Dos personas fueron arrestadas y golpeadas para que admitieran ser narcomenudistas
Lunes 5 de abril de 2010, p. 8
Mérida, Yuc., 4 de abril. José Samuel Xooc Caamal y María Jesús Santos Sabido, oriundos de la ciudad de Valladolid, fueron detenidos y golpeados por soldados de la Zona Militar 32, ubicada a 180 kilómetros al oriente de Yucatán.
En entrevista, denunciaron las agresiones recibidas por los efectivos castrenses, quienes los detuvieron el jueves pasado con violencia, bajo el supuesto delito de narcomenudeo.
Informaron que ambas personas llevaron sus casos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Xooc Caamal, de 16 años, denunció que el jueves salió de su casa para visitar unos amigos, y en el camino un convoy de militares encapuchados lo detuvo y trasladó al cuartel de la Zona Militar 32.
Una vez recluido, lo amarraron, le quemaron el rostro y lo golpearon en varias partes del cuerpo. Dijo que estuvo retenido unas dos horas, y que con insultos y amenazas lo obligaron a confesar conexiones con el narcomenudeo. Al final, dijo que lo dejaron en libertad, pero le advirtieron que lo seguirían vigilando.
En el caso de María Jesús Santos Sabido, de 30 años de edad, su detención se efectuó el jueves en su casa, a la cual llegaron los soldados; tiraron la puerta, la golpearon y la trasladaron al cuartel militar para que confesara
ser narcomenudista.
Denunció que destrozaron el interior de su casa, le robaron 25 mil pesos en efectivo y su hija, Candelaria Carbajal Santos, también recibió golpes en diversas partes del cuerpo.
Una vez en el cuartel, María Jesús Santos relató que la patearon en las piernas. Después de una hora, estimó, fue dejada en libertad.
En sus denuncias ante la Codhey pidieron que se castigue a los soldados y solicitaron la intervención del gobierno del estado para evitar más acciones arbitrarias
No se puede apostar por el borrón y cuenta nueva en aspectos como la guerra sucia, dice
Fox ratificó un pacto de impunidad con el PRI para no indagar esos delitos, afirma el activista
Lunes 5 de abril de 2010, p. 33
Édgar Cortez Morales, quien durante seis años fue secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (RTDT), concluyó la semana pasada su último periodo y se incorpora como investigador al Instituto de Derechos Humanos y Democracia.
Al hacer un balance de su gestión al frente de la Red, Cortez Morales destaca: llegué a esta organización hace exactamente seis años. Fue en los primeros días de abril de 2004. Era un momento bastante complicado para la Red, veníamos de un periodo difícil, donde había escasez de recursos económicos, había poca claridad en el rumbo y la oficina había permanecido cerrada de diciembre de 2003 a abril 2004
.
En este lapso, asevera, hemos hecho una Red muy activa, cohesionada, con claridad de lo que queremos; sabemos cuáles son nuestras prioridades y crecimos en número y pluralidad. En 2004 unas 50 organizaciones integraban la red, ahora somos 68, y hay nuevos grupos: de diversidad sexual y derechos reproductivos y sexuales, así como derechos económicos, sociales y culturales, entre otros
.
Cortez sostiene: no puede haber borrón y cuenta nueva en las violaciones del pasado a los derechos humanos. Por supuesto que no, por esa vía no se pondrá freno a la impunidad y a los atropellos que hemos vivido como sociedad. México no puede pasar al borrón y cuenta nueva, hay muchos agravios y se requiere que haya justicia y castigo para los responsables
.
–¿Qué pasó para que los gobiernos panistas olvidaran hacer del tema de los derechos humanos un punto medular?
–Coincido con quienes plantean la hipótesis de que el gobierno del presidente Vicente Fox a la mitad de su sexenio, allá por 2003, ratificó un pacto de impunidad con el PRI. Existía la posibilidad de llamar a cuentas a ex funcionarios priístas que cometieron violaciones a derechos humanos en el pasado, lo de la denominada guerra sucia, la masacre estudiantil de 1968, la de 1971, y otros casos, pero Fox claudicó.
Eso es lo que impide hoy que el gobierno tenga un compromiso serio en la materia; si lo quiere hacer, tiene que marcar un antes y un después. Y eso no ha sucedido. Hoy que traemos a cuentas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en la lucha contra el narcotráfico, los miles de muertos que no se investigan, es la nueva expresión de la impunidad
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–¿El gobierno le apuesta al borrón y cuenta nueva en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado?
–No puede haber borrón y cuenta nueva. Hemos visto en Sudamérica que cuando algunos países apostaron por esa vía de borrón y cuenta nueva, con leyes de amnistía, y optaron por el olvido, a la vuelta de los años eso fue insostenible y han tenido que recomponer esos procesos para llamar a cuentas a los responsables de los abusos, de la impunidad. Tenemos que conocer como sociedad qué pasó. Se requiere que haya la posibilidad de justicia y castigo para los responsables”.
–¿Los gobiernos de la alternancia no investigan las violaciones graves que se cometieron en el pasado ni en la actualidad?
–En el momento en que el gobierno decide mantener la impunidad para el pasado, se extiende para el presente. No se puede sancionar los crímenes del presente sin haber castigado el pasado; por eso se extiende la impunidad y el manto que la cobija. Mientras no haya un gobierno que realmente quiera poner punto final a la impunidad y marcar un etapa distinta, difícilmente habrá un serio compromiso con los derechos humanos”.
–¿Considera que el gobierno va a cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU?
–Ése es uno de los retos, porque tenemos un gobierno que simula, que tiene un discurso a favor de los derechos humanos, que puede hacer cosas, pero que se quedan en la superficie. El problema es que no tenemos los mecanismos para lograr esto. Si no hay mecanismos más eficientes y operativos, vamos a seguir acumulando más y más recomendaciones.
–¿Se corre el riesgo de que esas recomendaciones se vayan al cajón?
–Claro que pueden correr la misma suerte que las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1998, después de su visita in loco realizada en 1996.
–¿Cómo explica el cambio de rumbo con Fox en materia de derechos humanos?
–Los primeros años fueron de apertura, de estar a favor de los derechos humanos en el discurso y en acciones; había disposición al diálogo y actitudes favorables, pero a finales de 2003 esto se cierra y en 2004 aparecen acciones abiertamente represivas del gobierno de federal. Ahí está Atenco; los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Michoacán, Oaxaca. Y es Fox, en 2005, quien saca al Ejército a la calle para combatir al narcotráfico con los operativos México Seguro.
Cortez explica: estos años después de la alternancia en el gobierno no hemos visto ningún cambio en la institucionalidad del país. Los panistas a escala federal siguen con la que generaron los gobiernos priístas, y en los estados los panistas y perredistas siguen con la ingeniería institucional que heredaron de los priístas, ningún cambio han hecho
.
Édgar Cortez dice que la Red tiene que ser un motor de iniciativas y quizás asumir que es una expresión del movimiento de derechos humanos. Pero esto es más grande: muchas organizaciones no están en la Red; tenemos que ser un puente para la cooperación y la coordinación con otros sindicatos y otros grupos del país.”
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