogo de las pruebas presentadas por la defensa en el segundo periodo extraordinario, a pesar de que éste había fenecido el 14 de noviembre.
COARTADA
Al respecto, el abogado Felipe Canseco Ruiz explicó que de manera extemporánea la defensa ofreció una serie de pruebas para crear “una visión totalmente diferente “a lo que la procesada –la profesora Magdalena-- había declarado en dos ocasiones por escrito, ya que no ha querido declarar “de viva voz”, por el temor quizá “de que la verdad fluya por sus palabras”.
La nueva coartada que presentan año y medio después es que en el gimnasio del Instituto San Felipe --donde el 7 de noviembre del 2006 el niño fue violado-- estaba presente un grupo de maternal, lo cual es totalmente falso pues el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ya informó que esa escuela privada no tiene registrado el servicio de educación inicial a menores de 4 años.
“Esta coartada es ineficaz, hay jurisprudencia de la Suprema Justicia de la Nación que establece que estas coartadas que surgen de la manga no tienen ningún valor jurídico, lo que hemos hecho es evidenciar legalmente la falsedad de la coartada y de los últimos testigos presentados. Clamamos que haya justicia en apego a derecho y que el poder corruptor de los pederastas y propietarios del Instituto San Felipe no pueda torcer el sentido de la justicia”, expresó el abogado de Leticia Valdés.
Como parte del último periodo de desahogo de pruebas que preceden a la sentencia, el próximo 20 de enero se espera realizar una diligencia en las instituciones del Instituto San Felipe.
Afuera del Juzgado Tercero de lo Penal, integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca colocaron pancartas y mantas en las que exigían justicia para niñas y niños; castigo a los violadores y rechazaban el encubrimiento de pederastas.
La representante de esa organización no gubernamental, Ana María Hernández, consideró que “un pez o unos peces muy gordos” es lo que hay detrás de la falta de justicia en este caso.
“Que hoy el hijo del torturador (Nazar Haro) esté al frente de la defensa de la profesora Magdalena nos dice que hay algo muy grande donde muchos políticos y funcionarios están involucrados en una red de pederastas”, consideró, para luego anunciar que buscarán una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Héctor Anuar Mafud, para hablar de las anomalías registradas en el Tercer Juzgado Penal.
09/NA/GG
Madre de niñas había denunciado desde diciembre
Veracruz: sacerdote y monja abusaban a niñas y niños en Casa Hogar
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Boca del Río, Ver., 12 enero 09 (CIMAC).- Este fin de semana las autoridades del estado de Veracruz rescataron a 13 niñas y 7 niños, cuyas edades fluctúan entre los 3 a 9 años de edad, que vivían en la Casa Hogar “Manuel Pío López”, administrada por un sacerdote y una monja, en la cual presuntamente eran víctimas de abuso físico y sexual.
El sacerdote José de Jesús Sandoval González y la religiosa Martha o María Guadalupe Zaragoza Barajas fueron denunciados desde diciembre del año pasado por abuso en contra de las y los menores de edad.
La señora María denunció las agresiones físicas y psicológicas que sufrían sus dos hijas, internadas en la Casa Hogar por causas ajenas a su voluntad, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia de Veracruz abrió el expediente 1068/08, pero el caso quedó varado debido a que el personal se ausentó por vacaciones navideñas.
Ante la lentitud de la Procuraduría, personal del DIF de Boca del Río rescató a las niñas y niños de la casa hogar, ubicada en la colonia Linda Vista de esa localidad. Con base en las revisiones médicas, los y las pequeñas padecen desnutrición, presentan huellas de tortura, hematomas en diversas partes del cuerpo e infecciones en la piel y cuero cabelludo.
Algunos fueron entregados a sus familiares y la mayoría quedaron en custodia del DIF en tanto se resuelve su situación jurídica, informó ayer domingo el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, en rueda de prensa.
El DIF municipal, presidido por Patricia Lobeira, inició una investigación respecto al funcionamiento de la Casa Hogar que dirige la religiosa Martha o María Guadalupe Zaragoza Barajas y el sacerdote José de Jesús Sandoval González.
Durante la rueda de prensa se mostraron grabaciones de video, cuidando la identidad de las y los menores de edad, que testimonian los maltratos físicos de la Madre “Martha”, y los abusos sexuales de que eran objeto las y los niños que habitaban hasta este fin de semana la casa hogar. Se investiga incluso, afirman la autoridades, la presunta violación sexual de dos niñas.
Según el testimonio de las niñas y niños, así como de la madre de dos de ellas, la religiosa llevaba a los menores de edad a la casa del sacerdote para “confesarse” y éste les aplicaba “castigos” por sus “pecados”, consistentes en agravios sexuales e incluso la violación en contra de las niñas de mayor edad. A cambio, la religiosa recibía un pago de 500 pesos por llevar a niñas y niños con el sacerdote.
