Julio Hernández López: Astillero
De una guardería infantil a una fiesta juvenil. Si en Hermosillo la muerte de decenas de bebés cambió la suerte de un candidato panista a gobernador que antes del expediente ABC llevaba todas las de perder, en Chihuahua la masacre de estudiantes en una colonia popular se está convirtiendo en pretexto para un duelo electoral del felipato contra el priísmo local.
Guerra por las urnas que tiene, por un lado, al calderónico aparato federal-panista programando hacer supermillonarias inversiones de oportunidad comicial con la esperanza de ganar cuando menos la estratégica presidencia municipal juarense y, por otra parte, al ambulante gobernador interesado hoy en asentarse físicamente donde nunca antes puso atención ni cuidado, sino tolerancia cómplice.
José Reyes Baeza, que le ha madrugado a Felipe Calderón al proponer con absoluto cinismo el traslado de los órganos estatales de decisión institucional a la ciudad mártir (con El Paso, Texas, en línea de alterna redención nocturna, por más que juren lo contrario), como si esa mera presencia de los no poderes (el real es el narco) sirviera para algo más que aparentar la preocupación que nunca se ha tenido y para frenar o confrontar la estrategia PAN-gobierno federal de usar recursos asistenciales desbordados en una campaña relámpago que buscará quitar al PRI la oportunidad de seguir en el poder (con el blandengue César Duarte como aspirante a la gubernatura) y abrir camino a opciones blanquiazules de cambio.
Al menos en estas primeras jugadas electorales, el equipo local ha entrampado al nacional. La primera pifia importante la cometió el propio Calderón en Tokio, al deslizar la hipótesis de que la masacre de jóvenes se habría debido a ajustes de cuentas entre pandillas. Luego, ha rehuido visitar Ciudad Juárez, omisión que contrasta claramente con los afanes mediáticos que ha mostrado respecto a otros lugares donde, por ejemplo, desbordamientos e inundaciones sí suscitaron en el ocupante de Los Pinos la urgencia de acudir en persona y mostrarse activamente preocupado. El gobernador priísta José Reyes Baeza ha hecho sentir además una especie de reto al michoacano federal, al exhortarlo a que se presente en la plaza norteña tan caliente.
Antes de que el litigante Gómez Mont respondiera anoche a los golpes declarativos que José Reyes Baeza le había acomodado a Calderón (nosotros sí hemos hecho las cosas bien, el rebasado fue el góber priísta, fue la tesis del secretario GoMón), el perredismo chucho ya había colaborado en favor del alto mando panista. El primer revire claro que tuvo ese gobernador en pie de guerra por las urnas fue el acuerdo dominical del consejo nacional electoral del PRD, que acaso en consonancia con los ánimos de alianza plena con el panismo acordó darle un calambre el chihuahuense levantisco al proponer en el Senado y el Congreso estatal correspondiente que se analice la posibilidad de desaparecer los poderes norteños en vías de traslado a Ciudad Juárez. Por sí mismo el sol azteca no tiene posibilidades de sacar adelante una propuesta así, pero bien podría ser una colaboración más del PRD a las necesidades que el socio panista no puede o no quiere comenzar a resolver abiertamente por sí mismo. Y, desde luego, un buen argumento justificatorio para firmar tratos perreánicos en aquella entidad y ayudar a que un panista esté en condiciones de ganar la gubernatura.
CONTRA EL CONSERVADURISMO. Integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica realizaron ayer un performance frente a la Catedral Metropolitana, en rechazo a las declaraciones del cardenal Norberto Rivera y el presidente Felipe Calderón contra el abortoFoto Marco Peláez
Mientras en las alturas continúan los juegos de poder y la definitoria masa juarense de votantes es peleada con recursos públicos, los habitantes de aquella sacrificada urbe reniegan de políticos, partidos, representantes populares, policías y Ejército. Como nunca antes en esa ciudad, y de manera que se va extendiendo por el país, hay un irritado hastío por lo que diariamente sucede en esas calles fronterizas largamente lastimadas. No parece exagerado decir que a partir de la matanza de jóvenes se produjo una nueva conciencia colectiva sobre el mal que hasta ahora habían lamentado o enfrentado en circunstancias individuales o aisladas del contexto. El propio Calderón ha debido tomar nota del alto tono de protesta que se va generando a partir de los muertos de Juárez. Sería terrible, en ese cuadro, que las fiebres electorales llevaran una vez más a los distribuidores federales de dinero público a usarlo para fines partidistas bajo la mascarada de nuevos proyectos de asistencia social y desarrollo económico de aquella ciudad y que el priísmo gobernante de la entidad continúe con sus farsas presenciales para tratar de imponer como nuevo alcalde juarense a Víctor Valencia de los Santos, quien era secretario de seguridad pública estatal y renunció a su cargo el mismo día de la masacre para destaparse como candidato tricolor a la presidencia municipal. Del ABC hermosillense a las juarenses Villas de Salvárcar.
