En mayo pasado el gobierno irlandés recibió el reporte Ryan, resultado de una investigación de nueve años, que ha puesto al descubierto las dimensiones épicas del problema, pues registra miles de denuncias contra violación sistemática, crueldad, violencia física y mental en que incurrieron los miembros de las órdenes religiosas que administraron orfelinatos, escuelas industriales y hogares para niños sin recursos por encargo del gobierno. A pesar de que muchos de estos abusos fueron denunciados en su momento, fueron encubiertos con la complicidad de la policía y de las autoridades civiles. La impunidad de los sacerdotes y de las monjas que cometieron esos delitos fue la garantía de la reincidencia. Ahora, la Iglesia se enfrenta a la difícil tarea de asumir su responsabilidad y de hacerse perdonar. El papa Benedicto XVI se ha disculpado ante los católicos irlandeses, y muchos de ellos recibirán una compensación. Por ejemplo, las Hermanas de la Caridad se han comprometido a pagar 128 millones de euros a sus víctimas. Pero, ¿Cuánto vale la inocencia de una niña de seis años? ¿Cuánto vale la integridad física de un niño de cuatro años?, o ¿la protección de un preadolescente?
Todo esto ocurre en Irlanda, un país en el que la identidad nacional estaba estrechamente ligada con la identidad religiosa. La influencia de la Iglesia católica era, en consecuencia decisiva y omnipresente, y de manera casi natural, el gobierno republicano puso en sus manos la beneficencia pública. Esta historia se convirtió en tragedia, entre otras razones, porque nadie era realmente responsable del comportamiento de las órdenes religiosas y de los párrocos con los más desvalidos, los más desprotegidos, que eran los niños huérfanos que estaban a su cuidado. Esta experiencia monstruosa demuestra que la Iglesia no puede estar fuera del alcance de la supervisión del Estado.
La contrarreforma en la que están comprometidos el gobierno actual, los obispos mexicanos y la representación vaticana en nuestro país busca precisamente eso: sustraer a la Iglesia, una institución como otra, de los ordenamientos constitucionales para que pueda en toda libertad perseguir sus propios fines, los que le son propios y particulares, y que no coinciden necesariamente con los de cada uno de nosotros, menos todavía con los del Estado mexicano que es la única institución en la que todos debemos estar representados sin distinción de ninguna naturaleza.
A la luz de nuestra historia y de las obvias ventajas que ha tenido la exclusión de la Iglesia católica de la actividad política, parece una extravagancia que el PRI y su precandidato más adelantado, Enrique Peña Nieto, apoyen la contrarreforma, como lo han hecho al promover la penalización del aborto, o al presentarse al Papa para pedirle su bendición. (Lo increíble es la receptividad del Papa a esta obvia manipulación de la opinión). El respaldo del presente gobierno, mucho más partidista que ningún otro en la historia de nuestro país, a la contrarreforma es menos sorprendente, aunque sea igualmente reprobable, entre otras razones porque nos lleva por el camino del oscurantismo y la desinformación en la que florece la autoridad de los norbertos y de los onésimos. Por ejemplo, en la discusión del Censo de 2010 el gobierno ha defendido la prioridad de la información sobre religión frente a la actividad económica con el argumento de que se trata de un tema de seguridad nacional
. ¿Por qué? Es probable que el Episcopado haya pedido específicamente a la Secretaría de Gobernación que le proporcione esa información para conocer el avance de las iglesias evangélicas y diseñar su estrategia de defensa; pero ¿qué tan importante es para los demás? La verdad es que es mucho más relevante la información sobre fecundidad, por ejemplo, para el diseño de políticas públicas de educación y de salud, y para el proceso de toma de decisiones de las autoridades civiles que las curiosidades de los obispos.
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