Por eso, de manera permanente, la monja aplicaba castigos severos a las y los niños que se quejaban del abuso sexual, manteniendo un control psicológico y físico sobre ellos, dijeron en la conferencia de prensa. Según versiones de las víctimas, la religiosa les daba a comer comida descompuesta, los exponía al sol por varias horas, los hincaba sobre corcholatas (tapas de botellas) o vidrios y los sacaba a dormir al patio, no sin antes propinarles golpizas.
El Presidente Municipal aclaró que solicitará al procurador de Justicia, Salvador Mikel, al Gobernador de Veracruz y al Congreso del estado se agilicen las investigaciones y se establezcan penas más rigurosas.
Por su parte voceros de la diócesis de Veracruz explicaron que José Jesús Sandoval González, de 73 años, es un sacerdote jubilado que solo oficia por invitación. Anteriormente formaba parte de la diócesis de Cosamaloapan, pero solicitó su cambio hace tres años a la diócesis de Veracruz. De igual forma aclararon que la Casa Hogar no pertenece a la Diócesis del puerto de Veracruz, ni a ninguna otra del puerto de Veracruz.
09/LCM/GG
Oaxaca: “gente pudiente” apoya a pederastas del Instituto San Felipe
Por Nadia Altamirano Díaz/corresponsal
Oaxaca, Oax., 12 enero 09 (CIMAC).- El abogado penalista José Luis Nassar Daw asumió ante el Juzgado Tercero Penal de la ciudad de Oaxaca la defensa de la profesora Magdalena García Soto, recluida en el penal de Santa María Ixcotel por ser cómplice de Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, quienes se encuentran prófugos después de que fueron denunciados por violar a un niño en el interior del Instituto San Felipe, escuela particular que sigue operando.
“Me he dado cuenta que por intentar meter a dos violadores a la cárcel se deja venir una desbandada de sujetos con influencias y dinero que contratan cuerpos jurídicos dignos de defender a delincuentes de altos vuelos”, dijo Leticia Valdés Martell, quien en mayo del 2007 presentó una denuncia penal por la violación sexual que a los cuatro años de edad sufrió su hijo en el Instituto San Felipe.
Leticia, para quien el proceso penal ha sido “difícil, desgastante y muy doloroso”, aseguró que los servicios de los abogados que defienden a los pederastas que abusaron de su hijo no fueron contratados por la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, sino por el apoyo de gente pudiente, tanto política y económicamente, que impide que se haga justicia.
“NO ME VAN A DETENER”
Aún así, dijo que no va a detener su lucha “porque es justa y no voy a dar tregua, aunque intenten intimidarme con este tipo de abogados que contratan porque trafican con influencias a nivel federal. Busco justicia, quiero justicia y no voy a descansar hasta conseguirla. No me importa que traigan al propio diablo a defender a la profesora que está presa y a los pederastas, voy a pelear contra él”.
Como lo ha dicho desde septiembre del 2007, cuando dio a conocer su caso a los medios de comunicación por las anomalías en el proceso penal, Leticia Valdés insiste en que el influyentismo y una consigna del Gobierno del estado impide que los violadores de su hijo vayan a la cárcel, “no están protegiendo los derechos de mi menor hijo, están totalmente de lado de los pederastas”.
Entrevistada en las afueras del Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Oaxaca, cuestionó cómo una maestra de un preescolar es defendida por cuerpos jurídicos que cobran cantidades millonarias, como el bufete de Nassar Daw, encargado de la defensa de Raúl Salinas de Gortari en su proceso de enriquecimiento ilícito e hijo del ex director Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nassar Haro, procesado por la desaparición de personas durante la llamada “guerra sucia”.
José Luis Nassar Daw se suma a la defensa que el abogado Humberto Castillejos realiza de la profesora de segundo de preescolar del Instituto San Felipe, Magdalena García, acusada de entregar al hijo de Leticia Valdés al maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora de la escuela privada, Yolanda León Ramírez.
“¿Cuánto más va a durar el apoyo que el gobierno estatal le está brindando al Instituto San Felipe?”, se preguntó Valdés Martell luego de que se suspendiera la audiencia porque Anabel Román Cruz –supervisora de preescolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca-- no se presentó a declarar como parte del desahogo de las pruebas presentadas por la defensa en el segundo periodo extraordinario, a pesar de que éste había fenecido el 14 de noviembre.
COARTADA
Al respecto, el abogado Felipe Canseco Ruiz explicó que de manera extemporánea la defensa ofreció una serie de pruebas para crear “una visión totalmente diferente “a lo que la procesada –la profesora Magdalena-- había declarado en dos ocasiones por escrito, ya que no ha querido declarar “de viva voz”, por el temor quizá “de que la verdad fluya por sus palabras”.
La nueva coartada que presentan año y medio después es que en el gimnasio del Instituto San Felipe --donde el 7 de noviembre del 2006 el niño fue violado-- estaba presente un grupo de maternal, lo cual es totalmente falso pues el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ya informó que esa escuela privada no tiene registrado el servicio de educación inicial a menores de 4 años.
