TIEMPO DE MUJERES

Un año más de impunidad y violencia contra mujeres en Juárez

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 31 dic 09 (CIMAC).- A pesar del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a denunciar y frenar el feminicidio en ciudad Juárez, 2009 ha sido un año más de impunidad y retrocesos en esta materia, pues los asesinatos y desapariciones de mujeres en esa ciudad fronteriza y en todo el territorio nacional son un fenómeno vigente.

Después de 16 años de violencia contra las mujeres en la frontera norte de Chihuahua, México inició el 2009 con la exigencia de “la alerta de género” por parte de las organizaciones de la sociedad civil juarenses.

Dicha alerta es “es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”, derecho estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A pesar de la existencia y exigencia de la alerta de género, la impunidad y la violencia institucional ha continuado pues en enero de este año, nuestro país ratificó como embajador en Canadá a Francisco Javier Barrio Terrazas quien fue presidente municipal en Juárez y Gobernador por el Partido Acción Nacional en Chihuahua en 1983 y 1992, hombre que afirmó que los asesinatos de mujeres eran algo natural pues las víctimas “se vestían de manera provocativa”.

Ante la falta de respuesta institucional, las OSC decidieron llevar el caso ante la justicia internacional y a principios de este año el Estado mexicano recibió la notificación de que iba a ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por tres feminicidios del Campo Algodonero en la ciudad fronteriza que, a decir de la académica Marcela Lagarde y de los Ríos, es reconocida en el mundo por ser un lugar en donde asesinan mujeres.

La sentencia se dio a conocer a principios del mes de noviembre cuando la CoIDH declaró, al estado mexicano, culpable de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal a tres de las ocho víctimas de feminicidio del campo algodonero y lo responsabilizó de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, documentadas desde 1993.

Por lo pronto, el gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron tirados en el predio Campo Algodonero, después de que ellas fueron torturadas y violadas sexualmente.

Entre otras sanciones, la sentencia de la Corte exige al estado mexicano que “dentro de un plazo razonable”, investigue a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplique las sanciones correspondientes a quienes resultaran responsables.

Como lo ha documentado Cimacnoticias, Juárez es la ciudad emblemática del feminicidio en el mundo debido a la organización de la sociedad civil que ha denunciado el fenómeno fuera de México para a aspirar a la justicia internacional.

FALTA DE INTERÉS DE LAS AUTORIDADES

El feminicidio no es exclusivo de ciudad Juárez, ocurre en todo el país. Según datos que a principios de año dio a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, de agosto a diciembre de 2008, ocurrieron 246 asesinatos y desapariciones de mujeres en México.

Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 1993 a abril de este año se han registrado más de 504 muertes y desapariciones de mujeres tan solo en ciudad Juárez.

A pesar de estos crímenes, la falta de interés de las autoridades para resolver los asesinatos y desapariciones de mujeres fue evidente cuando, en septiembre pasado, el Senado de la República ratificó a Arturo Chávez Chávez, como titular de la Procuraduría General de la República, a pesar de ser considerado como un funcionario “omiso y negligente por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Chávez Chávez, fue propuesto por Felipe Calderón como abogado del país, pese al descontento de organizaciones civiles como Justicia para Nuestras Hijas y pese a la única recomendación (44/98) de la CNDH que en 1998 advirtió al gobierno municipal de Juárez y estatal de Chihuahua, de sus “omisiones” cuando estuvo a cargo de la Procuraduría de Justicia de la entidad.

Otra muestra de la impunidad y el desinterés de las autoridades para poner un alto a los crímenes contra mujeres en ciudad Juárez es la desaparición de la Comisión para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que se convirtió en una instancia de competencia nacional.

Dicho organismo, que operaba desde 2004, se convirtió este año en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por lo que los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, tienen la puerta abierta a la impunidad debido a que el nuevo organismo no tiene ninguna atribución para darles seguimiento.

Es así como el estado mexicano ha sido responsable de 16 años de asesinatos, desapariciones, tortura y violaciones sexuales contra las mujeres, cuyas denuncias se han intensificado en un ambiente de militarización.