Acuático es el otro escenario actual de disputas entre partidos y con la vista puesta en el futuro. El panista Calderón, el priísta Peña Nieto y el perredista Ebrard pelean por reflectores y cámaras para lucirse como los más preocupados y trabajadores en momentos de crisis, como los que en estos días se han vivido a causa de las lluvias y la deficiente estructura de captación, conducción y almacenamiento de aguas. La tragedia como instrumento de medición y promoción. Y el clásico juego de echarse la bolita una a otras instancias de gobierno. En el caso capitalino, sin embargo, no ha de dejarse de lado el hecho de que el calderonismo colocó en Conagua no a un técnico o especialista en el tema, sino a un yunquista destacadísimo, sin antecedentes en el tema de su encargo pero sí hecho a la disciplina paramilitar del cumplimiento de misiones supremas, entre ellas el aniquilamiento o la creación de problemas graves al enemigo ideológico y político. Santas aguas.
Y mientras siguen cambiando los diagnósticos médicos y las hipótesis policiales, todo bajo el entendido insistentemente dicho, aunque nadie lo pregunte, de que el futbolista famoso no recordará nada del sombrío incidente de Bar en que fue agredido, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
De una guardería infantil a una fiesta juvenil. Si en Hermosillo la muerte de decenas de bebés cambió la suerte de un candidato panista a gobernador que antes del expediente ABC llevaba todas las de perder, en Chihuahua la masacre de estudiantes en una colonia popular se está convirtiendo en pretexto para un duelo electoral del felipato contra el priísmo local.
Guerra por las urnas que tiene, por un lado, al calderónico aparato federal-panista programando hacer supermillonarias inversiones de oportunidad comicial con la esperanza de ganar cuando menos la estratégica presidencia municipal juarense y, por otra parte, al ambulante gobernador interesado hoy en asentarse físicamente donde nunca antes puso atención ni cuidado, sino tolerancia cómplice.
José Reyes Baeza, que le ha madrugado a Felipe Calderón al proponer con absoluto cinismo el traslado de los órganos estatales de decisión institucional a la ciudad mártir (con El Paso, Texas, en línea de alterna redención nocturna, por más que juren lo contrario), como si esa mera presencia de los no poderes (el real es el narco) sirviera para algo más que aparentar la preocupación que nunca se ha tenido y para frenar o confrontar la estrategia PAN-gobierno federal de usar recursos asistenciales desbordados en una campaña relámpago que buscará quitar al PRI la oportunidad de seguir en el poder (con el blandengue César Duarte como aspirante a la gubernatura) y abrir camino a opciones blanquiazules de cambio.
Al menos en estas primeras jugadas electorales, el equipo local ha entrampado al nacional. La primera pifia importante la cometió el propio Calderón en Tokio, al deslizar la hipótesis de que la masacre de jóvenes se habría debido a ajustes de cuentas entre pandillas. Luego, ha rehuido visitar Ciudad Juárez, omisión que contrasta claramente con los afanes mediáticos que ha mostrado respecto a otros lugares donde, por ejemplo, desbordamientos e inundaciones sí suscitaron en el ocupante de Los Pinos la urgencia de acudir en persona y mostrarse activamente preocupado. El gobernador priísta José Reyes Baeza ha hecho sentir además una especie de reto al michoacano federal, al exhortarlo a que se presente en la plaza norteña tan caliente.
Antes de que el litigante Gómez Mont respondiera anoche a los golpes declarativos que José Reyes Baeza le había acomodado a Calderón (nosotros sí hemos hecho las cosas bien, el rebasado fue el góber priísta, fue la tesis del secretario GoMón), el perredismo chucho ya había colaborado en favor del alto mando panista. El primer revire claro que tuvo ese gobernador en pie de guerra por las urnas fue el acuerdo dominical del consejo nacional electoral del PRD, que acaso en consonancia con los ánimos de alianza plena con el panismo acordó darle un calambre el chihuahuense levantisco al proponer en el Senado y el Congreso estatal correspondiente que se analice la posibilidad de desaparecer los poderes norteños en vías de traslado a Ciudad Juárez. Por sí mismo el sol azteca no tiene posibilidades de sacar adelante una propuesta así, pero bien podría ser una colaboración más del PRD a las necesidades que el socio panista no puede o no quiere comenzar a resolver abiertamente por sí mismo. Y, desde luego, un buen argumento justificatorio para firmar tratos perreánicos en aquella entidad y ayudar a que un panista esté en condiciones de ganar la gubernatura.
