la Sedena continúa siendo la dependencia con más recomendaciones, pues en los últimos cinco años se han incrementado en 500 por ciento; le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República. Bien dice López Obrador: ¡Al diablo las instituciones!
La militarización es producto de una decisión presidencial que lejos de protegernos parece una simulación de fuerza frente al crimen organizado, así como una estrategia para sofocar la resistencia pacífica o armada y mantener la impunidad. El poder de las instituciones se dirige a las más débiles: ahí está el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González, quienes permanecen en prisión ¡acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI!
En estos días hay que llamar la atención al caso de la indígena Inés Fernández Ortega, porque el próximo 15 de abril se espera el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano repare los daños cometidos contra ella por miembros de las fuerzas federales.
Inés denunció que el 22 de marzo de 2002 se encontraba en su domicilio cuando tres soldados se introdujeron a su casa mientras nueve más se quedaron afuera. Le preguntaron dónde estaba su marido y sobre la carne que tenía en el patio. Como ella no contestó y permaneció en silencio, porque no habla español, se enfurecieron y la amenazaron con sus armas, le ordenaron que se tirara al suelo y la violentaron sexualmente.
Ya en el piso, un soldado le sujetó ambas muñecas con la mano derecha, mientras con la izquierda le bajó la pantaleta. Acto seguido, se bajó el pantalón hasta las rodillas y se le encimó y comenzó a violarla por un lapso de aproximadamente 10 minutos. Los otros observaban y rodeaban a Inés y una vez que terminaron de agredirla, salieron y se dirigieron a la Montaña.
Ella permaneció en la cocina hasta que llegó su esposo y el 24 de marzo de 2002 acudió al Ministerio Público del fuero común, ubicado en Ayutla de los Libres, Guerrero, e interpuso denuncia formal por los delitos de violación sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad, y los que resultasen de la investigación. Después de realizar examen ginecológico, los resultados dieron positiva la existencia de espermatozoides en la cavidad vaginal, pero al solicitarse el examen de química forense en materia genética, la Dirección General de Servicios Periciales contestó que era imposible practicar el estudio debido a que las laminillas de las muestras obtenidas se habían destruido.
El agente titular del Ministerio Público del fuero común se declaró incompetente ante el caso, después Inés presentó un escrito al agente del Ministerio Público Militar adscrito, pero fue declinada la solicitud dado que la agraviada es civil. Al interponer recurso de amparo fue declarado improcedente porque como víctima del delito no tenía ese derecho. Más tarde recibió amenazas y actos de hostigamiento en contra de su familia ante la búsqueda de justicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya emitió una recomendación porque el Ministerio Público castrense pretendía cerrar las indagatorias sin haber efectuado las acciones necesarias y suficientes para acreditar la existencia del delito.
Esto ocurre a dos años de haberse a actualizado la norma oficial mexicana (NOM) sobre violencia familiar, sexual y contra la mujer, en la cual se incluyó la violencia sexual que ocurre fuera del contexto familiar. Dicha norma estuvo detenida muchos meses por el actual director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud, Bernardo Fernández del Castillo. El también catedrático de la Universidad Pa-namericana del Opus Dei es el abogado que defendió a Norberto Rivera ante las denuncias que el ex seminarista Joaquín Aguilar interpuso contra el prelado en Estados Unidos por encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, demandado por el delito de pederastia.
Nos enseña Elias Canetti que el hombre aprendió de las fieras corredoras, en especial del lobo a dar alcance. A agarrar mediante un salto súbito se lo enseñaron los felinos: sus envidiados y adorados maestros en esto fueron el león, el leopardo y el tigre. Una presa es agarrada por la fuerza y llevada a la boca con fuerza, y cuando la fuerza dura más tiempo se convierte en poder (Masa y poder, Alianza, 1999). La violencia de los militares mexicanos pone a flote el origen del poder; muestra y demuestra que los animales han sido el modelo del hombre para crear formas primitivas y sofisticadas de imponerse, como violar y silenciar.
serán de cumplimiento obligatorioy que las autoridades que no las acepten tendrán que explicar públicamente la razón, y se consagra el pleno acceso de esta entidad a la información en poder de las autoridades,
incluso aquella con carácter reservado.
La aprobación de las reformas referidas –las cuales aún tienen que ser avaladas por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales– representa un avance histórico en la adecuación del marco jurídico e institucional para procurar el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Dotar a la CNDH de dientes
para el ejercicio de sus tareas reviste especial importancia si se toma en cuenta que, hasta ahora, la mayoría de las resoluciones elaboradas por ese organismo representan, en el mejor de los casos, una enumeración de buenas intenciones.
Un dato revelador al respecto es el proporcionado el pasado martes por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, en el contexto de su primer informe de labores ante la SCJN: durante 2009, de 78 recomendaciones emitidas por ese organismo a más de un centenar de autoridades e instancias federales y estatales, sólo siete se cumplieron de forma total.
A esta debilidad estructural de la CNDH se ha sumado, en años recientes, otra proveniente de su descrédito público y su pérdida de autoridad moral. En un contexto caracterizado por el incremento de la inseguridad, la impunidad y los atropellos oficiales contra la ciudadanía –acicateados por la persecución de protestas políticas y sociales y por el despliegue de militares en diversas zonas del país en el marco de la guerra contra el narco–, esa instancia no ha logrado escapar a la descomposición y el deterioro que afectan a los principales organismos del Estado.
Son significativos los señalamientos formulados en octubre pasado –en el contexto del proceso de relevo al frente de ese organismo público– por la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien en una misiva enviada al Senado sostuvo que la CNDH no ha logrado cumplir con las expectativas de su fundación y su mandato. El cuestionamiento, a nivel nacional e internacional, de la actuación y la efectividad de la CNDH es extensivo y conocido por ustedes
, escribió Khan, y tales señalamientos hacen inevitable recordar la respuesta tardía y errática de ese organismo ante la represión en San Salvador Atenco y Oaxaca, a finales del sexenio pasado y principios del actual.
En suma, a partir las modificaciones aprobadas ayer en Xicoténcatl, la CNDH tendrá ante sí la oportunidad de erigirse en contrapeso efectivo ante los abusos del poder, gravitar en la defensa de los derechos humanos y, con ello, restañar en alguna medida su propia credibilidad. Cabe esperar que la aproveche.
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