“Esta coartada es ineficaz, hay jurisprudencia de la Suprema Justicia de la Nación que establece que estas coartadas que surgen de la manga no tienen ningún valor jurídico, lo que hemos hecho es evidenciar legalmente la falsedad de la coartada y de los últimos testigos presentados. Clamamos que haya justicia en apego a derecho y que el poder corruptor de los pederastas y propietarios del Instituto San Felipe no pueda torcer el sentido de la justicia”, expresó el abogado de Leticia Valdés.
Como parte del último periodo de desahogo de pruebas que preceden a la sentencia, el próximo 20 de enero se espera realizar una diligencia en las instituciones del Instituto San Felipe.
Afuera del Juzgado Tercero de lo Penal, integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca colocaron pancartas y mantas en las que exigían justicia para niñas y niños; castigo a los violadores y rechazaban el encubrimiento de pederastas.
La representante de esa organización no gubernamental, Ana María Hernández, consideró que “un pez o unos peces muy gordos” es lo que hay detrás de la falta de justicia en este caso.
“Que hoy el hijo del torturador (Nazar Haro) esté al frente de la defensa de la profesora Magdalena nos dice que hay algo muy grande donde muchos políticos y funcionarios están involucrados en una red de pederastas”, consideró, para luego anunciar que buscarán una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Héctor Anuar Mafud, para hablar de las anomalías registradas en el Tercer Juzgado Penal.
09/NA/GG
Madre de niñas había denunciado desde diciembre
Veracruz: sacerdote y monja abusaban a niñas y niños en Casa Hogar
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Boca del Río, Ver., 12 enero 09 (CIMAC).- Este fin de semana las autoridades del estado de Veracruz rescataron a 13 niñas y 7 niños, cuyas edades fluctúan entre los 3 a 9 años de edad, que vivían en la Casa Hogar “Manuel Pío López”, administrada por un sacerdote y una monja, en la cual presuntamente eran víctimas de abuso físico y sexual.
El sacerdote José de Jesús Sandoval González y la religiosa Martha o María Guadalupe Zaragoza Barajas fueron denunciados desde diciembre del año pasado por abuso en contra de las y los menores de edad.
La señora María denunció las agresiones físicas y psicológicas que sufrían sus dos hijas, internadas en la Casa Hogar por causas ajenas a su voluntad, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia de Veracruz abrió el expediente 1068/08, pero el caso quedó varado debido a que el personal se ausentó por vacaciones navideñas.
Ante la lentitud de la Procuraduría, personal del DIF de Boca del Río rescató a las niñas y niños de la casa hogar, ubicada en la colonia Linda Vista de esa localidad. Con base en las revisiones médicas, los y las pequeñas padecen desnutrición, presentan huellas de tortura, hematomas en diversas partes del cuerpo e infecciones en la piel y cuero cabelludo.
Algunos fueron entregados a sus familiares y la mayoría quedaron en custodia del DIF en tanto se resuelve su situación jurídica, informó ayer domingo el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, en rueda de prensa.
El DIF municipal, presidido por Patricia Lobeira, inició una investigación respecto al funcionamiento de la Casa Hogar que dirige la religiosa Martha o María Guadalupe Zaragoza Barajas y el sacerdote José de Jesús Sandoval González.
Durante la rueda de prensa se mostraron grabaciones de video, cuidando la identidad de las y los menores de edad, que testimonian los maltratos físicos de la Madre “Martha”, y los abusos sexuales de que eran objeto las y los niños que habitaban hasta este fin de semana la casa hogar. Se investiga incluso, afirman la autoridades, la presunta violación sexual de dos niñas.
Según el testimonio de las niñas y niños, así como de la madre de dos de ellas, la religiosa llevaba a los menores de edad a la casa del sacerdote para “confesarse” y éste les aplicaba “castigos” por sus “pecados”, consistentes en agravios sexuales e incluso la violación en contra de las niñas de mayor edad. A cambio, la religiosa recibía un pago de 500 pesos por llevar a niñas y niños con el sacerdote.
Por eso, de manera permanente, la monja aplicaba castigos severos a las y los niños que se quejaban del abuso sexual, manteniendo un control psicológico y físico sobre ellos, dijeron en la conferencia de prensa. Según versiones de las víctimas, la religiosa les daba a comer comida descompuesta, los exponía al sol por varias horas, los hincaba sobre corcholatas (tapas de botellas) o vidrios y los sacaba a dormir al patio, no sin antes propinarles golpizas.
El Presidente Municipal aclaró que solicitará al procurador de Justicia, Salvador Mikel, al Gobernador de Veracruz y al Congreso del estado se agilicen las investigaciones y se establezcan penas más rigurosas.
Por su parte voceros de la diócesis de Veracruz explicaron que José Jesús Sandoval González, de 73 años, es un sacerdote jubilado que solo oficia por invitación. Anteriormente formaba parte de la diócesis de Cosamaloapan, pero solicitó su cambio hace tres años a la diócesis de Veracruz. De igual forma aclararon que la Casa Hogar no pertenece a la Diócesis del puerto de Veracruz, ni a ninguna otra del puerto de Veracruz.
09/LCM/GG
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