Cámara baja y congresos locales suman 40 por ciento de mujeres
Para
el proceso electoral de 2016 el reto será frenar la violencia política
de género, y hacer realidad la igualdad entre los sexos en
ayuntamientos.
Después de probar que la paridad en candidaturas funciona y genera que más mujeres ocupen puestos de poder, el objetivo de las autoridades electorales, legisladoras federales y activistas será cerrar filas para que las abanderadas enfrenten menos obstáculos a la hora de competir en los comicios.
Funcionarias y legisladoras coinciden en que las elecciones de este año en 17 entidades federativas se comprobó la eficacia de la paridad como principio constitucional, y como norma en las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos.
A 62 años de que las mexicanas conquistaron su derecho al sufragio (17 de octubre de 1953), ellas ahora pueden tener la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular, aunque todavía falta que compitan en condiciones de igualdad, advierten las expertas.
Gracias a la obligación constitucional de que los partidos postulen a 50 por ciento de candidatas mujeres y 50 por ciento de hombres, hubo un avance en la representación de las mexicanas en la Cámara de Diputados federal, donde se pasó de tener 37.6 a 42.4 por ciento de curules femeninas.
En tanto que, tras los comicios de este año, los congresos locales en promedio quedaron conformados por 40 por ciento de legisladoras; no obstante a nivel municipal, donde de los 2 mil 461 ayuntamientos en el país, sólo 232 son gobernados por mujeres, el avance fue más magro, pues actualmente hay 9.4 por ciento de representación femenina en las alcaldías.
“YA NO SÓLO HAY TRAJES OSCUROS”
Al respecto, la ex candidata presidencial y actual diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cecilia Soto, afirma que el resultado de la paridad fue “espectacular”, porque ahora en la Cámara baja ya no sólo están los “trajes oscuros de los hombres”.
En opinión de la también promotora de la participación política femenina, a poco más de un mes de que inició la 63 Legislatura federal, las diputadas están haciendo la diferencia: presentan iniciativas relacionadas con mujeres, y para demandar condiciones más justas, e incluso los legisladores varones están proponiendo temas de igualdad.
“Es un cambio profundo, y la clave ha sido la alianza de las mujeres con la ley, con las herramientas legales”, asegura Soto, y es que cabe resaltar que a pesar de que la paridad de género fue obligatoria, todavía en los pasados comicios algunas aspirantes tuvieron que ir a tribunales para que se garantizaran sus derechos políticos.
En las elecciones locales de este año, las mujeres impugnaron acuerdos de los institutos electorales estatales y de sus propios partidos, en su mayoría para reclamar la paridad en ayuntamientos, es decir, igualdad en las candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, tema que no quedó garantizado en las leyes federales.
Sobre los retos de las instancias jurisdiccionales, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación (TEPJF) María del Carmen Alanís, asegura que hay que seguir trabajando para formar juzgadoras y juzgadores con perspectiva de género e intercultural.
La magistrada destaca que, a pesar de no estar en la ley, la paridad en ayuntamientos se deberá aplicar en los próximos comicios gracias a las jurisprudencias emitidas en la materia.
Luego de que los casos llegaron a la Sala Superior del TEPJF, se publicaron dos jurisprudencias que garantizan la paridad de género a nivel municipal.
Esas resoluciones “avanzaron más allá del interés legítimo, para que ya no les digan a las mujeres que no pueden (impugnar o quejarse) porque no son candidatas”, aclara Alanís Figueroa, y es que ahora las mujeres que se sientan agraviadas porque los partidos no cumplen las leyes electorales podrán recurrir ante los tribunales.
Las jurisprudencias 6/2015 y 7/2015 del TEPJF dicen que se debe garantizar la postulación de candidatas mujeres a cargos municipales de manera “vertical” (planillas de sindicaturas y regidurías), y “horizontal” (en presidencias municipales).
Si bien falta una legislación clara sobre la paridad a nivel municipal, la magistrada destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al analizar la Ley Electoral de Zacatecas, que si bien cada congreso tiene la libertad de configurar su norma, la paridad de género no debe tener retrocesos.
Hacer realidad la igualdad en postulaciones a cargos municipales será uno de los retos en las elecciones de 2016, cuando se elijan 948 cargos: 12 gubernaturas, 548 ayuntamientos, y 388 diputaciones locales (239 de mayoría y 149 plurinominales).
VIOLENCIA POLÍTICA
Otro tema que salió a relucir en los comicios de este año fue la violencia política contra las mujeres, es decir, agresiones, amenazas y asesinatos que se cometieron en el contexto político, hechos que a decir de grupos civiles como la Red Mujeres en Plural, son “inaceptables”, como lo hicieron saber en su momento a los partidos políticos y a las autoridades.
En Guerrero, Aidé Nava, precandidata perredista a la presidencia municipal de Ahuacuautzingo, en Guerrero, fue asesinada. En Chiapas, una candidata del Partido Acción Nacional (PAN) –cuyo nombre se omite por seguridad– fue víctima de violación sexual, y en la misma entidad la entonces candidata panista a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada brutalmente por participar en la contienda.
A decir de la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lucero Saldaña, antes del proceso electoral de 2016 lo que sigue en lo inmediato es que el Congreso federal apruebe una reforma a las leyes para definir la violencia política por razones de género.
En opinión de la impulsora de esta reforma, ahora que hay más candidatas habrá un grado de mayor vulnerabilidad para ellas, como se demostró en los pasados comicios, ya que según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la PGR, hubo 38 denuncias por violencia contra candidatas.
Saldaña afirma que ya hay un consenso entre las senadoras para que en esta Legislatura se dictamine y apruebe una reforma; asimismo está la propuesta de trabajar en conferencia con la nueva Cámara de Diputados, para que esta vez sí se ratifique y se publique.
En 2013 el Senado aprobó una reforma para incluir la violencia política de género en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con ello tomar acciones de prevención; sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por la Cámara baja, por lo que el trámite sigue pendiente.
Imagen cortesía Observatorio de Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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