Durante el “Foro Plural Frente a la Desigualdad y la Pobreza”, organizaciones civiles e intelectuales advirtieron que se requieren cambios en la política económica, fiscal, salarias, productiva, laboral y social, que los diputados deben atender mientras se discute el presupuesto para 2016.
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Más de 60 organizaciones agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y una centena de intelectuales suscribieron un pronunciamiento y crearon cuatro propuestas
para exigir a los diputados una distribución eficaz del presupuesto
federal, capaz de enfrentar a fondo la desigualdad y la pobreza.
Advirtieron que el aumento en el gasto social de 35%
entre 2011 y 2014 no ha repercutido en una disminución de la pobreza,
pues mientras en 2012 había 53.3 millones de personas en dicha
situación, para 2014 pasó a 55.3 millones de personas.
Durante el “Foro Plural Frente a la Desigualdad y la Pobreza”,
los expertos advirtieron que se requieren cambios en la política
económica, fiscal, salarias, productiva, laboral y social, que los
diputados deben atender mientras se discute el presupuesto para 2016.
El
grupo de expertos solicitó una reunión con la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política o la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados para que sus cuatro propuestas
sean consideradas en la discusión del paquete económico, informó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Estas son las propuestas:
- Eliminar los programas redundantes, los subsidios regresivos y la proliferación de programas sin resultados, como los subsidios agrícolas y ganaderos y la condonación de impuestos a grandes empresas. Debe haber una reestructuración de los programas productivos porque no llegan a quienes deberían, ni contribuyen al desarrollo.
- Reducir los espacios para uso político del gasto público y el gasto oneroso de la administración pública, por ejemplo: el Ramo 23, los bonos y pagos extraordinarios a servidores públicos, el seguro médico privado, el alto monto en el financiamiento de campañas y partidos, la propaganda gubernamental y las partidas discrecionales de legisladores.
- Fortalecer las inversiones sociales, de salud, educación e infraestructura productiva. Incluir mecanismos efectivos de protección contra la corrupción, como ampliar la cobertura del sistema de protección social en salud para lograr la cobertura universal y mejores inversiones en el sur del país; articular una política de recuperación salarial del país, comenzando por los salarios mínimos.
- Crear los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana que permiten un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, por ejemplo: un padrón único de beneficiarios como vía obligatoria de acceso a subsidios. Conectar la contraloría social con el Sistema Nacional Anticorrupción y transparentar en datos abiertos el ejercicio de los recursos públicos.
El académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE), José Woldenberg,
aseguró que es momento de robustecer el salario, la inversión pública
de infraestructura y la política redistributiva, “ya no sólo por razones
éticas que a muchos conmueve, sino por cálculo racional, para lograr
tasas de crecimiento económicos acordes con el incremento de la
población”.
Una mayor recaudación fiscal tampoco será eficiente si
existe una mala planeación del gasto y opacidad en su operación,
advirtió Edna Jaime, directora de México Evalúa.
“No
es cuestión de gastar más, es cómo ordenamos el gasto público para que
realmente pueda incidir, porque ahora no lo hace. El ejercicio del gasto
está atrofiado, tiene vicios”, insistió.
Un ejemplo de ello es
que en 2013, en la partida “programas regionales” del Ramo 23 tenía un
presupuesto aprobado por el Legislativo de 3 mil millones de pesos, pero
el Ejecutivo hizo adecuaciones hasta llegar a 33 mil millones de pesos,
sin que este rubro tuviera lineamientos ni evaluación.
Otra irregularidad es que 70% del gasto programable no está cumpliendo con su objetivo, es decir, 7 de cada 10 pesos no está llegando a lo que fue previsto. Por eso es que 77% de la población que debió haber sido beneficiada con algún programa social no lo fue, explicó el director de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino.
El
mejor instrumento de política pública que tiene el Estado Mexicano es
la “combinación entre una buena regulación y un buen diseño
presupuestal” para actuar frente a un problema social como la pobreza y
desigualdad, dijo Merino.
El salario mínimo es otra cuenta pendiente, pues éste es el más bajo de América Latina
y el único país de América que no ha comenzado una política de
recuperación salarial en el siglo XXI, explicó el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra.
La
flexibilidad del mercado laboral ha dejado en desventaja al trabajador,
por lo que “de los poquísimos instrumentos que puede ayudar a nivelar
en los contratos, es el salario mínimo; pero en nombre de la
productividad, se ha rechazado discutir una política de recuperación”,
dijo.
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