CONTRA EL CONSERVADURISMO. Integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica realizaron ayer un performance frente a la Catedral Metropolitana, en rechazo a las declaraciones del cardenal Norberto Rivera y el presidente Felipe Calderón contra el abortoFoto Marco Peláez
Mientras en las alturas continúan los juegos de poder y la definitoria masa juarense de votantes es peleada con recursos públicos, los habitantes de aquella sacrificada urbe reniegan de políticos, partidos, representantes populares, policías y Ejército. Como nunca antes en esa ciudad, y de manera que se va extendiendo por el país, hay un irritado hastío por lo que diariamente sucede en esas calles fronterizas largamente lastimadas. No parece exagerado decir que a partir de la matanza de jóvenes se produjo una nueva conciencia colectiva sobre el mal que hasta ahora habían lamentado o enfrentado en circunstancias individuales o aisladas del contexto. El propio Calderón ha debido tomar nota del alto tono de protesta que se va generando a partir de los muertos de Juárez. Sería terrible, en ese cuadro, que las fiebres electorales llevaran una vez más a los distribuidores federales de dinero público a usarlo para fines partidistas bajo la mascarada de nuevos proyectos de asistencia social y desarrollo económico de aquella ciudad y que el priísmo gobernante de la entidad continúe con sus farsas presenciales para tratar de imponer como nuevo alcalde juarense a Víctor Valencia de los Santos, quien era secretario de seguridad pública estatal y renunció a su cargo el mismo día de la masacre para destaparse como candidato tricolor a la presidencia municipal. Del ABC hermosillense a las juarenses Villas de Salvárcar.
Acuático es el otro escenario actual de disputas entre partidos y con la vista puesta en el futuro. El panista Calderón, el priísta Peña Nieto y el perredista Ebrard pelean por reflectores y cámaras para lucirse como los más preocupados y trabajadores en momentos de crisis, como los que en estos días se han vivido a causa de las lluvias y la deficiente estructura de captación, conducción y almacenamiento de aguas. La tragedia como instrumento de medición y promoción. Y el clásico juego de echarse la bolita una a otras instancias de gobierno. En el caso capitalino, sin embargo, no ha de dejarse de lado el hecho de que el calderonismo colocó en Conagua no a un técnico o especialista en el tema, sino a un yunquista destacadísimo, sin antecedentes en el tema de su encargo pero sí hecho a la disciplina paramilitar del cumplimiento de misiones supremas, entre ellas el aniquilamiento o la creación de problemas graves al enemigo ideológico y político. Santas aguas.
Y mientras siguen cambiando los diagnósticos médicos y las hipótesis policiales, todo bajo el entendido insistentemente dicho, aunque nadie lo pregunte, de que el futbolista famoso no recordará nada del sombrío incidente de Bar en que fue agredido, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez invitó al presidente Calderón a que visite aquella frontera y palpe el sentir de la comunidad. No va desde 2008. En paralelo, el autor de esta sección hizo una propuesta más amplia: que se instalen allá temporalmente los tres poderes: el Ejecutivo, el Judicial y las mesas directivas de las cámaras de Senadores y de Diputados. Sería un despropósito que viajara el casi medio millar de legisladores, sólo saldrían ganando los shopping centers de El Paso. Terció el gobernador priísta de Chihuahua, José Reyes Baeza: se instaló en Juárez e invitó a secundarlo a la Cámara de Diputados local y al Tribunal Superior de Justicia. Pareciera que es un gesto inútil, mediático, como dice César Nava. Sin embargo, a veces la forma es fondo. Lo que sucede en Ciudad Juárez es terrible –la matanza de chavos derramó el cáliz de sangre– y reúne los requisitos para declarar a un Estado como fallido. Urge la presencia de los tres poderes federales, no sólo porque podrían generarse acciones que modifiquen el estado de cosas, sino para afirmar la soberanía del Estado mexicano. Ciudad Juárez ya fue sede de los poderes federales. Precisamente cambió su antiguo nombre, Villa Paso del Norte, al actual, con motivo de que en 1888, durante la intervención francesa, sirvió de refugio al presidente Benito Juárez. Es el momento de hacer algo por Juárez, no le Zacatecas.
¿Dónde invertir sus ahorritos?
