Mathieu Tourliere
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| El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO,
D.F. (apro).- El recorte de 221 mil millones de pesos en el presupuesto
“base cero” para 2016 no elimina la discrecionalidad con la que el
Ejecutivo federal maneja el “presupuesto paralelo” de miles de millones
de pesos de procedencia desconocida, denunció hoy Edna Jaime, directora
de la organización México Evalúa.
En un acto conjunto llevado a cabo por representantes de organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jaime recordó que en el país los diputados no ejercen su función de contrapeso para controlar el presupuesto, y precisó a Apro que lo anterior se explica por “asimetrías técnicas y porque muchos están comprados”.
“El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por aprovechamientos.
De acuerdo con la directora de México Evalúa, se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88 mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de manera sistemática.
Gracias a este “presupuesto extra”, el Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala cada año, explicó Jaime.
Por ejemplo, en 2013 México Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado 33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes.
“La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre el “presupuesto paralelo”.
La directora de la organización insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y 2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros dos años de la presente administración.
De acuerdo con Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce la pobreza y la desigualdad.
Primero, sostuvo, el presupuesto público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de “negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida.
Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”.
Y cuando existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la prioridad del Estado”, sentenció.
José Woldenberg, académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no progresivos, como el IVA.
En cambio, protege a las grandes fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y capital.
En consecuencia, después de la redistribución del dinero recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania.
Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues “existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las “grandes fortunas heredadas”.
Por su parte, el economista Enrique Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos productivos.
Provencio señaló que la inversión pública –alrededor de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte presupuestario y mal uso del gasto”.
El líder sindical Francisco Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”.
Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en México sea el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Con este salario, la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”.
En un acto conjunto llevado a cabo por representantes de organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jaime recordó que en el país los diputados no ejercen su función de contrapeso para controlar el presupuesto, y precisó a Apro que lo anterior se explica por “asimetrías técnicas y porque muchos están comprados”.
“El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por aprovechamientos.
De acuerdo con la directora de México Evalúa, se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88 mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de manera sistemática.
Gracias a este “presupuesto extra”, el Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala cada año, explicó Jaime.
Por ejemplo, en 2013 México Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado 33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes.
“La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre el “presupuesto paralelo”.
La directora de la organización insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y 2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros dos años de la presente administración.
De acuerdo con Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce la pobreza y la desigualdad.
Primero, sostuvo, el presupuesto público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de “negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida.
Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”.
Y cuando existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la prioridad del Estado”, sentenció.
José Woldenberg, académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no progresivos, como el IVA.
En cambio, protege a las grandes fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y capital.
En consecuencia, después de la redistribución del dinero recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania.
Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues “existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las “grandes fortunas heredadas”.
Por su parte, el economista Enrique Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos productivos.
Provencio señaló que la inversión pública –alrededor de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte presupuestario y mal uso del gasto”.
El líder sindical Francisco Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”.
Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en México sea el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Con este salario, la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”.
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