TIEMPO DE MUJERES

Retroceden en 18 estados derechos ganados en salud sexual y reproductiva

El debate del aborto no punible en México se inició en 1936

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 29 dic 2009 (CIMAC).- El debate sobre la despenalización del aborto en México no es nuevo. Fue en 1936 cuando, por primera vez, la doctora Ofelia Domínguez Navarro propuso el aborto no punible por causas económicas y sociales. En 2009 la misma discusión se dejo escuchar en los congresos estatales y empezó asomarse a las Cámara Alta y Baja de nuestro país.

A lo largo de estas más de seis décadas, el movimiento amplio de mujeres y las feministas han señalado en repetidas ocasiones que una de las consecuencias del desabasto de métodos anticonceptivos y de una política incorrecta en materia de salud sexual y reproductiva, son los embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes.

Fue en abril de 2007, cuando las denuncias de las mujeres fueron escuchadas en la capital, ya que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fueron aprobadas las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF que permiten a las mujeres decidir la interrupción legal del embarazo hasta de 12 semanas de gestación.

Sin embargo, las modificaciones a la ley, fueron motivo para que en mayo de ese mismo año el Ombudsman nacional José Luis Rodríguez Soberanes y por Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual después de una larga discusión fue desechado, y en la capital las mujeres tienen acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

A decir del movimiento feminista en respuesta a lo obtenido en la capital a finales de 2008 los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), apoyados por el Verde Ecologista de México (PVEM), iniciaron una serie de reformas a las constituciones políticas estatales, logrando sin trámites ni discusión votar en bloque para modificar las constituciones de 18 estados del país que protegen la vida desde el momento de la concepción y criminalizan el aborto.

Al respecto el movimiento feministas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), han manifestado a lo largo del año que está por concluir, su desacuerdo con dichas reformas; Andar consideró que estas modificaciones son graves y significan un retroceso para los derechos de las mujeres, incluso dijeron, han causado mucha inconformidad y división entre católicos, al tiempo que señalaron que hay movilizaciones contra estas medidas, ejemplo de ello son los amparos, recursos y controversias constitucionales presentadas ante la SCJN.

A raíz de estas modificaciones que contravienen los avances científicos, los tratados y acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres han comenzado a ampararse para exigir que sus derechos sean restituidos. Así se han presentado ante la SCJN 662 amparos: 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora, 76 en Yucatán, 60 en Campeche y 29 en San Luis Potosí.

Actualmente se encuentra también en la Corte un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones, promovida por la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California presentada en enero de este año.

De igual manera en diciembre de este año, mujeres de siete estados de la República mexicana llegaron hasta Washington para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a sus derechos humanos causadas por las reformas constitucionales aprobadas.

Hasta la sede del organismo internacional llegaron 200 firmas de mujeres poblanas, las cuales se sumaron a 43 de Colima, 120 de Morelos, 176 de Sonora, 27 de Quintana Roo, 57 de Guanajuato y 274 de Durango; lo que suma cerca de mil mujeres que piden apoyo de la CIDH.

El 2010 iniciará con, la iniciativa presentada por la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del PAN y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Senado, para crear la “Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad” que entre sus objetivos establece que “el Gobierno debe garantizar la protección a toda persona, desde el momento de la concepción”.

Y con las iniciativas presentadas en San Lázaro por el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la del tricolor va en el mismo sentido que las 18 aprobadas por la alianza PRI-PAN, proteger la vida desde el momento de la concepción, busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero y cuarto, fue presentada por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera.

Mientras que la del PRD tiene por objetivo que se establezcan los supuestos en que estará permitida la ILE en México, y la presentó la diputada Leticia Quezada Contreras.

En entrevista con Cimacnoticias, la diputada federal informó que la iniciativa que presentó ayer ante el pleno camaral, tiene como fin reformar el Artículo 4º de la Constitución Mexicana a fin de que el Estado garantice a la población el acceso efectivo a métodos anticonceptivos como una medida necesaria para asegurar la plena vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos y que establezca las limitantes en que estará permitida la ILE en el país.

La perredista enfatizó que esta propuesta surge como respuesta a las reformas realizadas en los18 estados del país y también a la presentada por el gobernador Fidel Herrera.

09/GTR/LR