Con frecuencia me preguntan dónde invertir sus ahorros las personas que han podido guardar algunos quintitos. La Secretaría de Hacienda da una respuesta que vale la pena analizar con detenimiento. Dice que “las Afores han demostrado ser muy buenas opciones de inversión, pues durante 2009 pagaron un rendimiento bruto de 14.25%, ganancia que contrasta con las de otras opciones de perfil conservador, como Cetes (5.39%), sociedades de inversión en renta fija (4.50%), depósitos en ventanilla a seis meses (3.28%) y pagarés bancarios (2.10%). Agrega Hacienda que al cierre del año pasado el valor de los recursos para el retiro administrados por las 15 Afores (incluyendo PensionISSSTE) sumó 1,132 miles de millones de pesos. Equivale al 9.7% del PIB, es la cifra más alta en la historia del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Parece convincente, ¿verdad? Sin embargo, Hacienda no menciona los efectos de la devaluación. Esos 1,132 miles millones de pesos equivalían a 113 mil 200 millones de dólares cuando el dólar se cotizaba a 10 pesos (si el ábaco no me juega una broma), pero hoy, a 13.30, sólo suman 85 mil 700 millones. ¿Entonces es una buena opción de ahorro? Sí, en tanto no haya devaluaciones.
El amor y la recesión
¿Y cómo la va llevando Cupido en estos tiempos de recesión? Sorprendentemente bien. Una interesante encuesta realizada por la empresa Volt, y publicada por Forbes, revela que, a pesar de la crisis, más de la mitad de los empleados vive una relación romántica con un compañero de trabajo. El sondeo se realizó en compañías de actividad muy diversa: desde bancos hasta hospitales. El 31 por ciento de los encuestados dijo que el romance llegó al terreno físico, desde un furtivo roce de manos hasta una escapada al archivo, del que a veces se regresa jadeante y con los cachetes (y algo más) encendidos. El 6 por ciento acepta que los cacharon en la movida. Un 40 por ciento admite que su romance fue con una compañera o compañero casado, y en muchos casos la chispa prendió durante una comida de negocios. Y es que después de una botella de vino tinto… Por último, 32 por ciento dice que conoció a su cónyuge en la oficina. Una de las encuestadas dijo: Mi esposo y yo hemos trabajado juntos en tres diferentes compañías. Ya se les hizo vicio.
Allá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor, en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente.
Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus cabilderos –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se incrementaron a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).
Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).
De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.
Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.
A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.
La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?
Las rebanadas del pastel
En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre un desastre natural y una emergencia, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario ya dijo que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que vote en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de decir, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que ya dijo. ¿Y? Así es: los legisladores tricolores también dijeron y ya ven.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
En el 2009 la situación de las finanzas públicas –como ya habíamos visto (RE 24 y 31/ago. 2009)– se hizo crítica. Al cierre del año, el déficit fiscal se elevó, a pesar de los ajustes realizados, a -275 mil millones (2.3% del PIB), muy superior a los -8 mil millones de 2008 e incluso -47 mil millones arriba de lo presupuestado (Gráfico 1).
Este déficit fue el resultado de ingresos por 2.816 billones (más 781 millones de entidades de control indirecto) contra gastos por 3.092 billones de pesos.
Los Ingresos.- Del total (2.816 billones) 873 mil millones (31%) fueron ingresos relacionados con el petróleo, y 1.944 billones (69%) fueron ingresos no petroleros (Gráfico 2).
Los ingresos petroleros cayeron -21.4% en relación con 2008 y fueron -143 mil millones inferiores a lo presupuestado, y los no petroleros registraron, al contrario, un incremento real de 2.2% respecto de 2008 y resultaron en 167 mil millones sobre lo presupuestado. Ello a pesar de que los ingresos tributarios cayeron -11.5% respecto de 2008 (-136 mil millones abajo de lo presupuestado) y que los ingresos de los organismos y empresas cayeron -7.8% (-25 mil millones abajo de lo presupuestado) (Gráfico 2).
La explicación a tan milagroso suceso está en el disparo de los ingresos no tributarios (derechos, aprovechamientos y otros) que aumentaron 142% respecto de 2008 y resultaron 328 mil millones arriba de los 55 mil millones presupuestados. Como se sabe, aparecieron 95 mil millones de un remanente de operación del Banco de México, 92 mil millones en un fondo de estabilización, 100 mil millones por coberturas petroleras y 49 mil millones de otros ingresos no presupuestados.
El Correo Ilustrado
Piden apoyos del Fonden para afectados en el DF
Senador Carlos Navarrete Ruiz y diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinadores del PRD:
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Gonzalo Martínez Corbalá: España en problemas, y el mundo también
Buena decisión de la dirección de nuestro periódico de publicar una edición internacional sumamente interesante: el periódico español Público. Felicitaciones a Carmen Lira y a todos los que hubieran participado en ello.
