TIEMPO DE MUJERES

Lanzan activistas campaña contra la impunidad militar

Exigen cese de agresiones contra tlapaneca violada por militares

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 06 abr 10 (CIMAC).- Defensoras y defensores de derechos humanos exigieron hoy al Estado mexicano que cesen las agresiones y amenazas contra Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca violada sexualmente por militares en 2002, y quien ante la falta de justicia, se presentará en una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en Lima, Perú, el próximo 15 de abril.

En conferencia de prensa Amnistía Internacional México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dieron a conocer la campaña “¡Rompe el muro de la impunidad!”, la cual arranca en la antesala de esta audiencia con el objetivo de tejer una red solidaria y sumar voces al clamor de justicia de Inés y Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca que también fue violada por militares en 2002.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Área jurídica de Tlachinollan señaló que desde hace 8 años Inés junto con Valentina no sólo tuvieron que sufrir el rechazo, la discriminación y estigmatización de su comunidad después de ser violadas, sino también la falta de una investigación eficaz.

Por lo anterior dijo que esperan que la CoIDH presente una sentencia acusatoria al Estado mexicano por el caso de Inés, además anunció que la audiencia pública ante la CoIDH para el caso de Valentina será el 27 y 28 de mayo de este año, donde también se espera que se reivindique su derecho a un debido proceso de investigación y acceso a la justicia.

Rosales Sierra enfatizó que el fuero militar deja a las mujeres en total indefensión, poniendo en riesgo su seguridad y su vida misma cuando tratan de acceder a la justicia. Ejemplo de esto es Inés, quién el 22 de marzo de 2002 fue golpeada y violada por militares que entraron a su casa en la comunidad Barranca Tecuani, Municipio de Ayutla de Los Libres.

En ese mismo año, a los dos días de los hechos, el 24 de marzo, acudió a denunciar ante el mismo Ministerio Público y ese mismo día acudió al hospital donde no pudo ser revisada por falta de personal especializado. El 17 de mayo de 2002, el caso fue turnado al Ministerio Público militar adscrito a la 35 zona militar.

La investigación estuvo en el fuero militar desde mayo de 2002. El 15 de septiembre de 2006, se archivó ya que los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) concluyeron que “no se acreditó la violación”. Agotadas las instancias nacionales, el caso fue llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego pasó a la Corte Interamericana (Cimacnoticias 25 enero 10).

Ya en este organismo, la CIDH convocó a una audiencia el 12 de octubre de 2007, en la cual quedó expuesta la falta de interés del Estado mexicano para investigar debido a que no se concluyó la investigación preliminar, faltaron algunos peritajes, el retrato hablado de los agresores, el careo, y un dictamen psicológico de Inés.

Finalmente, el 30 de octubre de 2008, la CIDH emitió su Informe de Fondo en el que responsabilizó al Estado mexicano de las violaciones contra la integridad de Inés, el cual fue notificado el 7 de noviembre de 2008. Sin embargo ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado mexicano el caso fue remitido a la CoIDH.

Por otra parte, durante la conferencia, Obtilia Eugenio Manuel, defensora de derechos humanos, afirmó que después del 7 de mayo de 2009 -cuando la CoIDH atrajo el caso de Inés- ella, su familia y sus representantes legales han sido victimas de amenazas, mismas que desde diciembre de 2009 -cuando se notificó al Estado mexicano de la próxima audiencia- se han duplicado.

Debido a ello existen fundados temores de que se pueda consumar alguna agresión contra Inés, Valentina o sus representantes legales, no obstante Obtilia Eugenio declara que seguirá luchando por los derechos humanos y espera que en la próxima audiencia se evidencie la falta de responsabilidad de las autoridades mexicanas en relación a la protección de los derechos humanos.