Especialistas insisten en que 2 mujeres lleguen a la SCJN

   No es cuestión de cuota de género, sino de justicia social, coinciden

Designar dos mujeres autónomas, imparciales y liberales como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería el mejor homenaje para Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, quienes en noviembre próximo culminan su encargo de dos décadas como integrantes del máximo tribunal del país.

Al rendirles un homenaje por sus 20 años de labor jurisdiccional en la SCJN, y por sus aportes a la agenda de Derechos Humanos (DH), juristas y académicos coincidieron en la necesidad de que Enrique Peña Nieto proponga dos ternas de mujeres, y que el Senado elija los dos mejores perfiles para relevar a los ministros salientes.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Pedro Salazar Ugarte, dijo que tener dos mujeres ministras no es por una cuota de género, sino por justicia.

“La sociedad mexicana está compuesta por mujeres y hombres, y los órganos en los que se arropan las decisiones colectivas deben reproducir esa diversidad”, resaltó.

Sin embargo, Salazar Ugarte acotó que la perspectiva de género no puede desplazar las exigencias de que las personas que lleguen a la Corte sean independientes y tengan compromiso con los DH, así como lo tuvieron los dos ministros que dejan el cargo.

“En México, hoy, necesitamos una Suprema Corte de Justicia que cumpla dos misiones estratégicas: edificar un Estado de Derecho y generar una sociedad de derechos; ambas tareas están pendientes y sin ellas el Estado constitucional y democrático al que aspiramos desde hace décadas seguirá siendo un entelequia”, subrayó.

Pedro Salazar aseguró que son necesarios jueces constitucionales comprometidos y capaces de materializar esos retos, y que sean personas con independencia e imparcialidad judicial: “Los jueces deben saber plantarle cara a los otros poderes y a grandes intereses privados cuando unos u otros pretenden orientar o influir en sus decisiones”.

Por ello dijo que la exigencia de la sociedad, de la academia y de los juristas es que las dos mujeres que remplacen a Sánchez Cordero y a Silva Meza sean “como han sido ellos; ejemplo de capacidad técnica, de honorabilidad, de compromiso con la justicia y el Derecho, y autónomos de la política y el dinero”.

En tanto, el investigador del IIJ-UNAM Diego Valadés Ríos destacó el contexto adverso en que Sánchez Cordero y Silva Meza empezaron su labor en 1995, y las decisiones que tomaron en casos como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, también señaló que con estas resoluciones evidenciaron una sociedad de contrastes, de “liberales y conservadores”.

El académico dijo que hay una corriente a favor de las libertades y otra que se expresó en las reformas constitucionales locales, donde los congresos decidieron tomar la decisión contraria a la sustentada por la mayoría de ministros de la Corte, quienes declararon constitucional la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, tal y como está establecido legalmente en el Distrito Federal.

“En franca, clara, abierta contradicción a los principios y criterios sustentados por nuestro tribunal, en 18 estados del país, las correspondientes legislaturas tomaron el camino inverso en denegar los derechos de vanguardia”, recriminó el ex procurador general de la República al defender el actuar de los dos ministros.

Valadés Ríos remarcó el desempeño de los dos ministros como parte de los grandes promotores de los DH y que desde la SCJN argumentaron el tema y lo pusieron en la agenda, hasta que el Congreso de la Unión lo convirtió en la reforma constitucional en materia humanitaria aprobada en 2011.

Es por eso que también se dijo a favor de que el Ejecutivo y el Senado designen a dos mujeres, pero también advirtió que esto no debe ser por una cota de género, pues con ello sólo se tendría tres ministras, es decir, 27 por ciento de mujeres en el pleno del alto tribunal.

Para el investigador, tener dos ministras más en un órgano conformado por 11 personas sería reconocer el trabajo y esfuerzo de los todavía jueces constitucionales, Sánchez Cordero y Silva Meza, a quienes definió como “dos destacados feministas” por sus posiciones a favor de los derechos de las mujeres y por la igualdad entre los sexos.

En tanto, la también investigadora Mónica González Contró hizo un recorrido de las decisiones históricas de ambos ministros en casos que conocieron, resolvieron o en los que promovieron soluciones (que en ocasiones no fueron  mayoritarias), para favorecer los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas o la comunidad lésbico-gay. 

Así, destacó las posiciones de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan N. Silva Meza en la discusión por los derechos de las audiencias en la Ley Federal de Radio y Televisión; las garantías de los militares con VIH que eran dados de baja del Ejército; la rectificación del acta de nacimiento por identidad sexual y de género, y la eliminación del fuero castrense en casos de violaciones a DH por parte de militares.

Para la académica, las decisiones no siempre fueron “las más populares” en la sociedad, pero enfatizó que “de una manera valiente, nuestra Corte ha sostenido que los DH no pueden ceder si quiera a cuestiones de popularidad o de opinión pública”, como sucedió al avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Otro tema a destacar fue el impulso que ambos ministros dieron a los derechos de la niñez, que apenas en 2014 se asentaron en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la consiguiente protección a esta población que había permanecido marginada; o bien, el análisis que hicieron del caso del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 49 niñas y niños muertos. 

“Es evidente que la influencia de las decisiones de la Suprema Corte no se quedan en el caso concreto, que desde luego, tiene un impacto directo en la persona que se ve beneficiada por la sentencia, sino que se extiende mucho más. Las resoluciones, como hemos dicho, han impulsado importantes cambios constitucionales y legislativos”, expuso.

En general a la ministra y el ministro se les reconoció por hacer del alto tribunal un órgano autónomo que se atrevió a deslindarse y desafiar a los poderes, y por tener una agenda de derechos y mantener posiciones progresistas, pese a que muchas veces fueran minoría, por lo que los investigadores consideraron que el reto será que quienes los releven mantengan posiciones similares.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

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