Rogelio Hernández López
—Sí, sí le entramos. Es muy grave todo esto –resolvió sin titubear Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Bucio había escuchado atentamente la solicitud que le hice en mi carácter de periodista e integrante de la Asamblea (ciudadana) Consultiva del Consejo.
—Tenemos que intervenir –le pedí–. Los agravios contra los periodistas se han incrementado geométricamente hasta derivar en un clima extraordinario de exclusión y violencia, que claramente configura el delito de discriminación.
—Para mí está claro. El Consejo debe actuar frente a ello –reiteró–. Tenemos que ver cómo le hacemos para que nuestra intervención sea efectiva.
Era el 5 de marzo de 2009. Bucio, en su oficina, se preparaba para presidir la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Conapred. Él fue designado apenas en diciembre.
Allí concordamos que yo, como consejero ciudadano, elaboraría urgentemente un documento con los datos más recientes del fenómeno y, sobre todo, con propuestas para la acción del Consejo. Salimos rumbo a la sesión.
Al terminar la junta, ambos le comentamos su decisión a José Antonio Guevara, responsable de la unidad de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (también integrante de la Junta de Gobierno del Consejo), quien comentó: “Muy bien, yo puedo apoyar desde mi posición”.
La periodistofobia
Es perfectamente documentable cómo, en todo el país, se ha generalizado una actitud, con fuertes rasgos de violencia, contra los periodistas que incomodan, cavilé mientras buscaba los datos más antiguos al respecto.
El origen de este ciclo bien puede ubicarse en aquel 30 de mayo de 1984, hace 26 años, cuando fueron asesinados en lugares y momentos distintos el reportero Javier Juárez Vázquez, en Minatitlán, Veracruz, y el columnista Manuel Buendía Tellezgirón, en la ciudad de México.
Desde entonces, se aceleró el carácter violento de la intolerancia contra nosotros. El de Veracruz fue un crimen cometido presuntamente por una banda de narcotraficantes de la zona, conocida como La Matancera. A Buendía, según la primera fiscalía especial que hubo en México, y la única que ha sido efectiva, lo mataron para acallarlo, para que no revelara los nexos de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico, que crecía aceleradamente y, claro, también para mandar el mensaje de silencio a los demás periodistas.
En uno y otro caso, los periodistas más preocupados nos movilizamos por años, investigando, pidiendo justicia y coadyuvando con la fiscalía especial. Nuestra preocupación era que, de no lograrse el castigo rápido del asesinato contra Buendía, sobrevendría una oleada de agravios contra ese tipo de periodismo.
Los presuntos autores del homicidio del columnista fueron apresados en 1989 y condenados después. La mayoría está libre ya. El otro no se aclaró. Lo peor es que no logramos frenar ese tipo de reacciones contra el periodismo incómodo.
Allí comenzó este ciclo
Hurgué en mis archivos. Reuní los datos que había recogido durante los días recientes en reuniones y presentaciones de informes de las fuentes más confiables. Corroboré otros. Y el 8 de marzo entregué al presidente del Conapred lo más contundente para respaldar su decisión de defender a los periodistas.
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