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Horizonte político
José Antonio Crespo
2010, ¿nuevo pacto nacional?
Durante el acto de conmemoración de la Constitución de 1917, diversos oradores coincidieron en que a México le hace falta un nuevo pacto nacional (algunos hablan de pacto social, otros de refundación de la República, otros de un acuerdo constitutivo), lo cual implicaría una nueva Constitución. El debate sobre la necesidad de una nueva Carta Magna como culminación de la transición democrática, se dio inmediatamente después de la alternancia. Se argüía, por ejemplo, que prácticamente todas las transiciones democráticas —que por definición implican el cambio de un régimen— se coronaron con una nueva Constitución (pues, por elemental silogismo, a un nuevo régimen corresponde una nueva Ley Suprema). El propio Vicente Fox lanzó esa posibilidad al celebrar por primera vez un aniversario de la Carta Magna (es decir, hace diez años), pero muy pronto retiró su oferta. El PRI surgió como el más aguerrido defensor de la Constitución, dándole no sólo carta del símbolo más visible de la Revolución de 1910, sino incluso como elemento de identidad nacional (somos un pueblo al que le gusta ponerse numerosas camisas de fuerza, que nos condenan a la inercia). Por lo cual, eso de diseñar una nueva Constitución se ha ido dejando de lado, para asumir que lo que procede es continuar parchándola ad infinitum, con lo cual puede uno suponer que seguirá siendo esencialmente disfuncional en las actuales condiciones (ahora se busca, con razón, hacer explícito en el texto constitucional que somos una República laica, algo logrado hace 150 años, dados los recientes embates contra la laicidad por parte del conservadurismo eclesial y político).
Evidentemente, con lo importante que hayan sido las reformas electorales de las últimas décadas para caminar hacia la democratización, no han resultado suficientes. Al hablarse de un nuevo pacto nacional, social o una refundación republicana, se propone un acuerdo mucho más profundo, como el que también hubo en la mayor parte de las democratizaciones exitosas. Lo que nosotros tuvimos como catapulta del cambio político no fue un gran pacto social, sino un miniacuerdo electoral entre los partidos. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y como consecuencia de lo vivido durante el sexenio anterior (en particular, en su último año, 1994), se accedió a abrir las puertas del poder, incluso a nivel nacional, a través de un nuevo código electoral más competitivo y de la autonomía del IFE respecto del gobierno (aunque no respecto de los partidos). Lo cual se tradujo en un nuevo reparto del poder, mismo que nos ha dado plena pluralidad y alternancia (aunque acompañada de no poca fragmentación política). Pero desde entonces hemos visto cómo el actual arreglo institucional, y la ausencia de un acuerdo más amplio y profundo, chocan con la nueva realidad política.
Así, cada vez que alguna fuerza política pretende llevar a cabo algún cambio en cierta materia —energética, fiscal, laboral, educativa—, saltan quienes consideran que se está invadiendo un terreno prohibido, intocable, inmutable, so pena de incurrir nada menos que en traición a la patria (cuando no en pecado mortal). Y es que no hemos celebrado un auténtico acuerdo de transición (el equivalente al Pacto de La Moncloa) que defina qué se puede y qué no se puede hacer desde el poder. Por lo cual, cualquier intento de reforma que implique tocar ciertos intereses poderosos o algún dogma político-ideológico choca de inmediato contra un muro de indignada oposición (acompañada por una parte de la sociedad y la opinión pública, donde también impera un elevado índice de disenso).
En esta democratización, prácticamente ninguno de los principales grandes actores sociales, económicos, políticos, sindicales o mediáticos acepta ceder ni un ápice en sus respectivos intereses. Algo que ayudó en la transición española fue la conciencia de esos actores sobre el riesgo de una nueva ruptura social y, con la memoria fresca, decidieron mejor ceder en alguna parte y delimitar claramente los intereses vitales de cada quien; es decir, las reglas, no sólo de cómo llegar al poder, sino también los límites y las posibilidades de su ejercicio. Aquí no hemos tenido algo parecido. Nadie cede, en parte por haber vivido décadas de estabilidad política (la pax priista) que nos llevan a ver como imposible, inimaginable, que ésta se pueda perder. Jalan la cuerda al máximo, sin aflojar un momento. La falsa convicción de la eterna estabilidad, más que una fuente de cambio, lo es de inercia.
Cualquier intento de reforma que implique tocar ciertos intereses poderosos choca de inmediato contra un muro de indignada oposición.
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